A los fines de recuperar la iniciativa, el Gobierno iniciará esta semana el tratamiento de diversas reformas y proyectos en ambas cámaras del Congreso. Se trata de un primer paquete de medidas que están planificadas para aprobarse durante este trimestre.

A diferencia de lo que había sido estipulado a comienzos de año, la administración libertaria no presentará en el cortísimo plazo la reforma del Código Penal de la Nación que había sido anunciada por el Gobierno tiempo atrás. Este proyecto normativo tenía 920 artículos y había sido presentado por los entonces ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich luego de más de un año de trabajo junto a una comisión de trabajo liderada por el juez Mariano Borinsky.

Pero la gestión judicial cambió. Ahora la cabeza de esa cartera ministerial es Juan Bautista Mahiques. En su entorno marcan que tiene consideraciones puntuales sobre algunos aspectos de la reforma y que quiere darle su impronta. Ese trabajo puede llevar algunos meses, afirman quienes lo conocen. Aunque en los últimos días surgió la información de que esta iniciativa no tendría subas de penas para delitos de corrupción en la función pública, tres altas fuentes del oficialismo negaron esta versión. “Es absolutamente falso”, afirman.

A los fines de no demorar la implementación de cambios que son considerados como urgentes, Mahiques tiene previsto presentar un proyecto más pequeño que contemple nuevas tipificaciones de delitos y la suba en las penas de otros que ya existen. “Es una primera etapa de la reforma del código penal”, describen.

Infobae pudo acceder a varios de los puntos clave que serán incluidos en el inminente proyecto de ley. Introduce cambios sustanciales en la protección de víctimas, la penalización de delitos migratorios, fraudes financieros y delitos violentos.

El texto oficial prevé la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Según lo definen los mismos impulsores de la iniciativa, “obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba”. “La participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba, que requiere de su consentimiento”, ejemplifican.

La iniciativa también introduce modificaciones de fondo en materia de delitos migratorios. El proyecto incorporará al Código Penal las figuras ya contempladas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, y suma nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las penas propuestas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes para casos que involucren violencia, engaño o abuso de necesidad.

El Ministerio de Justicia especifica que se sancionará de manera más severa la reincidencia de extranjeros deportados que regresen al país, la asociación ilícita para facilitar el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias, así como el tráfico con fines de trata de personas.

El capítulo económico de la reforma apunta a combatir las estafas piramidales. El proyecto agrega un artículo específico y eleva las penas a un rango de tres a doce años de prisión, con agravantes si la víctima pierde total o parcialmente el dinero invertido.

Respecto a los delitos contra la propiedad, la propuesta tipifica por primera vez la modalidad conocida como “viuda negra” como robo agravado, con condenas de hasta doce años de prisión. El texto introduce un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el robo, tanto por engaño como por la fuerza.

También se incluyen figuras específicas para las denominadas “salideras” y “entraderas”, con penas de tres a doce años y agravantes cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías. El proyecto tipifica la modalidad delictiva “motochorro”, con penas de dos a ocho años y la inhabilitación para conducir por hasta dieciséis años.

En el ámbito penitenciario, la reforma crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios, con sanciones de dos a seis años y agravantes cuando funcionarios facilitan el ingreso de armas. El Ministerio amplía el catálogo de objetos prohibidos y las conductas punibles en estos contextos.

El Gobierno propone aumentar las penas por las picadas callejeras: el mínimo sube a un año, el máximo a seis años, y se duplica el tiempo de inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante estas carreras, las penas pueden alcanzar los ocho años.

En materia de protección animal, el proyecto deroga la Ley de Maltrato Animal e incorpora un título específico en el Código Penal sobre maltrato y crueldad, con penas de seis meses a tres años y agravantes en casos de lesiones o muerte del animal.

La protección de menores ocupa un lugar destacado en la propuesta. Las penas por grooming y abuso sexual infantil se endurecen, con castigos de hasta quince años en casos agravados, y se establece protección especial para menores de trece años y personas con discapacidad. Producir o distribuir representaciones sexuales de menores de dieciocho años será penado con hasta doce años de prisión, y si la víctima es menor de trece, la escala se eleva a un máximo de quince años. La simple tenencia de este tipo de material recibirá penas de tres a seis años, y la distribución, de cuatro a doce años. Además, se prevén sanciones de hasta quince años para quienes organicen espectáculos sexuales con menores.

Otro capítulo relevante introduce sanciones para el incumplimiento de deberes familiares, con penas de seis meses a seis años y agravantes para casos de reiteración o evasión de obligaciones judiciales como el pago de alimentos, incluyendo conductas de insolvencia fraudulenta.

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La decisión de expulsión diplomática argentina del principal representante de Irán en Buenos Aires señala un nuevo capítulo en las tensiones bilaterales. El gobierno declaró persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios iraní. Le otorgó 48 horas para abandonar el país. Estas acciones reavivan viejas heridas asociadas a los atentados acontecidos en la década de 1990 y aproximan a Argentina e Irán a una ruptura total de relaciones.

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al secretario general de la OTAN mientras debate la posible salida de su país de la alianza militar. Europa observa el proceso y consolida sus diferencias frente al cambio de alianzas globales.

El especialista en Medio Oriente Said Chaya evaluó en Infobae en Vivo A las Nueve: “Tenemos unas relaciones muy complejas con Irán, por lo menos desde la década del 90”. Chaya remarcó que no es la primera vez que Argentina e Irán se acercan a la ruptura y recordó que, a fines de los años 90, los vínculos ya se habían reducido al mínimo posible.

Expulsión diplomática y causas de la crisis bilateral

El Gobierno argentino tomó la decisión de profundizar su alineamiento internacional tras declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Esta medida se suma a una historia signada por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la AMIA en 1994.

“Lo que vemos hoy es consecuencia del alineamiento internacional del presidente, sin duda. También tiene que ver con la escasa cooperación que ha habido por parte de Irán para la resolución del atentado, por lo menos del 92”, detalló Chaya.

Consultado sobre si existe una situación de guerra entre Argentina e Irán, Chaya fue enfático: “No, me parece una exageración. Sí creo que tenemos una disputa muy importante con Irán”. Aseguró que, en treinta años de democracia, ningún presidente argentino mantuvo relaciones razonables con Irán. Destacó que el único intento fue el memorándum de entendimiento, “un intento muy malo de acercarse de alguna manera a una resolución”.

Chaya sostuvo: “En los hechos concretos no estamos en una guerra. No hay una declaración del Congreso. Sí creo que estamos en un momento de mucha rivalidad ideológica, especialmente con un país con el que tampoco teníamos una excelente relación”.

Impacto regional y posición de países no alineados

Frente a la expulsión y el nuevo escenario, la pregunta es qué actitud toman los países del denominado “tercer mundo”. Chaya argumentó: “La posición general, si revisás los discursos de la ONU en las últimas cinco semanas o las declaraciones de los diferentes presidentes, en general han hecho el doble juego de criticar tanto el ataque de Israel y Estados Unidos hacia Irán como la respuesta iraní a sus vecinos del Golfo. Un involucramiento fuerte no hemos visto, ni por parte de socios europeos ni de Estados Unidos, mucho menos de países de la periferia global”.

Con respecto a la escalada militar en la región, Said Chaya analizó el desarrollo del conflicto: “La guerra, aunque baje de intensidad, va a permanecer. Lo que quiere Irán es una solución a largo plazo. Los conflictos de este siglo no se resuelven con tratados de paz, sino que permanecen en suspenso después de un alto el fuego y se proyectan a lo largo de los años”.

Al explicar la estrategia iraní, Chaya agregó: “En las últimas guerras no hay ninguna donde nadie haya sido derrotado, todos ganan. Esa es la moda ahora: proclamarse vencedor”.

Implicancias de la confrontación global

Consultado sobre el efecto de las recientes acciones militares y diplomáticas, Chaya destacó: “La denuncia de Irán es: ‘Hace ya van dos veces que nos sentamos en la mesa de negociaciones y me hacés lo mismo, me lo hiciste en junio, me lo hiciste ahora’”. Sobre la posición de Europa, señaló que una intervención militar no es popular entre sus ciudadanos porque, además, el país que tradicionalmente lidera la coalición, Estados Unidos, mantiene una retórica hostil hacia sus aliados.

Chaya explicó: “Esta posición no es popular. Subirse a este tipo de escenario pone en un lugar muy complicado a esos jefes de Estado que son elegidos por el voto popular”. Remarcó que la resistencia de Irán y los misiles lanzados están generando mayor tensión regional y, probablemente, una aceleración de la carrera armamentística.

“Frente a un vecino así, los Estados van a tener dos opciones: apoyarse más en Estados Unidos para fortalecer el aparato de defensa o bien empezar a invertir en investigación y defensa para ganar mayor autonomía y no depender de actores externos”, opinó Chaya.

Condiciones para un posible acuerdo con Irán

A la pregunta sobre qué condiciones exige Irán para llegar a un posible acuerdo, Chaya sostuvo: “Está buscando un tratado que le permita a largo plazo asegurarse que este escenario no se va a repetir. Eso incluye el desarme o la inutilización de las bases militares que Estados Unidos tiene del otro lado del Golfo”.

El especialista advirtió que los países árabes se sienten más indefensos tras los ataques y es difícil pensar que aceptarán el desarme de las bases de Estados Unidos hasta que no logren autonomía en materia de defensa.

Por último, Chaya consideró la situación de seguridad en Argentina tras la expulsión del diplomático iraní: “El trabajo de Hezbolá acá en Argentina no ha sido de entrenamiento de tropas, sino que hemos sido un país, una zona destinada al lavado de dinero, más que de entrenamiento de tropas o atentados en los últimos años”. Agregó: “Me parece bien que el Gobierno tome las medidas que crea que deba tomar para asegurar la seguridad del país”.

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