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POLITICA

La Corte de Entre Ríos respondió las acusaciones sobre el manejo discrecional de fondos

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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) emitió un comunicado como respuesta a la investigación del portal Análisis, del periodista Daniel Enz, que expuso el manejo de viáticos, las licencias y los salarios millonarios que perciben los vocales, como así también las designaciones de personal en el Poder Judicial.

El comunicado del Stjer comenzó cuestionando el rigor periodístico de la publicación: “La nota no es fruto de una investigación periodística sino que se nutre de la información que el propio Superior Tribunal le brindó al señor Enz en el marco del expediente 1666/2025, iniciado, a su pedido y a tal fin”.

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Desde el portal Análisis refutaron dicha apreciación y resaltaron que el artículo “refleja un trabajo de cuatro meses que incluyó la consulta con más de 20 personas que van desde integrantes del propio Poder Judicial entrerriano, como así también de otras jurisdicciones provinciales, actuales funcionarios del Poder Judicial, exfuncionarios judiciales, gremialistas, entre otros”.

Asimismo el comunicado niega las cifras publicadas sobre gastos en viáticos, afirmando que el monto real abonado desde enero de 2022 a mayo de 2025 fue de $49.148.418,60, y no de $260.767.232 como publicó originalmente el portal Análisis.

“Lo que el periodista consigna como gastado y lo realmente gastado por el STJ en concepto de viáticos hay una diferencia de $211.618.813,40 (un 81,15% de diferencia de más)”, señalaron.

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Vale destacar que desde el medio reconocieron un error de tipeo en la cifra publicada en la nota inicial, error que fue subsanado en la publicación web, donde republicaron el monto corregido de 160.767.232 pesos. Y explicaron: “Siempre se consignó que se tomaba el cálculo a valores actuales, porque hacerlo de la otra manera era imposible cuantificarlo por la inflación acumulada en más de tres años y sin saberse qué porcentaje de aumento se iban dando los propios vocales, tal como hacen”.

La investigación expuso que desde 2022 hasta ahora la jueza Susana Medina de Rizzo se ausentó del Superior Tribunal 191 días hábiles, prácticamente un año judicial completo, y que cobra un sueldo de casi 15 millones de pesos. Medina presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y desde este año es directora para América Latina de la entidad.

Además, el informe mencionó el nombramiento sin concurso de más de 300 personas; entre ellas, una refugiada política siria designada por pedido expreso de la vocal Claudia Mizawak y un integrante de una fuerza de seguridad extranjera, perteneciente a una embajada, que estaba amenazado de muerte en Buenos Aires y que solamente permaneció unos meses en Paraná. Habría sido nombrado a instancias de la jueza Medina.

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La investigación reveló además que, en la actualidad, el monto que se paga como viático dentro del territorio entrerriano es 164.044 pesos por día, mientras que el de fuera de la provincia es 246.074 pesos. Y para viajar al exterior el monto llega a 369.111 pesos por día. Este dinero se paga a los vocales del Superior Tribunal aunque la movilidad territorial sea adentro de la propia provincia, en el territorio donde cumplen su función.

En el texto que rubrica el presidente del Stjer, Leonardo Portela, se especificó que todos los empleados del Poder Judicial perciben viáticos por traslados de acuerdo a las funciones realizadas (traslado, alojamiento y comida) y que los gastos del Alto Cuerpo son informados oportunamente al Tribunal de Cuentas de la provincia.

En cuanto a las designaciones de personal, el Stjer señaló que tal y como “se informó en el expediente 1666/2025, las designaciones obedecieron, en todos los casos, a situaciones puntuales: suplencias, interinatos y/o cobertura de nuevos cargos a cubrir mediante concursos (por ejemplo, equipos técnicos interdisciplinarios, ETI). Es decir, no hubo, ni hay, discrecionalidad por parte del Tribunal en cuanto al momento ni lugar en que se produce una vacante que resulta necesario cubrir. Estas se dan de modo muy frecuente durante la gestión y no cubrir el cargo implicaría incurrir en un acto de irresponsabilidad del Tribunal, ya que, como se dijo, se brinda un servicio esencial del Estado”.

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En relación a las licencias, el comunicado apuntó a explicar la condición especial del régimen laboral en el que se encuentra encuadrado el tribunal. Existen dos tipos de licencias: las ordinarias (vacaciones) y las extraordinarias (enfermedades, capacitaciones, etc.). Si bien todos los integrantes del Poder Judicial tienen derecho a ambas, los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Stjer) tienen una particularidad: deben estar disponibles los 365 días del año para atender procesos de amparo.

Por lo tanto, señalaron, cualquier ausencia de la provincia, incluso en días inhábiles o feriados, debe ser registrada en el sistema. Esto incrementa notablemente sus días de licencia informados en comparación con otros jueces, quienes no están obligados a informar salidas en días no laborables.

Sobre el sueldo de la jueza Medina, Portela aclaró en declaraciones a Radio 2820: “Más allá de que se trata de información pública, no puedo especificar el salario de cada uno de los vocales ya que algunos no accedieron a brindar esta información puntual, pero puedo decir que el monto de los salarios promedia los 10 millones de pesos mensuales y no las cifras consignadas en la nota periodística”.

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“Hay cuestiones que están en el informe que son reales”, reconoció Portela, a la vez que señaló que “49 millones de pesos como gasto en viáticos durante tres años y medio es mucho, puede serlo, la pregunta es comparado con qué. Si la comparación es con los otros poderes del Estado, no es mucho, es menos. Ahora si lo comparamos con la enfermera que se toma el colectivo de su casa y lo paga de su bolsillo, sí es mucho. Debemos pensar estos datos en contexto”, argumentó el presidente del Stjer.

Y opinó: “Hay que dar la discusión de fondo respecto de hacia dónde vamos y qué lugar le damos al Poder Judicial dentro de lo que es el Gobierno del Estado, porque el Gobierno del Estado lo ejercen los tres poderes. El Poder Judicial no puede ser la cenicienta del gobierno como lo estamos siendo actualmente, no le atribuyo la culpa a [el gobernador Rogelio] Frigerio en esto porque está haciendo malvares con lo que recibe de coparticipación de Nación, pero es una realidad”.

“Al Poder Judicial de Entre Ríos recibe menos de un tercio del presupuesto solicitado para el 2025. Con eso funcionamos. El presupuesto que solicitamos era de 1500 millones de pesos por mes, y nos quedamos cortos. La legislatura nos aprobó 1100 millones de pesos mensuales, pero nos están dando 490 millones de pesos, o sea que de lo que nosotros presupuestamos nos están dando menos de un tercio; en abril y mayo no nos dieron nada para obras”, cerró.

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El comunicado del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

A raíz de la nota publicada el 26 de junio del corriente en la versión impresa del semanario “Análisis”, suscripta por el señor Daniel Enz, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos se ve en la necesidad de aclarar diversas cuestiones.

En primer lugar, que la nota no es fruto de una investigación periodística sino que se nutre de la información que el propio Superior Tribunal le brindó al señor Enz en el marco del expediente 1666/2025, iniciado, a su pedido y a tal fin.

Viáticos

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Al respecto, se impone aclarar que el monto que se informa en la nota como gastado en concepto de viáticos desde 2022 a la fecha es inexacto. En un doble sentido: i) Porque se consigna en ella que se habrían gastado $260.767.232 por el período y esta cifra no se condice ni siquiera con los números que surgen de la propia nota, que sumando los totales de los cuadros publicados sería de $160.767.232. Una diferencia de 100 millones de pesos exactos. ii) Lo informado como gastos en concepto de viáticos es erróneo, además, porque, como se le hizo saber al señor Enz al brindársele información, lo real gastado en el período –enero 2022/mayo 2025-, asciende a $49.148.418,60. Es decir, entre lo que el periodista consigna como gastado y lo realmente gastado por el STJ en concepto de viáticos hay una diferencia de $211.618.813,40 (un 81,15% de diferencia de más).

Hay que aclarar también que todos los empleados del Poder Judicial perciben viáticos cuando se trasladan a raíz de una obligación funcional. Es decir, no solamente los vocales del Superior Tribunal lo hacen, sino todos los empleados del Poder Judicial. Además, este gasto, una vez ejecutado, se informa al Tribunal de Cuentas –como se hace con todos los gastos que tiene el Poder Judicial-, para que ejerza la función de contralor constitucionalmente atribuida.

Adicionalmente, es del caso señalar que es incorrecta la información volcada en la nota cuando expresa que el Poder Judicial no se encuentra incorporado al SIAF (Sistema integrado de administración financiera), ya que lo está, obligatoriamente, por formar parte de la estructura del Estado. Toda la información que el Poder Judicial genera es cargada al sistema y controlada por el Tribunal de Cuentas provincial de acuerdo a su reglamentación. Por supuesto que, como se explica en la página web del Ministerio de Hacienda, las claves y permisos que el Poder Judicial emplea, en idéntica situación que los otros poderes del Estado, no resultan accesibles a otros usuarios debido a la estricta atribución de responsabilidades que el sistema contempla.

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Este Tribunal tiene, además de la función jurisdiccional y al igual que los otros dos poderes del Estado, una función de gobierno, que debe asumir con responsabilidad. De allí surge la obligación de relacionarse institucionalmente, tanto con los otros poderes judiciales provinciales como con la Corte Suprema. Es decir, hay gastos, como los viáticos, que son inevitables. A ello se suma algo informado oportunamente al periodista; que algunos colegas del Superior Tribunal desempeñan cargos de dirección en instituciones federales (la Junta Federal de Cortes (JuFeJus), el Instituto de Capacitación Judicial de JuFeJus y el Instituto Federal de innovación, tecnología y justicia (IFITEJ), indispensables para la formación de la magistratura y para la cohesión gremial de la profesión.

Pero, además, hay que aclarar que cuando un vocal del Superior Tribunal se encuentra “en comisión” –lo que provoca que se le paguen viáticos-, sigue haciendo su trabajo; esto es, debe firmar digitalmente las sentencias que dicta y los actos administrativos en que participa.

De tal modo, teniendo en cuenta la aclaración que se hizo respecto de los montos reales gastados en este concepto en tres años y medio ($49.148.418,60), se puede advertir que se ha hecho un uso responsable y prudente de los fondos.

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Designaciones de personal

Como se informó, este Superior Tribunal ejerció atribuciones legales y reglamentarias para designar al personal cuya cobertura debe hacerse de modo inmediato para no afectar el servicio de justicia, que es un servicio esencial del Estado. En algunos casos se trata de cargos de las áreas mayordomía e intendencia –ajenos al ingreso por concurso al Poder Judicial-, y en otros de jueces y juezas, cuyas menciones quedan sin efecto cuando son cubiertos los cargos por las personas que resultan designadas mediante el mecanismo constitucionalmente previsto (Consejo de la Magistratura, Senado, Poder Ejecutivo). Para que el Superior Tribunal designe un/una agente debe darse necesariamente una vacante –por suplencia (enfermedad, nacimiento, cargo de mayor jerarquía), interinato (jubilación, renuncia o muerte)-, o la existencia de un nuevo cargo. No hay otra posibilidad y los cargos son creados por ley.

Como se informó en el expediente 1666/2025, las designaciones del Superior Tribunal obedecieron, en todos los casos, a situaciones puntuales: suplencias, interinatos y/o cobertura de nuevos cargos a cubrir mediante concursos (por ejemplo, equipos técnicos interdisciplinarios, ETI). Es decir, no hubo, ni hay, discrecionalidad por parte del Tribunal en cuanto al momento ni lugar en que se produce una vacante que resulta necesario cubrir. Estas se dan de modo muy frecuente durante la gestión y no cubrir el cargo implicaría incurrir en un acto de irresponsabilidad del Tribunal, ya que, como se dijo, se brinda un servicio esencial del Estado.

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Licencias

Al respecto corresponde aclarar que hay dos tipos de licencias; las ordinarias, tales como vacaciones y que son comunes a todos los integrantes del Poder Judicial, y las extraordinarias, que obedecen a cuestiones personales –enfermedades, nacimientos, capacitaciones, etc.

Los vocales del Superior Tribunal tienen derecho a ambas, pero con una particularidad: Tienen turnos permanentes los 365 días del año en lo que tiene que ver con procesos de amparo. De tal modo, cuando se ausentan de la provincia cualquiera de los días del año, sea hábil, inhábil, feriado o fin de semana, debe consignarlo en el sistema que registra las salidas de la jurisdicción.

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Es por ello que los días de licencia informados por los vocales del Superior Tribunal se ven notoriamente incrementados en relación a los días hábiles; para ellos todos los días son hábiles. Esta particularidad no se da con jueces y juezas de otras instancias, quienes no deben informar salidas de la jurisdicción en días inhábiles o feriados.

Leonardo Portela

Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

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POLITICA

Todas las fotos y los videos de los incidentes en la marcha del Congreso contra la reforma laboral

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En medio del fuerte debate sobre la reforma laboral que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, en las afueras del Congreso se registraron varios incidentes entre los manifestantes y la policía. Hubo gases lacrimógenos y disparos con balas de goma.

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Pasadas las 18, efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería avanzaron con la infantería para arrestar a algunos de los grupos de personas que derribaron al menos dos vallas que estaban en el perímetro del Congreso.

Más temprano, los incidentes se habían dado cuando las agrupaciones se concentraron frente al lugar donde estaban las fuerzas federales a pesar de la respuesta del camión hidrante y los gases lacrimógenos que lanzaron desde las primeras horas de la tarde para dispersar.

Los manifestantes arrojaron los gases lacrimógenos que lanzó la policía (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En las imágenes se puede observar cómo los efectivos intentaron aplicar el protocolo antipiquete para las agrupaciones, que no eran multitudinarias, pero que sí respondieron ante los intentos de las fuerzas federales. En ese marco, las personas afectadas fueron atendidas por personal médico, mientras que un grupo de personas generó más disturbios: prendieron fuego a basura en la calle.

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Los manifestantes intentaron derribar las vallas (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Desde un primer momento, algunos manifestantes comenzaron a lanzar botellas y palos a la Policía, y luego intentaron tirar una de las vallas. Si bien en un primer momento no respondieron las fuerzas, luego actuó un camión hidrante.

La intención de lanzar agua es para que se alejen de las vallas y no se generen conflictos cuerpo a cuerpo. De momento, algunos se refugian en una bandera de Argentina. Mientras que otros cantan “la patria no se vende”.

La vista desde arriba de la manifestanción (Gaston Taylor)

Justamente, mientras había enfrentamientos entre los efectivos federales, la Policía de la Ciudad bloqueó las arterias laterales que permiten evacuar la Plaza Congreso. Los efectivos alegan “razones de orden público” y no ofrecen indicaciones sobre qué vías alternativas se pueden tomar para salir.

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Lanzaron gases a los manifestantes (Gustavo Gavotti)

Permanecían cerradas Rodríguez Peña y Montevideo, ambas cerca de Bartolomé Mitre, así como también Paraná, Uruguay y Rivadavia. No se puede cambiar de dirección, solamente permiten caminar en línea recta, por lo que se complica la evacuación de quien quiera irse de Congreso.

Importante operativo en las arterias laterales en la zona del Congreso (Gustavo Gavotti)

La fuerza porteña incluso dispuso un camión de Infantería y varias motos en esos cortes. Un oficial dijo a Infobae: “Es por razones de orden público”. Ni él ni otros tres oficiales supieron indicar cuál era la vía de evacuación habilitada.

Dos mujeres reciben el agua del camión hidrante en medio de la protesta (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En la manifestación, se vieron afiches que tenían leyendas como: “No al banco de horas”, “No a las vacaciones fraccionadas”, “No a los descuentos en la licencia por enfermedad”, “No a las 12 horas de jornada laboral” y, en mayor presencia, “No a la reforma laboral esclavista”.

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También se exhiben fotografías de varios de los principales líderes sindicales de Argentina: Hugo Moyano, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Octavio Argüello. En todas ellas, sus rostros muestran los ojos tachados, manchas de sangre en la boca y cuernos. Todos los carteles llevan la misma consigna: “Traidor al pueblo trabajador”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en el inicio de la manifestación que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que se desarrolle de manera pacífica. “Marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, la funcionaria advirtió que habrá intervención ante posibles disturbios. “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar”, señaló, y agregó que el objetivo es evitar situaciones de desorden durante la jornada de protesta.

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Hubo incidentes entre los manifestantes y la policía (Gustavo Gavotti)

Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que iban a realizar una manifestación frente al Palacio Legislativo. También se concentraron Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA.

Fotos: Gustavo Gavotti

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POLITICA

El claro ganador de un juego de roles

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El dispar acatamiento del paro general de la CGT y la aprobación en general que se apresta a dar, esta madrugada, la Cámara de Diputados a la reforma laboral impulsada por el Gobierno expuso con fidelidad el juego de roles que cada uno de los actores políticos interpretó este jueves. Y reflejó cabalmente la correlación de fuerzas que hoy rige en la Argentina.

Como indica una tan pragmática como cínica máxima legislativa, “la oposición se quedó con los gritos y el Gobierno se llevó la ley”. Un ejemplo incontrastable de que nadie tiene el control absoluto de la situación, pero hay un ganador que ejerce un fuerte predominio en la escena pública.

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Es un hecho que, en su afán por avanzar con la reforma laboral, demandada por inversores, empresarios y acreedores, y con un alto nivel de apoyo o tolerancia social, la administración libertaria hizo concesiones que les preservan recursos vitales a las cajas sindicales. Y eso, sin embargo, no impidió que la central obrera concretara la cuarta medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. Un hecho incontrastable que se presta a varias conclusiones, menos definitivas que las que esa foto ofrece.

Para el ala maximalista del oficialismo, la concesión a los sindicatos y el paro de la CGT vienen a conformar un combo muy poco digerible y es causa de cierta frustración y preocupación. En cambio, para el ala pragmática y posibilista −hoy dominante en el Gobierno− es motivo de festejo sin restricciones por el solo y significativo hecho de haber avanzado con reformas que desde la recuperación de la democracia ningún gobierno no peronista había alcanzado.

La película que está filmándose y que se proyectará en el tiempo, sin embargo, ofrece más matices a la hora de las celebraciones y los lamentos.

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En primer lugar, el sector maximalista, encabezado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que pretendía avanzar a motosierra calada sobre los sindicatos y su flujo vital de ingresos, anotó ayer un punto a favor de su posición. Esgrime que ninguna concesión es suficiente para los gremialistas, como lo demuestra el paro general, y que su capacidad obstructiva se ve así preservada al no habérsele tocado el nervio vital de los recursos económicos, lo cual podría tener efectos en un futuro no lejano.

No obstante, deben reconocer los dogmáticos el gran logro efectivo y, también, simbólico que significa que las dos cámaras del Congreso aprueben casi sin contratiempos y por amplia mayoría el proyecto en general. Lo resalta más aún que la iniciativa oficial solo sufriera en su paso por el Congreso la amputación de una insólita reforma en el régimen de licencias por enfermedad y accidentes, introducida de forma irregular y subrepticia en la madrugada previa a la votación en el Senado. Aún cuando provocará la demora en su sanción por el regreso obligado a la Cámara alta. Pero en este punto solo podrían alegar torpeza y excesos propios no imputables a los adversarios.

Los posibilistas, devotos del resultadismo bilardista, resaltan con razón que la ley implica un antes y un después, no solo para la economía y las relaciones laborales, sino también en términos políticos.

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El apoyo de gobernadores peronistas, expresado a través del voto de los legisladores que les responden, y la impotencia probada del perokirchnerismo y de la representación parlamentaria sindical para impedir el avance de la reforma son expuestas como trofeos que subrayan la nueva geografía del mapa del poder real del país.

Al respecto, la frustración opositora fue resumida, antes de la votación en Diputados, en una frase por un legislador incapaz de ser sospechado de obrerista, que intentó sin éxito la inclusión de algunas reformas parciales al articulado.

“El Gobierno va a lograr todo lo que quiere gracias a la generación de gobernadores timoratos que le tocó”, expresó el diputado del bloque Provincias Unidas, que votó partido y condicionado por los mandatarios provinciales a los que responden algunos de sus integrantes.

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La discusión, sin embargo, no se agota en el resultado del tratamiento y la aprobación de la “ley de modernización laboral”, como le gusta al Gobierno que se la denomine. Tampoco en la estática evaluación de un paro general sin movilización, que tuvo apoyo dispar y en buena medida fue sustentado, como es habitual, por la adhesión de los gremios del transporte.

El debate tampoco puede reducirse a la poco masiva concurrencia de organizaciones políticas, sindicales y sociales antirreformistas que se reunió frente al Congreso. Y mucho menos a los choques de manifestantes con la policía, que, afortunadamente, lejos estuvieron de la virulencia de otras jornadas.

Todas ellas son piezas significativas del rompecabezas dinámico que es la Argentina en proceso de profunda transformación. Pero hay muchas más a tener en cuenta para sacar conclusiones y hacer proyecciones.

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Por lo pronto, el telón de fondo que rodeó a uno de los debates más relevantes del Congreso de los últimos años muestra que los logros y las políticas del Gobierno conservan un nivel relevante de aceptación (y tolerancia) social, así como siguen sin asomar espacios en condiciones de cuestionárselos efectivamente. Pero también dejó expuesto que para consolidarse todavía esos avances tienen mucho camino por transitar. Allí radica la preocupación de los maximalistas que no lograron su objetivo de acotar los ingresos sindicales.

Los comentarios formulados respecto de la Argentina de Milei por la vocera del Fondo Monetario Internacional en la mañana de este jueves no pudieron sintetizar mejor el cuadro de situación que muchos aquí observan, incluidos funcionarios del Gobierno.

Al reconocimiento por lo hecho en el plano macroeconómico, por la apertura comercial y por los retoques y avances en materia cambiaria y de acumulación de reservas, Julie Kosack le añadió un toque de atención.

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Si bien el llamado de la vocera a “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas” está en línea con advertencias anteriores expresadas por el board del mayor acreedor del país, el contexto le da mayores connotaciones.

Para el FMI, la solidez de los apoyos políticos y sociales es la única garantía de la sustentabilidad en el tiempo de las reformas que considera imprescindibles. Cualquier tropiezo que afecte la recuperación económica y la capacidad de repago de su mayor deudor, como es la Argentina, sería un grave problema para sus autoridades. Ya lo padecieron varios predecesores suyos.

El anuncio del cierre de la planta de fabricación de neumáticos Fate, con el consecuente despido de 920 trabajadores en la jornada previa al tratamiento de la reforma laboral en Diputados, le puso nombres, caras y números precisos a esos “costos”.

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También reflejó con crudeza la diferencia de velocidades y magnitudes entre la destrucción de lo “viejo” y la construcción de lo “nuevo”. Aun cuando en el caso concreto de Fate pudieran existir muchos otros elementos a considerar respecto de la media adoptada por la empresa de la familia Madanes, lo que llevó al Presidente a instalar la existencia de alguna maniobra conspirativa detrás de esa decisión.

Lo cierto es que la cuestión de la apertura comercial, el nivel del tipo de cambio, el desnivel de la cancha en la que dicen competir los empresarios nacionales y el efecto que todo eso tiene sobre la viabilidad de las compañías nacionales y, en definitiva, sobre el empleo viene siendo uno de los temas dominantes de este mes, en medio del tratamiento de la reforma laboral. A pesar de que el Gobierno los niega y se desgañita por evitar a través de sus voceros oficiales y oficiosos de que se destaquen en la agenda pública.

Más allá de los planteos que integran el compendio de críticas de la oposición más dura y de los sindicatos, esos temas habían sido instalados con fuerza a principios de mes, por el reclamo del CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, después de que una de sus empresas perdiera ante una compañía india, con insumos de origen chino, en la licitación privada para la construcción de un gasoducto.

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La metralla verbal que le dispararon al empresario ítalo-argentino desde la Casa Rosada por parte del propio Presidente y que fue amplificada por el Palacio de Hacienda y la milicia comunicacional mileísta solo fue el comienzo de una nueva etapa de beligerancia. Así, se rompió definitivamente la pax retórica electoral iniciada por Milei en las vísperas de los comicios de medio término, a los que llegaba atemorizado y de los que, finalmente, salió airoso rescatado por el gobierno de Donald Trump. Ayer se lo recordó en público el presidente estadounidense.

Grandes empresarios recibieron así las mismas toxinas que desde un comienzo le dispensan Milei y los suyos a opositores y, muy especialmente, a periodistas que conservan el espíritu crítico mínimo y esencial para el ejercicio honesto de esta profesión.

Curiosamente (o no), hombres de negocios como Roca y Madanes Quintanilla recibieron en estos días más ataques de funcionarios y comunicadores oficialistas que los dedicados a los sindicalistas. Una vez más toda voz que pueda resonar en los oídos de los adherentes no fanáticos del Gobierno es el objeto principal de los agravios y descalificaciones. Los opositores juegan un rol confirmatorio (principio de revelación, diría Milei), pero los que no se inscriben por pertenencia e identificación en el polo adversario resultan peligrosos para la narrativa oficial. Los votantes blandos y los agnósticos son tan lábiles como cruciales.

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Por eso, “conspiradores” y “golpistas” suelen ser algunas de las descalificaciones que el propio Milei les espeta a esos contradictores y con las que, inclusive, ha sabido echar a los gritos de su despacho a algunos interlocutores cuando osaron esbozar algún cuestionamiento.

La igualación que ayer hizo Donald Trump de Milei con el primer ministro húngaro, el populista nacionalista Viktor Orban, tal vez no haya sido otra extravagancia del presidente norteamericano. A pesar de las diferencias ideológicas y económicas que separan al europeo del argentino, ambos parecen compartir algunos tópicos y no solo el gusto por cantar a dúo en reuniones del club de política internacional trumpista.

El tono negativo para el Gobierno que tuvo la conversación en redes desde principio de mes y en la que la cuestión del empleo y la reforma laboral fueron disparadores de las expresiones críticas, según la consultora Ad hoc, no necesariamente es un reflejo fidedigno del clima social, pero en muchos casos suele ser anticipatorio.

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Los hechos indeseados de la realidad mencionados, a los que se sumó la recuperación de la centralidad de la inflación y su reflejo en la conversación pública, quizá expliquen la reactualización de la crispación mileísta y el recrudecimiento de los embates contra los contradictores.

El temor al contagio de los reclamos en el sector público (como los de la policía santafesina o los docentes bonaerenses) y a la caída de otras empresas manufactureras está a la orden del día en la agenda de preocupaciones oficiales.

De todas maneras, los logros estadísticos que el Gobierno publicita y los éxitos políticos, como la aprobación de la reforma laboral en las dos cámaras del Congreso, deberían ser motivo suficiente para que en la Casa Rosada y en las cuentas digitales de sus funcionarios y seguidores reinara un clima de satisfacción antes que de confrontación. Pero para el gran ganador del juego de roles no parece ser suficiente. Y tal vez no lo sea.

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Claudio Jacquelin,Reforma laboral,Javier Milei,Federico Sturzenegger,Conforme a,Reforma laboral,,»Cristina no estaría presa». Carignano cargó contra Jalil y los gobernadores peronistas que ayudaron al Gobierno,,Milei criticó a Carignano por la polémica de los micrófonos en Diputados,,Incidentes y al menos 7 detenidos. La policía avanzó sobre los manifestantes y dispersó la protesta contra la reforma laboral

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El lado B de la sesión en Diputados: tensiones, polémicas e irregularidades en el debate de la reforma laboral

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El debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados dejó varias situaciones extraordinarias. Algunas irregularidades, muchas tensiones y varias polémicas, en una discusión de un proyecto clave para la gestión del Presidente Javier Milei.

En el inicio nomás del debate, la primera intervención fue para el oficialismo, donde Lisandro Almirón realizó la defensa del dictamen de mayoría con la particularidad de que su discurso fue completamente leído. Esto generó un sinfín de críticas de la oposición, en especial del kirchnerismo, que incluso interrumpió su exposición para remarcar que no podía hacerlo de esa manera.

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Leé también: Reforma laboral: el oficialismo advierte que el kirchnerismo teje una estrategia para dilatar la sesión

Otro hecho insólito se generó con una diputada kirchnerista. La protagonista fue la legisladora Florencia Carignano, que fue filmada por la libertaria Lilia Lemoine mientras desconectaba los cables del taquígrafo.

“La kirchnerista Carignano agrede a los trabajadores del Congreso para intentar frenar la sesión. Esto es inaceptable. Miren como se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones”, afirmó desde su cuenta de X.

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Leé también: Dura crítica del Gobierno a la CGT por el paro: “Lo que hacen es complicarles la vida a los trabajadores”

En la misma línea, Lemoine remarcó: “Sin taquígrafos no habría un registro oficial confiable y público de las sesiones, lo que afectaría la transparencia legislativa y la validez jurídica de los debates. Son un pilar histórico (desde la época de Bartolomé Mitre) y técnico indispensable del funcionamiento parlamentario argentino… por eso Carignano los atacó”.

Otro hecho curioso fue cuando el kirchnerista Horacio Pietragalla cuestionó la cantidad de oradores permitidos y además apuntó contra la reforma laboral y la calificó de “esclavista”. “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. Acto seguido, se paró de su banca y fue hacia la presidencia de la Cámara para depositar una cadena en el escritorio.

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“A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, retrucó Martín Menem.

Antes ya se había dado una fuerte discusión por la cantidad de oradores permitidos. La Libertad Avanza logró imponer su voluntad de una lista acotada, de 40 personas, pero Unión por la Patria pretendía que fuese de participación libre, sin límite. Al no lograr su cometido, interrumpieron la sesión en reiteradas oportunidades, para dilatar la discusión.

Incluso en el Gobierno sospechan que el kirchnerismo teje una estrategia para postergar al máximo posible el debate. El oficialismo busca aprobar el proyecto este jueves para mañana mismo volver a tratarlo en comisión en el Senado y así poder aprobarlo en el recinto la semana que viene y convertirlo en ley.

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