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POLITICA

La CGT prepara un recurso de inconstitucionalidad con tres argumentos centrales contra la ley de reforma laboral

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La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara un recurso para que la Justicia declare inconstitucional en general la ley de reforma laboral, en caso de que sea aprobada en el Congreso a fin de este mes, anticiparon fuentes sindicales a .

El planteo será general sobre asuntos globales y conceptuales de la ley y no artículos puntuales, dado que esos planteos deberán ser efectuados por los trabajadores, caso por caso, en la medida en que sean alcanzados por un conflicto concreto.

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En cambio, los planteos generales están reservados para los gremios y la CGT, que se prepara con una demanda de inconstitucionalidad.

La denuncia se efectuará en la Justicia contencioso administrativa federal, y tras un fallo de primera instancia y de la Cámara, podría intervenir la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal no tiene plazos para expedirse. De hecho, nunca lo hizo sobre el capítulo laboral del DNU 70/23 de Milei, segmento que está suspendido en su aplicación.

El planteo está en elaboración y se efectuará a pesar de que la propia CGT negoció con el Gobierno el contenido de la ley y logró evitar que se tocaran las cajas sindicales. Así, mantuvieron los recursos de las obras sociales sindicales, las cuotas solidarias y a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación.

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Una de las protestas que montó la CGT contra la reforma laboralRodrigo Néspolo

Los principales puntos de este cuestionamiento general apuntan a la violación de dos principios constitucionales: la no regresividad de los derechos laborales y la protección del derecho al trabajo.

El tercer argumento es el cuestionamiento a la desaparición del fuero laboral nacional, una justicia del trabajo que siempre fue cercana a los gremios y al peronismo.

El principio de la no regresividad de los derechos laborales implica que el Estado no puede reducir el nivel de protección de los derechos laborales ya alcanzado, salvo que exista una justificación excepcional y razonable.

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Esta idea surge del derecho constitucional y del marco internacional de los derechos humanos. Se basa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales y, en particular, a lo prescripto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).

Significa, en esencia, que no se puede ir hacia atrás con los derechos ya alcanzados sin una razón constitucionalmente fuerte y sin respetar el núcleo esencial del derecho. Por el contrario, implica que el Estado debe ampliar esa protección.

Este principio no impide reformas, pero deben estar fundadas, pues protege la idea de que no haya retrocesos arbitrarios o desproporcionados.

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No obstante la Corte Suprema, en su doctrina, no aplica la regresividad de manera automática como argumento de inconstitucionalidad. El máximo tribunal no la aplica como una prohibición absoluta de retroceso, sino como un límite a reformas que desnaturalicen el contenido esencial de los derechos laborales.

Se trata de principios básicos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, el carácter alimentario del salario y el acceso a la justicia.

Por eso, ante una reforma como la actual, la Corte podría no frenarla en bloque sino pronunciarse cuando lleguen a sus estrados los casos específicos de artículos que impliquen un avance desproporcionado sobre estos derechos.

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Patricia Bullrich, la punta de lanza del oficialismo para la reforma laboralPilar Camacho

El otro principio, emparentado con el de la regresividad de los derechos, es el de impedir la violación de la protección de los derechos de los trabajadores.

Está basado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el trabajo en condiciones dignas y equitativas, la protección contra el despido arbitrario, el salario justo, la organización sindical, el derecho de huelga y la seguridad social.

La Constitución dice que el trabajador, como la parte más débil de la relación laboral, debe tener una «tutela especial“.

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La violación se produce cuando la ley implica vaciar el contenido esencial de ese derecho o se reduce la tutela sin justificación razonable. Pero, nuevamente, la Corte reconoce al Congreso el derecho de reorganizar el sistema laboral; lo que no puede hacer es desnaturalizarlo.

La CGT incluirá en su demanda de inconstitucionalidad los cuestionamientos a los artículos que plantean la disolución de la justicia nacional del trabajo y el convenio de transferencia de competencias de la justicia laboral nacional a la justicia laboral de la Ciudad.

El argumento constitucional tiene pocas chances ante la Corte: el máximo tribunal ya tiene dicho que el camino es la transferencia a la Ciudad de la justicia nacional.

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Una de las protestas recientes contra la reforma laboralTadeo Bourbon

Pero el argumento político es muy fuerte, ya que el fuero laboral nacional siempre fue cercano al peronismo y a la CGT. La central sindical digitó las designaciones de jueces amigos mediante sus diputados y representantes en el Consejo de la Magistratura, que dictaron fallos con decisiones desproporcionadas, corregidas luego por la Corte. Los Moyano y la familia Recalde incidieron en el fuero.

La CGT no quiere quedar en manos de la justicia laboral de la Ciudad, pues sospecha que los jueces que sean designados allí serán favorables a las empresas y fallarán contra los trabajadores.

Amén de estos dos planteos generales, los gremios por su lado pueden acudir a la justicia para considerar inconstitucional algunos principios generales afectados por la nueva ley.

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Así, podrían plantear que la ley es contraria a la Constitución Nacional porque limita el derecho de huelga. Esto se da cuando amplía los “servicios esenciales” que deben trabajar con porcentajes mínimos obligatorios.

La nueva norma introduce, además, la categoría de servicios “de importancia trascendental”, que no pueden parar. Antes, los servicios esenciales que debían ser garantizados eran los que afectaban la vida, la salud o la seguridad.

La plata de Fate en San Fernando, en medio de una toma por el despido de 920 trabajadoresMARTIN COSSARINI

Ahora podrían entrar en esta nueva categoría el transporte de pasajeros y de cargas, el puerto, la logística, la distribución de alimentos y combustibles, el comercio exterior, los servicios bancarios y financieros, las telecomunicaciones, los residuos o la educación, es decir que la redacción es abierta.

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Lo que se plantea es que deben garantizarse servicios mínimos obligatorios, con porcentajes elevados, y la autoridad administrativa puede intervenir si no se cumple este requisito.

Los gremios podrían argumentar que el derecho de huelga no puede limitarse por porcentajes que neutralicen un paro, pues vaciarían ese derecho. Un planteo en esos términos podría prosperar, señalan en la Justicia.

Otros asuntos que podrían ser cuestionados por inconstitucionales por los gremios o trabajadores individuales son, por ejemplo, la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por sistemas de capitalización mediante un convenio colectivo.

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Otro asunto espinoso y de cuestionamiento constitucional es el pago en cuotas de sentencias laborales y honorarios. Los abogados del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad ya lanzaron el alerta, pues se verían afectados sus honorarios.

Aquí, el argumento es que se afecta el carácter alimentario del crédito laboral y se coloca al trabajador en una situación donde los acreedores le fijan los plazos de pago.

Otro asunto, que también plantearon los abogados, es el de la responsabilidad objetiva por “pluspetición inexcusable”: si el abogado plantea una demanda desproporcionada sobreestimando los reclamos, es solidariamente responsable si debe pagar las costas del juicio, lo que generaría un efecto disuasivo a la hora de pedir.

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También es cuestionable legalmente la reforma ligada a la ampliación del período de prueba, que va de los tres a los 6, 8 o 12 meses según el tamaño de la empresa. Este cambio debilita la protección ante el despido y es regresivo, plantean sus objetores.

Los jueces supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo LorenzettiCSJN

La redefinición del salario es otro punto que traerá planteos de inconstitucionalidad. En la nueva ley, de aprobarse, ya no integran el salario el aguinaldo y otros extras, como el celular o el automóvil corporativos, lo que reduce indirectamente la indemnización.

La Corte Suprema tiene una doctrina consolidada en defensa de estos rubros como integrantes del salario, con lo que un planteo de este tipo en un caso particular podría prosperar.

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Hernán Cappiello,Conforme a

POLITICA

“Los Karinos”: roles, influencias y disputas de poder en el círculo íntimo de la hermana de Javier Milei

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A lo largo de los últimos cinco meses, Karina Milei ha logrado acumular un poder enorme en el Gobierno. El contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre le permitió expandir su influencia: auspició designaciones en puestos codiciados y, sobre todo, avanzó sobre Santiago Caputo, el consejero del Presidente y su gran adversario interno.

“El Jefe” es la sombra de Javier Milei en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos. Llevarse bien o mal con ella significa para los libertarios tener o no acceso al primer mandatario. Es que la agenda de Milei y define quién entra o quién sale de su círculo íntimo. Casi nadie puede verse con él sin pasar su filtro -los Caputo, Sandra Pettovello o Lilia Lemoine tiene llegada directa y son excepciones en la galaxia libertaria-. Gracias a su proximidad al jefe del Estado, se convirtió en el centro neurálgico del poder en el Ejecutivo nacional. Y pese a que cultiva un segundo plano -nunca habla con los periodistas- y no tiene atribuciones formales o áreas bajo su mando, ha logrado ser más influyente que Caputo o que la mayoría de los ministros del Gabinete.

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Karina Milei y Santiago Caputo

Desde que le quitó al asesor el manejo de la cartera de Justicia -impuso a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona y nombró a Santiago Viola en reemplazo del caputista Sebastián Amerio-, la hermana del Presidente tiene más influencia que nunca. Es más: Milei ya no habló del “triángulo de hierro” en las últimas entrevistas.

Con Caputo replegado y malherido -si bien perdió mucho terreno, conserva áreas estratégicas, como la SIDE o la exAFIP y sigue siendo una fuente de consulta para el Presidente-, la disputa en la cúpula del Gobierno se trasladó al seno del grupo de los “karinos”.

Se trata de los hombres y mujeres de confianza de Karina Milei que la han acompañado desde la campaña de 2023 y que responden a su conducción política. Representan a distintas tribus de LLA y tienen mayor o menor proximidad a la hermana del Presidente.

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Entre los altos mandos del karinismo no hay afecto societatis. Son dirigentes de diversa extracción y operan en terrenos dispares -desde el Congreso y la Justicia hasta la política porteña o la vasta geografía bonaerense-. Es más: existen recelos internos entre ellos. Pero hasta ahora los une que están enfrentados al mismo rival: Santiago Caputo.

El núcleo duro del karinismo está conformado por los Menem; la legisladora porteña Pilar Ramírez y el titular del Banco Nación, Darío Wasserman; los diputados Sebastián Pareja y Romina Diez; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y Santiago Viola, actual número dos de Justicia. Viola, hijo de Claudia Balbín, una abogada influyente en los tribunales de Comodoro Py, siempre fue un colaborador estrecho de “El Jefe”, pero ahora tendrá un papel central para los hermanos Milei, por las novedades en torno a las causas judiciales que más dolores de cabeza les generan: $LIBRA y Andis.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su ladero más fiel, Javier Lanari, actual secretario de Comunicación y Prensa, tallan en el círculo cercano a Karina Milei, pero se mueven con autonomía de los Menem. Por ejemplo, Adorni acordó con los Milei que recalaría en un puesto estratégico del Gobierno cuando aceptó encabezar la boleta de legisladores porteños de LLA, una opción que a todas las luces no le atraía. La víctima de esa maniobra terminó siendo Guillermo Francos, a quien Adorni esmeriló con sigilo hasta que logró su renuncia.

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Los Menem, Lanari y Santiago Viola durante la jura de Mahiques como ministro de Justicia

Ahora, Adorni se encaminaba como posible candidato a jefe de Gobierno, una apuesta con la que Karina Milei tensionó el vínculo con Patricia Bullrich, quien se perfilaba para la pelea por la Capital. No obstante, el gigantesco revuelo político que generó la inclusión de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial que voló a EE.UU. para la “Argentina Week” puso en crisis a Adorni y sembró interrogantes sobre su futuro. Sus detractores internos sospechan que su gran objetivo es acompañar a Milei en la fórmula el año próximo para edificar una postulación presidencial en 2031.

Otra figura clave en la intimidad de la hermana del Presidente es Mara Gorini, quien se desempeña como asesora de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta diciembre de 2023, Gorini fue socia en la empresa organizadora de eventos Foggia Group, que organizó el evento de Milei en el Luna Park en 2024, y ahora compite con quedarse con la concesión de Tecnópolis.

Pilar Ramírez y Manuel AdorniPresidencia

En el primer círculo de Karina Milei están Martín y “Lule” Menem. Son dos karinistas irreductibles. Se jactan de haber permanecido al lado de ella contra viento y marea. De hecho, ambos quedaron en la cuerda floja cuando estalló el caso Andis, a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un presunto pago de sobornos en su área.

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El presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente forjó un vínculo de amistad con “El Jefe”. Es su brazo ejecutor en el Congreso y en el partido del oficialismo nacional. Con alta exposición mediática y presencia en las redes sociales, apuesta con sigilo a posicionarse como una alternativa presidencial para el 2031. En cambio, “Lule”, primo del exmandatario, hace de la discreción un dogma. Es la silenciosa y poderosa mano derecha de Karina Milei.

Actual subsecretario de gestión institucional, “Lule” se encarga del armado nacional de LLA. Es el nexo entre “El Jefe” y los referentes provinciales de la fuerza de Milei. De hecho, controló el reparto de contratos de la Anses en el interior -una herramienta clave para comprar lealtades- e influyó en el nombramiento de Alfonso José Torres como titular de Nación Seguros. ¿El avance sobre Nación Seguros provocó chispazos con Wasserman, esposo de Ramírez? En la Casa Rosada lo niegan, pero admiten que hubo ruidos entre los Menem y el grupo porteño de “los karinos” después de que LLA fuera derrotado por el kirchnerismo en los comicios bonaerenses de septiembre último.

El mayor cortocircuito se produjo cuando trascendió que Karina Milei había corrido a “Lule” Menem como coordinador nacional de la campaña. En aquel entonces, la mano derecha de “El Jefe” estaba bajo fuego por el caso de Andis.

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En el sector de los Menem provocó malestar que Ramírez se mostrara en sintonía con Caputo y que trascendiera que en el karinismo había diferencias en torno a la estrategia de plantar candidatos puros en todos los distritos, una jugada que dinamitó el vínculo con los gobernadores en el Congreso.

Ramírez y Wasserman tienen influencia directa sobre Karina Milei, pero su poder de fuego se limita a la Capital. La jefa de LLA en la Legislatura sigue las instrucciones de “El Jefe” y actúa como el puente con Pro. Por caso, estuvo al frente de la negociación para cerrar el trato con los amarillos en 2025 y ahora es la interlocutora con Daniel Angelici, consejero de Jorge Macri tras bambalinas. Ramírez apuesta a preservarse de los coletazos de las pujas en la cúspide del poder y afirma que trabaja para que un libertario gobierne la Capital en 2027. ¿Su candidato es Adorni o en la intimidad sueña con quedarse con ese lugar? Ella repite que hará lo que disponga Karina Milei.

Diego Santilli, Javier Milei, Karen Reichardt y Sebastián Pareja Prensa LLA

Cerca de Martín Menem, trabaja Federico Sharif Menem, sobrino de “Lule”. Si bien es una figura poco conocida, tiene un rol importante en el esquema de Karina Milei. Tiene contactos con las bases de jóvenes militantes que confrontan con los referentes de “las fuerzas del cielo” que reportan a Caputo y coopera con Martín Menem en el plano legislativo. Otros leales a Karina Milei que orbitan cerca del titular de la Cámara de Diputados son los cordobeses Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.

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Los territoriales bonaerenses, que lideran Sebastián Pareja, y Alejandro Carrancio, diputado nacional y aspirante a intendente de Mar del Plata, tienen juego propio en Buenos Aires, pero siguen los lineamientos de los Menem. De hecho, Pareja conoció a los Milei en 2022 gracias a una gestión de “Lule” Menem y Carlos Kikuchi, entonces armador nacional de LLA.

En espejo con el desembarco de Adorni en la Capital, Pareja se planta como aspirante a gobernador en Buenos Aires. Oficia como un tapón, admiten en LLA, del mejor posicionado en esa carrera: Diego Santilli, actual ministro del Interior. Sin bien está lejos de la toma de decisiones, Santilli se ganó la confianza de Karina Milei. A diferencia de Cristian Ritondo o Guillermo Montenegro, supo alejarse de Caputo. A Montenegro no le perdonan sus reuniones secretas con el asesor ni que haya cooperado con Karina Milei durante sus visitas a Mar del Plata -lo acusan de no haber querido cortar una calle para un acto partidario o de levantar el perfil durante La Derecha Fest-.

Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, también se aproximó a los karinos. Ante la amenaza del ingreso de Diego Valenzuela como jefe de la agencia de Migraciones, auspiciado por Bullrich, buscó la contención de Adorni. Finalmente, Valenzuela se quedó afuera del Ejecutivo. Los bullrichistas lo leyeron como una clara señal de que Karina Milei pretende obturar la chance de que la senadora sea la candidata a jefa de gobierno de LLA en 2027.

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Apenas se supo que Adorni había integrado a su esposa a la comitiva oficial que fue a Nueva York o se conocieron las imágenes de su viaje en avión privado a Punta del Este, la mayoría de los karinistas volvió a responsabilizar a Caputo. Pero también hubo quienes pusieron en duda la actitud de Bullrich y apuntaron contra Carlos Tonelli, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La única empresaria que influye en el círculo íntimo de “El Jefe” es Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni y actual titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). De hecho, en marzo de 2024, la hermana del Presidente nombró a Bulgheroni como embajadora de la Marca País.

Después de que Caputo quedara expuesto con los cambios en Justicia -él promovía a Montenegro y quedó afuera de la decisión-, el consultor negoció con el Presidente la continuidad de Amerio en el Ejecutivo. Para contenerlo -en LLA creen que lo necesita para la batalla por su reelección-, Milei le dio el control de la Procuración del Tesoro. “A la hora de distribuir el poder, Javier siempre hace dos para Karina y una para el que la enfrenta”, retrata un integrante de la vieja guardia de LLA. Pese a que retrocedió casilleros, Caputo conserva lo más preciado: el acceso a Milei. “El Jefe” nunca pudo bloquearlo.

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Pero Karina Milei le hizo saber que no habrá tregua. En los últimos días dispuso que Pettovello será la encargada de suplantar a Adorni en caso de ausencia. “Santiago está devaluado, pero todavía maneja estructuras importantes, como la SIDE”, dicen en el karinismo. ¿Preparan el embate final?


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POLITICA

La Justicia embargó por más de $157.000 millones al gobierno bonaerense por un caso de contaminación “aberrante”

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Un embargo de $157.164.287.201 recae desde esta semana sobre la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, a raíz de su prolongada inacción frente a la grave contaminación cloacal e industrial que afecta la cuenca conformada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.

La medida, dispuesta por el juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de La Plata N°4, Alberto Recondo, busca forzar el inicio inmediato de las obras de saneamiento demoradas por más de veinte años y obliga a la Provincia a enfrentar uno de los mayores litigios ambientales en su historia reciente.

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El magistrado se fundó en un informe presentado por la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aportó pruebas concluyentes del daño actual, al señalar que se trata de un «grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios“.

Según los peritos, el aporte cloacal masivo de La Plata se verifica en El Gato. El cauce se convirtió en un colector cloacal, con mala calidad del agua caracterizada por “elevada conductividad y carga orgánica”, especialmente a partir de la calle 1, donde se detectaron altos niveles de nitrógeno total procedente de orina humana. Los valores superan las normas nacionales e internacionales e incompatible con cualquier uso recreativo.

Dos de los puntos en que se recolectaron muestras de sedimentos para monitorear la calidad del agua

También se reportó contaminación significativa aguas arriba, en zonas como la calle 143, La Granja y Melchor Romero. Además, arroyos urbanos como Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada contribuyen de manera secundaria y principal, respectivamente, a la carga urbana e industrial de desechos. El impacto de la descarga del Arroyo El Gato en el Río Santiago es muy significativo, con un marcado deterioro de la calidad de agua en el sector del Club de Regatas La Plata.

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Otro estudio técnico incorporado al expediente, basado en muestreos en el Río de la Plata, confirmaba la presencia de un “corredor costero de aguas contaminadas” con residuos provenientes de actividades domésticas e industriales que se suceden desde la Capital Federal hasta Punta Piedras, involucrando a municipios como Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena y Punta Indio.

Según La Nación, Recondo fundamentó el fallo que la omisión estatal para implementar políticas de depuración de efluentes se remonta a más de dos décadas. Es decir, exceden al plazo de los dos mandatos de la gestión de Axel Kicillof. Ahora bien, las carencias presupuestarias con las que se excusó la Provincia en el expediente “aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones”.

Se ve basura flotante en uno de los puntos de la cuenca hídrica

El magistrado también dispuso la obligación de retirar mecánicamente los residuos sólidos urbanos acumulados en los principales cursos de agua afectados.

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El inicio de las obras suspendidas para el tratamiento de efluentes cloacales estaba previsto para 2022, durante el primer mandato de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la inversión necesaria para reparar el daño ambiental representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.

En el año 2022, autoridades de la Presidencia de la Nación, la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación fueron notificados sobre la urgencia de iniciar las obras destinadas al saneamiento de los efluentes cloacales en la región. La intención era acelerar la respuesta del Estado frente a una problemática con impacto directo en la salud pública y el ambiente, pero se incumplieron las advertencias.

Trampas de sedimentos retiradas luego de 6 días de despliegue en el Muelle Ing. Rocca, frente a la desembocadura del Arroyo El Gato (izquierda), y en el Club de Regatas (derecha). Se percibe material oscuro

En la resolución judicial, Recondo afirmó: “Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de veinte años a la hora de asignar recursos“.

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La demanda original fue impulsada desde hace años por Iván Vigo Mariños y el abogado Aníbal Falbo, patrocinados por la Secretaría de Extensión de la UNLP. Antes de que se decretara este embargo, pese a sucesivas medidas cautelares, la Provincia no ejecutó ninguna acción concreta encaminada a remediar la contaminación generalizada con un plan integral.

Vista área de donde se tomaron algunas muestras para evaluar la contaminación

El gobierno bonaerense no respondió a las consultas de Infobae sobre la causa y el reclamo ambiental.

En 2024, el juez Recondo ya había dictado una medida cautelar para que tanto el gobierno bonaerense, como a la Municipalidad de La Plata y la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), realicen acciones concretas para dejar de contaminar el Arroyo El Gato e instalen barreras flotantes de contención y extracción, con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico.

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La zonas con barrios carenciados expuestos al riesgo ambiental

Los municipios estaban obligados a realizar un relevamiento de toda la extensión de la cuenca, a fin de identificar todos los puntos a través de los cuales se produce el vertido de sustancias contaminantes.

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El Gobierno dio marcha atrás con los puntos más espinosos de su Plan de Inteligencia Nacional

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En silencio, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más polémicos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había enviado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Era un documento secreto de 170 páginas que, según las fuentes consultadas y el análisis de su redacción original, entreabría la puerta a tareas de espionaje ilegal contra opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Las modificaciones a ese texto original fueron confirmadas a por tres fuentes al tanto de las correcciones y enmiendas.

Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, el PIN fija cuáles son los lineamientos estratégicos del país para, en base a esos lineamientos, trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debe adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria levantó polvareda cuando reveló sus aspectos más controvertidos, el 25 de mayo pasado. Tras esa publicación y el debate político y social que generó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso emitió en septiembre un dictamen crítico sobre el documento.

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Sergio Neiffert, extitular de la SIDEMARCOS BRINDICCI –

“Es cierto, eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre”, indicó una de las fuentes consultadas, que requirió resguardar su identidad por tratarse de secretos oficiales. “Sólo puedo decirle que la SIDE receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores”, abundó.

En su redacción original, el PIN afrontó cuestionamientos porque la SIDE determinaba que quedaban bajo su lupa todos aquellos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si aludía a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionaran los operativos de la entonces ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito, por ejemplo, frente al Congreso.

La SIDE libertaria también fijó como foco de interés de su primer PIN a aquellos “actores” que promovieran la “distorsión” de la “percepción” y afectaran los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial. Eso, con la nueva redacción, quedó atrás, confirmaron dos de las fuentes consultadas a .

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Sergio Neiffert, extitular de la SIDE, junto a la exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia BullrichMARCOS BRINDICCI –

Quitaron todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades, para transmitir antes de que se fuera Neiffert que querían cumplir con todo o que no querían problemas”, graficó una de las fuentes consultadas. “Cuando aludían al proceso ‘cognitivo’, por ejemplo, indicaron que aludían a agentes ‘externos’, como otros países”.

Así, al decir de las fuentes consultadas, Neiffert y sus colaboradores también habrían editado su foco sobre aquellos “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa. También, sobre aquellos que pudieran “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.

Desde el Congreso, en tanto, marcan otro foco de interés o preocupación: el decreto 941/2025, que Milei firmó a fin de año, sin debate parlamentario. Así, mientras el Gobierno reescribía los pasajes más cuestionados del Plan de Inteligencia , el Presidente amplió por decreto las facultades de la SIDE, que quedó facultada a detener personas sin control judicial previo y al cruce masivo de información y datos personales.

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La renovación del Poder Legislativo dejó a la comisión bicameral en suspenso, a la espera de una definición sobre quiénes serán sus nuevos integrantes, que a su vez deberán analizar la nueva versión del Plan de Inteligencia Nacional, que todavía no recibió su revisión definitiva. Para algunas fuentes consultadas, eso implica la vigencia de la versión más polémica del documento; otras fuentes no comparten esa interpretación.

El presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tras la salida de Neiffert

“Nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones, aunque no esté perfeccionado con el visto bueno de la comisión”, indicó una cuarta fuente consultada por . “El motivo es sencillo: el Plan lo redacta el Ejecutivo y recibe observaciones y sugerencias de la comisión, que tiene facultades para revisarlo y observarlo, pero no para aprobarlo ‘per se’ o rechazarlo”.

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), cabe aclarar, la Comisión Bicameral ejerce el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene entre sus funciones supervisar las actividades, planes y recursos de los organismos de inteligencia para garantizar que su actuación respete las garantías constitucionales.

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La decisión de editar y reescribir el Plan de Inteligencia Nacional se combinó con una maniobra orquestada entre los miembros oficialistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral que benefició a ambos sectores. Juntos aprobaron en simultáneo el último año de gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Alberto Fernández y el primer año de gestión de la SIDE de Milei.

“Fue durante la última reunión del año”, indicó, en alusión al encuentro que los senadores y diputados que integraban la Comisión Bicameral mantuvieron el martes 2 de diciembre, la semana previa a la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. “Se aprobó el año de gestión y esa misma tarde o al día siguiente, Neiffert se fue de la SIDE”, precisó.

Javier Milei designó a Cristian Auguadra, alfil de Santiago Caputo, como titular de la SIDE tras la salida de Sergio NeiffertSoledad Aznarez

Presidencia anunció la salida de Neiffert minutos antes de la medianoche del 2 y horas después publicó la designación al frente de la SIDE del contador Cristian Auguadra, otro alfil del asesor Santiago Caputo. La versión oficial es que había “concluido la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional” (SIN) y comenzaba la “modernización técnica y operativa” de la SIDE.

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Desde el kirchnerismo, defendieron la maniobra en tándem con los libertarios. “Se aprobaron los balances y las rendiciones de partidas”, indicó una segunda fuente. “No había motivo para no aprobar los números. No encontramos ninguna irregularidad contable y la gestión de Neiffert, en cuanto a los números, fue bastante prolija y se comprobó que devolvieron al Tesoro los 100.000 millones [de pesos] que tenían que devolver después que les volteamos el DNU [por el decreto de necesidad y urgencia], más allá de las reasignaciones presupuestarias posteriores”, sostuvo.

Desde el kirchnerismo confirmaron lo que definieron como “una suerte de acuerdo” con el oficialismo, aunque afirmaron que fue “sólo con respecto al último año de la AFI [con Fernández] y el primero de la SIDE [con Milei], pero lo más ‘picante’ de este año ocurrió en 2025, con Scatturice”, afirmó el informante, en alusión al exagente de inteligencia, lobista y empresario dueño de FlyBondi, muy cercano a Santiago Caputo.

Leonardo Scatturice, fundador y CEO de OCP TECHLinkedin

Otros, sin embargo, se mostraron más críticos sobre lo ocurrido. “Se pelearon o simularon sacarse chispazos dentro de la comisión durante todo el año, pero llegaron a la última reunión con el informe ya escrito y sin objeciones para hacerse de los dos lados, y lo aprobaron sin dar muchas vueltas”, resumió.

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El entendimiento transaccional entre oficialistas y kirchneristas llegó sobre el filo de los mandatos de la mayoría de los 14 legisladores que integraban la comisión; entre ellos, de su presidente, el entonces senador Martín Lousteau (UCR), el vice, el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), y el entonces senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) como secretario. En la actualidad, Lousteau es diputado y los dos restantes dejaron el Congreso.


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