POLITICA
La CGT entra en modo campaña y compartirá un acto con Jorge Taiana
A pocas horas de encabezar el encuentro que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este lunes en la sede de la calle Azopardo, Jorge Taiana cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. “La Argentina necesita una reforma laboral, pero no una que retroceda en derechos, sino una que los amplíe”, afirmó.
Lo hizo tras participar de una reunión con trabajadores y referentes sindicales en Mar del Plata. Propuso “avanzar en una reforma progresiva”, surgida del consenso social, que “fortalezca el empleo y no lo debilite”.
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“La verdadera modernización no consiste en flexibilizar al trabajador, sino en construir un marco laboral más justo, inclusivo y solidario, que impulse la productividad sin resignar derechos. Solo una reforma progresiva, fruto del consenso social, podrá fortalecer el empleo y garantizar un futuro con dignidad para todos y todas”, escribió en su cuenta de X en el marco del encuentro marplatense.
El mensaje del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la lista de Fuerza Patria llega en un momento clave para el movimiento obrero. La central obrera busca cerrar filas en el tramo final de la campaña electoral y preparar su próximo congreso, previsto para el 5 de noviembre, cuando definirá su nueva conducción, apenas diez días después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Un sector de la CGT rechaza de plano cualquier modificación de las normativas laborales, mientras que el ala dialoguista promueve cambios para adaptarlas a nuevas formas de trabajo que no están contempladas en la legislación actual. Taiana propuso un punto intermedio, donde se pueda habilitar el debate, siempre que no implique la “pérdida de derechos”.
La reforma laboral que promueve el peronismo
En su visita a la ciudad costera, el excanciller planteó que “el Gobierno anunció una reforma laboral y tributaria sin abrir instancias de diálogo ni de construcción colectiva con los sectores que se verán directamente afectados: trabajadores, sindicatos y pymes”.
Según publicó en sus redes sociales, “se trata de una iniciativa que, en lugar de adecuar las leyes a los nuevos desafíos del mundo del trabajo, avanza en la quita de derechos conquistados, debilitando las condiciones laborales y profundizando la precarización”.
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Taiana propuso avanzar hacia “una reforma laboral que contemple las nuevas formas de empleo, el trabajo digital, las economías del cuidado y los desafíos de la automatización”.
En ese sentido, sostuvo que “la Argentina necesita una reforma laboral, sí, pero no una que retroceda en derechos, sino una que los amplíe. Una reforma que promueva la creación de empleo digno, con protección social, estabilidad y salarios justos”.
Camino al encuentro en la CGT
El mensaje de Taiana anticipa el tono que dominará el encuentro que la CGT realizará este lunes, bajo el lema “Camino a la reconstrucción nacional”. El encuentro reunirá a los principales referentes sindicales y a candidatos de Fuerza Patria, entre ellos Sergio Palazzo (Asociación Bancaria) y Hugo Antonio Moyano (secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Trabajadores del Transporte, CATT).
Será una nueva aparición conjunta de los sectores más duros de la central obrera desde el encuentro con Axel Kicillof en La Plata. En esa reunión, el gobernador bonaerense había recibido a Héctor Daer, Hugo Moyano y su hijo homónimo, en una foto que buscó enviar un mensaje político hacia dentro del peronismo y hacia la interna de la CGT.
“Nos reunimos para seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. Con la fuerza del peronismo, avanzamos hacia el 26 con esperanza y compromiso”, había escrito Daer en su cuenta de X.
La CGT, entre el mensaje político y las definiciones internas
El acto de este lunes servirá también como escenario para medir fuerzas dentro de la central obrera, que atraviesa un proceso de reacomodamiento interno. La elección de autoridades, prevista para el 5 de noviembre, pondrá fin al triunvirato integrado por Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña, y abrirá la discusión sobre el nuevo formato de conducción: si mantener un esquema colegiado o avanzar hacia un mando único.
El sector del transporte, que en las últimas semanas reforzó su peso institucional con la confirmación de Juan Carlos Schmid al frente de la CATT, llega fortalecido. La incorporación de Omar Pérez (Camioneros) como secretario adjunto y de Hugo Moyano hijo en Relaciones Institucionales reconfiguró el tablero sindical y reposicionó al moyanismo como un actor central.
La cita en Azopardo se produce además en un contexto en el que la CGT busca sostener su perfil opositor al Gobierno, pero sin romper completamente los canales de diálogo.
Esa línea de equilibrio divide aguas dentro de la central obrera, en donde mientras un sector empuja por endurecer la postura frente a la Casa Rosada, otro insiste en mantener abiertos los espacios institucionales para discutir la agenda laboral. Entre ellos, dirigentes como Gerardo Martínez (Uocra) y Jorge Sola (Seguros) sostienen la necesidad de una estrategia que combine firmeza y diálogo, mientras que los gremios del transporte y los metalúrgicos reclaman una posición más frontal frente al Ejecutivo.
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La tensión entre la necesidad de mostrar fortaleza frente al Gobierno y la intención de mantener abiertos los canales institucionales atraviesa todos los debates dentro de la CGT. La conducción actual sabe que la definición de su futuro dependerá, en parte, del resultado electoral del 26 de octubre y de la correlación de fuerzas que surja después.
“El país no puede avanzar sobre la base del ajuste y la desprotección”, advirtió Taiana. La frase resume la posición del movimiento sindical que, en medio de la campaña y a días de definir la nueva conducción de la CGT, se prepara para intentar volver al centro de la escena política tras meses de mantenerse alejada de la confrontación.
CGT, Jorge Taiana, fuerza patria, Elecciones 2025, Elecciones en Buenos Aires
La Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma. A través de una resolución unánime de su Consejo Superior, la institución ratificó además la situación de emergencia presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema.
Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.
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El reclamo se produce en medio de la disputa abierta entre el Ejecutivo y las universidades por el financiamiento de las universidades nacionales. Aunque el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto del presidente Javier Milei, el Gobierno decidió promulgar la norma sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación, con el argumento de que no establece fuentes de financiamiento específicas.
En ese contexto, la resolución aprobada por el Consejo Superior también advierte que “promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado” y plantea la necesidad de avanzar en un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y las universidades para sostener el sistema.
Emergencia salarial
La resolución aprobada por el Consejo Superior confirmó la emergencia salarial para docentes y trabajadores nodocentes de la universidad, incluidos los profesionales de la salud que trabajan en hospitales universitarios. La declaración también alcanza a las tareas vinculadas con la investigación y la extensión universitaria.
Las autoridades de la casa de altos estudios también remarcaron que la ley sancionada por el Congreso establece como destinos prioritarios, además de la recomposición salarial, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, la mejora de la infraestructura universitaria y el financiamiento de las actividades de enseñanza.
Por eso, solicitaron a los ministerios de Capital Humano y de Economía “la urgente actualización, en línea con la inflación observada, del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la Universidad”.
Pedido de actualización del presupuesto
El pedido pone especial énfasis en las partidas vinculadas con la función salud, un área que concentra parte importante de las actividades institucionales, y advierte que el presupuesto nacional aprobado para 2026 “no contempló lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la actualización correspondiente para los gastos de funcionamiento”.
Según el Consejo Superior, además de la red de hospitales e institutos universitarios que dependen de la UBA, la universidad realiza tareas asistenciales a través de seis centros que brindan atención de alta complejidad y funcionan, al mismo tiempo, como hospitales escuela. Esos establecimientos permiten “la formación de profesionales de la salud, el desarrollo de residencias, la investigación médica y la producción de conocimiento científico”, indicó la casa de altos estudios.
Para la UBA, el papel del sistema público es central en la formación de profesionales estratégicos para el país. Las universidades nacionales gradúan cerca del 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina, según cifras oficiales.
En ese contexto, el Consejo Superior advirtió que para sostener esas funciones “resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias” y reiteró el pedido al Gobierno para que aplique la ley vigente y garantice el financiamiento del sistema.
Escala el conflicto entre el Gobierno y las universidades
El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. Milei vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron ese veto y la ley quedó firme.
Sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. En la Casa Rosada sostienen que la norma no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento y argumentan que su aplicación tendría un fuerte impacto fiscal.
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La Justicia intervino en la disputa. El juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley y dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma.
Mientras ese frente judicial sigue abierto, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario. La iniciativa busca establecer un sistema que contemple partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas, con actualizaciones vinculadas al índice de inflación.
UBA, universidades públicas
POLITICA
Quiénes integran la amplia comitiva que acompañó a Milei en Nueva York y los hoteles de lujo donde se alojaron
NUEVA YORK.- La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de subir a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial para el viaje de Javier Milei a Nueva York alteró los planes de la comitiva oficial.
La difusión de la imagen de ellos dos juntos por parte de Radio Jai -hasta ese momento no se sabía de la presencia de Angeletti- puso al jefe de ministros en una posición incómoda.
La oposición le pidió informes al Congreso y denunció presunta malversación de fondos. Él dedicó una alusión al tema en la frase final de su discurso de cierre del Argentina Week. “No importa cuánto hayan intentado empañar este Argentina Week. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con inteligencia artificial”, dijo en el salón de eventos de una de las torres del Bank of America.
“Es el no tema. Tienen que mirar lo que pasa acá. No están tomando magnitud de lo que está pasando. Si se encargan de esa pavada, no están teniendo en cuenta lo que sucede en la Argentina”, retrucó esta noche Adorni, en un intento de encapsular la polémica, en un contacto con y Clarín.
“Vine una semana a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”, fue la primera justificación de Adorni en diálogo con el canal A24. Dijo que los viáticos de ella corren por su cuenta y que él se paga los suyos. “El Estado no gasta nada en ella ni en mí”, aclaró. Añadió que Angeletti tenía pasajes para viajar al mismo destino el 26 de febrero, por actividades previas en esta ciudad y su agenda se modificó. No pudo definir con precisión por qué la subió a un asiento del vuelo oficial.
Pese al revuelo que provocó su actitud, Adorni se mostró relajado en los pasillos del Argentina Week: “Estoy muy tranquilo, hay otros funcionarios que también vinieron con sus esposas”, comentó a .
En medio de la controversia, hoy se confirmó también que Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos a Punta del Este, en Uruguay en un vuelo privado, según un documentos publicados por el portal ElDiario.Ar. El viaje había sido revelado el lunes último por Carlos Pagni, periodista de , en su programa Odisea Argentina.
Anoche, Adorni no quiso hablar sobre el vuelo a Punta del Este. “Fui a Punta del Este, pero yo no hablo sobre mi vida privada”, señaló en A24. “El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta…Fui a la casa de un amigo y parte me lo costeó él”, agregó. El amigo que mencionó el jefe de Gabinete sería el periodista Marcelo Grandio, quien conduce “Giros, en línea recta”, un ciclo que se emite en la TV Pública.
Frente a las críticas de la oposición -e incluso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y aliados de Pro-, los voceros oficiales arguyen que Milei suele estar acompañado por grupos reducidos de colaboradores. Sin embargo, la comitiva que viajó a Nueva York fue amplia e incluyó ministros, asesores, funcionarios de segunda línea y tercera línea; además del personal de ceremonial y de seguridad.
En el listado oficial, que recopiló , hay al menos 17 funcionarios de rango, sin contar a la pareja de Adorni ni a la de otros miembros del Ejecutivo. En el Gobierno explican que de esos 17 hay al menos tres que son empresas con control del Estado o sociedades anónimas con control del Estado, como YPF, y que esas empresas pagan sus propios gastos.
“Era el Argentina Week, o sea, la semana de la Argentina en Nueva York. Fue una comitiva amplia sí, pero fue por eso. Este gobierno se caracteriza por tener comitivas chicas”, remarcó un funcionario de Milei en diálogo con este medio.
Al presidente Milei y su hermana Karina se plegaron el canciller Pablo Quirno, el propio Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo; su segundo, José Luis Daza; el secretario de Energía, Daniel González Casartelli; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
También viajaron los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación); el presidente de YPF, Horacio Marín; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria, el cineasta personal de Milei; el secretario de Comunicación, Javier Lanari; el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien está al frente de la Oficina de Respuesta Oficial.
“Los que vinieron tenían que exponer acá. Veníamos a eso”, justificaron desde la comitiva oficial.
A su vez, concurrieron el presidente de Trenes de Cargas, Alejandro Núñez; Diego Sucalesca, de la Agencia de Inversiones; y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli. En estos casos, el funcionario que dio explicaciones a los separó en los casos de empresas que pagaron sus propias cuentas.
A ese grupo se le sumaron los voceros o voceras de cada ministro y funcionario, en algunos casos asesores y fotógrafos y personal de seguridad. El despliegue se vio en todo su esplendor el día que Milei abrió el Argentina Week en el JP Morgan. Pero también estuvo presente en los pasillos del Bank of America este miércoles, en el 1114 de la 6th Avenue, la Two Bryan Park.
El Presidente, Karina Milei, Adorni y su esposa se quedaron en el Langham Hotel, un cinco estrellas ubicado en la quinta avenida, cuyas habitaciones oscilan para un cliente común entre los 700 y los 1500 dólares la noche. El otro hotel en el que se hospedaron los funcionarios fue el Lotte Palace Hotel Nueva York, en el 455 de Madison Avenue y el Intercontinental Barclays en el 11 E 48 St. El Lotte es otro hotel costoso, no hay habitaciones por menos de 600 dólares la noche (la más básica).
La mayoría de los funcionarios vinieron en vuelos comerciales, salvo el Presidente y su hermana Karina, Adorni y su esposa y el canciller Pablo Quirno. Llegaron en diferentes vuelos. También se sumaron a la comitiva once gobernadores, pero el costo corrió por cuenta del Consejo Federal de Inversiones, según pudo saber . Ellos están en el Thomson Hotel Central Park by Hyatt.
Al uso de los recursos públicos, el otro debate que se abrió en la comitiva fue el de las declaraciones de Milei contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. Generó mucha repercusión en la opinión pública y dudas sobre si tendrá o no algún impacto. Por ahora, esa polémica se trasladó a la Argentina. Milei lleva 35 viajes al exterior y 118 días afuera desde que arrancó su gestión. En el Gobierno insisten en reducir el despliegue de la comitiva y el uso de los recursos a un intento de opacar el evento que congregó a empresarios argentinos y extranjeros, gobernadores y funcionarios para atraer capitales.
viajó,Mariano Confalonieri,Conforme a
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que abogados dependientes de Corredores Viales S.A. intervinieron en juicios ejecutivos sin defender adecuadamente al Estado y, en tres causas, cobraron honorarios prohibidos por ley, situación que derivó en la transferencia de $66.227.732,57 desde fondos públicos a cuentas personales de los profesionales implicados. El perjuicio fiscal atribuido por estos y otros procesos auditados por el organismo supera los 4.664 millones de pesos entre todos los juicios revisados.
Corredores Viales S. A. es la empresa estatal que administra los corredores viales bajo la tutela del Estado. Con más de cuatro mil empleados, gestiona diez tramos viales a lo largo de aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. Su cobertura abarca las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, e incluye el Acceso Riccheri, que conecta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus funciones principales se encuentran el mantenimiento y la operación de rutas, el cobro de peajes y la prestación de servicios al usuario, como auxilio y control de cargas.
Ante la situación que detectó la SIGEN, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo.
La muestra auditada incluyó el 53,17% del monto total de litigios donde la empresa figura como parte, abarcando 23 causas activas al 31 de diciembre de 2024. El monto reclamado en los cinco principales procesos ejecutivos en revisión se aproxima a 2.500 millones de pesos. En uno de los expedientes, la empresa ICF S.A. inició un reclamo de $590.572.807,38, que terminó convertido en una liquidación final reconocida judicialmente de $1.206.120.939,69.
Las actuaciones que actualmente son objeto de investigación en la justicia federal se refieren a intervenciones realizadas por profesionales que integraban la estructura jurídica de la empresa con anterioridad al inicio de la actual intervención.
Según estableció este medio de fuentes judiciales y del propio informe de la SIGEN, dichos profesionales ya se encontraban desvinculados de Corredores Viales S.A. al momento de iniciarse la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 244/2025, por lo que los hechos investigados corresponden a gestiones previas a la actual administración de la empresa.
Una vez iniciada la intervención y tras tomar conocimiento de las situaciones referidas, la actual conducción de Corredores Viales S.A. adoptó diversas medidas con el objetivo de esclarecer los hechos, resguardar los intereses de la empresa y colaborar con las autoridades competentes.
Deficiencias en la defensa del Estado
El informe de la Sindicatura General de la Nación señala que la actuación de los abogados internos de Corredores Viales S. A. fue “inadecuada para la defensa de los intereses de la sociedad” en al menos cuatro procesos ejecutivos. Los auditores verificaron que los representantes estatales presentaron allanamientos sin autorización expresa, omitieron oponer defensas y no invocaron la inembargabilidad de fondos públicos, como exige la Ley 24.624. Además, evitaron responder los traslados de las liquidaciones hechas por la contraparte.
En los expedientes COM 023443/2023, COM 025440/2023, COM 004033/2024 y COM 004144/2024 —relacionados con el impago de facturas MIPyME— los profesionales de Corredores Viales S. A. no invocaron la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que determina que no deben prosperar acciones ejecutivas contra el Estado Nacional o sus entes y, ante cualquier reclamo, corresponde primero la intimación de pago.
Al no solicitar la aplicación de la inembargabilidad de fondos públicos, los jueces en varias sentencias desestimaron los allanamientos de la defensa estatal y, en todos los casos, impusieron costas procesales íntegramente a cargo de la sociedad anónima estatal.
Transferencias millonarias
La SIGEN acreditó que, tras condenas y costas a favor de las contrapartes, abogados empleados de CVSA solicitaron y habrían recibido honorarios regulados a su favor, logrando transferencias directas de fondos públicos a sus cuentas personales.
Según la documentación obtenida por los auditores, se acreditaron transferencias de: $25.462.774,63 y $6.713.368,29 (COM 025440/2023), $14.134.860 (COM 023443/2023), $7.439.400 y $12.527.329,65 (COM 004144/2024), sumando exactamente $66.227.732,57.
De acuerdo con el informe de la SIGEN, al que accedió Infobae, estas percepciones infringen el Decreto N° 34.952/47, reglamentario de la Ley N° 12.954, y el artículo 7° del Decreto N° 1204/01, que prohíben a abogados estatales percibir honorarios si no provienen de la parte contraria, y no del propio organismo estatal. También la Ley N° 27.423 impide el cobro cuando el profesional está bajo relación de dependencia, salvo circunstancias que no aplicaron en estos casos.
La actual intervención de Corredores Viales S.A. también tomaron cartas en el asunto y realisaron las siguientes actuaciones:
-Constitución de la empresa como parte querellante en la causa penal que investiga los hechos, mediante presentación efectuada durante el mes de mayo de 2025 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
-Aporte de documentación y elementos de prueba mediante diversas presentaciones judiciales realizadas durante el año 2025, con el objeto de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
-Solicitud de una medida cautelar de no innovar, requerida por la empresa para impedir que se hicieran efectivo los cobros de honorarios pendientes, la cual fue concedida por el juzgado interviniente y permanece vigente en la actualidad, habiendo sido recientemente ampliada.
-Entrega de equipos informáticos y colaboración con medidas de prueba, lo que permitió que el juzgado dispusiera la realización de pericias informáticas previstas para el mes de marzo de 2026.
-Impulso de actuaciones disciplinarias ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal respecto de los profesionales involucrados.
-Inicio de acciones civiles por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa.
-Inicio de sumarios administrativos internos.
Las actuaciones mencionadas dan cuenta de que los hechos investigados acaecieron con anterioridad a la actual intervención de Corredores Viales S.A. y que la misma ha impulsado activamente su esclarecimiento y la adopción de medidas judiciales, administrativas y disciplinarias destinadas a proteger los intereses de la empresa y del Estado.
La empresa continúa colaborando plenamente con la investigación judicial en curso y reafirma su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la correcta administración de los recursos públicos.
Otras irregularidades
Ninguno de los expedientes auditados mostró evidencia de autorizaciones expresas para los allanamientos ni para la transferencia de honorarios. El informe final advierte sobre la afectación directa al patrimonio de Corredores Viales S.A. y recomienda delimitar responsabilidades administrativas para determinar la existencia de perjuicio fiscal, además de ordenar la recuperación de las sumas y dar intervención a la Oficina Anticorrupción.
Junto a estas deficiencias, la SIGEN identificó otras irregularidades: una demora de 18 meses por parte de CVSA para iniciar el reclamo tendiente al recupero de $1.111.920 (expediente CIV 044888/2023), la omisión de informar el inicio de juicios a la Procuración del Tesoro de la Nación, según la ley 25.344, en al menos nueve expedientes y la falta de registro preciso de movimientos procesales y montos económicos en el Sistema único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ Web). Solo en dos de veintitrés causas auditadas existían datos completos sobre etapa y estado procesal, y en cinco procesos ejecutivos no se ingresó información sobre montos o erogaciones.
Corredores Viales S.A. opera como sociedad anónima con capital estatal, bajo la órbita del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. Al cierre de 2024, la entidad tenía 85 causas judiciales activas, siendo demandada en el 98% de los casos. El monto total inicial reclamado alcanzaba $4.664.856.784,14.
En todos los expedientes auditados, la falta de defensas eficaces, controles jerárquicos y supervisión sobre los abogados estatales produjo los perjuicios observados. La SIGEN recomendó adoptar medidas urgentes para asegurar una gestión jerárquica eficiente y la estricta observancia de la normativa vigente en materia judicial.
Un informe adicional de la Sindicatura —publicado por Infobae y en investigación en el juzgado federal de Lijo—, detectó severas irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa encargada de administrar rutas estatales, con pérdidas superiores a $30.000 millones en 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, en un contexto de deficiencias administrativas y controles internos débiles.
El desorden administrativo derivó en la intervención de Corredores Viales S.A. resuelta por el presidente Javier Milei, y en la denuncia penal instruida por Lijo. En paralelo, el Gobierno inició la privatización de la empresa, con el objetivo de su disolución.
La empresa fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el Decreto 794/17, como una alternativa a la Dirección Nacional de Vialidad. Su función inicial era administrar corredores estratégicos mediante peaje, pero con el tiempo —según informes oficiales— se transformó en un organismo costoso, opaco y deficitario.
Los informes de la SIGEN provocaron una rápida reacción pública. Jorge Zatloukal, director ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), reclamó la disolución de Corredores Viales S.A. y la devolución de sus funciones a la Dirección Nacional de Vialidad.
Zatloukal afirmó: “Corredores viales S.A. debe ser disuelta: es una estructura cara y sin funciones, un agujero negro por donde se escurren miles de millones”. En ese sentido, agregó que es necesario restituir las funciones de mantenimiento a Vialidad Nacional, organismo que sí cuenta con una estructura adecuada.
El representante de CONADUV destacó la crítica situación de las rutas y la ausencia de contraprestación al pago de peajes, subrayando: “Las rutas están en pésimo estado, no hay contraprestación por el peaje abonado” y remarcó la ausencia de un ente regulador, lo que expone a los usuarios y al interés público: “La indefensión de los usuarios y el descuido del interés público es total”.
Finalmente, Zatloukal advirtió: “Algunas empresas que estuvieron mencionadas en los famosos cuadernos se van quedando con concesiones”, una situación preocupante debido a que la investigación judicial sobre esas adjudicaciones todavía no concluyó.
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