La postulación de Cristina Kirchner a una banca de diputada provincial por la tercera sección electoral ha abierto un amplísimo jardín de senderos que se bifurcan en alternativas jurídicas y políticas. No es para menos. Lo que está en discusión es la jefatura del peronismo bonaerense. Es decir, la jefatura de la organización que ha sido el centro de gravedad de la vida nacional, sobre todo en los últimos 25 años.

No está en duda si la expresidenta ganará o no los comicios que ponen en riesgo esa corona. Lo que se discute es si podrá o no postularse. Y eso depende de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. El sistema democrático está ante una encrucijada. Desde el punto de vista de los valores, es decir, de la ética, la inhabilitación de alguien tan poderoso como la señora de Kirchner sería una ratificación muy edificante del principio de igualdad ante la ley.

Desde el punto de vista del realismo político, la exclusión de un dirigente en el que se siente representado más del 20% del electorado no puede dejar de tener efectos traumáticos. Por eso la Corte está ante una decisión delicada. Debe resolver, con la ley en la mano, el destino electoral de una ciudadana que para una parte importante de la sociedad encarna grandísimos desmanejos del Estado pero que, a la vez, aparece una noche por televisión y lleva el rating a picos de 8 puntos. Y a quien por lo menos el 35% de los encuestados por la Universidad de San Andrés en estos días ve cómo la figura más nítida de la oposición. Esta es la razón por la que el caso de Cristina Kirchner debería ser una invitación a reflexionar sobre el modo en que la corrupción carcome, de mil maneras que van mucho más allá de lo moral y lo económico, la calidad de la República.

La máxima instancia judicial debe decidir si ratifica la condena del tribunal oral, ratificada por la Cámara de Casación, que impuso a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. O si atiende al pedido del procurador general, Eduardo Casal, para que la pena se duplique por el agravante de la asociación ilícita.

Se presume que, en cualquier caso, la Corte no revertirá la condena a la señora de Kirchner. Pero se ignora cómo lo hará. ¿Se limitará a aplicar el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial? Es la vía que tienen los jueces para rechazar un recurso de queja sin tratar su contenido. Otro camino es el que la propia Corte siguió en el caso Milagro Sala: refutar los argumentos que formuló en ese recurso Carlos Beraldi, el abogado defensor. Acaso sea la salida más probable. Una tercera posibilidad, que nadie considera, es que el alto tribunal analice todo el expediente para considerar cada una de las objeciones que plantea la expresidenta sobre el desarrollo de todo el proceso.

Nadie prevé, ni la propia señora de Kirchner, que haya una absolución. O una revisión del juicio. Ayer lo tuvo más claro, cuando vio la foto de Horacio Rosatti con los miembros de la Cámara de Casación, en un acto protocolar por la firma de un convenio con la federación de centros barriales que conduce el bergogliano padre Pepe Di Paola. Ella aspira, eso sí, a que los jueces dejen por escrito sus argumentos, para enfocar mejor sus reproches cuando se dirija a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra incógnita relevante es el momento en que la Corte se expida. El 19 de julio vence el plazo para la inscripción de candidaturas provinciales. Si la condena del tribunal oral y la Cámara de Casación queda ratificada antes de esa fecha, Cristina Kirchner no podrá competir. Existe una tesis según la cual la inhabilitación de la sentencia es para ejercer cargos públicos, no para postularse. En ese caso, ella podría competir, hacer campaña, aun con la limitación física de la prisión, pero tendría vedado asumir la banca. Pero en los tribunales electorales la doctrina es otra: una vez que se consolida la inhabilitación, la persona condenada queda excluida del registro electoral, porque pierde su derecho a ser elegida.

El trance de la expresidenta abre otra polémica. ¿Qué sucedería si la Corte se define después del 19 de julio? En principio, ese día ella inscribiría su candidatura y, al hacerlo, quedaría protegida por los fueros de los miembros de la Legislatura bonaerense. Sin embargo, hay expertos que se preguntan qué alcance tienen los fueros de un legislador provincial. ¿Pueden sustraer a ese legislador de los efectos de un fallo federal? ¿Regiría el artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros? Terreno para el debate.

No hace falta que los ministros de la Corte abran la boca para presumir que bajarán el martillo en contra de la expresidenta antes del 19 de julio. Si hubieran decidido hacerlo más tarde, algunos trámites habrían tenido una demora deliberada. El procurador no se habría expedido en una semana. Y la recusación de la señora de Kirchner contra Ricardo Lorenzetti no habría sido rechazada ayer, como sucedió. Es inverosímil que gente con gran talento político, como esos tres ministros, se pongan en condiciones de fallar para después no hacerlo. Sobre todo en una sentencia cuya materia más importante es, a estas alturas, el tiempo, la oportunidad.

Cristina Kirchner sabe que su suerte ya está casi echada. Es la razón por la cual en la entrevista con Gustavo Silvestre del lunes pasado siguió caracterizando a la Corte que debe pronunciarse sobre su caso como un tribunal al servicio de un poder de clase. La acusó de haber admitido, convalidando el DNU 70 de Javier Milei, una “reforma constitucional encubierta”. Si Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en especial los dos primeros, quisieran estar ofendidos con ella, ya contaban con motivos mucho más mortificantes, anclados en el juicio político que el kirchnerismo inició en la Cámara de Diputados a lo largo de 2023.

Consciente de que la Corte puede excluirla de la carrera electoral, la expresidenta precipitó el anuncio de su candidatura. Como todavía no puede formalizarla, necesita que adquiera densidad, aunque más no sea en el debate político. Sólo así la prohibición a postularse podrá ser presentada como una proscripción.

Si los hechos llegan a cumplirse de acuerdo con este derrotero, el jardín se bifurcará en relación con otra incógnita: quién reemplazará a la señora de Kirchner al frente de la lista seccional. En otras palabras, quien está en condiciones de convertirse en depositario del caudal de votos que estarían destinados a ella. Como la trama política está en este caso muy entrelazada con un drama personal, la respuesta automática es Máximo Kirchner. Pero el enigma todavía no está resuelto. Al contrario, abre otras dudas. En la misma encuesta de la Universidad de San Andrés figura que 27% de los entrevistados creen que no hay persona alguna que encarne a la oposición. Cabe preguntar: sin la señora de Kirchner en la competencia, ¿a cuánto ascendería la abstención en la tercera sección electoral?

El cuadro judicial vuelve más significativo el resultado de esa elección. En un plano imaginario, no institucional, la tesis de la proscripción se vuelve más persuasiva cuanto mayor es la victoria. ¿Habrá una victoria? La única referencia más o menos razonable, en una materia reacia a cualquier comparación, es la elección a senadores nacionales de 2017. La expresidenta compitió en esa ocasión en la boleta de Unidad Ciudadana. En la tercera sección electoral, para la que se postuló el lunes, obtuvo 1.503.225 sufragios. El equivalente al 43% del total. Esteban Bullrich, que era el candidato de Cambiemos, recogió 1.163.873 votos, que fueron el 34% del total. Sergio Massa, cabeza de la lista 1País, levantó 341.496 votos, es decir, el 10%. Y Florencio Randazzo, con el Frente Justicialista Cumplir, obtuvo 172.430 sufragios, el 5% del total.

La guía que ofrece este antecedente de 2017 es demasiado aproximada. ¿Aquellos votos de Massa eran kirchneristas o antikirchneristas? ¿Y los de Randazzo? De cualquier manera, es obvio que la señora de Kirchner está más lejos de ganar que de perder. ¿De quien la reemplace se puede decir lo mismo? Este escenario debe ser sometido a otro factor de incertidumbre. ¿Qué hará Axel Kicillof? El sábado pasado lanzó su propio movimiento, Derecho al Futuro, y suscribió la adhesión de varios intendentes, algunos muy determinantes en la tercera sección electoral, como Fernando Espinoza, de La Matanza, o Jorge Ferraresi, de Avellaneda. ¿Armará Kicillof su propia lista para enfrentar a la de su antigua jefa? Sería la consecuencia lógica de sus movimientos anteriores. Sería la temeraria provocación para una derrota autoinfligida. Sobre todo, porque el propio gobernador alentó la suspensión de las primarias. Dicho de otro modo: dispuso las piezas de tal modo que, si no hay un acuerdo interno para armar una sola lista, el peronismo le deja servida la mesa a la Casa Rosada para un triunfo inesperado. ¿Se sostiene entonces la tesis de quienes atribuyen a Kicillof la planificación de una derrota peronista como único procedimiento para terminar con el liderazgo de la expresidenta? Una pregunta más: ¿quién se haría cargo de esa liquidación? ¿Kicillof o la Corte? Hay un mundo posible en el cual el gobernador y los tres magistrados compiten entre sí.

Cristina Kirchner volvió a abrir un canal de diálogo con el gobernador. Hace más de seis meses que no dialogan. Ella se queja ante los muy allegados: “Es imposible hablar con él. Está en un loop, gira y gira sobre los mismos argumentos. Parece que no puede escuchar”. Sin embargo, ella le dejó un mensaje anteayer a la mañana, a través de su secretario. Kicillof esperó nueve horas para responder. “No fue por mala educación que tardó tanto; fue por inseguridad”: así reflexionó alguien que conoce a ambos. Si, como indicaría la lógica, los dos sectores convergen en una lista de unidad, el gobernador deberá ceder bastante. Porque su antigua madrina está pensando en nombres difíciles de menospreciar como cabeza de lista: Felipe Solá en la primera sección electoral, siempre que no sea Sergio Massa, a quien Cecilia Moreau postuló ayer para la lista de diputados nacionales; o Teresa García, actual jefa del bloque de senadores provinciales. En la cuarta, Julián Domínguez. En la quinta, Fernanda Raverta. En la sexta, la persona que proponga Federico Susbielles, el intendente de Bahía Blanca. ¿Alejandro Di Chiara, líder indiscutido de Monte Hermoso? Kicillof tendría derechos plenos sobre la octava sección, La Plata, donde la lapicera la controla su padrino, Julio Alak. Si se mira ese mapa de candidaturas queda claro que la señora de Kirchner sigue siendo, por ahora, la jefa del partido en la provincia.

La Libertad Avanza está cerrando su alianza con el Pro, en negociaciones con Cristian Ritondo, el entrañable “Pucho”, y el “Colo” Diego Santilli. A propósito de Ritondo y de Santilli: ayer la Corte resolvió seleccionar a tres conjueces para tratar el caso impositivo de Tabacalera Sarandí. Dos para cubrir las vacantes y uno para reemplazar a Rosenkrantz, que se excusó en ese expediente. La única certeza en el oficialismo nacional es que la lista para el Congreso será encabezada por José Luis Espert. Otra curiosidad: en las últimas elecciones, las de 2023, Espert formó parte de las filas “comunistas” de Horacio Rodríguez Larreta atraído por Santilli. A propósito de la tarea a la que están consagrados Espert y tantos otros: que la disfruten todo lo que puedan, porque ayer el Presidente retuiteó un mensaje llamando a cerrar el Congreso.

El radicalismo de la provincia de Buenos Aires está a punto de sumarse a las “fuerzas del cielo”. Sobre todo por la presión de sus intendentes, que no quieren ser desafiados por candidatos de Milei. La coartada para esa coalición es que se trata de armar un frente antikirchnerista. Decir antiperonista sería de una incorrección imperdonable. Este criterio permite liberar la estrategia nacional. Para las elecciones de octubre la UCR podría dar libertad de acción a sus candidatos en las distintas jurisdicciones. Síntomas de la larga agonía del partido centenario.

Para las elecciones provinciales el dato más valioso es quién será el que levante las banderas de Milei en la tercera: Karina Milei avalaría a Sebastián Pareja; pero Santiago Caputo sueña con ubicar a uno de sus tuiteros, en la idea de que para enfrentar a Cristina Kirchner, o a su fantasma, se debe optar por una candidatura radicalizada. Sin embargo, la gran oferta, como siempre que se es oficialismo, es la obra de gobierno. La Libertad Avanza sigue apostando a la baja de la inflación. Y a acelerar algunas decisiones administrativas que hagan juego con su retórica. Para este programa comienza a circular una versión: reprivatizar las acciones de YPF y, de paso, pagarle al fondo Burford con ese activo. Esa firma financiera, asociada a la controvertida familia Eskenazi, reclama 16.000 millones de dólares en el tribunal neoyorkino de Loretta Preska. Para estar seguros de cobrarlos, sus abogados apuntan a la caja del Estado y a la caja de YPF, con el argumento de que son la misma cosa. Tal vez Milei les dé un argumento invalorable de forma involuntaria, cuando asista en Roma a la firma de un convenio entre la petrolera argentina y el Ente Nazionale Idrocarburi (ENI). Aplauden en Burford.