POLITICA
La causa contra el exjuez Bailaque sumó un nuevo arrepentido y el foco ahora apunta a un misterioso operador judicial
El financista Fernando Whpei se transformó en el nuevo arrepentido de la causa que tiene al exjuez federal Marcelo Bailaque detenido en su domicilio, luego de que el 1° de julio pasado el presidente Javier Milei aceptara su renuncia. Desde hace varias semanas, este hombre de negocios de Rosario, quien fue titular del Grupo Unión, negociaba con los fiscales federales sellar un acuerdo judicial para morigerar su posible condena.
Whpei está detenido en su domicilio desde mediados de mayo. Fuentes judiciales confirmaron a que el financista se transformó en el segundo arrepentido de esta causa. El primero fue el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, quien declaró varias horas entre enero y marzo pasado, cuando admitió cometer delitos y sobre todo contó detalles de las maniobras que tramaron con Bailaque y Whpei para extorsionar al financista Claudio Iglesias en 2019, quien habría pagado cerca de 200.000 dólares para que no prosperara una causa trucha por lavado de dinero narco, que se originó con un anónimo.
Las versiones de que Whpei se plegaría a la figura del arrepentido surgieron cuando su abogado Emiliano Díaz renunció a la defensa del financista, y asumió su lugar Renzo Biga, un penalista que trabaja en tándem con los letrados Marcos Peyrano y Froilán Ravena, quienes fueron convencionales constituyentes por La Libertad Avanza. Desde ese momento, los rumores fueron tomando más cuerpo, hasta que el jueves de la semana pasada, a través de contactos con los fiscales en Buenos Aires, a través de zoom, se cristalizó su ingreso al lote de los arrepentidos.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y –según se comprobó– una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner. Hasta unas semanas antes de que fuera candidato del peronismo, Alberto Fernández les facturaba a Whpei servicios de una supuesta asesoría económica y política, según admitieron fuentes de su entorno hace unos meses.
Whpei aportó datos que serán relevantes en las causas en las que está involucrado. Como Vaudagna ya tomó ese camino en marzo pasado, y admitió haber participado de la extorsión contra el empresario Claudio Iglesias, Whpei apuntaría también contra Bailaque. Los trascendidos señalan que Whpei avaló la teoría del caso, es decir, habría admitido haber recibido el dinero de Iglesias, algo que complica al exmagistrado, pero además aportó información sobre otras personas que están siendo investigadas en la causa, entre ellas, el escribano y abogado santafesino Santiago Busaniche.
Este hombre se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen por las influencias que tiene en la justicia. Busaniche aparece en el teléfono de Vaudagna, extitular de Arca Rosario, pero además los fiscales lograron determinar que tuvo un rol importante en dos momentos en que se gestó y se desarrolló la extorsión contra el financista Claudio Iglesias.
Nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, Busaniche tuvo vínculos a través de su pareja con la familia de Carlos Reutemann, para quien militó en su juventud. Algunos en Santa Fe lo recuerdan como uno de los organizadores de cenas para juntar fondos para la campaña. Su hermano José, con quien está enemistado, es camarista federal en Entre Ríos.
En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra.
Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún por qué existió una orden que vino desde “arriba”, de lo más alto del Poder Judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.
A la par, se gestó una extorsión contra Iglesias, de acuerdo a la investigación, que pagó cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal.
El otro segmento de la historia donde aparece con nitidez Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100.000 dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.
El nombre de Busaniche genera resquemor cada vez que se menciona en el ámbito judicial, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino.
A la par de este paso trascendente en la causa hay otro punto importante que pasa por Whpei, quien durante las últimas semanas negoció con los fiscales plegarse a la figura de arrepentido. La clave está en lo que estaba dispuesto a aportar a una causa que tiene muchos intereses en juego y también preocupaciones de funcionarios que están actualmente activos en sus cargos, como el magistrado federal Gastón Salmain.
Este juez está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que omitió antecedentes que no lo favorecían para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso anterior en el Poder Judicial, del que fue cesanteado, cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1.
Este tema que se planteó en la comisión de disciplina, donde está siendo investigado Salmain, se produjo luego de que el fiscal Federico Reynares Solari comenzara a investigar a este magistrado por un comportamiento que podría ser inusual, al fallar a favor de estudios jurídicos de manera recurrente que presentaban recursos contra Anses.
Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país, con oficios que ordenan pagos millonarios que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos. Reynares Solari notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.
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POLITICA
Los gremios le advirtieron al Gobierno que miles de monotributistas podrían perder su cobertura médica
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Carlos Pérez, se reunieron ayer con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertirle sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de obras sociales debido al desfasaje entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones médicas.
Si bien el encuentro fue de Cavalieri y Pérez con el ministro, los dos dirigentes gremiales llevaron al debate la preocupación de todos los miembros de la CGT que administran obras sociales.
Según el informe que elevaron Cavalieri y Pérez al ministro Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto —y asciende a entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores—, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica; además una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000. Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, planteó Cavalieri, el líder mercantil de casi 90 años y que está hace 40 años al frente del sindicato más numeroso del país.
Tras la reunión, Cavalieri explicó que al ministro de Salud le acercaron algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
En tanto, Pérez sostuvo: “Desde Osecac queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”.
“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de Osecac. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina”, explicó Cavalieri en un comunicado.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena aseguró que Cristina Kirchner rechaza el indulto presidencial, pero subrayó la necesidad de aplicarlo para reparar lo que considera una persecución judicial.
En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario bonaerense remarcó: “Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”. De todos modos, aclaró que la ex mandataria no pretende ese beneficio: “Ella no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido 12 veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere un perdón”.
En el mismo sentido, el Ministro de Justica de la PBA insistió en que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a un entramado de persecución política y mediática, y cuestionó que “la justicia se transforme en un show mediático (…) Lo grave es que para llevar adelante estas causas se llevaron puesta la Constitución Nacional entera y todas las leyes de nuestro país”.
Según Mena, la gravedad del caso no se limita al impacto mediático: “Si con una motivación política vos podés cargarte todos los derechos y garantías constitucionales que se crearon para proteger a los ciudadanos del abuso del poder, me parece que lo grave es eso”.
Al referirse al desarrollo de la causa Cuadernos, el ministro explicó: “Vamos a tener no menos de dos años de juicio. Hay una pericia que por unanimidad dijo que esos supuestos cuadernos tienen más de 1.500 enmiendas, tachaduras y correcciones, que hay más de cuatro manos distintas a las de Centeno escribiendo”. Para Mena, el expediente judicial se convirtió en “un mamarracho jurídico que tuvo un solo, un exclusivo fin político”.
El impacto institucional y la autocrítica del peronismo
El funcionario bonaerense expuso que el funcionamiento actual del Poder Judicial afecta no solo a dirigentes políticos, sino también a la ciudadanía: “Imaginate que si esto pasa con una ex presidenta, ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Andá a pelear un caso en la justicia de familia de este país, dejás la vida”.
El ministro reconoció las falencias durante la gestión del peronismo y la imposibilidad de modificar el sistema judicial: “Yo fui el secretario de Justicia de ese gobierno que fracasó. Así que la primera autocrítica es la propia. Tratando de cambiar este estado de cosas, no solo no cambiamos nada, se agravó”.
Durante la extensa entrevista, Mena insistió en la diferencia entre el deseo personal de la ex presidenta y lo que considera una necesidad institucional: “Cristina no quiere ningún indulto, eso te lo puedo asegurar. Lo hemos discutido doce veces. Ella lo que quiere es justicia, no quiere que se le perdone el delito”.
Al ser consultado sobre si cree que el indulto es una herramienta válida, Mena respondió: “No tengo dudas. Sí, claro. Yo no tengo duda que si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina. Incluso en contra de lo que ella opine”.
Finalmente, el funcionario subrayó que “la lucha contra la corrupción se convirtió en una persecución política en la que engañan a la ciudadanía que tiene todo el derecho de querer justicia. Generan todo lo contrario. En los casos concretos generan impunidad absoluta”.
Mena vinculó la crisis judicial con la inseguridad en la provincia
Frente a las preguntas sobre los recientes casos de violencia en la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena advirtió que “todas las críticas que le caben al funcionamiento de la justicia respecto a lo que hablábamos del juzgamiento de la política, el someterse a presiones indebidas de otros poderes, también caben en materia de seguridad”. Para el ministro, el mismo sistema judicial cuestionado por su desempeño en causas de corrupción tiene impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses.
El funcionario fue concreto al describir el efecto de la ineficiencia judicial sobre la seguridad: “Es la misma justicia la que tiene que procesar. Obviamente, llega tarde porque el delito ya se cometió. Acá el enfoque principal, el esfuerzo estatal, debería estar puesto en la prevención y en que no se den las condiciones para que los delitos sucedan”.
Mena destacó la dimensión estructural del problema: “Cuando los delitos ya sucedieron, llega la justicia, que llega tarde, pero que es una pata importantísima a la hora de resolver un caso. Sobre todo para satisfacer los derechos de la víctima, la justicia es fundamental. Porque una justicia que es permeable a las corporaciones, permeable al poder económico, es una justicia que falla también a la hora de resolver los casos de inseguridad cotidianos”.
El titular de la cartera de Justicia bonaerense señaló la magnitud del desafío en el conurbano: “Nosotros lo repetimos siempre: para que la droga llegue a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, recorre 1.800 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no se produce droga. Se vende, se distribuye. Entonces, si recorre desde la frontera y atraviesa todo el país, hay toda una cadena de funcionarios, no solo políticos, de fuerzas de seguridad y también judiciales, que fallaron”.
En ese sentido, Mena remarcó que la independencia judicial no solo es clave para casos resonantes sino también “para el combate del delito: necesitamos una justicia independiente realmente, no solo del poder político, sino del poder económico, del poder mediático, de todos los poderes concentrados”.
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Los ministerios de Salud y Economía eliminaron las restricciones vigentes para la obtención de patentes farmacéuticas mediante una norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno sostuvo que la decisión apunta a alinear el sistema local con los estándares internacionales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X con la consigna: “Argentina vuelve al mundo”.
La Resolución Conjunta 1/2026 derogó la normativa 118, vigente desde 2012, que fijaba criterios específicos para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y limitaba su facultad para evaluar y otorgar títulos de propiedad intelectual. La nueva reglamentación lleva las firmas de Mario Lugones, titular de Salud; Luis Caputo, responsable de Economía; y Carlos María Gallo, presidente del organismo.
El texto entró en vigencia con su publicación oficial y establece que el fortalecimiento de la protección de las invenciones aportará “condiciones de previsibilidad”. Según se detalla, el esquema favorece la incorporación de desarrollos científicos y el acceso a nuevos medicamentos. Además, establece que el INPI ejercerá su competencia para analizar las solicitudes de manera individual.
El organismo aplicará los requisitos de novedad y actividad inventiva previstos en la Ley 24.481. La medida establece un mecanismo de protección para los productos que ya circulan en el mercado: el artículo 2 de la resolución determina que “para el caso de patentes concedidas vinculadas a productos farmacéuticos que estén siendo comercializados por terceros localmente, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.
Sturzenegger, en tanto, difundió los detalles de la iniciativa a través de su cuenta oficial en la red social X. El funcionario calificó el cambio como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Sostuvo que la normativa anterior dificultó el registro de “terapias innovadoras” en el país.
Aseguró que la Argentina se alineó con los estándares internacionales de sus socios comerciales y anunció que el país avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para facilitar el ingreso de la industria local a ese mercado. Sturzenegger puntualizó, además, que la derogación rige para los trámites futuros, pero que los medicamentos ya presentes en el mercado mantienen su situación actual.
Sturzenegger vinculó la decisión con el programa de gobierno que encabeza Javier Milei: “El Presidente nos ha comandado a implementar políticas basadas en el precepto moral de hacer ‘lo que está bien’. Respetar la propiedad, entre ellas la intelectual, es una derivada directa del respeto a la libertad y la propiedad”, expresó en su posteo.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también celebró el anuncio: “Nos alineamos con el mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos».
las restricciones vigentes para la obtención,alinear el sistema local con los estándares,Resolución Conjunta 1/2026,previstos en la Ley 24.481,a través de su cuenta oficial en la red social X,Federico Sturzenegger,Ministerio de Salud,Boletín Oficial,Conforme a,,»Está cayendo». Milei celebró el dato de la inflación mayorista y dijo que anticipa lo que «viene a futuro»,,Por 15 días. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos,,»Mentiras y difamaciones». Sáenz le respondió a Cristina Kirchner luego de que lo vinculara con coimas en la causa cuadernos,Federico Sturzenegger,,“Más barato y mejor”. Sturzenegger habló de una revolución tras la desregulación de la vacunación antiaftosa,,»Cazando en el zoológico». Nueva crítica de Sturzenegger a Rocca: “¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina?»,,En Nueva York. Caputo busco seducir a los empresarios: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”
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