POLITICA
La CIDH propuso visitar la Argentina ante las acusaciones por agresiones a la prensa y limitaciones a la libertad de expresión

El debate sobre la libertad de expresión en Argentina alcanzó un nuevo punto de tensión tras la audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Universidad de Miami. Durante más de dos horas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y fotógrafos expusieron ayer ante el organismo internacional un panorama que, aseguran, está marcado por el aumento de agresiones, hostigamiento y restricciones al ejercicio periodístico desde la asunción de Javier Milei como presidente. El Estado argentino, por su parte, rechazó los reclamos y negó la existencia de un deterioro estructural, atribuyendo los hechos denunciados a situaciones aisladas.
La audiencia, concedida de manera unificada a partir de solicitudes encabezadas por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reunió a una amplia coalición de entidades como Amnistía Internacional, representaciones sindicales, y otras, junto a periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta. El objetivo fue actualizar el diagnóstico sobre el ejercicio del periodismo en el país, en un contexto que ya había motivado advertencias en el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Durante la exposición, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, describió un “deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”, citando tres hechos centrales: el aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital y hostigamiento desde las máximas autoridades; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas; y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones. Según los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un incremento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanzó un récord de 257 casos, superando incluso el máximo histórico de 2013.
Moreno subrayó que el discurso gubernamental se caracteriza por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación. En ese sentido, citó la frase del presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. El periodista Hugo Alconada Mon relató la persecución sufrida tras revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno, detallando intentos de hackeo y amenazas: “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”, dijo Alconada Mon a la CIDH.
El abogado Hugo Wortman Jofré, representante de Poder Ciudadano, advirtió sobre el uso de la justicia como herramienta de intimidación y mencionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública como un punto crítico. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, afirmó Wortman Jofré ante la Comisión.
Por su parte, Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año, y advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Las organizaciones SiPreBA, FATPREN y ARGRA hablaron de una “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y el desmantelamiento de la agencia pública Télam. Amnistía Internacional y referentes como Julia Mengolini sumaron testimonios sobre campañas de odio amplificadas por el presidente y un ensañamiento particular contra las mujeres periodistas. Mengolini denunció: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odio, para instalar enemigos y construir mentiras. Publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.
El fotógrafo Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, relató el caso de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un disparo de un gendarme durante la cobertura de una marcha de jubilados: “La granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Un mensaje directo para todos”.

En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de restricciones a la libertad de prensa y sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”. Baños afirmó que las denuncias de agresiones en marchas corresponden a “hechos aislados” y no a una persecución deliberada, y agregó: “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”. Además, cuestionó que las presentaciones de las organizaciones excedían el objeto de la audiencia y defendió la realización de conferencias de prensa y la respuesta a los pedidos de acceso a la información pública.
Y agregó: “Someternos o prestarnos a ese diálogo que el comisionado Ralón nos está invitando, pero para el cual, probablemente con alguno de los representantes de la sociedad civil tengamos que tener una hoja de ruta previa para que esto no se convierta en un juicio contradictorio, que, más allá de lo que nos recordaba la Secretaria Ejecutiva, es una audiencia temática”.
“Si no derivamos de una audiencia temática a pretender poner de rodillas al Estado argentino defendiendo políticas de cualquier tinte que se trate. Y también tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la Nación”, consideró el funcionario del Gobierno.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, advirtió que no se trata de casos singulares, sino de una tendencia preocupante: “Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos”, dijo Reneaum Panszi a la audiencia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, subrayó: “Cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”.
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. Caballero expresó el interés de la Comisión en realizar una visita formal al país para un seguimiento exhaustivo del tema: “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó, reivindicando los aportes históricos de Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.
Durante la audiencia, la sociedad civil solicitó a la CIDH que monitoree el contexto represivo en Argentina, que exija al gobierno medidas para detener los ataques contra periodistas y voces críticas, y que ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas. Además, se pidió una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión al país.
FOPEA y Poder Ciudadano formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas: la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.
El encuentro, que se desarrolló en la Universidad de Miami, estuvo marcado por la tensión y la preocupación de la CIDH ante el progresivo deterioro de la libertad de expresión en Argentina. La Comisión dejó abierta la posibilidad de una visita formal al país para profundizar el seguimiento de la situación.
POLITICA
Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral


La CGT descartó un paro general para este miércoles y sólo se movilizará hacia la Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la reforma laboral, pero hay sindicatos que decidieron un cese parcial de actividades para que la gente concurra a la concentración y otros, de impronta combativa, resolvieron una huelga de 24 horas.
Un sector crucial como el transporte, por ejemplo, tendrá una postura dispar ante la concentración de la CGT, pero en general habrá un funcionamiento normal, como es lógico, para ayudar a movilizar a los manifestantes hasta la zona del Congreso y luego para el regreso a sus casas.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió este lunes que no hará un paro de 12 horas, como llegó a analizarse, sino ceses de actividades parciales que aún no están definidos.
El titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), lo explicó en una conferencia de prensa realizada tras el encuentro de sus dirigentes: “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”.
“Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres -detalló-, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”.
Eso significa que por la mañana y hasta las 14.30, hora prevista para la movilización de la CGT, los medios de transporte funcionarán con sus diagramas habituales, aunque algunos sindicatos podrían hacer al final de la tarde una huelga parcial. Los metrodelegados, por ejemplo, evalúan parar 2 o 3 horas tras la concentración.

En esta posición, tal como se decidió, se ubican los sindicatos que integran la CATT: Camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.
Por fuera de la CATT, decidieron no parar dos sindicatos clave que agrupan al personal de los trenes: La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia. Por eso no habrá problemas para quienes usan este medio de transporte ya que ni siquiera parará una seccional combativa como la de Oeste, liderada por Rubén “Pollo” Sobrero.
Tampoco dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Por otra parte, hay sindicatos que decidieron movilizarse este miércoles hacia el Congreso Nacional y también concretar paros de actividades, como los que integran el nuevo frente gremial ultraopositor, impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros.
Se trata del mismo sector que ya comenzó un plan de lucha contra la reforma laboral sin el aval de la CGT (pese a que la UOM ocupa la Secretaría Gremial de la central). El jueves pasado hicieron una movilización en Córdoba y este martes realizarán otra en Rosario.
Los metalúrgicos, liderados por Abel Furlán, confirmaron que este miércoles efectuarán un paro de 24 horas, con abandono de tareas a las 10 para que los trabajadores del sector puedan movilizarse hacia el Congreso.

De la misma forma, el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores “a parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general, y explicó que “tienen cobertura legal para hacerlo”.
“Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica -aseguró-. Frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores, sería un error grave privarlos de ejercer el derecho de huelga”.
El dirigente, de impronta combativa, señaló: “Tenemos que paralizar todas las actividades este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.
También anunciaron paros que se realizarán este miércoles organizaciones gremiales alineadas con la izquierda como el Sindicato Unico del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), entre otras.
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POLITICA
Los gremios del transporte anunciaron un paro para el miércoles: qué servicios estarán afectados

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para este miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado.
La medida incluye una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas que afectará los sectores aéreo, marítimo, portuario y de subterráneos. Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, instó a la acción gremial al expresar: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido”.
Reunión del Consejo Directivo en el marco del plan de lucha que se lleva adelante contra la Reforma Laboral, donde decidimos participar de la movilización, convocada el próximo miércoles 11 de febrero, con un cese de actividades a partir de las 13hs. pic.twitter.com/SEQZ5tbloR
— CATT (@CATToficialok) February 9, 2026
A través de un comunicado, la confederación calificó la iniciativa oficial como “regresiva” y denunció que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”.
Según el Consejo Directivo de la entidad, el proyecto gubernamental busca precarizar las condiciones de trabajo y debilitar la estabilidad laboral en beneficio de los sectores concentrados de la economía. Asimismo, señalaron que la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo es una falacia, advirtiendo que “hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.
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Por su parte, el Secretario General de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que la reforma “ataca los derechos constitucionales” y “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo”.
En sintonía con este reclamo, la Confederación General del Trabajo (CGT) también se movilizará el mismo miércoles a partir de las 15 horas hacia la Plaza de los Dos Congresos. Jorge Sola, secretario del Seguro, anticipó que la protesta principal en la Ciudad de Buenos Aires será “contundente y multitudinaria”, replicándose además en diversas sedes de gobiernos provinciales.
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Reforma laboral: avanza el acuerdo entre el Gobierno y los aliados, pero se demora la versión final del texto

Como se suponía en la previa, la cumbre que mantuvo este lunes la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo. Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.
Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles. Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.
Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).
También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.
“Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.
A partir de aquí, la decisión de ceder o no pasa a Balcarce 50, que días atrás viró de una postura dura a una flexible. ¿Qué hará ahora? Horas atrás llegó un guiño desde allí sobre Ganancias. Anoche, Bullrich no confirmó la defensa a ultranza ni prometió la caída del artículo.
“Entre lo que llegó de allá y lo de acá, parece bastante claro a esta altura”, confiaron desde un despacho al tanto del embrollo. Vale recordar que, como contó Infobae desde hace semanas atrás, quien más perdería ante una baja de la coparticipación sería la Nación -rebaja en Ganancias a grandes empresas, por ejemplo-, que busca cumplir los lineamientos del FMI y con su mandamiento de oro de déficit cero. Entonces, ¿a quién beneficiaría?
Goerling fue otro de los que opinó al cierre del día. “Acá, el foco está en la ley laboral. Eso es lo importante, lo que estamos debatiendo y lo que la Argentina hace muchos años, décadas, quiere sacar y nunca se puede. Creo que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo y que va a ser histórico. El tema de Ganancias es otra cuestión que está dentro de la ley, que todavía se está discutiendo”.
No sorprendió, a horas de la sesión, la asistencia del respetado secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Lo curioso fue que trascendió un supuesto enojo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no participar de la “rosca”. Difícil de resolver para Bullrich y dialoguistas: la presidenta del Senado es la única autoridad que no registra el presente en la “Casa”, como sí lo hace el resto en el famoso tablero digital. Es un vicio que permitió su anterior vocero y que aún avala su renovada y súper profesional mesa chica. Al resto de los empleados les corre la huella para cumplir con las horas obligatorias.
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