POLITICA
La confianza en el Gobierno cayó 13,6% y llegó a su nivel más bajo desde la asunción de Milei
“La confianza en el gobierno alcanza su valor más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei”, advierte el informe publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto de 2025 se ubicó en 2,12 puntos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mes anterior y del 16,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.
El estudio, elaborado a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores, señala que este descenso interrumpe la estabilidad observada en los cuatro meses previos y marca un nuevo piso en la percepción ciudadana sobre la gestión actual.
El ICG, que se mide en una escala de 0 a 5 desde noviembre de 2001, permite comparar la confianza en el gobierno a lo largo de distintas administraciones. Según la Universidad Torcuato Di Tella, el valor de agosto de 2025 es “16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG = 2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández (ICG = 1,85)”. La media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei se sitúa en 2,48 puntos, apenas por debajo del promedio registrado en el mismo período de Macri (2,58) y por encima del de Fernández (2,17).
El informe detalla que la caída de la confianza se reflejó en todos los componentes del índice. La “Honestidad de los funcionarios” descendió a 2,54 puntos (-9,9%), la “Capacidad para resolver los problemas del país” a 2,46 puntos (-14,6%), la “Eficiencia en la administración del gasto público” a 2,10 puntos (-13,2%), la “Evaluación general del gobierno” a 1,78 puntos (-12,8%) y la “Preocupación por el interés general” a 1,73 puntos (-18,2%). La Universidad Torcuato Di Tella subraya que tanto el nivel del ICG como la magnitud de la caída mensual “tienen precedentes durante el actual gobierno: en septiembre del año pasado los respectivos valores fueron de 2,16 (levemente por encima del actual 2,12) y -14,8% (una caída algo mayor que la de 13,6% del último mes)”.
Agosto fue un mes sensible para el Gobierno por las derrotas en el Congreso, especialmente por la volatilidad en los mercados con tasas intradiarias que llegaron a superar el 100 por ciento.
La encuesta fue realizada en las primeras dos semanas del mes, por lo tanto no llegó a registrar si hubo una variación en la percepción vinculada al escándalo que estalló recientemente por un audio de un funcionario que hablaba de un presunto circuito de coimas en el seno del poder político.
El trabajo tampoco llegó a valorar la derrota del oficialismo de la semana en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El análisis por género muestra que el ICG de agosto fue mayor entre los hombres (2,42 puntos, con una variación negativa del 8,3%) que entre las mujeres (1,80 puntos, con una caída del 20,0%). En cuanto a la edad, el informe destaca que “no se observaron diferencias significativas entre grupos etarios”, aunque el segmento de mayores de 50 años registró el valor más alto (2,16 puntos, con una disminución del 14,6%), seguido por los jóvenes de 18 a 29 años (2,11 puntos, con un descenso del 24,4%) y las personas de 30 a 49 años (2,08 puntos, con una variación negativa del 8,0%).
La distribución geográfica de la confianza también presenta diferencias notables. El ICG alcanzó su valor más elevado entre quienes residen en el interior del país (2,39 puntos, con una caída del 7,4%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) descendió a 1,76 puntos (-28,2%) y en el Gran Buenos Aires (GBA) a 1,68 puntos (-23,3%). El nivel educativo influye en la percepción: quienes alcanzaron educación terciaria y/o universitaria registraron un ICG de 2,31 puntos (-7,6%), seguidos por quienes completaron hasta la secundaria (1,96 puntos, -20,0%) y quienes solo cursaron primaria (1,50 puntos, -30,2%).
El informe de la Universidad Torcuato Di Tella también analiza la relación entre la confianza y la experiencia con la inseguridad. El ICG fue mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,25 puntos, con un descenso del 11,1%) que entre quienes sí lo fueron (1,73 puntos, con una caída del 22,4%). Además, la expectativa sobre la economía futura incide en la confianza: quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año presentan un ICG de 4,15 puntos (con un leve decrecimiento del 0,5%), mientras que quienes piensan que se mantendrá igual alcanzan 2,46 puntos (-12,5%) y quienes prevén un empeoramiento registran apenas 0,56 puntos (con un aumento del 1,8%).
La encuesta, realizada entre el 1 y el 14 de agosto de 2025, abarcó a 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio, polietápico y estratificado por zonas, con cuotas de sexo y edad. El error estándar del ICG para el total de la muestra es de ±0,06, con un intervalo de confianza del 95% entre 2,00 y 2,24 puntos.
La Universidad Torcuato Di Tella concluye que, en agosto, la confianza en el gobierno fue mayor entre hombres, habitantes del interior, personas con educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas económicas positivas. El informe reitera que “la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes”, reflejando un deterioro generalizado en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Milei.
POLITICA
Se formalizó el pase de Luis Juez a La Libertad Avanza y el oficialismo suma 21 bancas propias en el Senado
La Libertad Avanza (LLA) continúa consolidándose como fuerza parlamentaria en el Senado. La incorporación formal de Luis Juez, que hasta ahora permanecía en el monobloque Frente Cívico, sumó la banca propia número 21 para el oficialismo, que es conducido por Patricia Bullrich en la cámara alta. El movimiento se concreta en la antesala de una semana donde el oficialismo busca consolidar mayorías en la previa de debates clave sobre la Ley Penal Juvenil, la normativa de Glaciares y la ratificación de la reforma laboral.
El traspaso de Juez no constituye una sorpresa completa. Desde hace meses, el legislador venía acompañando con su voto los proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional y había manifestado públicamente su respaldo al presidente Javier Milei, a quien reconoció un cambio de tono en su vínculo con el Congreso. “El presidente se ha moderado después de los insultos iniciales al parlamento nacional”, expresó recientemente en declaraciones públicas. No obstante, Juez mantuvo distancia en casos puntuales, como el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, área que considera sensible por razones personales, dado que su hija tiene una discapacidad.
Con la suma de Juez, La Libertad Avanza alcanza 21 senadores propios. Este número, junto con los aportes de sus aliados del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), otorga al bloque oficialista 44 votos sobre un total de 72, acercándolo a la mayoría calificada de dos tercios.
El historial político de Juez abarca la intendencia de Córdoba Capital, varias postulaciones a la gobernación provincial —donde enfrentó sin éxito al peronismo— y una gestión como embajador en Ecuador durante el gobierno de Mauricio Macri.
El acercamiento al oficialismo, sin embargo, no ha estado exento de tensiones. Tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, Juez expresó críticas a la conducción política de la Casa Rosada. “La reacción fue propia de un carpintero que sale a armar mesa cuando vos lo que tenés que hacer es otra cosa. Te acabás de comer un porrazo. Hay que bajar cuatro cambios, la soberbia”, manifestó. Eran días marcados por la derrota en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo de Fuerza Patria obtuvo el 47% y los libertarios el 33%, lo que fue interpretado por Juez como un llamado de atención para el oficialismo respecto a la necesidad de fortalecer la coordinación con los aliados parlamentarios.
En ese contexto, el legislador había recomendado al Ejecutivo nacional establecer un vínculo más fluido con los sectores dialoguistas. “Al aliado no lo resolvés con una empanada. Al aliado tenés que escucharlo, son tipos que también tienen intereses”, sostuvo al analizar la relación entre el oficialismo y su base legislativa. Juez insistió en la importancia de gestionar con mayor apertura y de involucrar a figuras capaces de articular consensos, incluso con fuerzas opositoras.
Luego de ese período el oficialismo logró sobreponerse y obtuvo un claro respaldo en las elecciones legislativas del 27 de octubre, en donde el partido liderado por Javier Milei y conducido por su hermana Karina Milei como estratega política se impuso en todo el país, engrosando así sus espadas parlamentarias tanto en el Congreso como en la mayoría de las provincias del país.
A partir de ese quiebre el alineamiento de Juez con el oficialismo se consolidó hasta los últimos días en los que el senador blanqueó una relación que ya se daba de hecho.
El oficialismo llegará así fortalecido a la apertura de sesiones ordinarias, prevista para este domingo 1° de marzo, en donde el presidente Javier Milei concurrirá al Congreso para dejar inaugurado el período 2026.
Milei llegará a pronunciar su discurso con varias victorias en el plano parlamentario, entre las que sobresalen el avance en los cambios de la legislación laboral que rige en el país.
El Gobierno tomó distancia este lunes de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura, que debía desarrollarse entre el 5 y el 6 de marzo, días en los que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino fueron citados a declarar por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en la causa iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
“No tenemos por qué opinar. Es un tema de ellos”, dijeron fuentes oficiales ante la consulta de sobre la posición del Gobierno respecto de la decisión de la entidad rectora del fútbol local. En otras terminales del oficialismo contactadas por este diario directamente no hubo respuesta.
No es la primera vez que el Gobierno elige el silencio en relación a la AFA. En noviembre pasado, apenas estalló el escándalo por la copa que la organización le entregó a Rosario Central, lo que desató fuertes críticas de los aficionados en las tribunas y las redes sociales, también habían elegido esa postura.
La fórmula fue la misma. “No hay nada para decir; es un tema que tienen que resolver ellos”, respondieron entonces. Con el correr de los días, sin embargo, el presidente Javier Milei, sus principales funcionarios y los voceros oficiosos de La Libertad Avanza en las redes arremetieron con fuerza con Tapia, Toviggino y la AFA.
El hermetismo inicial en la Casa Rosada no parece descabellado, cuando aún está por verse cómo reaccionarán los aficionados al fútbol en las tribunas y las redes. Si, nuevamente, apuntarán contra la cúpula de la AFA, sumida en un fuerte descrédito por las decisiones deportivas y las revelaciones sobre el presunto desvío de millones de dólares en el exterior. O si, esta vez, el Gobierno podría verse afectado por la protesta de la entidad.
La denuncia que llevará a Tapia y Toviggino a los tribunales fue iniciada por el Gobierno, a través de la ARCA, en diciembre pasado. Los dirigentes están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones.
Tras dos meses de investigación, el juez Amarante decidió los llamados a indagatoria, el pasado jueves. También les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.
La denuncia inicial de ARCA fue complementada en enero con una nueva presentación de 58 páginas que entregó el Gobierno, a través de la ARCA, ampliando los montos presuntamente evadidos.
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo y el intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. Por entonces, en la Casa Rosada no dudaban en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino. Ahora, con la reacción de la entidad, volvieron a elegir el silencio.
fueron citados a declarar,aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
La reforma laboral tensiona la interna sindical y los gremios combativos convocaron a una movilización para el viernes
Los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron una movilización al Congreso para este viernes, a la que invitaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se sume. La marcha será mientras el Senado debata los cambios incorporados por la Cámara de Diputados a la reforma laboral. El Gobierno aspira a que la iniciativa se convierta en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.
La discusión escaló en las últimas horas y tensionó la interna sindical. Desde el espacio que reúne a sectores combativos ya habían anticipado que, si la central obrera no avanzaba con una convocatoria formal, podrían impulsar una medida propia.
Leé también: La CGT redobló la presión contra los gobernadores e insistió con que intentará frenar la reforma laboral
El FreSU se reunió este lunes para terminar de definir los pasos a seguir. El encuentro fue clave para resolver si aguardaban una respuesta de la CGT o si activan una movilización al Congreso durante el tratamiento en la Cámara Alta.
La presión se produce en un escenario de creciente conflictividad y con fuertes cuestionamientos al proyecto oficial, que ya obtuvo media sanción en Diputados y volvió al Senado con modificaciones.
La advertencia a la CGT
El FreSU está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros sindicatos. Según confirmaron a TN desde el gremio de Aceiteros, existió un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la falta de respuesta, acordaron una movilización.
Desde ese sector habían anticipado que la intención era convocar a una medida de fuerza si la central obrera no avanzaba y que así lo expresaron sus dirigentes.
“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, advirtió Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en El Destape Radio.
En la conducción de la CGT, en tanto, evitan adelantar una definición inmediata. Cerca del triunvirato señalaron que definirán la agenda en los próximos días, aunque no descartaron otras acciones como movilizaciones. La central obrera se inclina por el reclamo judicial y sobre eso están trabajando sus abogados.
“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, cuestionó Yofra.
El FreSU ya había desafiado a la CGT la semana pasada, cuando la central obrera convocó a un paro general sin movilización y los gremios combativos decidieron marchar al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados.
El endurecimiento de los gremios combativos
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció el tono en las últimas horas. En un comunicado que difundió la semana pasada, aseguró que “el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado”.
“No alcanza con la modificación del artículo de las licencias médicas. Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario del gremio de estatales.
Este lunes, en la red social X, Aguiar dijo que “es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”. “El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir”, señaló en referencia al debate en la Cámara Alta.
Leé también: En la última semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno buscará consolidar sus triunfos y avanzar con las reformas
“Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral”, agregó y calificó la iniciativa como “una ley inaplicable que está destinada a fracasar”. Desde ATE confirmaron a este medio que el sindicato de trabajadores estatales sumará una huelga a la movilización de este viernes.
Mientras los gremios intensifican la presión, el oficialismo apuesta a que el Senado trate esta semana los cambios incorporados por Diputados y sancione la reforma antes de que el presidente Javier Milei abra las sesiones ordinarias de este año.
reforma laboral, CGT, paro general, sindicatos
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