POLITICA
La CGT medió en el conflicto de la UOM y este jueves habrá una reunión clave para destrabar la paritaria
Cuando parecía que iba a profundizarse el conflicto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por su paritaria no homologada, se reabrió una instancia de negociación: tras una mediación de la CGT, la Secretaría de Trabajo recibirá este jueves al líder del gremio, Abel Furlán, y a una cámara empresarial que no firmó el acuerdo salarial para intentar destrabar su convalidación oficial.
Del encuentro no participará el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sino su subsecretaria, Claudia Testa, que fue la misma funcionaria que estuvo reunida la semana pasada con Furlán durante una movilización de la UOM ante el edificio de la Avenida Leandro N. Alem 650.
El sindicalista se quejó de que Cordero no lo hubiera recibido (en realidad, no estaba en ese momento en la Secretaría) y, ante los metalúrgicos que se habían concentrado en la calle, acusó a Cordero de impulsar «una estrategia, respondiendo al Grupo Techint, para dilatar y no homologar el acuerdo».
Como anticipó Infobae, pese a que Furlán dijo que quería reunirse esta semana con Cordero, en el entorno del funcionario advirtieron que el titular de la UOM “ya fue recibido por la autoridad que corresponde” y que “no hay ninguna audiencia pendiente” con el gremio.
“Cordero dejó el tema en manos de los equipos técnicos”, destacó la fuente consultada, que, además, enfatizó que el conflicto por la no homologación “no responde a un tema político sino técnico”.
Por eso todo indicaba que la UOM iba a comenzar de inmediato con medidas de fuerza para presionar por la homologación del acuerdo salarial del 7,6% para el período abril-agosto, en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de cinco sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y de $25 mil para cada uno de los meses restantes.
Pero, sorpresivamente, un alto jefe de la CGT habló con Cordero para pedirle que aceptara recibir a Furlán para destrabar su paritaria. Por eso se programó el encuentro de este jueves, aunque el secretario de Trabajo no participará y dejará todo en manos de Testa.
El Ministerio de Economía objetó la paritaria de la UOM no sólo porque el 3,3% de aumento para abril superó la pauta oficial del 1% mensual sino también por otro motivo: las sumas fijas pactadas con los empresarios incluyen una cuota solidaria que va al sindicato para financiar su obra social: según el convenio firmado, en esos pagos de $30 mil y de $ 25 mil hay un aporte del empleado del 3% y una contribución de las empresas del 6%, en ambos casos sobre el valor no remunerativo.
Es uno de los temas centrales que Testa hablará este jueves por la mañana con Furlán y con José Luis Ammaturo, el presidente de Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), la cámara que agrupa a las pymes metalúrgicas, que se negó a firmar la paritaria porque, según advirtió, “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión del sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.
En la movilización de la semana pasada, Furlán dijo a los manifestantes: “Las explicaciones que nos dieron (en Trabajo) no han cubierto las expectativas-dijo-. Argumentan que hay una de las cámaras (por CAMIMA) que ha observado el acuerdo que hemos firmado. Nosotros nos acabamos de enterar recién de que hay una observación por parte de una de las cámaras. Pero esa cámara es totalmente minoritaria en el ámbito de la discusión paritaria y hay cinco cámaras ,las más representativas, que firmaron el acuerdo y que no han hecho ninguna observación sobre el mismo».
Tras esas declaraciones, CAMIMA difundió un comunicado de prensa en el que aclaró que «no objetó el acuerdo salarial», que “todas las partes fueron informadas del proceso” y que «no es una cámara minoritaria” sino que «representa a la mayoría de las pymes metalúrgicas del país (unas 22.000 empresas)“.
La cámara que lidera Ammaturo resaltó que “la decisión de no suscribir el acuerdo salarial tiene como fundamento la imposibilidad material de nuestras empresas pymes de asumir nuevos aumentos en las actuales condiciones económicas, sin comprometer la sostenibilidad de las fuentes de trabajo”.
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POLITICA
Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, ARCA, AFA
POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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