POLITICA
La CGT marchará el 18 de diciembre a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei
La CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. El Consejo Directivo cegetista, que está deliberando en la sede de Azopardo 802, ya acordó que hará una movilización el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno.
El plan, que se está discutiendo, es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta contra la reforma laboral.
Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.
Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.
Este mediodía, al abrir el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.
El sindicalista destacó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año”, por lo que advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical -aseguró-. La reforma no va a generar empleo sino que lo que genera empleo es la inversión».
Enseguida, Sola propuso una movilización callejera el 18 de diciembre y Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que sea hacia la Plaza de Mayo, ya que inicialmente se pensó en hacerla ante el Congreso, pero se estima que el debate parlamentario de la reforma se postergará a enero.
A partir de la propuesta, aprobada por toda la dirigencia, se abrió un intenso debate y una de las ideas planteadas fue aprobada inmediatamente: realizar el martes próximo, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT para organizar la movilización en todas las provincias.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Los peritos judiciales tasaron en más de US$20 millones la mansión de Pilar adjudicada a «Chiqui» Tapia y Toviggino
Los peritos judiciales tasaron en más de US$20 millones la mansión de Pilar que se le adjudica al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El informe fue realizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro e incluyó a todos los muebles, inmuebles y autos de lujo que estaban dentro de la mansión ubicada sobre la calle Misiones 4097, Villa Rosa, Partido de Pilar.
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El detalle del relevamiento indicó que la parcela principal tiene un valor de US$5.600.000, mientras que el edificio de entrada vale US$134.000.
La casa principal del terreno ubicado en Pilar tiene un valor de US$2.385.00, mientras que la casa secundaria de US$1.230.000.
El informe de los peritos judiciales también indicó que entre todos los autos que fueron secuestrados durante el allanamiento se alcanza un valor de US$3.861.100.
A eso hay que sumarle US$1.050.000 en concepto del depósito y US$1.490.000, que es el valor del galpón donde estaban estacionados los autos.
En paralelo, la pileta con la que cuenta la mansión adjudicada a Tapia y a Toviggino —que fue captada por las cámaras de TN- tiene un valor de US$50.000.
De acuerdo al informe al que accedió TN, el helipuerto de la mansión vale US$85.000, la cancha de Paddle US$30.000, el bar $390.000 y la recepción US$350.000.
Para completar el valor total de lo encontrado en la mansión de Pilar hay que sumar el valor del quincho (US$1.490.000); el costo del lugar donde funcionan el spa, el gimnasio y la sala de máquinas (US$1.450.000); y la caballeriza (US$1.220.000).
La suma de todo lo secuestrado en el allanamiento sobre la mansión ubicada en la calle Misiones 4097, es de US$20.815.100.
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De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).
Los registros muestran que Luciano Nicolás Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.
Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.
Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.
A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.
Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre los Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
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El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.
En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.
Pilar, AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
En otro guiño hacia las Fuerzas Armadas, y como parte del anunciado plan de modernización de su equipamiento, el gobierno de Javier Milei anunció este martes la aprobación del contrato con un banco francés para la compra de cuatro helicópteros livianos de origen italiano, destinados a la Armada.
“El Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW109 junto al Credit Agricole, un banco de crédito agrícola francés, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.
En el decreto 924/25, publicado ayer en el Boletín Oficial, se aclara que el monto del crédito, a ser otorgado por la entidad bancaria francesa, es de poco más de 71 millones de euros. Adorni aclaró que “el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo, que se destinará a potenciar la defensa de los recursos que son de todos los argentinos”. El ministro coordinador mencionó la reciente compra de 24 aviones F16 desde Dinamarca, “también destinada a aumentar la capacidad aérea Argentina”.
Fuentes del Ministerio de Defensa que encabeza el ministro Carlos Presti precisaron a que el contrato establece la entrega de los dos primeros helicópteros “antes de los 18 meses”. Al no tener componentes británicos, no será necesaria la gestión del gobierno de Donald Trump, vital para que la Argentina pudiera adquirir los F16 y sortear el veto de Gran Bretaña a la compra de armamento, vigente desde la Guerra de Malvinas, en 1982, veto que el Gobierno intenta revertir. El principal interés de Trump en ese caso era evitar que la Argentina terminara comprando los aviones chinos JF-17, reconocen las fuentes oficiales.
La firma del contrato, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aún no tiene fecha determinada, pero se estima que será en las próximas semanas, según fuentes oficiales.
La compra de los helicópteros tiene una historia algo más larga, y abarca los meses finales del gobierno de Alberto Fernández. En septiembre de 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitó la fábrica Leonardo, e incluso firmó una carta de intención para la adquisición de ocho helicópteros AW 109, los mismos de los que habla el contrato aprobado por el Gobierno. Como estos procesos llevan meses, y a veces años, fue importante el reciente aval de los gobiernos de Emmanuel Macron en Francia y Giorgia Meloni, en Italia, comentaron desde el Gobierno, aunque se trata de “montos pequeños” que no requieren de negociación política, comentaron otras fuentes con acceso al entramado de la negociación.
Según la propia empresa, esos helicópteros pueden cumplir con diversas funciones, tanto de vigilancia como de Servicios Médicos de Emergencia y de Búsqueda y Rescate (SAR), tareas para las que cuenta con un guincho lateral que facilita las aeroevacuaciones. Tienen capacidad para un piloto y un copiloto y seis tripulantes y puede operar durante tres horas, en un rango de unos 574 kilómetros.
En la agenda futura de compras militares del Gobierno aparece la ambiciosa adquisición de dos submarinos franceses Scorpéne, y aunque el propio Presidente anunció la probable compra el mes pasado, la negociación está aún en estado embrionario, comentaron fuentes oficiales.
“El kirchnerismo demonizó a nuestras Fuerzas Armadas(…). Nos habían dejado indefensos. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, planteó el Presidente en la presentación de los primeros seis F16, en Córdoba, y a modo de explicación general sobre la seguidilla de compras dedicadas a reforzar a las Fuerzas Armadas.
su equipamiento,la reciente compra,veto de Gran Bretaña,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
El Gobierno evalúa convocar a nuevas sesiones extraordinarias para adelantar la reforma laboral
El presidente Javier Milei tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares.
El Ejecutivo definió esta fecha en reuniones mantenidas este lunes y espera que el mandatario firme el decreto de convocatoria en la última semana de enero. La estrategia de la Casa Rosada consiste en utilizar el primer mes del año para acelerar las negociaciones con legisladores y gobernadores aliados, buscando alcanzar acuerdos macro antes de volver al recinto.
La reforma laboral, que ya posee dictamen, es la prioridad del oficialismo, que incluso no descarta realizar cambios en el texto original para asegurar su sanción. Desde el entorno presidencial señalaron a TN que “todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, mientras mantienen la postura de no convocar a la CGT para negociar en el corto plazo.
El Gobierno apuesta a que esta reforma reduzca el costo del empleo formal e incentive la registración, compensando así el costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI (unos US$3500 millones anuales).
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Un punto central del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con la reasignación del 3% de las contribuciones patronales del sistema previsional hacia un fondo para indemnizaciones por despido.
Al Ejecutivo le interesa especialmente este articulado porque busca recapitalizar el mercado local a través de la inversión de esos montos. Además, el documento enviado al Senado contempla la reducción de alícuotas de Ganancias corporativas, exenciones para rendimientos financieros y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.
A pesar de la merma de ingresos que implican estos cambios tributarios, el Gobierno argumenta que el equilibrio de las cuentas públicas no está en riesgo. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, lo que permitiría absorber el costo de la reforma sin incurrir en déficit.
La apuesta oficial es que la mayor formalidad eleve la base imponible y mejore la recaudación por IVA y aportes sociales, aunque algunos sectores del oficialismo advierten que este impacto podría ser “muy lento”.
Por el momento, la Casa Rosada decidió postergar iniciativas como el nuevo Código Penal o un rediseño integral del sistema impositivo (IVA e impuesto al cheque) por falta de margen fiscal y consenso político.
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