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POLITICA

La Corte de Entre Ríos respondió las acusaciones sobre el manejo discrecional de fondos

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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) emitió un comunicado como respuesta a la investigación del portal Análisis, del periodista Daniel Enz, que expuso el manejo de viáticos, las licencias y los salarios millonarios que perciben los vocales, como así también las designaciones de personal en el Poder Judicial.

El comunicado del Stjer comenzó cuestionando el rigor periodístico de la publicación: “La nota no es fruto de una investigación periodística sino que se nutre de la información que el propio Superior Tribunal le brindó al señor Enz en el marco del expediente 1666/2025, iniciado, a su pedido y a tal fin”.

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Desde el portal Análisis refutaron dicha apreciación y resaltaron que el artículo “refleja un trabajo de cuatro meses que incluyó la consulta con más de 20 personas que van desde integrantes del propio Poder Judicial entrerriano, como así también de otras jurisdicciones provinciales, actuales funcionarios del Poder Judicial, exfuncionarios judiciales, gremialistas, entre otros”.

Asimismo el comunicado niega las cifras publicadas sobre gastos en viáticos, afirmando que el monto real abonado desde enero de 2022 a mayo de 2025 fue de $49.148.418,60, y no de $260.767.232 como publicó originalmente el portal Análisis.

“Lo que el periodista consigna como gastado y lo realmente gastado por el STJ en concepto de viáticos hay una diferencia de $211.618.813,40 (un 81,15% de diferencia de más)”, señalaron.

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Vale destacar que desde el medio reconocieron un error de tipeo en la cifra publicada en la nota inicial, error que fue subsanado en la publicación web, donde republicaron el monto corregido de 160.767.232 pesos. Y explicaron: “Siempre se consignó que se tomaba el cálculo a valores actuales, porque hacerlo de la otra manera era imposible cuantificarlo por la inflación acumulada en más de tres años y sin saberse qué porcentaje de aumento se iban dando los propios vocales, tal como hacen”.

La investigación expuso que desde 2022 hasta ahora la jueza Susana Medina de Rizzo se ausentó del Superior Tribunal 191 días hábiles, prácticamente un año judicial completo, y que cobra un sueldo de casi 15 millones de pesos. Medina presidió la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y desde este año es directora para América Latina de la entidad.

Además, el informe mencionó el nombramiento sin concurso de más de 300 personas; entre ellas, una refugiada política siria designada por pedido expreso de la vocal Claudia Mizawak y un integrante de una fuerza de seguridad extranjera, perteneciente a una embajada, que estaba amenazado de muerte en Buenos Aires y que solamente permaneció unos meses en Paraná. Habría sido nombrado a instancias de la jueza Medina.

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La investigación reveló además que, en la actualidad, el monto que se paga como viático dentro del territorio entrerriano es 164.044 pesos por día, mientras que el de fuera de la provincia es 246.074 pesos. Y para viajar al exterior el monto llega a 369.111 pesos por día. Este dinero se paga a los vocales del Superior Tribunal aunque la movilidad territorial sea adentro de la propia provincia, en el territorio donde cumplen su función.

En el texto que rubrica el presidente del Stjer, Leonardo Portela, se especificó que todos los empleados del Poder Judicial perciben viáticos por traslados de acuerdo a las funciones realizadas (traslado, alojamiento y comida) y que los gastos del Alto Cuerpo son informados oportunamente al Tribunal de Cuentas de la provincia.

En cuanto a las designaciones de personal, el Stjer señaló que tal y como “se informó en el expediente 1666/2025, las designaciones obedecieron, en todos los casos, a situaciones puntuales: suplencias, interinatos y/o cobertura de nuevos cargos a cubrir mediante concursos (por ejemplo, equipos técnicos interdisciplinarios, ETI). Es decir, no hubo, ni hay, discrecionalidad por parte del Tribunal en cuanto al momento ni lugar en que se produce una vacante que resulta necesario cubrir. Estas se dan de modo muy frecuente durante la gestión y no cubrir el cargo implicaría incurrir en un acto de irresponsabilidad del Tribunal, ya que, como se dijo, se brinda un servicio esencial del Estado”.

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En relación a las licencias, el comunicado apuntó a explicar la condición especial del régimen laboral en el que se encuentra encuadrado el tribunal. Existen dos tipos de licencias: las ordinarias (vacaciones) y las extraordinarias (enfermedades, capacitaciones, etc.). Si bien todos los integrantes del Poder Judicial tienen derecho a ambas, los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Stjer) tienen una particularidad: deben estar disponibles los 365 días del año para atender procesos de amparo.

Por lo tanto, señalaron, cualquier ausencia de la provincia, incluso en días inhábiles o feriados, debe ser registrada en el sistema. Esto incrementa notablemente sus días de licencia informados en comparación con otros jueces, quienes no están obligados a informar salidas en días no laborables.

Sobre el sueldo de la jueza Medina, Portela aclaró en declaraciones a Radio 2820: “Más allá de que se trata de información pública, no puedo especificar el salario de cada uno de los vocales ya que algunos no accedieron a brindar esta información puntual, pero puedo decir que el monto de los salarios promedia los 10 millones de pesos mensuales y no las cifras consignadas en la nota periodística”.

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“Hay cuestiones que están en el informe que son reales”, reconoció Portela, a la vez que señaló que “49 millones de pesos como gasto en viáticos durante tres años y medio es mucho, puede serlo, la pregunta es comparado con qué. Si la comparación es con los otros poderes del Estado, no es mucho, es menos. Ahora si lo comparamos con la enfermera que se toma el colectivo de su casa y lo paga de su bolsillo, sí es mucho. Debemos pensar estos datos en contexto”, argumentó el presidente del Stjer.

Y opinó: “Hay que dar la discusión de fondo respecto de hacia dónde vamos y qué lugar le damos al Poder Judicial dentro de lo que es el Gobierno del Estado, porque el Gobierno del Estado lo ejercen los tres poderes. El Poder Judicial no puede ser la cenicienta del gobierno como lo estamos siendo actualmente, no le atribuyo la culpa a [el gobernador Rogelio] Frigerio en esto porque está haciendo malvares con lo que recibe de coparticipación de Nación, pero es una realidad”.

“Al Poder Judicial de Entre Ríos recibe menos de un tercio del presupuesto solicitado para el 2025. Con eso funcionamos. El presupuesto que solicitamos era de 1500 millones de pesos por mes, y nos quedamos cortos. La legislatura nos aprobó 1100 millones de pesos mensuales, pero nos están dando 490 millones de pesos, o sea que de lo que nosotros presupuestamos nos están dando menos de un tercio; en abril y mayo no nos dieron nada para obras”, cerró.

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El comunicado del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

A raíz de la nota publicada el 26 de junio del corriente en la versión impresa del semanario “Análisis”, suscripta por el señor Daniel Enz, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos se ve en la necesidad de aclarar diversas cuestiones.

En primer lugar, que la nota no es fruto de una investigación periodística sino que se nutre de la información que el propio Superior Tribunal le brindó al señor Enz en el marco del expediente 1666/2025, iniciado, a su pedido y a tal fin.

Viáticos

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Al respecto, se impone aclarar que el monto que se informa en la nota como gastado en concepto de viáticos desde 2022 a la fecha es inexacto. En un doble sentido: i) Porque se consigna en ella que se habrían gastado $260.767.232 por el período y esta cifra no se condice ni siquiera con los números que surgen de la propia nota, que sumando los totales de los cuadros publicados sería de $160.767.232. Una diferencia de 100 millones de pesos exactos. ii) Lo informado como gastos en concepto de viáticos es erróneo, además, porque, como se le hizo saber al señor Enz al brindársele información, lo real gastado en el período –enero 2022/mayo 2025-, asciende a $49.148.418,60. Es decir, entre lo que el periodista consigna como gastado y lo realmente gastado por el STJ en concepto de viáticos hay una diferencia de $211.618.813,40 (un 81,15% de diferencia de más).

Hay que aclarar también que todos los empleados del Poder Judicial perciben viáticos cuando se trasladan a raíz de una obligación funcional. Es decir, no solamente los vocales del Superior Tribunal lo hacen, sino todos los empleados del Poder Judicial. Además, este gasto, una vez ejecutado, se informa al Tribunal de Cuentas –como se hace con todos los gastos que tiene el Poder Judicial-, para que ejerza la función de contralor constitucionalmente atribuida.

Adicionalmente, es del caso señalar que es incorrecta la información volcada en la nota cuando expresa que el Poder Judicial no se encuentra incorporado al SIAF (Sistema integrado de administración financiera), ya que lo está, obligatoriamente, por formar parte de la estructura del Estado. Toda la información que el Poder Judicial genera es cargada al sistema y controlada por el Tribunal de Cuentas provincial de acuerdo a su reglamentación. Por supuesto que, como se explica en la página web del Ministerio de Hacienda, las claves y permisos que el Poder Judicial emplea, en idéntica situación que los otros poderes del Estado, no resultan accesibles a otros usuarios debido a la estricta atribución de responsabilidades que el sistema contempla.

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Este Tribunal tiene, además de la función jurisdiccional y al igual que los otros dos poderes del Estado, una función de gobierno, que debe asumir con responsabilidad. De allí surge la obligación de relacionarse institucionalmente, tanto con los otros poderes judiciales provinciales como con la Corte Suprema. Es decir, hay gastos, como los viáticos, que son inevitables. A ello se suma algo informado oportunamente al periodista; que algunos colegas del Superior Tribunal desempeñan cargos de dirección en instituciones federales (la Junta Federal de Cortes (JuFeJus), el Instituto de Capacitación Judicial de JuFeJus y el Instituto Federal de innovación, tecnología y justicia (IFITEJ), indispensables para la formación de la magistratura y para la cohesión gremial de la profesión.

Pero, además, hay que aclarar que cuando un vocal del Superior Tribunal se encuentra “en comisión” –lo que provoca que se le paguen viáticos-, sigue haciendo su trabajo; esto es, debe firmar digitalmente las sentencias que dicta y los actos administrativos en que participa.

De tal modo, teniendo en cuenta la aclaración que se hizo respecto de los montos reales gastados en este concepto en tres años y medio ($49.148.418,60), se puede advertir que se ha hecho un uso responsable y prudente de los fondos.

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Designaciones de personal

Como se informó, este Superior Tribunal ejerció atribuciones legales y reglamentarias para designar al personal cuya cobertura debe hacerse de modo inmediato para no afectar el servicio de justicia, que es un servicio esencial del Estado. En algunos casos se trata de cargos de las áreas mayordomía e intendencia –ajenos al ingreso por concurso al Poder Judicial-, y en otros de jueces y juezas, cuyas menciones quedan sin efecto cuando son cubiertos los cargos por las personas que resultan designadas mediante el mecanismo constitucionalmente previsto (Consejo de la Magistratura, Senado, Poder Ejecutivo). Para que el Superior Tribunal designe un/una agente debe darse necesariamente una vacante –por suplencia (enfermedad, nacimiento, cargo de mayor jerarquía), interinato (jubilación, renuncia o muerte)-, o la existencia de un nuevo cargo. No hay otra posibilidad y los cargos son creados por ley.

Como se informó en el expediente 1666/2025, las designaciones del Superior Tribunal obedecieron, en todos los casos, a situaciones puntuales: suplencias, interinatos y/o cobertura de nuevos cargos a cubrir mediante concursos (por ejemplo, equipos técnicos interdisciplinarios, ETI). Es decir, no hubo, ni hay, discrecionalidad por parte del Tribunal en cuanto al momento ni lugar en que se produce una vacante que resulta necesario cubrir. Estas se dan de modo muy frecuente durante la gestión y no cubrir el cargo implicaría incurrir en un acto de irresponsabilidad del Tribunal, ya que, como se dijo, se brinda un servicio esencial del Estado.

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Licencias

Al respecto corresponde aclarar que hay dos tipos de licencias; las ordinarias, tales como vacaciones y que son comunes a todos los integrantes del Poder Judicial, y las extraordinarias, que obedecen a cuestiones personales –enfermedades, nacimientos, capacitaciones, etc.

Los vocales del Superior Tribunal tienen derecho a ambas, pero con una particularidad: Tienen turnos permanentes los 365 días del año en lo que tiene que ver con procesos de amparo. De tal modo, cuando se ausentan de la provincia cualquiera de los días del año, sea hábil, inhábil, feriado o fin de semana, debe consignarlo en el sistema que registra las salidas de la jurisdicción.

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Es por ello que los días de licencia informados por los vocales del Superior Tribunal se ven notoriamente incrementados en relación a los días hábiles; para ellos todos los días son hábiles. Esta particularidad no se da con jueces y juezas de otras instancias, quienes no deben informar salidas de la jurisdicción en días inhábiles o feriados.

Leonardo Portela

Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

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POLITICA

El exministro Julio De Vido permanece bajo cuidados intensivos tras sufrir un problema cardíaco

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El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue internado de urgencia el 1 de abril tras presentar una arritmia, según el diagnóstico inicial de médicos del Servicio Penitenciario Federal que lo atendieron en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra preso tras ser condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta-no haber controlado el destino de los fondos públicos- y absuelto por estrago culposo -las 52 muertes y los heridos- en la causa por la Tragedia de Once.

Fuentes cercanas al ex funcionario kirchnerista contaron a Infobae que el miércoles se le detectó una fibrilación auricular que motivó su traslado a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo cuidados intensivos desde el jueves. Este viernes le realizaron un procedimiento cardiaco que permitió estabilizar su condición. El seguimiento actual incluye monitoreo constante y administración de anticoagulantes por vía intravenosa, y durante la próxima semana se le realizarán más estudios para evaluar su estado

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El exfuncionario presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.

“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro reiteró ese día su pedido de prisión domiciliaria.

De Vido declaró el 17 de marzo en Comodoro Py durante el debate por la causa Cuadernos

Las palabras de De Vido se dieron ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en el debate por la causa Cuadernos tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro en la causa conocida como “Once 2″.

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Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.

“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.

El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. Días antes, el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.

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“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.

El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.

En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.

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De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.

Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.

Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.

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Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.

La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.

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POLITICA

Tras ser declarado “persona non grata” por el Gobierno, el Encargado de Negocios de Irán abandonó el país

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El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.

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El tuit del canciller Pablo Quirno

El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

El comunicado que difundió la Rapública Islamista de Irán a través de su embajada en Uruguay

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzoelevar el nivel de seguridad a “Alto”e implementarunprotocolo especialdestinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

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En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

Pablo Quirno, canciller argentino

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

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“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

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POLITICA

El Gobierno confirmó que el máximo representante diplomático de Irán ya abandonó la Argentina

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El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó en su cuenta de X.

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El jueves, el gobierno de Javier Milei le ordenó a Tehrani que abandone el país en 48 horas, en lo que significó un quiebre definitivo entre ambos países, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay condenada la decisión de la Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

“La decisión [de expulsar a Tehrani] se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería entonces en un comunicado.

Así, el Gobierno resolvió avanzar sin pausa en el distanciamiento con Irán. Tehrani era la última representación del régimen en el país y su expulsión es el “paso previo” a romper relaciones diplomáticas, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.

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La embajada de Irán en Buenos Aires era encabezada por un encargado de negocios desde agosto de 1994, un mes después del atentado a la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas y causa en la que ese país está sindicado como responsable. Tehrani, por su parte, era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en la Argentina.

La decisión de expulsarlo va en línea con la lógica geopolítica que Milei tiene desde su llegada al poder, que se expresa en una condena al terrorismo y en completa alineación con Estados Unidos e Israel, que están en guerra desde el 28 de febrero pasado con Irán.

El miércoles por la tarde, Irán condenó que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

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“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen.

Asimismo sostuvo que la declaración es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtió que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní a través de su embajada en UruguayCaptura

El gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.

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Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.

Las implicancias para la Argentina

La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Milei se plantó el mes pasado como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales.

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Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.


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