POLITICA
La Casa Rosada enviará la semana que viene la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO
La Mesa Política decidió que la semana que viene enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma Electoral. La decisión está tomada y solo podría cambiar si profundiza la crisis que enfrenta la Casa Rosada por las investigaciones judiciales que apuntan a la figura de Manuel Adorni.
Según confiaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo, “sólo falta cerrar algunos detalles con el área de Legal y Técnica”, pero una vez que se resuelva esto, se girará a la Cámara de Diputados el proyecto que, entre otras cosas, propone la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Respecto de este punto, los funcionarios nacionales saben que enfrentan un fuerte rechazo no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores del radicalismo y del PRO que encuentran en esa herramienta una forma de resolver sus internas, pero también lo ven como un instrumento para dirimir diferencias con el oficialismo, si deciden aliarse en algún distrito.
“Si vamos juntos en Buenos Aires, tendremos que resolverlo de esta manera o va a venir Karina (Milei) y nos va a querer imponer al candidato. La verdad es que nuestra capilaridad es mayor a la de LLA y nos puede ir mejor que a ellos en una PASO para definir el candidato”, explicó un legislador del PRO que recorre la provincia.
La reforma política contempla, además de la eliminación definitiva de las PASO, el rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Básicamente, apunta a liberar el aporte privado a los partidos políticos.
La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.
La crítica a esto no sólo apunta a la opacidad que puede generar que los privados sean quienes financien las campañas sino que, además, limitaría la presencia de partidos políticos menores que, por falta de fondos, no podrían participar de los procesos electorales.
La intención de la Casa Rosada de avanzar con este tema tendrá la excusa de que, al no ser un año electoral, se puede debatir una reforma sin que nadie señale que buscan una ventaja; los oficialismos generalmente no van a una PASO, mucho menos para elegir candidato a Presidente.
Legisladores en los Estados Unidos
Un dato extra en toda esta historia es que la semana que viene Diputados entrará en un “bache”, porque la mayoría de los bloques tendrán legisladores de viaje. Según publicó el periodista Lucas Morando, poco más de una veintena de diputados y senadores viajan a las universidades de Harvard y al MIT para participar de exposiciones sobre inteligencia artificial y para escuchar al premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, que obtuvo el galardón por investigar cómo las instituciones —reglas, normas y cultura— determinan la prosperidad. Su teoría divide las instituciones en inclusivas (las que fomentan la participación y el crecimiento), y extractivas, que concentran riqueza y poder, perpetuando la pobreza.
La comitiva va a estar integrada por 35 hombres y mujeres de la política local. De ese total, 18 son diputados y 4 senadores. Por la Cámara alta irán senadores del oficialismo y de sus socios. En el caso de los Diputados, habrá representación de LLA, PRO, UCR, Unidos y Unión por la Patria.
“La semana que viene habrá poca actividad y la reforma que tiene que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero hay diputados que van a estar de viaje”, explicó un legislador libertario. En el listado de los que viajan está Nicolás Mayoraz, que preside la comisión, y el oficialismo no va a dejar que el debate quede en manos de Diego Giuliano, quien lo secunda y es diputado de Unión por la Patria.
POLITICA
Citan a declarar al financista ligado a Claudio Tapia: lo acusan de liderar una asociación ilícita
El juez federal Luis Armella citó a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, para el próximo 5 de mayo, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización, integrada por otras catorce personas.
Será la primera vez que Vallejo estará cara a cara con el juez en medio de la investigación, por la que ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, el juez Armella citó a indagatoria a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, y a dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado también incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso .
Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.
había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes. Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.
Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. “Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano, respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”, resumen la resolución de Armella.
que estuvo detenida al comienzo de la investigación.,Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.,on $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking.,la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza,Nicolás Pizzi,Conforme a
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Luis Montes, el sacerdote argentino que vive en Líbano entre bombas y crisis económica: “La gente quiere paz”
El padre Luis Montes lleva tres décadas en Medio Oriente. Desde Líbano, epicentro de los ataques en las últimas 48 horas y donde dirige una obra de asistencia social en las afueras de Beirut, describe la incertidumbre cotidiana frente a la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. En diálogo con Infobae, señaló que la población local atraviesa un estado de agotamiento social, marcado por la violencia y una crisis económica que transformó todo. “La gente quiere paz y que esto termine”, aseguró.
El ejército israelí anunció este sábado que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos del movimiento islamista proiraní Hezbolá en Líbano, en medio de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y el gobierno libanés, y también en medio de las reuniones que se desarrollan en Pakistán. Según reportes oficiales, desde el miércoles se registraron más de 200 muertos y un millar de heridos.
Misionero del Instituto del Verbo Encarnado, escondido en un pequeño pueblo sobre la montaña a 25 kilómetros de la zona más caliente de conflicto, Montes nació en Darregueira, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Iba a estudiar abogacía en Rosario, pero se volcó a la religión y estuvo destinado a Israel, Jordania, Egipto y Bagdad.
– ¿Cómo está la situación en Líbano tras el último alto el fuego anunciado por Donald Trump y las conversaciones en Pakistán?
Cuando se declaró el alto el fuego, no había mucha esperanza de que se cumpla. Las demandas de Irán y las de Estados Unidos son irreconciliables. Parecía más una tregua para reacomodarse. En menos de veinticuatro horas hubo un ataque muy duro contra el Líbano, con zonas residenciales de Beirut destruidas y cientos de muertos. Hay personas bajo los escombros. No sé cómo va a seguir esta guerra, pero no parece que tenga una solución pronta.
– ¿Cómo vive la población en este contexto de bombardeos constantes?
Aquí la gente está acostumbrada y muy cansada. Sabe que con manifestaciones no va a cambiar nada. Tratan de seguir la vida normal en la medida que pueden, pero predomina la desesperanza en los políticos, tanto de aquí como de afuera. En los últimos años hubo buena convivencia, pero ahora se siente el cansancio. La gente quiere paz y que esto termine.
– ¿Cuál es la posición de la población con relación a la injerencia de otros países como EEUU, Israel e Irán?
El Líbano, en general, quisiera verse libre de tanta interferencia extranjera, sea de Irán, de Israel o de Estados Unidos. Hay división en la sociedad. Algunos están enojados con Hezbolá y otros consideran que es la única defensa real porque el ejército nacional no tiene mucha fuerza. Hay opiniones diversas, pero la mayoría solo quiere paz.
– ¿En qué modifica este contexto la vida diaria?
El Líbano está en una crisis económica muy grande. Hace diez años era un país floreciente y ahora muchos jóvenes profesionales buscan irse. Esto complica todo. Tuvimos guerra el año pasado, la de este año y, en el medio, bombardeos casi todas las semanas. Aunque se hable de alto el fuego, hay ataques en el sur frecuentemente.
– ¿Cómo llegó a Medio Oriente?
Llegué en 1996. Estuve en Tierra Santa siete años, en Jordania uno, en Egipto siete, en Bagdad diez, luego dos más en Egipto y ahora tres en Líbano. Siempre busqué fundar obras de misericordia, casas para recibir a los más necesitados. En Líbano, tras hablar con el Ministerio de Asuntos Sociales, nos pidieron una casa gratuita para ancianos pobres. Ahora tenemos ancianos, discapacitados, mujeres víctimas de violencia, familias sirias y personas que buscan salir de adicciones.
– ¿Cómo se sostiene económicamente la obra que dirige?
No recibimos subsidio estatal ni ayuda de otros gobiernos. Yo estoy solo como sacerdote y me acompañan seis laicos consagrados del movimiento Nazarenos Perseguidos, todos de Latinoamérica. No tenemos empleados, hacemos todo nosotros. Recibimos donaciones pequeñas de particulares, tanto aquí como del exterior. Nunca nos faltó comida ni medicinas, aunque vivimos muy austeramente.
– ¿De qué forma administran las relaciones entre personas de distintos credos, nacionalidades, culturas?
Atendemos a quien lo necesite, sin preguntar su religión o procedencia. Hay cristianos católicos y ortodoxos, musulmanes de distintos grupos, sirios, iraquíes, libaneses, una persona de la India y hasta gente de Dinamarca. Vivimos como una familia y los problemas se resuelven dialogando. El criterio es ayudar al que lo necesita, sin distinción.
– ¿Cuántas personas atienden actualmente?
Hay 30 residentes y, además, 70 refugiados africanos desplazados por la guerra. Ellos reciben ayuda de una asociación con apoyo de la ONU. Nosotros les prestamos la casa, pero igual surgen dificultades, como la escasez de agua.
Los refugiados son todos desplazados por la guerra….
Sí. Son africanos, en su mayoría de Sudán y Etiopía, que trabajaban en el sur del país y fueron expulsados por la guerra. La mayoría es desplazada por el conflicto actual. La casa se llenó, porque a los treinta que ya asistíamos se sumaron estos setenta refugiados.
¿Han pensado en dejar el país si la situación empeora?
Nuestra zona es segura, estamos a veinticinco kilómetros de Beirut, en la montaña. No hay bombardeos directos aquí. Nos mudaremos pronto a una casa más grande y más segura. No contemplamos irnos, porque eso significaría dejar abandonada a toda esta gente.
¿Qué lugar ocupa la fe en este contexto de guerra y crisis?
Para nosotros es fundamental. Estamos aquí por mandato de Jesucristo, para predicar el evangelio y mostrar la caridad de Dios hacia los más pobres. Eso me llevó a dejar Argentina hace treinta años y enfrentar situaciones mucho más peligrosas, como en Bagdad. La fe es lo que nos sostiene y nos impulsa a ayudar. Cuando alguien convive con el peligro de muerte permanente, prioriza lo esencial. Quien tiene fe se prepara para dar cuenta ante Dios. Aquí se ve una fe viva y muy probada. Muchos viven con profundidad su espiritualidad, sabiendo que quizás mañana les toque a ellos.
¿Cuál fue su historia antes de irse de Argentina?
Soy del sur de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo pequeño que se llama Darregueira, cerca de La Pampa. Cuando tenía 18 años, terminé la secundaria y me anoté para hacer la carrera de Abogacía en Rosario, porque tenía parientes ahí. Justo había paro de profesores en marzo y, como tenía tiempo, fui a San Rafael, Mendoza, donde tenía un hermano haciendo el seminario para ser sacerdote, José, que es actualmente misionero en Ucrania. Cuando hice los ejercicios espirituales me di cuenta que Dios me llamaba al sacerdocio, así que no fui a Rosario. Me quedé en el seminario. En el 96, cuando me estaba por ordenar, había una fundación en Tierra Santa que no tenían nadie para mandar. Entonces le dije al superior que si él quería yo podía ir. Así que me he destinado para Tierra Santa y bueno, ya está. Y ahí comenzó todo lo que es mi vida en Medio Oriente y ya tengo toda mi vida acá armada.
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La causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora se derrumbó y la justicia ordenó liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
La decisión judicial argumenta que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los graves delitos de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos y dejó sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas criticaron la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado por Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
A raíz del caso, Armella había embargado por 750 millones de pesos a los supuestos jefes (Castillo, Corrillo Torrez y Presa), por 500 millones a los miembros principales, y por 250 millones a los partícipes secundarios.
Además, había ordenado el embargo de flotas enteras de vehículos, incluyendo camionetas Dodge Ram, VW Amarok V6 y motos BMW. Hoy, todas esas medidas cautelares se revirtieron.
Jorge Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba fácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos.
Además, atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.
La Defensoría Oficial, en representación de Mabel Cristina Islas, advirtió que la mujer era una empleada administrativa de la feria, que llevaba una vida humilde —viviendo en una casa heredada y pagando un auto con un plan de ahorro— en contraste con el éxito de una banda criminal multimillonaria.
El abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo dijo que lo incluyeron en la banda por su profesión. Otros imputados, como Rubén Arjovsky y Carlos Carrión, demostraron que cambiaban divisas y cheques de manera lícita.
Al analizar el caso, los camaristas Vallefín y Lemos Arias dijeron que los procesamientos carecían de una motivación genuina.
Sostuvieron que hubo una confusión entre comercio lícito y empresa criminal y que el juez Armella intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria.
Para la Cámara, el magistrado falló al “no explicar con precisión cuál sería la actividad puntual desplegada por cada uno que escaparía al normal desarrollo comercial” para convertirse en un delito. No se probó la “mínima cohesión” ni el acuerdo para cometer delitos indeterminados.
Sobre la acusación de blanqueo de dinero, los magistrados señalaron que Armella “no ha efectuado ningún examen fundado acerca de las condiciones pormenorizadas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido lugar las maniobras que buscaban ingresar el dinero presuntamente ilícito al mercado formal”.
Señalaron que no hubo un delito precedente que generó divisas a lavar y que el procesamiento se limitó a listar el patrimonio de los acusados (sus autos e inmuebles) pero “sin especificar puntualmente que el dinero utilizado hubiera tenido origen en la comisión de algún delito”.
La Cámara explicó que las “afirmaciones genéricas y vagas” del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
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