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La condena a Cristina desnudó la profunda división de la Unión Cívica Radical

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El fallo en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner expuso las profundas divisiones internas de la Unión Cívica Radical (UCR), evidenciando su incapacidad para sostener una postura coherente y unificada sobre temas clave como la justicia y la institucionalidad.

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En un partido político de la dimensión histórica que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) se puede ocultar alguna situación de conflicto durante un tiempo, más no durante todo el tiempo. Y todo sale a la luz cuando aparece alguna variable externa que ponga a prueba, por ejemplo, la capacidad de coherencia del centenario partido.

Tras la condena a seis años a prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, todos los dirigentes partidarios se sintieron condicionados y presionados a expresar una opinión por tratarse de un tema de agenda periodística e institucional y los radicales no fueron la excepción.

Para la gran mayoría de los referentes asomó la coincidencia general por avalar un estado de derecho donde hay independencia de poderes y una Justicia que actúa más allá de quien sea el imputado, pero las diferencias aparecen cuando hay que ampliar argumentos.

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Más allá de la división de poderes y la adoración por la institucionalidad y la república, la divisoria de aguas está entre quienes dejan todo como el final esperado para un caso de corrupción de una causa emblemática como Vialidad con una amplia difusión periodísticas. También aparecen quienes señalan que hubo serios condicionamientos hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en consecuencia, una clara presión sobre la división de poderes, atentando contra una Justicia independiente.

Asimismo, están quienes sostienen que más allá de alguna postura en contra del populismo y la corrupción que le critican a Cristina también apuntan sus cañones hacia el máximo tribunal, cuyos jueces tuvieron ciertas ansiedades y apuros para resolver el caso en menos de cincuenta días, pero ya llevan un año para dar una definición sobre amparos y recursos contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que tantas polémicas despertó.

Vuelta de página

Son los radicales con reciente incorporación o con pocos años de visibilidad quienes sacaron chapa de “coherentes” y ratificaron el pensamiento de sostener a un fallo como el conocido el martes último, y no sólo no lo cuestionaron, sino que empezaron a lanzar la idea de hacer una vuelta de página y avanzar más allá de quien haya quedado en el camino de la Justicia.

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Por ejemplo, el flamente presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau y el diputado Martín Tetaz se inscribieron en esa perspectiva y recibieron ciertos cuestionamientos desde sectores del kirchnerismo. Ese mensaje lo podían esperar de los radicales más moderados o más cercanos a los libertarios, pero no desde la mirada progresista de los mencionados.

Para colmo, Lousteau cuenta con el agravante de haber sido ministro de Economía, nada más ni nada menos que de Cristina, y le recuerdan que si avala el fallo tal cual salió del palacio ubicado en Talcahuano y Tucumán, está apoyando una persecusión judicial hacia la exjefa de estado.

Del otro lado más extremo, figuras más cercanas a los libertarios, como el senador nacional Maximiliano Abad y otros apoyaron con mucho ruido el fallo, tal vez esperanzados en realizar un “acting” que llegue a la Casa Rosada, como muestra de un gesto de fidelidad o prueba de amor. Con el paso del tiempo, Abad se muestra cada vez más desesperado en mostrar su fidelidad libertaria.

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Sin embargo, las versiones periodísticas, en su gran mayoría, señalan que en Balcarce 50 están de duelo por la caída de la rival que mejor les garantizaba la grieta y una situación de alta competencia electoral para el oficialismo nacional. Es más, esta situación de “duelo” de los libertarios alimentó otra versión que vincula al apuro y a la condena a la exvicepresidente con presiones que se originaron en la furia de ciertos grupos empresarios de gran concentración en la economía cuando se enteraron de su voluntad de ser candidata a legisladora.

Una tercera especie dentro del partido de Alem se ubica con quienes, respetusosos de la institucionalidad y de paladar negro contra la corrupción y el populismo, no dejan de pensar en una Corte de Nación que tiene actitudes de fuerte especulación política y que apuró esta condena contra una exmandataria cuando, por ejemplo, ningún expediente han resuelto contra Mauricio Macri y, lo que es más, plancharon durante décadas recursos contra el expresidente Carlos Menem.

El caso Vialidad sirvió de parámetro para medir el grado de cohesión en un partido cuyos principales dirigentes y sectores carecen de posibilidades para mostrarse en una postura sólida y unificada en una temática tan valiosa como la justicia y la institucionalidad.

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

UCR, Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Tetaz, Martín Lousteau, Carlos Menem, Mauricio Macri, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Corte Suprema de Justicia, Causa Vialidad

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El kirchnerismo criticó los vetos de Milei y advirtió por un eventual “efecto Kueider”

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El bloque de senadores kirchneristas cuestionó en duros términos los vetos de Javier Milei a las leyes previsionales y de emergencia en materia de discapacidad y envió un mensaje a los legisladores que no apoyen la insistencia de las normas, al asegurar que quienes cambien su voto serán “un nuevo [Edgardo] Kueider”, en alusión al exsenador por Entre Ríos expulsado de la Cámara alta por intentar pasar más de US$200.000 sin declarar en la frontera entre Brasil y Paraguay.

“Tienen que volver a votar estas leyes, si no lo hacen es que ahí tenemos un nuevo Kueider”, advirtió Mariano Recalde (Capital) durante una conferencia de prensa organizada por la bancada de Unión por la Patria del Senado, luego de leer los nombres de todos los senadores de la oposición dialoguista que ayudaron a sancionar las normas que el Poder Ejecutivo vetó este lunes en un extenso decreto.

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Como se esperaba, el bloque que conduce José Mayans (Formosa) ratificó su intención de ratificar la sanción de las leyes. “Esperamos que [la insistencia] se trate pronto en la Cámara de Diputados”, afirmó Recalde, quien cuestionó el argumento de desequilibrio fiscal esgrimido por el Poder Ejecutivo en el decreto del lunes.

“Milei les robó a los jubilados prácticamente un 20% de poder adquisitivo y, además, le aumentó los gastos al eliminarle los descuentos que tenían en los medicamentos”, denunció el legislador al defender la ley que recomponía en un 7,2% los haberes previsionales y aumentaba a $110.000 el bono de $70.000 que reciben los jubilados que perciben la mínima.

Además del aumento jubilatorio, el Poder Ejecutivo vetó la prórroga de la moratoria previsional que había vencido en marzo último y la declaración de emergencia para las prestaciones en materia de discapacidad, que el Gobierno mantiene congeladas.

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“El Presidente dice [en su decreto] que no hicimos la previsión presupuestaria, pero es el propio Gobierno el que no tiene Presupuesto, o sea que nos exige algo que ellos no hacen”, se quejó el puntano Fernando Salino, quien también replicó el argumento del Gobierno de que la sesión en la que se sancionaron las leyes fue inválida por la forma en que fue organizada. “El propio Presidente con su veto legitimó la sesión”, agregó Salino.

“Si el objetivo del plan económico es que los discapacitados no tengan la ayuda más elemental, obviamente que nosotros tenemos otros objetivos”, agregó el senador por San Luis, en respuesta a las acusaciones del Gobierno de que la sanción de las leyes tiene por objeto desestabilizar su equilibrio fiscal.

Por su parte, Mayans pidió la asistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, al Senado para brindar explicaciones y puso especial énfasis en el uso que le está dando el Poder Ejecutivo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado tras la absorción por parte del Estado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

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“El FGS perdió 6400 millones de dólares en un año y medio de gestión porque están aplicando sus fondos a la especulación financiera”, denunció Mayans.

Por último, la bonaerense Juliana Di Tullio aseguró que si el Congreso falla en su intento por insistir con las leyes, deberá ser la sociedad “la que le ponga un freno al Presidente”. “Si él veta, que lo vete el pueblo argentino en las urnas”, remató la senadora.


Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Unión por la Patria,Javier Milei,Conforme a,Senado de la Nación,,Ampliación de la Corte. Los senadores quieren que el Gobierno fije una posición oficial sobre la reforma,,El futuro de la Justicia. El Senado retoma el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema,,En el Senado. El kirchnerismo perderá bancas, pero mantendrá su poder de veto para la Corte Suprema

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Un aliado clave del Gobierno anunció que deja el Senado y advirtió sobre el “bloqueo institucional”

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El senador del peronismo disidente y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y, de esta manera, el Gobierno libertario perderá a su principal aliado: fue uno de los jinetes que creó el “grupo de los 39”, conformado por oficialismo y dialoguistas que acompañó al Ejecutivo en los primeros meses de gestión, con una Casa Rosada en desventajosa minoría en el Congreso.

Dejo el cargo, pero no la política”, aseguró Romero en un acto realizado en el salón Arturo Illia de la Cámara alta y que contó con la presencia no sólo de su familia y colaboradores, sino también de legisladores como el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto, y los jefes de bloque de la Eduardo Vischi (UCR) y Alfredo De Ángeli (Pro), entre otros.

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En medio de su discurso, el salteño dejó una advertencia a futuro por el “bloqueo institucional” que abrazó al Congreso en los últimos meses. Como si fuese un consejo hacia el Gobierno, Romero deslizó: “No alcanza con tener razón, sino con encontrar una solución”.

Tras varias críticas contra el kirchnerismo -“modelo populista que arrasa”, enfatizó-, el justicialista revalidó la estrategia del grupo de los 39. Sin embargo, observó: “Ese espíritu se fue perdiendo y es una de las cosas que me frustran. Podríamos haber cubierto las vacantes de la Auditoría General de la Nación o las más de 150 vacantes en la justicia”.

La mención de Romero no es menor: en el Senado se acumula no sólo la problemática de la AGN -está acéfala de auditores legisladores y queda su presidente, el opositor pseudo K Juan Manuel Olmos-, sino la de vacantes judiciales que no precisan dos tercios. Caso distinto el de la Corte Suprema, otro tema más que sensible y sin definición que sí necesita dicha mayoría agravada.

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Romero durante una sesión realizada el corriente año en el recinto del Senado (RS Fotos)

“Hace 40 años perdí mi primera elección y no estuvo mal eso. Había un equilibrio entre las tres fuerzas: conservadores, el radicalismo y el justicialismo”, reflexionó. Seguido a ello, destacó el “consenso” para la reforma de la Constitución de Salta -y la nacional, de 1994-, así como el equilibrio fiscal en su distrito “incluso en épocas de crisis” y un porcentaje no menor del presupuesto provincial destinado a obras.

Corte Suprema y AGN

El proyecto de Romero de siete butacas es, hasta ahora, uno de los pocos que tiene un guiño inicial de varias bancadas en el Senado, en medio de un ida y vuelta poco claro -y un puñado de picardías- entre el oficialismo y la oposición.

“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, aseveró en una de las primeras reuniones de comisiones para tratar el tema.

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El salteño también evaluó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.

Para la AGN, el texto de Romero disminuye el mandato de auditores, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. También habla de las remuneraciones, siempre en el ojo de la tormenta: impone que no se perciba “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,5 millones en bruto. La integración seguiría en siete: tres diputados, tres senadores y su titular. El kirchnerismo quiere nueve.

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“Provincias Unidas”, el nombre del frente lanzado por los cinco gobernadores

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CÓRDOBA.− A una semana de la presentación en sociedad del frente político constituido por cinco gobernadores, se resolvió su nombre: “Provincias Unidas”. Por ese se inclinaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Barajaron otras denominaciones, pero finalmente se decidieron por ese por entender que representa mejor el planteo “federal”, que es el corazón de las coincidencias y que apunta a abrir una agenda común entre todos los distritos, más allá de los integrantes: distribución de fondos, infraestructura, educación.

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Para las elecciones legislativas de octubre, cada uno de los gobernadores irá con el nombre del frente electoral que constituya en su provincia. No usarán en las boletas el de “Provincias Unidas”. Por eso, aclaran, a horas de cierre de inscripciones de las alianzas electorales, que el de ellos es un frente político.

La excepción podría ser Córdoba, donde el oficialismo provincial analiza si usa ese nombre en reemplazo del “Hacemos por Córdoba”. Incluso podría ser “Hacemos Provincias Unidas”. Llaryora y Juan Schiaretti están resolviendo qué harán, confiaron fuentes del sector a .

El resto de los distritos, en cambio, tendrían decido mantener los nombres con los que ya compitieron.

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“Decidimos no tomar atajos, no hacer la simple ni la cómoda y dar una pelea en representación de una Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Y tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, remarcó Torres el jueves pasado cuando anunciaron el frente.

Fuentes del espacio remarcaron las diferencias que los separan de otros intentos anteriores por representar a la “avenida del medio”, entre los que identificaron a la construcción que Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Juan Schiaretti intentaron encarnar en 2015.

Por ejemplo, remarcaron que todos los miembros de Provincias Unidas “tienen votos” propios, porque ganaron en sus distritos.

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Además, destacaron que Pullaro, Torres y Vidal “vienen de ganarle al peronismo kirchnerista luego de décadas gobernando de manera ininterrumpida, sobre todo en Santa Cruz y Chubut”.

Asimismo, indicaron que los cinco gobernadores “son nuevos” y están cumpliendo su primer mandato. Aunque provienen de distintos espacios, afirmaron que no son un “rejunte electoral” como experiencias pasadas.


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