POLITICA
La Corte citó a audiencias a las provincias de La Pampa y Entre Ríos por reclamos de deudas previsionales millonarias


El escenario de los litigios entre provincias y el Estado nacional por deudas previsionales sumó nuevos capítulos, luego de que la Corte Suprema de la Nación convocara a audiencias de conciliación a La Pampa y Entre Ríos para abordar reclamos que, en conjunto, superan los $550.000 millones. De esta forma, el tribunal reforzó su postura de declararse competente en disputas que involucran a los estados federales y la Nación, extendiendo su intervención a una lista creciente de causas que trascienden el ámbito previsional.
La audiencia correspondiente a La Pampa fue fijada para el próximo miércoles 5, mientras que la de Entre Ríos tendrá lugar una semana después, el 12 de noviembre. En el caso pampeano, el gobierno encabezado por Sergio Ziliotto calcula que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) asciende a $400.000 millones, cifra que la provincia reclama en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.
La administración provincial presentó una medida cautelar urgente, argumentando dificultades de financiamiento derivadas de recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei.
En el caso de Entre Ríos, el reclamo fue formalizado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. La provincia exige el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada.
El fundamento de la demanda radica en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que establecía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según la provincia, el incumplimiento de estos compromisos generó un déficit en su sistema previsional.

Frigerio, quien se alió electoralmente con Javier Milei y obtuvo una victoria contundente en las elecciones provinciales, sostiene que la Nación no ha cumplido con las transferencias acordadas.
La competencia originaria
El máximo tribunal, al aceptar estos planteos, reiteró su competencia originaria en litigios entre provincias y el Estado nacional. En el caso de La Pampa, el escrito de la Corte señala: “Toda vez que la Provincia de La Pampa —a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional—, demanda al Estado Nacional —con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental—, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
La intervención de la Corte Suprema en estos conflictos no se limita a La Pampa y Entre Ríos. Otras provincias, como Santa Fe, también han presentado demandas por deudas previsionales. En el caso santafesino, la provincia reclama la reposición de anticipos mensuales automáticos de la Anses hacia la Caja de Jubilaciones, interrumpidos por decreto, y estima la deuda en $1,2 billones.
La provincia solicitó una medida cautelar para restablecer los pagos y el gobernador Maximiliano Pullaro asistió en junio a la audiencia de conciliación en la Corte, acompañado por sus antecesores Antonio Bonfatti y Omar Perotti.
El reclamo bonaerense
La provincia de Buenos Aires anunció que presentará ante la Corte un reclamo por una deuda previsional que calcula en $1,6 billones, atribuyendo al Estado nacional la falta de transferencias de la Anses a la caja previsional provincial, así como la paralización de otros programas y obras. Además, otras jurisdicciones como Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran en distintas etapas de formalización o negociación de reclamos previsionales, por montos millonarios.
La tramitación de estos expedientes revela diferencias metodológicas en el cálculo de las deudas: mientras las provincias suelen presentar el saldo acumulado y reclaman la reanudación del flujo mensual, la Nación propone ofertas parciales o planes de pago. Algunas provincias, como Córdoba, aceptaron acuerdos en ciertos tramos, mientras que otras, como Santa Fe, los rechazaron.
Otros planteos provinciales
El alcance de los litigios no se restringe al ámbito previsional. Según un relevamiento de Infobae, la coparticipación federal de impuestos constituye otro eje de conflicto. Varias provincias han demandado por la reducción del impuesto a las ganancias dispuesta por el Decreto 473/2023, que consideran afecta la masa coparticipable y, en consecuencia, sus ingresos. En este sentido, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco, entre otras, han iniciado acciones judiciales. También existen causas vinculadas a presuntos incumplimientos de los consensos fiscales de 2017 y 2021, con reclamos de Corrientes, Santa Cruz y San Luis.
Otras demandas específicas incluyen la falta de remisión de fondos, como en el caso de La Rioja, y el redireccionamiento de recursos originalmente destinados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con La Pampa como demandante. Entre los múltiples reclamos figuran la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la afectación del IVA (San Luis), y la plena coparticipación de impuestos como el de los débitos y créditos bancarios, el adicional al cigarrillo y el interno sobre seguros, todos impulsados por San Luis.
La eliminación de fondos nacionales que financiaban prestaciones provinciales ha motivado nuevos litigios. Chubut, La Pampa, La Rioja, Buenos Aires y Santa Fe demandaron la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público. Buenos Aires también reclama por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado. Además, varias provincias han presentado demandas por la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico.
En materia ambiental, la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques generó reclamos de La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires. Esta última también litiga por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
En el ámbito de la explotación de recursos, Chubut reclama la disposición de la Central Hidroeléctrica Futaleufú tras la finalización del contrato de concesión. Entre Ríos exige montos adeudados por la explotación de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande y daños y perjuicios por la intervención en el precio de lo producido por la represa. Mendoza, por su parte, demanda el pago de regalías pendientes del complejo hidroeléctrico El Nihuil.
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La interna del peronismo hizo caer dos proyectos de ley de Kicillof que habían sido aprobados en Diputados

Finalmente, en cuestión de horas, perderán estado parlamentario en el Senado bonaerense los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Se trata de dos iniciativas que llevaban la marca del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el gobernador Axel Kicillof, que habían sido aprobadas en la Cámara de Diputados, pero que no corrieron con la misma suerte en el Senado bonaerense.
Los motivos por los que no se trataron ambas iniciativas tienen distintos argumentos, pero un mismo hilo conductor: la interna en el peronismo que, en este caso, se trasladó al terreno legislativo y puntualmente al Senado bonaerense. Tras el recambio legislativo del 10 de diciembre y con la condición del quorum propio que consiguió el peronismo producto del triunfo electoral del pasado 7 de septiembre, un grupo de senadores que reportan —en mayor o menor grado— a Cristina Kirchner le pidieron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario que convocara a sesionar para tratar los proyectos de salud que perderían estado parlamentario. Pero también que se use la sesión para terminar de definir la distribución de las vicepresidencias de Cámara que, por falta de acuerdo dentro del peronismo, estaban y están sin resolver. La tensión se da por la vicepresidencia 1° de Cámara y la conducción del bloque del peronismo que hasta el momento sigue unificado, sin certezas de qué puede llegar a pasar en el futuro cercano cuando se retome la actividad legislativa.
Magario contestó ese requerimiento. El pasado 17 de diciembre convocó a sesionar, pero fechó el encuentro para el 26 de febrero. “El año que viene, eventualmente, se tratarán los proyectos que correspondan. Esos dos proyectos hace cuatro años que están dando vueltas y no fueron aprobados. Lamentablemente, eran proyectos muy importantes y fueron promovidos por el Ejecutivo, pero en este tiempo no se pudieron tratar”, planteó en las últimas horas el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ser consultado por la pérdida de estado parlamentario de ambas iniciativas.
En el Ejecutivo y el sector de kicillof evidencian un fastidio por la decisión del cristinismo de “no mover” las iniciativas en el Senado. En La Cámpora contestan que en Diputados, donde el kirchnerismo tiene influencia, se consiguieron los votos y se avanzó en la aprobación. El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara baja, Facundo Tignanelli, advirtió cuando se aprobó el endeudamiento que requería Kicillof: “Hoy se aprobó la ley de financiamiento de PBA que requería dos tercios de los votos. Había ingresado junto a la Fiscal y el Presupuesto el 4/11. Proyectos del poder ejecutivo en Diputados en 2025: 10, todos aprobados. 37 diputados del peronismo sobre 92. Resultado manda siempre”. Pareció ser una respuesta al Ejecutivo y una señal hacia el Senado, donde el proyecto de endeudamiento igualmente se aprobó.
Detrás de la caída de los proyectos de ley de salud está también el reparto de las vicepresidencias. La vicepresidencia 1° es disputada por el cristinismo y por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. Es un lugar de poder, ya que forma parte de la línea sucesoria del Ejecutivo, entre otros aspectos. Los legisladores que le requerían a Magario sesionar para tratar los proyectos de ley del Ejecutivo proponen al intendente en uso de licencia de José C.Paz, Mario Ishii, como vicepresidente 1° ; una propuesta hecha por la expresidenta Cristina Kirchner. En el kirchnerismo aducen que fue un gesto de apertura de la titular del Partido Justicialista, ya que Ishii es un intendente que no forma parte de La Cámpora; además que la postulación del paceño va a contramano de la opción de Kicillof que es la senadora Ayelén Durán. “Es un cerramiento que quiere hacer el gobernador en lugar de ampliar a otros sectores del peronismo”, planteaban fuentes cristinistas al tanto de las negociaciones. En el MDF acusaron al kirchnerismo de querer intervenir en la línea de sucesión. Hoy sin vicepresidencia 1°, la única vigente es la de Carlos Kikuchi; el ex armador de Javier Milei y actualmente con autonomía en el bloque Unión y Libertad, de los llamados libertarios dialoguistas.
“El 31 de diciembre se caen dos proyectos muy importantes para los bonaerenses en materia de salud que mandó el gobernador a la legislatura, ambos cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados y en el senado el peronismo tiene quorum propio y mayoría para convertirlos en ley. Si estos proyectos no son sancionados es por responsabilidad exclusiva de la Presidenta del Senado, Verónica Magario a quien se le pidió por nota en tres oportunidades que convoque sesión especial para su tratamiento y nunca respondió”, cruzó el senador de La Cámpora, Emmanuel González Santalla.

En el kirchnerismo además piden que los secretarios administrativos –Roberto Feletti– y legislativo –Luis Lata– no muevan expedientes hasta tanto se definan las vicepresidencias. A Magario, el senador Sergio Berni, le advirtió que si algunos de los secretarios hacen uso de sus facultades, estarán incurriendo en la comisión del delito de usurpación de títulos y honores. También pidieron dejan sin efecto las licencias otorgadas a los senadores Gabriel Katopodis (PJ) y Diego Valenzuela (LLA).
Otra discusión que quedó en suspenso es la presidencia del bloque peronista. Berni buscará conducir la bancada. Pero Kicillof quiere que sea uno propio; de hecho, ese lugar iba a quedar para Katopodis si el ministro no se pedía licencia y seguía como senador. Ahora, intentarán que la presidencia sea para el intendente de Alberti, Germán Lago. La resolución a estos conflictos internos serán parte del acuerdo o no que se haga dentro del Partido Justicialista bonaerense que, hasta el momento, renovará sus autoridades el 15 de marzo; resta saber si será mediante una interna o en una lista de unidad. Allí, Magario, tendrá un rol preponderante.
POLITICA
Una encuesta refleja un amplio rechazo a Claudio Tapia y su gestión en la AFA

En pleno momento de ebullición del escándalo por las sospechas de corrupción que afectan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, la consultora Escenarios relevó la imagen de la institución y de su presidente, entre otros puntos vinculados al funcionamiento de la organización del fútbol argentino. El resultado fue de fuerte rechazo a Tapia y a la entidad que rige los destinos del fútbol.
En una encuesta realizada entre el 4 y el 25 de diciembre, para la que se relevaron 800 casos, la consultora preguntó por la valoración de distintos dirigentes del fútbol argentino. Tapia fue el peor evaluado, con un 57,81% de valoraciones malas o muy malas, y solo un 26,58% de buenas o muy buenas.
En el extremo opuesto a Tapia se ubicó el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, opositor al titular de la AFA y sancionado por la entidad tras haberse opuesto al campeonato otorgado a Rosario Central el 20 de noviembre, en una decisión administrativa. Verón cosechó un 53,34% de valoraciones buenas o muy buenas, y un 11,31% de consideraciones malas o muy malas.
Consultados sobre cuál es “su valoración de la AFA como institución“, un 46,79% contestó ”mala” o “muy mala”, y el 31,83% consideró que es “buena” o “muy buena”. Y, al especificar la pregunta sobre la gestión de Tapia en la entidad, el 49,75% evaluó que es “mala” o “muy mala”. En cambio, un 27,21% le otorgó valoraciones positivas.
El trabajo de Escenarios, una consultora que dirigen Pablo Touzon y Federico Zapata, exhibió la desconfianza que reina sobre las decisiones de la AFA. Un 69,2% de los consultados dijo tener “poca” o “ninguna” confianza en que la entidad “tome decisiones de forma justa y transparente”; solo el 24,36% contestó que tiene ”mucha» o “bastante” confianza. El 71,12% consideró que las normas del fútbol no se aplican de la misma forma para todos los equipos, mientras que el 14% opinó en sentido contrario.
En ese contexto de mala imagen de Tapia y de la AFA, un 51,36% de los encuestados se mostró a favor de que el gobierno nacional audite “el funcionamiento interno de la AFA”. Por el contrario, un 38,9% contestó que no debería hacerlo. Con menor margen, se impuso la opinión favorable a una intervención de la AFA por parte del Gobierno, “si se detectan irregularidades”. En ese sentido, se expresó el 49,29%; un 40,98% respondió que no debería concretarse una intervención.
Este domingo, reveló que se desviaron US$42 millones de la AFA a sociedades fantasma desde los Estados Unidos. En el centro de la operatoria estuvo la empresa norteamericana TourProdEnter LLC, que fue autorizada por la institución que preside “Chiqui” Tapia a recaudar sus ingresos alrededor del mundo y que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Esa compañía derivó más del 15% a firmas sin empleados y sin actividad, administradas por personas de bajos recursos.
El campeonato otorgado a Rosario Central, que se concretó casi en paralelo al estallido de las denuncias contra Sur Finanzas, empresa cuyo titular es cercano a Tapia y a la AFA, fue rechazado por los encuestados. Un 71,83% afirmó estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con “la decisión de otorgar el campeonato a Rosario Central mediante resolución dirigencial”. Un 16,37%, por el contrario, sostuvo que está “muy de acuerdo” o “de acuerdo”.
la entidad,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,Medianoche en Aeroparque. El intento fallido de Faroni de dejar el país en un avión privado, con dos bolsas y sin teléfono,,El control de la calle. Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes y el Gobierno apelará: “Ni un paso atrás”, dijo Bullrich,,Documento clave. La empresa de Faroni pactó con la AFA quedarse con el 30% de sus ingresos comerciales en el exterior,AFA,,Nordelta. Esta es la casa de Javier Faroni que fue allanada por la causa AFA,,Los comienzos de Javier Faroni. De su Córdoba natal y su relación con Carlos Calvo a su vínculo con el escándalo de la AFA,,Afa en la lupa. Con dos bolsas y sin teléfono, así intentaba Javier Faroni dejar el país desde Aeroparque
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El descargo de la AFA tras los allanamientos: “Nos pusimos a entera disposición”

Luego de una nueva serie de allanamientos en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en la institución deportiva enviaron un descargo y aclararon que “la AFA en su totalidad, como ya había ocurrido en ocasión anterior, se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada».
Además, indicaron que los procedimientos se realizaron “por orden del Juez Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025 caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303, denunciante Auriga League S. A.”, tanto en la sede de la calle Viamonte como en el Predio de Ezeiza.
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En estos allanamientos, la Justicia encontró un contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni. Se trata de un documento de mayo de 2021.
Según pudo saber TN, el contrato le otorgaba a TourProdEnter la exclusividad para recaudar los fondos de los contratos hechos por la AFA en el exterior, como con sponsors, los contratos de televisación y la recaudación también de esos partidos.
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Los investigadores también encontraron como parte de esos movimientos financieros la recaudación de US$78 millones aportados por la empresa alemana que sponsorea la camiseta argentina.
Ahora, el juzgado a cargo de la investigación le pidió información a cuatro bancos de Estados Unidos sobre todas las transacciones entre esta empresa y las cuatro offshores involucradas.
En las últimas horas, Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.
También se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa.
La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, quien se encuentra en Uruguay.
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