POLITICA
La CGT afronta un 2026 de alto riesgo por la reforma laboral: qué artículos buscará modificar del proyecto oficial

Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.
¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.
Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.
La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.
El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.
Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:
1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.

2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.

4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.
5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.

6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.
7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores».
POLITICA
Javier Milei reúne a su gabinete en la Casa Rosada por primera vez en el año

Dos meses después del último encuentro, y en un clima festivo a juzgar por los rostros de sus participantes, el presidente Javier Milei reúne desde las 9.30 al gabinete nacional, por primera vez en lo que va de 2026.
Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a Balcarce 50. Uno a uno, los ministros fueron arribando a la cita, aunque ninguno hizo declaraciones a la prensa, que estaba apostada en el Patio de las Palmeras. Algo más serio llegó el asesor presidencial Santiago Caputo, dos minutos antes de la reunión, a la que también se agregaron algunos participantes habituales, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La agenda parlamentaria de esta semana fue tratada ayer por la mesa política, reunión de la que no participó el Presidente y sí la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se incluyeron en ese debate, según trascendió, la reforma laboral que será nuevamente tratada por el Senado luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, el Régimen Penal Juvenil (tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratada el jueves en el Senado) y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, a tratarse el viernes junto a la reforma laboral y con altas chances de ser aprobado. La ley de Glaciares, que comenzará a debatirse esta semana también en el Senado, es otra de las prioridades de la gestión libertaria, en acuerdo con las provincias mineras.
El Gobierno tiene en carpeta otras iniciativas legislativas, como una nueva ley de financiamiento universitario, a tratarse el próximo mes, o una nueva ley de Inteligencia que incluya parte del decreto 941, emitido en enero pasado, aunque este último está en preparación, según contaron ayer a fuentes de la SIDE.
La última vez que Milei había juntado a todo su gabinete fue el 22 de diciembre pasado, en la quinta de Olivos, una reunión en la que el presidente regaló a sus ministros el libro “defender lo indefendible” del pensador liberal Walter Block. Para encontrar la última reunión de gabinete en Casa Rosada encabezada por el Presidente hay que remontarse hasta el 26 de noviembre pasado.
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POLITICA
Las declaraciones golpistas de Ricardo Quintela contra Javier Milei: “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una fuerte embestida contra la administración de Javier Milei y encendió la polémica con declaraciones sobre la continuidad del mandato presidencial.
“Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”, afirmó, al sostener que, de mantenerse el actual rumbo, la Argentina terminaría “totalmente destruida, entregada”.
Durante una entrevista radial, Quintela aseguró que la situación social atraviesa un deterioro acelerado y habló de un posible “genocidio social enorme” si no hay un cambio de dirección.
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Mencionó el avance de la desnutrición, la pérdida del poder adquisitivo y dificultades en el acceso a la salud como señales de alarma. “Hay una desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer”, advirtió.
El mandatario también comparó el presente con la crisis de 2001 y remarcó que, ante escenarios extremos, la dirigencia debe “asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”. En esa línea, planteó la necesidad de una “intervención fuerte” por parte de quienes ocupan cargos institucionales.
Las declaraciones generaron fuertes repercusiones en el arco político, donde sectores oficialistas interpretaron sus palabras como un planteo desestabilizador.
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POLITICA
El Gobierno apura una nueva ley de financiamiento universitario con el guiño de los rectores

Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el guiño de los rectores de las principales universidades.
Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.
La propuesta se negoció en el último mes con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, a priori, recibió el aval de las principales casas de altos estudios, entre ellas las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata.
“Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”, justificó una importante autoridad universitaria que ya dio su aval.
El proyecto en cuestión recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley hoy vigente. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios. La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.
Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.
En vísperas del inicio del ciclo lectivo universitario, el Gobierno quiere desactivar los conflictos en un sector social que ha dado muestras de movilización y resistencia a los sucesivos intentos de la Casa Rosada de ajustar el presupuesto de las casas de altos estudios. Si bien los rectores parecen dispuestos a firmar la paz, los gremios universitarios ya anunciaron medidas de fuerza en contra del proyecto.
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