POLITICA
La condena a Cristina desnudó la profunda división de la Unión Cívica Radical
El fallo en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner expuso las profundas divisiones internas de la Unión Cívica Radical (UCR), evidenciando su incapacidad para sostener una postura coherente y unificada sobre temas clave como la justicia y la institucionalidad.
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En un partido político de la dimensión histórica que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) se puede ocultar alguna situación de conflicto durante un tiempo, más no durante todo el tiempo. Y todo sale a la luz cuando aparece alguna variable externa que ponga a prueba, por ejemplo, la capacidad de coherencia del centenario partido.
Tras la condena a seis años a prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, todos los dirigentes partidarios se sintieron condicionados y presionados a expresar una opinión por tratarse de un tema de agenda periodística e institucional y los radicales no fueron la excepción.
Para la gran mayoría de los referentes asomó la coincidencia general por avalar un estado de derecho donde hay independencia de poderes y una Justicia que actúa más allá de quien sea el imputado, pero las diferencias aparecen cuando hay que ampliar argumentos.
Más allá de la división de poderes y la adoración por la institucionalidad y la república, la divisoria de aguas está entre quienes dejan todo como el final esperado para un caso de corrupción de una causa emblemática como Vialidad con una amplia difusión periodísticas. También aparecen quienes señalan que hubo serios condicionamientos hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en consecuencia, una clara presión sobre la división de poderes, atentando contra una Justicia independiente.
Asimismo, están quienes sostienen que más allá de alguna postura en contra del populismo y la corrupción que le critican a Cristina también apuntan sus cañones hacia el máximo tribunal, cuyos jueces tuvieron ciertas ansiedades y apuros para resolver el caso en menos de cincuenta días, pero ya llevan un año para dar una definición sobre amparos y recursos contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que tantas polémicas despertó.
Vuelta de página
Son los radicales con reciente incorporación o con pocos años de visibilidad quienes sacaron chapa de “coherentes” y ratificaron el pensamiento de sostener a un fallo como el conocido el martes último, y no sólo no lo cuestionaron, sino que empezaron a lanzar la idea de hacer una vuelta de página y avanzar más allá de quien haya quedado en el camino de la Justicia.
Por ejemplo, el flamente presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau y el diputado Martín Tetaz se inscribieron en esa perspectiva y recibieron ciertos cuestionamientos desde sectores del kirchnerismo. Ese mensaje lo podían esperar de los radicales más moderados o más cercanos a los libertarios, pero no desde la mirada progresista de los mencionados.
Para colmo, Lousteau cuenta con el agravante de haber sido ministro de Economía, nada más ni nada menos que de Cristina, y le recuerdan que si avala el fallo tal cual salió del palacio ubicado en Talcahuano y Tucumán, está apoyando una persecusión judicial hacia la exjefa de estado.
Del otro lado más extremo, figuras más cercanas a los libertarios, como el senador nacional Maximiliano Abad y otros apoyaron con mucho ruido el fallo, tal vez esperanzados en realizar un “acting” que llegue a la Casa Rosada, como muestra de un gesto de fidelidad o prueba de amor. Con el paso del tiempo, Abad se muestra cada vez más desesperado en mostrar su fidelidad libertaria.
Sin embargo, las versiones periodísticas, en su gran mayoría, señalan que en Balcarce 50 están de duelo por la caída de la rival que mejor les garantizaba la grieta y una situación de alta competencia electoral para el oficialismo nacional. Es más, esta situación de “duelo” de los libertarios alimentó otra versión que vincula al apuro y a la condena a la exvicepresidente con presiones que se originaron en la furia de ciertos grupos empresarios de gran concentración en la economía cuando se enteraron de su voluntad de ser candidata a legisladora.
Una tercera especie dentro del partido de Alem se ubica con quienes, respetusosos de la institucionalidad y de paladar negro contra la corrupción y el populismo, no dejan de pensar en una Corte de Nación que tiene actitudes de fuerte especulación política y que apuró esta condena contra una exmandataria cuando, por ejemplo, ningún expediente han resuelto contra Mauricio Macri y, lo que es más, plancharon durante décadas recursos contra el expresidente Carlos Menem.
El caso Vialidad sirvió de parámetro para medir el grado de cohesión en un partido cuyos principales dirigentes y sectores carecen de posibilidades para mostrarse en una postura sólida y unificada en una temática tan valiosa como la justicia y la institucionalidad.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
UCR, Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Tetaz, Martín Lousteau, Carlos Menem, Mauricio Macri, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Corte Suprema de Justicia, Causa Vialidad
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POLITICA
Alejandra Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y el teniente Carlos Presti a Luis Petri en Defensa
El Gobierno anunció los reemplazantes de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Luis Petri en Defensa, quienes asumirán como diputados nacionales el 3 de diciembre.
En ese sentido, Alejandra Monteoliva será la nueva titular de la cartera de Seguridad mientras que el teniente Carlos Presti relevará a Petri en Defensa.
La designada nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Las modificaciones las anunció el Ejecutivo en las redes sociales y aseguraron que representan una continuidad en el rumbo trazado en ambos ministerios.
La decisión fue externalizada en simultáneo por las cuentas de X de la Oficina del Presidente, Patricia Bullrich y Luis Petri: “El presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, reza el comunicado de la cuenta presidencial.
Por su parte, la cuenta de Bullrich publicó: “Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”.
El designado ministro de Defensa, teniente Carlos Presti.
Monteoliva se desempeña desde el 10 de diciembre de 2023, fecha en la que asumió el Gobierno libertario, como la segunda de Bullrich en la cartera de Seguridad.
La saliente ministra le agradeció al presidente Milei “por confiar” en Monteoliva y “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.
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POLITICA
El Gobierno no designó a ningún juez en dos años, 83 renunciaron y crece el agujero de vacantes
Desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, renunciaron un total de 83 magistrados nacionales y federales, entre jueces, fiscales y defensores. La crisis por la falta de magistrados se agrava con el paso del tiempo.
En contraposición con la cantidad de renuncias, las designaciones durante los últimos dos años suman cero. No hubo ninguna.
Los únicos nombramientos, por decreto, fueron los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para al Corte Suprema, pero el primero nunca asumió porque no obtuvo acuerdo del Senado y el segundo renunció por las mismas razones.
Los otros dos decretos designando jueces en rigor corresponden a dos magistrados que cumplieron 75 años y el Senado les dio un nuevo acuerdo: Roberto Hornos en la Cámara en lo Penal Económico y Jorge Morán en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Esto representa un déficit de 79 jueces, entre los renunciados y los nombrados. Milei no fue el presidente que enfrentó más renuncias, pero sí el que tuvo menos designaciones y mayor déficit de vacantes.
Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri renunciaron 67 jueces en promedio, por año de su mandato y se designaron la misma cantidad.
Así surge de un análisis que realizó por Data sobre la base de datos públicos del sitio oficial datos.jus.gob.ar, de donde surgen las visualizaciones que ilustran esta nota.
El análisis concluye además que al finalizar el año las vacantes totales entre jueces, fiscales y defensores nacionales llega al 37 por ciento, un récord.
Los candidatos a cubrir estas vacantes ya fueron, en su mayoría, elegidos por el Consejo de la Magistratura, que envió un pliego con tres candidatos para cada cargo, que está en el Poder Ejecutivo Nacional.
Ahora, el presidente Javier Milei debe enviar una propuesta al Senado para que, por mayoría, otorgue los votos que den acuerdo a cada juez.
Como se trata de una negociación política, las designaciones estuvieron paralizadas en estos dos años, donde el gobierno no tenía suficiente poder de fuego en el Congreso.
Ahora fuentes oficiales señalan que enviarán los pliegos al Senado, en marzo de 2026, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. La mayoría de los pliegos, el 80 %, estaba negociado con el peronismo, según dijeron las fuentes.
A este escenario se suma que el Gobierno no logró nombrar en dos años al Procurador General de la Nación, que sigue ejerciendo desde 2017 Eduardo Casal en forma interina.
Mauricio Macri y Alberto Fernández también fracasaron en esa tarea, que requiere acuerdos políticos, ya que el candidato debe obtener los votos de los dos tercios del Senado.
Y se agrega que, en febrero de 2026, cumplirá 75 años la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que deberá dejar el cargo, si es que el Senado no le da un nuevo acuerdo por cinco años más.
En lo que va de 2025 hubo en total 54 renuncias de jueces, fiscales, o defensores oficiales, y 29 en 2024.
El 2025 es el año en que más se produjeron las renuncias de jueces, fiscales y defensores desde 2020. Los meses de abril y septiembre son aquellos donde hubo más renuncias.
Las renuncias de jueces, tanto en 2020 como ahora se relacionan con los cambios en el sistema jubilatorio de los magistrados que cobran por un régimen especial.
En el Gobierno de Alberto Fernández hubo una fuerte embestida y se cambió el mecanismo. Los principales cambios fueron el aumento de la edad jubilatoria para hombres, nuevos requisitos de aportes y de años de servicio, cambio en la fórmula para calcular el haber inicial, y un mayor aporte de los jueces activos. Hubo reclamos judiciales que llegaron hasta la Corte.
Ahora hay temor entre los magistrados de que se produzca un nuevo cambio, cuando se discuta la anunciada reforma previsional, en el Congreso, por eso, algunos magistrados que están en condiciones de jubilarse plantearon sus renuncia para acogerse al beneficio previsional con la ley actual, según contaron fuentes de la Asociación de Magistrados.
En 2025 fue la primera vez en la historia que hubo más renuncias de magistrados femeninos que masculinos, con 29 contra 25. A su vez, no hubo ningún año en el que se hayan designado más jueces femeninos que masculinos.
El 37% de los cargos en la justicia federal y nacional se encuentran vacantes. Son en total 609 cargos. De los que están ocupados, el 71% está en manos de magistrados masculinos.
Los años 2024 y 2025 fueron los años con menos designaciones de jueces desde la vuelta a la democracia, junto con 1999 y el 2000.
La edad promedio de los magistrados en labor es de 56 años, mientras que el promedio de edad de aquellos que renuncian es de 66 años.
El promedio de edad de aquellos que renuncian bajó con el correr de los años. Este año tuvo las renuncias, en promedio, más jóvenes desde que hay registro, motivadas por el temor a que haya cambios en el régimen jubilatorio.
Durante 2025, los fueros donde hay más renuncias registradas son el del Trabajo, con diez magistrados, el Criminal y Correccional de Capital Federal con seis, y el fueron comercial con cinco.
En cuanto a los cargos, la mayoría de las renuncias corresponden a jueces, con 43 casos, seguido por los fiscales, con ocho casos y los defensores con tres casos.
Hubo 27 renuncias en la Justicia Nacional, a la que se le suman 26 en la Justicia Federal y una en la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a García-Mansilla.
El presidente con peor relación designaciones/renuncias de magistrados de los últimos cinco mandatarios fue Javier Milei; quién, en promedio, por año, tuvo 44 renuncias de jueces, fiscales y defensores y solo 2 designaciones: un saldo negativo de 42 magistrados.
Por el contrario, quién tuvo el mayor saldo en relación a las designaciones y renuncias en los últimos veinte años fue Cristina Fernández, con un promedio anual de 46 renuncias y 74 designaciones: un saldo positivo de 28 jueces.
Ahora, si solo se considera a la categoría jueces (sin fiscales y defensores) en lo que va de 2025 renunciaron un total de 43 jueces. La mayoría de estos son nacionales (24), contra 18 federales y un miembro de la Corte.
La gestión Milei lleva acumulados un total de 64 renuncias de solo jueces, contra las cuatro designaciones mencionadas (Lijo, García Mansilla y Morán).
En cuanto a la composición actual, el 35% de los cargos para jueces se encuentran vacantes.
AL día de hoy hay 80 concursos en trámite para jueces en el Consejo de la Magistratura, hay 162 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 191 vacantes cuyos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo.
El 6 de noviembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se pararon en la sala de conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: “El gobierno nacional enviará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores”.
Adorni sostuvo: “Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos, los que protegen el derecho de propiedad, los que median en un conflicto laboral, los que emiten sentencia sobre el embargo una empresa, los que deciden si un niño huérfano va a encontrar una familia”.
“Por eso es tan importante esta medida, que además es inédita porque supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri”, dijo.
“Este gobierno recibió una Justicia con una vacancia del 30% en jueces, y casi 50% de vacancias de fiscales. Es decir, que 1 de cada 3 juzgados no tiene juez y 1 de cada 2 fiscalías no tiene un fiscal. Además, hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios, como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018”, agregó Amerio.
Pero en estos dos años de Gobierno no se envió ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes.
Hernán Cappiello,Bautista Otero,Conforme a
POLITICA
El Gobierno no pedirá prorrogar las emergencias para desregular normas y apuesta al nuevo Congreso
«Parecía que estaba teniendo sexo, gemía», aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei antes del balotaje presidencial de noviembre de 2023 cuando le explicaba el paquete desregulador que había preparado para una posible presidencia de Patricia Bullrich y que ahora le ofrecía al libertario.
Uno de los pilares de la administración libertaria fue la eliminación de normas y artículos que entienden que son perjudicales para la economía. La totalidad de estas medidas se tomaron al amparo del Decreto 70/2023, que establecía emergencias que habilitaban al Ejecutivo a tomar medidas vía decreto y que caducan el 31 de diciembre.
En ese esquema, el ministro Sturzenegger hizo colocar en su despacho un cartel con un contador de días que tiene como fecha de finalización el próximo 31 de diciembre.
El Decreto 70/2023 que dio inicio al gobierno de Javier Milei estableció como fecha final de la emergencia pública el 31 de diciembre de 2025. Una vez que llegue ese día, ya sin facultades delegadas, al Ejecutivo solo le quedan desde este próximo lunes un total de 29 días hábiles para que Sturzenegger aplique su motosierra en los diferentes sectores. Una vez concluido ese plazo deberá ir al Congreso de la Nación cada vez que quiera eliminar una norma. Y es la apuesta del mundo libertario.
En el proyecto de Presupuesto 2026 el oficialismo no pide la aprobación de la emergencia pública, así como tampoco solicita facultades delegadas. En este esquema, la administración libertaria deberá encarar los cambios normativos con el acompañamiento de los diputados y los senadores.
Esa es la apuesta del Gobierno, por lo menos para el próximo año. Pero de todas formas no planean abandonar la principal herramienta de generación de políticas públicas que esgrimió durante los primeros dos años de mandato.
“Tenemos los decretos si hacen falta”, explicó un funcionario nacional. Con el traspaso de los tres diputados de La Liga del Interior -los radicales con peluca- el bloque de LLA quedará conformado con 91 diputados más los socios que mostró hasta ahora -el PRO y la UCR- número más que suficiente para bloquear en la Cámara de Diputados cualquier insistencia frente a un rechazo de un decreto de parte de la oposición.
“Con este número no hace falta entrar en la disputa de las emergencias. Lo que no podamos conseguir con el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores lo podemos hacer vía decreto y defenderlo en el recinto”, explicó un diputado de LLA que no necesitó de las clases “particulares” sobre el funcionamiento del parlamento que le brindaron a sus colegas.
Desde diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025, el ministerio que comanda Sturzenegger modificó o eliminó un total de 1.384 normas, aunque 78 de ellas fueron restituidas por el Congreso. En lo que se refiere al articulado de diferentes normas, la cartera modificó o eliminó 10.038 artículos durante el mismo período. De este total, 426 fueron restituidos por el Congreso de la Nación.
Desde el entorno del ministro señalaron que no habrá un pedido de continuidad de la emergencia. Tampoco figura en el texto del proyecto oficial de presupuesto. De todas formas, fuentes de la Casa Rosada señalaron que una eventual prórroga o pedido “podría evaluarse según la evolución de la situación económica y social”. En el caso de que la administración de Milei decida volver a pedirle al Congreso la declaración de una emergencia, requeriría una nueva norma o declaración específica.
El mundo libertario se siente confiado en que contará con el apoyo legislativo por lo menos durante los primeros meses del 2026, en donde planea aprobar el nuevo paquete de reformas -laboral, penal, impositiva y la educativa que se conoció en las últimas jornadas.
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