POLITICA
La comisión que investiga el escándalo de $Libra vuelve a reunirse para definir a sus autoridades
Este martes a las 16, la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra volverá a reunirse en el Congreso y buscará definir a sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario.
La reunión será encabezada por el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, quien ya condujo el único encuentro previo. Si se logra avanzar, el cuerpo también podría empezar a deliberar sobre las primeras citaciones en el marco de la investigación.
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Además, se fijó una nueva reunión para el miércoles 25 y se facultó al secretario parlamentario Adrián Pagán, en su rol de coordinador provisorio, a que cada bloque presente hasta tres propuestas de invitados para las audiencias. El objetivo es comenzar formalmente con la investigación de los hechos ocurridos el 14 de febrero, que tienen como principal involucrado al presidente Javier Milei.
El bloque Encuentro Federal trabaja en una nómina de especialistas en criptomonedas que puedan aportar al proceso legislativo, mientras que Unión por la Patria (UxP) se enfoca en convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a otros funcionarios del Ejecutivo.
Durante la reunión de este martes, la oposición podría intentar consensuar una lista común de citaciones. Sin embargo, cualquier propuesta deberá luego ser votada en el pleno de la comisión y aprobada por mayoría. En caso de que no haya acuerdo, cada moción podría quedar bloqueada con un empate de 14 votos, lo que pondría en riesgo el avance de la investigación y podría derivar en una parálisis del trabajo legislativo.
UxP insiste en que la comisión esté presidida por la oposición
Durante el fin de semana, el jefe de los diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, dejó en claro que no existió ningún compromiso entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y UxP para que la misma sea presidida por La Libertad Avanza. “Lo que votamos en el recinto fue la obligación de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad del Gobierno)”.
El legislador anticipó que insistirán con la designación de las autoridades. UxP postula a la bonaerense Sabrina Selva, pero están dispuestos a consensuar un titular del cuerpo de investigación. “Como lo venimos haciendo desde el primer momento, exigiremos que sea la oposición quien presida la Comisión”, dejó en claro el diputado Germán Martínez.
Los 28 integrantes de la misma darán formalmente inicio a las investigaciones, siguiendo en paralelo el trabajo de la justicia, dentro y fuera de la Argentina. Un fallo podría impactar de lleno en el seno de la comisión que, a partir de este martes, volverá a funcionar.
Quiénes integran la comisión
La comisión investigadora fue aprobada por la Cámara baja el 8 de abril, con 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones. Está conformada por 28 diputados, fruto de un nuevo esquema de bloques e interbloques. El pasado 30 de abril hubo un primer intento de nombrar a sus autoridades. Allí se produjo un empate en 14 diputados para cada lado ante las postulaciones de Gabriel Bornoroni, por parte de los libertarios, y de Sabrina Selva por UxP.
Los integrantes de Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itaí Hagman y Carolina Gaillard. De Encuentro Federal: Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.De la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. De Democracia para Siempre: Danya Tavela y Fernando Carbajal. Del Frente de Izquierda y Nacional y Popular: Christian Castillo y Julia Strada.
Del oficialismo y aliados: Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Paula Omodeo (Creo), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra, Oscar Zago (MID), Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Yolanda Vega, Carlos Fernández (Innovación Federal), Francisco Monti y Pablo Cervi (radicales libertarios de la Liga del Interior).
Atribuciones y objetivos de la comisión
La comisión tendrá un plazo de tres meses para producir informes, dictámenes y conclusiones. Podrá enviar oficios, pedir documentación a entes públicos o privados, citar funcionarios, recibir denuncias y tomar declaraciones testimoniales. Cada medida deberá ser votada por sus integrantes y puesta en conocimiento de la Cámara.
La comisión debe elevar un informe final dentro de los 30 días posteriores a la finalización del plazo o del cumplimiento de su objetivo.
Este es uno de los puntos que mira de cerca el oficialismo, el tiempo de trabajo de la oposición. “Comienza a correr el reloj”, dice un integrante libertario en referencia al tiempo perentorio de trabajo de los diputados. Este martes será el día uno.
La postura de otros bloques
El diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, no integra la comisión investigadora, pero sostiene que la Cámara ya resolvió investigar los hechos sucedidos. Pero la definición de las autoridades las debe resolver la comisión ya integrada y buscar los acuerdos políticos y no “pretender llevar esa definición al pleno de la Cámara de Diputados como sucedió el pasado miércoles donde estuvimos tres horas con este tema, cuando había que tratar el tema de los jubilados”, señaló Llancafilo.
El pasado 14 de febrero, el jefe de Estado promocionó en la red social X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias. También se supo que, previamente a ese día, Milei se reunió con Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis, los responsables de la iniciativa. A partir de allí comenzaron presentaciones judiciales tanto en los tribunales nacionales, como internacionales.
“La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproject.com $Libra”, posteó en sus redes, en su momento, el presidente Javier Milei.
criptomoneda, Libra, Diputados
POLITICA
Tierra del Fuego: denuncian que un diputado libertario les pedía a sus empleados parte del sueldo para gastos partidarios
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tierra del Fuego Santiago Pauli quedó en el centro de una controversia tras la filtración de presuntos audios que revelarían que exigía a asesores legislativos del bloque provincial libertario que devolvieran el ítem de “desarraigo” de su salario para cubrir gastos del partido en Río Grande. El adicional salarial que se abona por “desarraigo” es de aproximadamente $500.000.
En las presuntas grabaciones, una voz atribuida a Pauli hablaría con un puntero sobre la utilización de parte de su sueldo para solventar gastos del local partidario en Río Grande, en el norte de la isla de Tierra del Fuego.
El denunciante es Rolando Correa, autodenominado puntero del frente La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien ha mencionado en declaraciones a medios locales que en un principio trabajó con Pauli como asesor en Diputados y luego pasó al bloque libertario de la Legislatura provincial, integrado por los legisladores Natalia Gracianía y Agustín Coto.
Los audios difundidos contienen recortes de conversaciones entre el diputado Pauli y Correa, en los que este último expresa su negativa a realizar el “retorno” del ítem de desarraigo argumentando su necesidad del dinero.
Pauli, en respuesta, le indicaría que de no concretarse el retorno del monto darían de baja los contratos: “Es simple de entender, es un viático por un trabajo que alguien no hace, en vez de exigir un porcentaje de un contrato que es lo que cualquier partido hace, dijimos, quedate con el 100% del contrato, pero danos los viáticos que no estás usando”.
Pauli no respondió ayer a las consultas de . En la justicia fueguina no se presentó aún una denuncia formal. Correa apuntó solamente contra Pauli en los medios de comunicación.
El denominado ítem “desarraigo” es un plus salarial destinado a cubrir los gastos de traslado y residencia de los empleados que cumplen funciones en la Legislatura provincial, cuya sede central se encuentra en Ushuaia, y deben viajar desde Río Grande, a 200 kilómetros de distancia.
Finalmente, fuentes cercanas al partido Republicanos Unidos – que conforma la Alianza en Tierra del Fuego y del cual Correa es afiliado- dijeron que se trataría de un aporte voluntario de parte de un afiliado, que “esta persona se apartó por diferencias políticas y dejó de aportar”.
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POLITICA
El Ejecutivo promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergó su aplicación
El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
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Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
- Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
- Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
- Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
- Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
- Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.
Qué implica la suspensión en la puesta en marcha de las leyes
- La promulgación formal significa que las leyes existen y están vigentes.
- La postergación impide que se asignen fondos, se actualicen salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.
- Esta medida se justificó en evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.
En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.
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En las elecciones legislativas nacionales 2025 que se llevan a cabo este domingo 26 de octubre se implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en la cual se agrupa toda la oferta electoral. Esta incluye todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, según lo que se define en cada provincia. Para que los electores indiquen su sufragio, deben marcar la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. En ese sentido, muchas personas se preguntan si es necesario llevar una lapicera al momento de acercarse a las urnas.
De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), a los electores se les proveerá la BUP y una lapicera por las autoridades de mesa al momento de votar. Por lo tanto, no es necesario que cada uno de ellos cuente con algo para escribir para sufragar.
El organismo destacó que las lapiceras con las que se votará este domingo son “indelebles”. Esto significa que la tinta no se puede borrar. Por lo tanto, cada votante debe asegurarse de marcar la opción que desea con sumo cuidado.
Si se comete un error, la CNE explica que el elector debe doblar la boleta y acercarse e a las autoridades de mesa para informar las circunstancias. Luego, debe entregar la papeleta, que se repondrá por otra. Se dejará constancia del cambio en una acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.
Las elecciones legislativas de 2025 introducen la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.
Es importante destacar que habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción, debido a la variación de cargos a elegir. Por un lado, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados, tendrán como máximo los nombres y apellidos de los primeros cinco candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.
El proceso de votación con la BUP es el siguiente:
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera
En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).
Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.
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