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POLITICA

La confianza en el gobierno de Javier Milei creció un 4,9% en el mes de julio

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La confianza en el gobierno de Javier Milei experimentó un repunte durante julio de 2025. Según el último relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,45 puntos, lo que representa un aumento del 4,9% en comparación con el mes anterior.

Esta mejora revierte parcialmente la caída registrada durante el verano y mantiene el indicador dentro del rango observado en los últimos cuatro meses, entre 2,33 y 2,45 puntos.

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El índice, elaborado por la escuela de Gobierno de la casa de estudios desde noviembre de 2001 y a partir de encuestas telefónicas a nivel nacional, se construye sobre una escala de 0 a 5. En términos interanuales, el ICG muestra una suba del 3,3%.

En la comparación histórica, el nivel actual es 9,6% mayor que el registrado en julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 44,3% más alto que el de julio de 2021, en la administración de Alberto Fernández.

El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG= de julio fue de 2,45 puntos, indicando un crecimiento del 4,9% respecto del
resultado de junio de 2025 (Estudio Universidad Di Tella)

Durante los primeros 19 meses de la presidencia de Milei, el promedio del ICG fue de 2,50 puntos, una cifra levemente inferior al promedio de la gestión Macri (2,59) y sensiblemente superior al de Fernández (2,18).

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Cómo se compone el índice de satisfacción

El incremento de julio estuvo impulsado por subas en cuatro de los cinco componentes del índice:

  • Capacidad para resolver los problemas del país: 2,88 puntos (+3,6%)
  • Honestidad de los funcionarios: 2,82 puntos (+5,2%)
  • Eficiencia en la administración del gasto público: 2,42 puntos (+3,0%)
  • Preocupación por el interés general: 2,11 puntos (+17,5%)

Las expectativas económicas también influyeron en la percepción del gobierno. Quienes creen que la situación mejorará dentro de un año registraron el nivel más alto de confianza: 4,17 puntos (+2,2%). En contraste, quienes consideran que todo seguirá igual alcanzaron los 2,81 puntos (+21,6%), y quienes anticipan un empeoramiento, apenas 0,55 puntos, aunque con un alza del 14,6%.

En cambio, el único componente que mostró una baja fue la evaluación general del gobierno, que cayó un 2,4%, ubicándose en 2,04 puntos.

Perfil de los encuestados

Al igual que en mediciones anteriores, el índice mostró diferencias significativas según el perfil demográfico y socioeconómico de los encuestados. La confianza fue mayor entre los hombres, los jóvenes, los habitantes del interior del país, quienes tienen mayor nivel educativo y quienes no fueron víctimas de delitos.

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El ICG de julio fue mayor entre los hombres (2,64 puntos, con un aumento del
3,1%) que entre las mujeres (2,25 puntos, con una variación positiva del 6,1%)

  • Por género: el ICG fue de 2,64 puntos entre los hombres (+3,1%) y de 2,25 entre las mujeres (+6,1%).
  • Por edad: el segmento de 18 a 29 años lideró con 2,79 puntos (+1,1%). Le siguieron los mayores de 50 (2,53 puntos, +9,5%) y el grupo de 30 a 49 años (2,26 puntos, +0,4%).
  • Por región: el interior del país mantuvo el nivel más alto de confianza (2,58 puntos, +3,6%), seguido de la Ciudad de Buenos Aires (2,45 puntos, +16,7%) y el Gran Buenos Aires (2,19 puntos, +3,8%).
  • Por nivel educativo: el índice fue más alto entre quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios (2,50 puntos, +7,3%), seguido por quienes completaron estudios secundarios (2,45 puntos, sin cambios) y primarios (2,15 puntos, +7,5%).

La inseguridad, un dato clave

Otro factor relevante que mostró una correlación con la confianza fue la experiencia de victimización delictiva. Entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses, el ICG fue de 2,53 puntos (+1,6%), mientras que entre quienes sí fueron víctimas, fue de 2,23 puntos, aunque con un aumento notable del 19,9%.

El ICG de julio fue nuevamente mayor entre aquellos entrevistados que dicen no
haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,53
puntos, con una variación positiva del 1,6%), que entre quienes dicen haber sido
víctimas (2,23 puntos, con un crecimiento del 19,9%)

Aunque no constituye un componente autónomo dentro del ICG, la seguridad opera como una dimensión transversal que afecta directamente la percepción de capacidad para resolver problemas, eficiencia del gasto público y preocupación por el interés general. En ese sentido, las políticas de seguridad no solo impactan en la evaluación general del gobierno, sino también en la credibilidad que tiene el Estado como garante de orden.

El hecho de que el índice haya crecido casi un 20% entre personas que vivieron situaciones delictivas indica que, más allá del hecho puntual, la percepción sobre el rumbo político en materia de seguridad puede estar cambiando, o al menos encontrando cierta legitimidad discursiva.

Según los analistas de la Escuela de Gobierno de la UTDT, el repunte en indicadores vinculados a la honestidad, la eficiencia y la preocupación por el interés general sugiere un cambio en la percepción pública sobre aspectos clave de la gestión actual, pese a que la evaluación general del gobierno continúe con leves retrocesos.

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POLITICA

Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones

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La Casa Rosada está evaluando hacer cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado por el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que acusó un presunto entramado de coimas de funcionarios con la droguería Suizo Argentina.

“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, afirmó una alta fuente de la cúpula presidencial. Esta intención se habría acelerado y tomado en cuenta en los últimos días.

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La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. En ese entonces se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.

¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

Hasta la semana pasada, la administración de Diego Spagnuolo inició 31 procesos licitatorios, según se desprenden de datos del portal Comprar. El mismo día en el que se echó al entonces titular, se implementó una decisión igual con Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS y un amplio conocedor de los procesos y convenios para la compra de medicamentos y otros insumos.

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Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones.

Con la llegada de Vilches, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.

Hay quienes recuerdan un caso similar al actual. A comienzos de año, Lugones determinó junto a la Presidencia de la Nación que había que intervenir la conducción del Hospital Bonaparte. El entonces director no acataba las órdenes sanitarias y se optó por esta modalidad. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, afirman.

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La pregunta que circula en relación a esta decisión -proveniente de la Casa Rosada- es si el oficialismo tiene la posibilidad de hacer este cambio administrativo, algo que fue muy habitual verlo durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, las cuales ya vencieron.

Muy cerca del Presidente dicen que pueden encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.

Noticia en desarrollo

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POLITICA

Los funcionarios Lugones y Vilches evitaron dar explicaciones en Diputados por la polémica en el área de Discapacidad

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El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron aparecer hoy en Diputados para explicar el escándalo que sacude a su área. Los funcionarios estaban citados a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, pero no se presentaron ni notificaron su ausencia.

En la reunión informativa, la oposición anticipó que avanzará con las interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora sobre el tema. El martes que viene la comisión de Discapacidad se volverá a reunir para tratar cuatro proyectos.

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Del plenario tampoco participaron ninguno de los 18 integrantes del oficialismo y de Pro. Algunos de los ausentes son, entre otros, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, como Silvia Lospennato y Martín Maquieyra, del macrismo.

Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de la comisión de Salud y Discapacidad, sin la presencia de Vilches y Lugones

La citación fue formalizada por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de ambas comisiones, tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en los que alude a un presunto cobro de coimas. En las escuchas se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria.

“No hemos tenido respuesta y tenemos la idea de que no van a venir”, dijo Yedlin sobre los funcionarios al comienzo del plenario. “No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y no vienen. Lamentablemente nos pasa parecido con los pedidos de informes que no se contestan y con las interpelaciones. Por el caso $LIBRA se interpeló al ministro de Economía –Luis Caputo– y todavía estamos esperando que venga”, recordó.

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Arroyo, autor de la emergencia en discapacidad -vetada por Javier Milei, aunque insistida por Diputados-, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Ni bien el Senado rechace con dos tercios el veto es una obligación de la Andis poner en marcha la ley”, advirtió.

Dos madres de personas con discapacidad, atendidos en el hospital Garrahan, hablaron en la comisión: Karina Alejandra Nieto madre de Amorina y Johanna Tricarico mamá de Bruno

El faltazo de Lugones y Vilches reforzó la línea del oficialismo de no dar explicaciones públicas. Ayer, Eduardo y Martín Menem -este último, titular de la Cámara baja- salieron a contestar y repitieron el mismo libreto: calificaron el material como “falso” y denunciaron una “operación” ligada a la campaña electoral.

Lugones, por su parte, movió fichas sin romper el silencio. Sin comunicado oficial, hizo saber a periodistas acreditados en la Casa Rosada que ordenará un sumario interno y una auditoría integral sobre la Andis en las próximas horas.

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Alejandro Vilches quedó a cargo de la Andis tras la salida de SpagnuoloSantiago oroz

Yedlin y Arroyo convocaron también a los autores de los proyectos que buscan esclarecer los hechos a través de interpelaciones a funcionarios, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora.

La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Lo anticipó Yedlin: “No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión emplazar a Asuntos Constitucionales por todos estos proyectos”, explicó.

Plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad

Juan Marino, de UP, subrayó la ausencia de los funcionarios. “Nos abre todo un debate sobre qué hacer con Andis”. Y sentenció: “Todos los días vemos el espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo, que todos terminan en Karina Milei y los Menem”.

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Esteban Paulón, del socialismo, enfatizó que lo que está en juego es “la institucionalidad y la palabra presidencial”. Tras ello, pidió por la creación de la comisión investigadora, que él impulsa. El diputado llevaba una remera con la leyenda “No era estúpido”, en alusión a la especulación de la ex Canciller, Diana Mondino, sobre el caso $LIBRA.

Sabrina Selva, de UP, cuestionó la dilación del presidente de la Cámara para comunicar la insistencia a la emergencia de Discapacidad al Senado, que tendrá la palabra final. “En el medio están las personas con discapacidad”, lamentó Selva, después de exigirle celeridad a Menem.

Como la única representante de la UCR, Natalia Sarapura remarcó que “se ha hecho costumbre” para el oficialismo “hacer silencio ante el escándalo”. La jujeña dictaminó: “Sin duda son indecentes”.

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Los nombres detrás de cada iniciativa trazan un apoyo nutrido. Unión por la Patria activó tres iniciativas: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar a Diego Spagnuolo; Selva solicitó citar a Lugones y a Karina Milei -reclamo que replicó la izquierda-; y Andrea Freites presentó un pedido de informes que pone la lupa en las contrataciones de la Andis con Suizo Argentina, el registro de proveedores y los presuntos “retornos” mencionados por el exfuncionario.

Desde el socialismo, Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, impulsan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.

En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El hilo conductor es el mismo: todas las iniciativas orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.

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escándalo,Eduardo,Martín Menem,ordenará un sumario interno y una auditoría integral,emplazamiento,Diana Mondino,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Presuntas coimas. Avanza el análisis de los teléfonos: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir,,Pelea en el clan Menem. Dos familiares de Lule y Martín toman distancia desde La Rioja por las presuntas coimas,,Análisis. Efecto Chocolate o fiesta de Olivos, la clave detrás del nuevo escándalo,Cámara de Diputados,,En el Congreso. La oposición busca interpelar a Karina Milei y presionar a Francos por el escándalo,,Lo aprobó Diputados. ¿Conviene cambiar el huso horario? Esta es la opinión de los especialistas,,»Gobierno corrupto e inmoral». El fuerte cruce entre Sturzenegger y López Murphy por el voto del diputado contra el veto a la ley de discapacidad

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POLITICA

En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, el Gobierno modificará el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad

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El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida que tiene en la mira el Ejecutivo luego de los avances de la Justicia sobre la causa.

La Casa Rosada tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo descentralizado, de forma que no pueda definir sus comprar y contrataciones sin intervención del Ministerio de Salud. “La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, expresan en Nación.

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Leé también: El Gobierno frena el aumento de las prestaciones en Discapacidad mientras define la judicialización de la ley

Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, Discapacidad

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