El Tribunal Oral Federal 7 anunció este martes que la próxima semana comenzarán las indagatorias por la causa Cuadernos y la primera citada de manera presencial es Cristina Kirchner.

Para el mismo día fueron citados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

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Ante la gran cantidad de citados a declarar, el tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, solicitó a las defensas que informen con anterioridad si sus representados van a responder preguntas.

Las indagatorias se realizarán en la Sala AMIA de Comodoro Py y se prevé que solo estén presentes los citados en cada jornada y los jueces. El resto de los imputados seguirá el juicio por Zoom, como hasta ahora.

Al rechazar los planteos, los magistrados aseguraron que la intención de las partes de “obturar el juicio en las puertas de su inicio. Desde una visión sistemática no es posible reeditar todas las objeciones planteadas, porque el Tribunal se vería obligado a volver sobre sus pasos. No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”.

En la última audiencia, la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no debían prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

La sala donde se realizarán las indagatorias

Tras los reiterados pedidos para que el juicio se realice de manera presencial, en diciembre del año pasado el Consejo de la Magistratura anunció que ya estaba disponible la Sala AMIA para ser utilizada, tras meses de refacciones.

Entre las renovaciones efectuadas en el espacio se destacan la reparación de pisos técnicos afectados por humedad ascendente y la restauración completa de los techos abovedados, también deteriorados por filtraciones externas.

Se sustituyeron los antiguos cortinados por paneles acústicos modernos, y el tapizado viejo dio paso a baldosas de alfombra con tecnología actualizada de hilado. En las próximas semanas, se realizarán pruebas finales de conexión para garantizar su operatividad plena.

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Para optimizar el funcionamiento general, se instalaron nuevos cables eléctricos y luminarias. Además, se actualizaron los detectores de humo y la señalización de seguridad, se repintaron tanto el interior como el acceso principal, y se incorporó equipamiento audiovisual de última generación.

Este salón, célebre por haber sido sede del juicio a las Juntas Militares, ofrece la mayor capacidad para público, un aspecto crucial dada la magnitud de acusados en el caso.

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El Hotel Deluxe, ubicado sobre la ruta 9 en Santiago del Estero y vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se encuentra bajo la lupa mediática y judicial tras revelarse una desconcertante contradicción entre su ocupación real y su disponibilidad en plataformas digitales.

Según la periodista Camila Dolabjian, de La Nación, la web oficial del hotel muestra reservas completas hasta fin de año, mientras que sitios como Booking.com y Planet of Hotels no permiten realizar contrataciones. No obstante, la realidad presencial describe un panorama opuesto: la cronista fue la única huésped en una estructura de lujo atendida por aproximadamente 40 empleados, en un escenario que evoca las maniobras de los “hoteles vacíos” investigados en causas como Hotesur.

Miren qué curioso. Vía su web, el hotel de Toviggino aparece todo reservado hasta fin de año. En dicen que el alojamiento no admite reservas a través de su sitio. En Planet of Hotels, no importa la fecha que selecciones: no hay habitaciones disponibles.… pic.twitter.com/0Ki7fdhvdN

— Camila Dolabjian (@camidolabjian) March 10, 2026

La sofisticada infraestructura del predio, que incluye mármoles costosos, suites con nombres de los hijos del dirigente y un servicio gastronómico exclusivo en el restaurante El Establo, contrasta con una baja rentabilidad turística que despierta sospechas sobre su financiamiento.

El hotel ofrece instalaciones que van desde un spa y tanque de flotación para deportistas hasta canchas de polo, pádel y un parque acuático. A pesar de presentarse como un espacio de “habitabilidad de lujo y comodidad único en la provincia”, la Justicia investiga si el establecimiento funciona como una fachada para justificar movimientos de fondos que no coinciden con su nula actividad comercial cotidiana.

Un punto crítico de la investigación radica en el entramado societario que respalda la facturación. Los comprobantes no son emitidos por la firma del hotel, sino por SEGON SRL, una empresa cuya actividad principal ante ARCA es de “servicios de seguridad e investigación”.

Esta sociedad pertenece a SOMA SRL, la cual recibió transferencias por USD 468.000 de una firma bajo investigación por desvíos de dinero de la AFA. Además, SEGON SRL fue adjudicataria de licitaciones provinciales por montos superiores a los $370 millones, lo que vincula directamente los ingresos de la firma con contratos estatales.

A estas irregularidades financieras se suman denuncias de pobladores sobre presuntas usurpaciones de terrenos linderos mediante grupos de choque, y una investigación de la PROCUNAR que asocia campos del dirigente con una pista clandestina de narcotráfico en el departamento de Alberdi.

A pesar de estas graves sospechas, el hotel mantiene un estatus privilegiado como base de la Selección Argentina y de equipos de la Liga Profesional. Con una camiseta firmada por el plantel nacional decorando sus pasillos, el interrogante central de la causa sigue siendo el origen de la inversión para sostener uno de los hoteles más modernos del país frente a su evidente falta de huéspedes.

La entrada ¿Alta demanda o fachada?: el hotel “fantasma” de Toviggino no cuenta con habitaciones disponibles en 2026 se publicó primero en Nexofin.

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El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.

Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.

Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.

La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.

Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.

En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.

Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.

En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.

En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.

El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.

El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.

En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.

El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.

Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.

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