POLITICA
La CIDH propuso visitar la Argentina ante las acusaciones por agresiones a la prensa y limitaciones a la libertad de expresión
El debate sobre la libertad de expresión en Argentina alcanzó un nuevo punto de tensión tras la audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami. Durante más de dos horas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y fotógrafos expusieron ayer ante el organismo internacional un panorama que, aseguran, está marcado por el aumento de agresiones, hostigamiento y restricciones al ejercicio periodístico desde la asunción de Javier Milei como presidente. El Estado argentino, por su parte, rechazó los reclamos y negó la existencia de un deterioro estructural, atribuyendo los hechos denunciados a situaciones aisladas.
La audiencia, concedida de manera unificada a partir de solicitudes encabezadas por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reunió a una amplia coalición de entidades como Amnistía Internacional, representaciones sindicales, y otras, junto a periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta. El objetivo fue actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio del periodismo en el país, en un contexto que ya había motivado advertencias en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Durante la exposición, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, describió un “deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”, citando tres hechos centrales: el aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital y hostigamiento desde las máximas autoridades; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas; y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones. Según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un incremento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanzó un récord de 257 casos, superando incluso el máximo histórico de 2013.
Moreno subrayó que el discurso gubernamental se caracteriza por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación. En ese sentido, citó la frase del presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. El periodista Hugo Alconada Mon relató la persecución sufrida tras revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno, detallando intentos de hackeo y amenazas: “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”, dijo Alconada Mon a la CIDH.
El abogado Hugo Wortman Jofré, representante de Poder Ciudadano, advirtió sobre el uso de la justicia como herramienta de intimidación y mencionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública como un punto crítico. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, afirmó Wortman Jofré ante la Comisión.
Por su parte, Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año, y advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Las organizaciones SiPreBA, FATPREN y ARGRA hablaron de una “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y el desmantelamiento de la agencia pública Télam. Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios sobre campañas de odio amplificadas por el presidente y un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas. Mengolini denunció: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio, para instalar enemigos y construir mentiras. Publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.
El fotógrafo Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, relató el caso de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un disparo de un gendarme durante la cobertura de una marcha de jubilados: “La granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Un mensaje directo para todos”.
En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de restricciones a la libertad de prensa y sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”. Baños afirmó que las denuncias de agresiones en marchas corresponden a “hechos aislados” y no a una persecución deliberada, y agregó: “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”. Además, cuestionó que las presentaciones de las organizaciones excedían el objeto de la audiencia y defendió la realización de conferencias de prensa y la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.
Y agregó: “Someternos o prestarnos a ese diálogo que el comisionado Ralón nos está invitando, pero para el cual, probablemente con alguno de los representantes de la sociedad civil tengamos que tener una hoja de ruta previa para que esto no se convierta en un juicio contradictorio, que, más allá de lo que nos recordaba la Secretaria Ejecutiva, es una audiencia temática”.
“Si no derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte que se trate. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”, consideró el funcionario del Gobierno.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, advirtió que no se trata de casos singulares, sino de una tendencia preocupante: “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo Reneaum Panszi a la audiencia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, subrayó: “Cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. Caballero expresó el interés de la Comisión en realizar una visita formal al país para un seguimiento exhaustivo del tema: “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó, reivindicando los aportes históricos de Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.
Durante la audiencia, la sociedad civil solicitó a la CIDH que monitoree el contexto represivo en Argentina, que exija al gobierno medidas para detener los ataques contra periodistas y voces críticas, y que ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas. Además, se pidió una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión al país.
FOPEA y Poder Ciudadano formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas: la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.
El encuentro, que se desarrolló en la Universidad de Miami, estuvo marcado por la tensión y la preocupación de la CIDH ante el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Argentina. La Comisión dejó abierta la posibilidad de una visita formal al país para profundizar el seguimiento de la situación.
Las autoridades argentinas aseguraron que, por ahora, no hay ciudadanos argentinos afectados por el incendio ocurrido durante la madrugada de este 1° de enero en la estación de esquí de Suiza, que dejó decenas de muertos y numerosos heridos de gravedad.
La información fue confirmada a este medio por fuentes oficiales de la Cancillería, que indicaron que no se registraron heridos ni fallecidos de nacionalidad argentina a raíz del siniestro que afectó al bar Le Constellation en el inicio del Año Nuevo. No obstante, continúan las tareas de emergencia en el lugar de la tragedia.
El hecho se produjo esta madrugada en el reconocido establecimiento de la localidad suiza de Crans Montana. Todos los indicios recogidos permitieron a las autoridades locales excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.
En tanto, es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.
De acuerdo con declaraciones de la fiscal general Beatrice Pilloud a la BBC, las autoridades se encuentran trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias cuanto antes.
“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.
Investigación y causas del incendio
Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.
Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” en el local aproximadamente a la 01:30, hora local.
Medios como Blick y Le Nouvelliste recopilaron testimonios de asistentes que sugieren que la detonación pudo haber estado vinculada con el uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades, que mantienen la reserva sobre el detonante del siniestro.
Respuesta de las autoridades y labor de rescate
La movilización fue inmediata tras el inicio del incendio. De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, un gran número de policías, bomberos y socorristas se desplazó al sitio para socorrer a las víctimas.
Como parte del operativo de emergencia, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana. Horas después, ambulancias seguían apostadas en la entrada del bar, cuyas ventanas sorprendían rotas, y la prensa local advertía que el “olor a quemado aún en el aire” era muestra palpable del impacto y la gravedad del incendio.
Testimonios y ambiente durante la tragedia
Un turista estadounidense entrevistado por la AFP relató cómo las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras él filmaba las llamas intensas que envolvieron el local.
Según declaraciones al diario 24 heures, los residentes recordaron que la fiesta en Le Constellation se encontraba en pleno apogeo, animada por música y champán, hasta que la noticia del incendio desató la preocupación general y los sonidos de sirenas rompieron el ambiente festivo.
Otro vecino explicó que, por la coincidencia con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría, hasta que la presencia de humo reveló la magnitud del drama.
Perfil del bar y contexto en Crans-Montana
El bar Le Constellation destaca como uno de los establecimientos favoritos de los jóvenes, con capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la policía y fuentes del resort.
Durante la noche de la tragedia, al menos un centenar de personas se encontraba allí celebrando el paso de año.
Crans-Montana, célebre por su exclusividad y afluencia internacional, se encontraba colmada de turistas y residentes cuando la catástrofe se interpuso, truncando las celebraciones y dejando una cicatriz en la memoria de la estación.
Disasters / Accidents,Europe
POLITICA
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro investigan una denuncia por presuntos desmanejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente describe un esquema de cobro, desvío y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina. La presentación, a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, fue realizada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la responsabilidad del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. Y tuvo un aporte que recién ahora se conoce: el Gobierno argentino se presentó para apoyar la investigación y prometió colaboración.
En una carta enviada por el Ministerio de Seguridad dirigida al fiscal Reding Quiñones, que Infobae pudo conocer, se transmtió “El pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. En el centro de la trama está la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette.
“De acuerdo con la documentación presentada ante su oficina, existirían 19 millones de dólares estadounidenses que debieron haber sido depositados en la Argentina, pero que en cambio fueron enviados a los Estados Unidos a partir de contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales”, continúa la misiva que apunta contra la conducción de la entidad madre del fútbol, que preside “Chiqui” Tapia, y está fechada el 2 de septiembre.
Y destaca un aspecto fundamental, que confirma la posición de la Casa Rosada: “Entendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevención del lavado de dinero”.
“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones y que inicie o continúe las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposición para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinación intergubernamental, el aporte de documentación o la formulación de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisión exhaustiva”, prosigue.
La carta del Ministerio de Seguridad concluyó con una frase de enorme importancia: “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”.
Se trata de una novedad que confirma el respaldo de la gestión de Javier Milei a la investigación de las oscuras maniobras en torno a la gestión de los millonarios fondos de la entidad que preside Chiqui Tapia.
Un escándalo con derivaciones insospechadas
El caso se sustenta en una denuncia acompañada por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comunicaciones formales, presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, patrocinante del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aportó la documentación y solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes.
Aunque la acusación identifica transferencias por al menos USD 19 millones, los propios textos presentados ante las autoridades estadounidenses advierten que ese monto representa solo un caso testigo dentro de una operatoria mucho más amplia. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selección argentina en los últimos años podrían alcanzar hasta USD 300 millones.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro. El fiscal Jason A. Reding Quiñones tiene a su cargo la evaluación inicial y la eventual apertura de una investigación penal.
El escrito fue elaborado y presentado por Gilberto M. Garcia, abogado con matrícula en Estados Unidos, en representación de Guillermo Tofoni. En la denuncia se solicita la protección del denunciante, según la legislación estadounidense que ampara a quienes aportan información sobre presuntos delitos financieros y lavado de dinero.
Guillermo Tofoni es un empresario argentino vinculado al fútbol internacional y titular de la empresa World Eleven. Según el expediente, aportó contratos, comprobantes de transferencias y otra documentación que permitió reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior debían ingresar a la Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la Asociación. Sin embargo, habrían sido desviados a Estados Unidos a través de una estructura sin justificación económica real.
El corazón de la denuncia: texto y anexos
La denuncia presentada ante FinCEN y la Fiscalía Federal supera las veinte páginas y está acompañada por anexos numerados que documentan los negocios investigados. No se trata de una acusación genérica: el escrito detalla fechas, montos, contratos, cuentas bancarias y entidades intervinientes.
Entre los documentos centrales figura el contrato de organización de un partido amistoso internacional en Beijing, celebrado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd. El acuerdo establece una compensación económica de USD 5 millones por la participación de la Selección argentina, derechos de imagen y derechos comerciales. El contrato fija que el beneficiario es la AFA y que el pago debe realizarse a una cuenta indicada por la Asociación. Sin embargo, el dinero no fue depositado en la Argentina.
Otro anexo clave es el contrato de patrocinio internacional con Binance Investments Co. Ltd., que contemplaba un pago de USD 12 millones a favor de la AFA. El acuerdo señalaba que los fondos debían destinarse al desarrollo institucional y deportivo del fútbol argentino. A pesar de ello, el pago fue transferido desde Binance Suisse a una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin constancia de su ingreso al sistema financiero argentino.
A estos documentos se suman comprobantes de transferencias bancarias de Synovus Bank, con sede en Alabama, donde figura como beneficiaria TourProdEnter LLC, empresa de Erica Gillette y su esposo, el empresario teatral y ex funcionario de Alberto Fernández, Javier Faroni. También, notificaciones del propio banco solicitando explicaciones sobre el origen y el destino de los fondos conforme a las normas de prevención de lavado de dinero. Según los anexos, no consta respuesta documentada a esos requerimientos.
TourProdEnter LLC y el mecanismo de cobro
La denuncia dedica un capítulo específico a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida. Según la documentación incorporada al expediente, la empresa no tiene empleados, infraestructura ni actividad económica comprobable que justifique la recepción de montos millonarios.
Existe una resolución interna de la AFA que la designa como agente comercial para actividades en el exterior. Sin embargo, los denunciantes subrayan que no hay autorización expresa para que perciba la totalidad de los fondos derivados de contratos internacionales, sino, en todo caso, una compensación por servicios. No hay pruebas de que TourProdEnter LLC haya organizado partidos, negociado patrocinios o prestado servicios equivalentes al volumen de dinero recibido.
Para la denuncia, este punto es central: la utilización de una sociedad sin actividad real como receptora de fondos aparece como un indicador típico de maniobras de ocultamiento y posible lavado de activos.
Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro del esquema
El texto de la denuncia coloca en el centro de la operatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En varios pasajes se sostiene que, dada la estructura de gobierno de la Asociación, resulta imposible que transferencias de esta magnitud se hayan realizado sin su conocimiento y autorización.
La presentación remarca que Tapia concentra las decisiones financieras y contractuales de la AFA, firma los acuerdos internacionales y ejerce control sobre los flujos de dinero. Desde esa perspectiva, se lo señala como responsable de permitir o disponer que fondos pertenecientes a la AFA fueran desviados al exterior sin rendición de cuentas.
Cuando resulta inevitable mencionar a otros niveles de decisión, el escrito alude a la cúpula de la AFA, describiendo una estructura de poder concentrada, sin controles internos robustos ni auditorías independientes.
De los USD 19 millones al universo de USD 300 millones
El expediente identifica transferencias por USD 19 millones, aunque la denuncia aclara que ese monto corresponde solo a dos contratos específicos. El texto detalla que la AFA habría percibido, a través del mismo circuito, decenas de millones adicionales por otros partidos amistosos y acuerdos comerciales celebrados en 2023 y 2024.
Según la estimación incluida, si se consideran el valor de mercado de los amistosos internacionales de la Selección campeona del mundo, los contratos en Asia, Estados Unidos y Medio Oriente, y los patrocinios globales, el volumen total de fondos bajo análisis podría alcanzar los USD 300 millones. La denuncia sostiene que una parte sustancial de esos ingresos no habría sido declarada ni ingresada al sistema financiero argentino.
La intervención de FinCEN responde al uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos. Las normas de la Bank Secrecy Act obligan a los bancos a reportar operaciones inusuales y a implementar controles estrictos de debida diligencia.
La denuncia cuestiona si Synovus Bank presentó los correspondientes Reportes de Actividad Sospechosa y si cumplió con todas las obligaciones regulatorias frente a transferencias de gran volumen destinadas a una sociedad sin actividad comprobable.
El dato político: el respaldo formal del Gobierno argentino
El elemento más novedoso del expediente es la intervención directa del Gobierno argentino. El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envió una carta formal al fiscal Jason A. Reding Quiñones en la que expresó su pleno respaldo a la investigación originada en la denuncia presentada por Gilberto M. Garcia en representación de Guillermo Tofoni.
En ese documento, el Gobierno sostuvo que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones graves a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevención del lavado de dinero. La carta también dejó constancia de la disposición oficial a colaborar activamente con la Fiscalía y con el Departamento del Tesoro.
Ese apoyo formal incorporó a la causa un peso institucional decisivo: la denuncia pasó a contar con el aval explícito del Estado argentino ante la Justicia de Estados Unidos.
Una causa abierta con impacto institucional
La investigación continúa en etapa de análisis en Estados Unidos. Los documentos, los anexos contractuales y las transferencias bancarias describen una maniobra compleja, con un volumen de dinero potencialmente millonario y una estructura de decisiones concentrada en la conducción de la AFA.
Mientras el fiscal Jason A. Reding Quiñones y FinCEN avanzan en el examen de la documentación aportada por el abogado Gilberto M. Garcia y el empresario Guillermo Tofoni, las preguntas centrales siguen abiertas: cuánto dinero se cobró realmente, por qué no ingresó a la Argentina y quiénes decidieron ese circuito financiero. Las respuestas, ahora, quedaron en manos de la Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro.
LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),North America
POLITICA
La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay
La historia empresarial de Miguel Ángel Calvete es una caja de sorpresas. También de escándalos. En 2015, mientras era concejal de Cambiemos en La Matanza, montó junto a su hermano Alejandro una red de sociedades en Paraguay que sirvieron como fachada para que el ciudadano argentino-español Jorge Haron Hougham blanqueara millones de dólares provenientes del narcotráfico. Así surge de las pruebas descubiertas por una investigación judicial abierta en Asunción.
Es otro capítulo delictivo, hasta ahora desconocido, que se suma a la saga expuesta desde que el apellido Calvete quedó asociado a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como el cerebro de las compras amañadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Su contraparte en este negocio es hijo de Raúl Ricardo Hougham, alias “El Rey del Plástico”, un estafador argentino que se ganó fama mundial con la clonación de tarjetas de crédito en Europa durante los 90, cuando los controles eran más laxos en la era pre Internet. Jorge Haron Hougham aparece incluso en algunos artículos periodísticos de esa época como parte de la organización que terminó con su padre cumpliendo condena en una cárcel de Barcelona.
Desde Madrid pusieron en aviso a las autoridades paraguayas del desembarco de Hougham en ese país. Lo conocían bien: había sido detenido en julio de 2001 en el pequeño pueblo de Derio, en las afueras de Bilbao, cuando estaba cargando paquetes de cocaína en un Seat León. El relato de la fiscal paraguaya María Estefanía González detalla, además, que Hougham había sido el artífice de una operación que trasladó la droga en un velero. La Policía Nacional de España decomisó 650 kilos de cocaína.
Las autoridades españolas advirtieron casi 15 años después que Hougham podría haberse mudado a Paraguay para blanquear el botín de supuestas operaciones narco. Efectivamente, Hougham se puso en contacto allí con la contadora paraguaya Gloria Ramírez Peralta que, a su vez, estableció contacto con Miguel Ángel y Alejandro Calvete. Los hermanos argentinos crearon tres sociedades que fueron clave para canalizar ese dinero a través de operaciones de compra-venta de propiedades y otras maniobras de lavado, reconstruyó la fiscal González.
Jugaban a varias bandas. En aquel año, Miguel Ángel había sido elegido concejal de La Matanza por Cambiemos y hacía campaña pegado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otras figuras del nuevo poder. A la vez, alquilaba una serie de departamentos que, cuatro años después, la Justicia calificó como sedes para el ejercicio de la prostitución. Los dos hermanos serían condenados a cuatro años de prisión por proxenetismo a raíz de esa actividad, aunque Alejandro fue absuelto en segunda instancia.
En Paraguay, los Calvete registraron las sociedades Flashlight SA, Forum SA y Gapa SA, todas con domicilio en Lambaré, un municipio del conurbano de Asunción. Las compañías compartían dirección, teléfono y escribana con otra empresa que había sido constituida por el propio Hougham el mismo día que ellos, indica el escrito al que accedió .
La fiscal consideró que las empresas de los Calvete eran apenas una pantalla para el blanqueo. “Starflash registra actividades ilegales, indistintamente, mimetizadas en otras legales, por lo que se adscribe a una empresa fachada”.
Forum SA, cuyo contacto oficial era Alejandro Calvete, fue habilitada en el rubro de construcción de viviendas y contaba con permiso de importación y exportación de productos. Sin embargo, tanto esta sociedad como las demás prácticamente no tuvieron movimientos comerciales entre 2015 y 2017. Las empresas habían extendido poderes en favor de Ramírez Peralta, quien fue señalada como “el cerebro financiero” de la organización, para establecer contacto con oficinas públicas, bancos y otras instituciones.
Los Calvete tuvieron éxito con Starflash SA: ganaron una licitación pública para proveer “un generador de energía” a la municipalidad de Lambaré por 200 millones de guaraníes (unos 30.000 dólares). Los concursos públicos han sido una de las especialidades de los Calvete, como lo evidencia la causa sobre irregularidades en la Andis. El fiscal Franco Picardi investiga la manipulación de licitaciones públicas en dicho organismo, que habría sido pergeñada por Miguel Ángel Calvete. Pidió su detención. Aunque no lo logró, el exconcejal está preso en Ezeiza desde octubre en cumplimiento de su condena por proxenetismo.
Las empresas de los hermanos argentinos también aparecen involucradas en al menos seis operaciones de compra-venta de propiedades y otras tantas de vehículos. Por ejemplo, la venta de un BMW modelo 335D coupé daba cuenta de que Alejandro Calvete contaba con un permiso de conducción sobre ese auto. La fiscal también detalló que las sociedades habían registrado una alta cantidad de operaciones de cambio de divisas, muchas eran la conversión de pesos argentinos a guaraníes, con el supuesto objetivo de ingresar ese dinero en el mercado paraguayo.
A pesar de las pruebas incluidas por la fiscal, los Calvete no estuvieron oficialmente acusados en el expediente paraguayo, según la documentación revisada por este medio. “Esta organización no está conformada solo por los dos acusados (Hougham y su contadora), sino que también abarca a otras personas respecto de las cuales continúan en curso las pesquisas de la fiscalía”, indica el escrito al que accedió .
“Los acusados se sirvieron de las empresas Gapa, Forum y Starflash (propiedad de los Calvete) con las que realizaron actividades económicas, principalmente la construcción y compra-venta de propiedades, mimetizados con transacciones legales, en el intento de dificultar su detección”. Forman parte, así, de la primera etapa denominada del blanqueo que las autoridades calificaron como “ocultación”.
La causa judicial contra Hougham y su contadora paraguaya todavía atraviesa un largo derrotero en los tribunales de Asunción, ya que su defensa logró que un tribunal declarara nula la acusación, ya que −entendieron− había una recusación contra la fiscal que estaba pendiente de resolverse al momento de firmar la acusación. El caso todavía continúa entre apelaciones y ahora tendrá que resolverlo la Corte Suprema.
Miguel Ángel y Alejandro Calvete fueron socios en Argentina en empresas como Finefox SRL y Energy Nature Free SA, que fueron registradas en 2017, después de su colaboración con Hougham. Con esta última sociedad fueron investigados en Buenos Aires por un proyecto fallido para construir una sucursal del Mercado Central en Colegiales.
Los hermanos fueron condenados en 2019 por alquilar departamentos para el ejercicio de la prostitución. Pero sus negocios no se detuvieron. Alejandro volvió a España, donde vivió gran parte de su vida. Como reveló , constituyó en 2020 una red de laboratorios de cannabis medicinal que fue usada para justificar la operatoria de un clan de narcotraficantes mexicanos. Logró salir de España en 2022 antes de que la Policía Nacional de ese país detuviera a todos los involucrados en la trama. Sobre él pesa una orden de busqueda y captura por lavado y tenencia ilegal de armas.
El último paradero de Alejandro Calvete lo vuelve a localizar en Paraguay, donde registró este año la sociedad Power Capital Energy SA. intentó localizarlo en Lambaré, pero no lo encontró en el domicilio. “Estuvo aquí la semana pasada”, dijeron desde la oficina. Fuentes que lo conocen sostienen que salió hacia un nuevo destino: algunas lo ubican en la Argentina; otras en Brasil.
Con la colaboración de Gabriela González Escalada
Miguel Ángel Calvete,una red de sociedades,otro capítulo delictivo,la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad,Iván Ruiz,Martín Rodríguez Yebra,Corrupción,Conforme a,,Drogas, armas y lujos. La odisea del hermano de Calvete con los narcos mexicanos, una huida y el enigma de los 460.000 euros,,De Andis a España. El eslabón oculto del clan Calvete: narcos mexicanos y el lazo con la causa que acorrala a Pedro Sánchez,,¿Nexos con Fred Machado? Quién es Enzo Fullone, el empresario que juró como senador de LLA en reemplazo de Villaverde,Corrupción,,Los burócratas de la corrupción. Así operan intermediarios en la trastienda del poder para saquear al Estado,,“Cilita la agarró para comprar unas cositas”. Maduro reveló cuánto gana por mes y explicó qué hace con su sueldo,,Detenido con US$200.000 Fuerte respaldo a la investigación que tiene al exsenador Edgardo Kueider en la mira
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