POLITICA
La Corte revocó una condena contra directivos de Telecom en un juicio laboral, aunque responsabilizó a la empresa
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que condenaba a directivos de la empresa Telecom Argentina SA a pagar solidariamente una indemnización como corresponsables del despido de un empleado de la firma. Entre los beneficiados por la sentencia se encuentra el actual canciller Gerardo Werthein.
Si bien el máximo tribunal dejó firme la decisión de responsabilizar a la compañía por la demanda laboral, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti objetaron la decisión de la Cámara del Trabajo por haber extendido esa condena a los integrantes del directorio.
Los jueces supremos sostuvieron que esa interpretación solo podría hacerse de manera “excepcional” y si hay pruebas concretas para respaldarla.
El caso analizó el despido de Javier Darío Oviedo, quien llevaba adelante tareas de reparación e instalación de líneas telefónicas.
Según la demanda, las tareas se realizaban bajo la dirección de Telecom SA, pero la empresa, “a fin de ocultar el carácter de empleadora directa, había interpuesto fraudulentamente en la relación a otras dos intermediarias: Tel 3 SA y Cotelar SRL”.
En primera instancia, el fallo hizo lugar a la demanda contra las tres empresas, por entender que existió una única relación laboral y ordenó el pago en concepto de indemnización derivada del despido, más la reparación prevista por una infracción a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, el tribunal rechazó los reclamos de horas extras, reparación del daño moral y sanción por temeridad y malicia.
El caso llegó a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que confirmó esa decisión de primera instancia y extendió la condena indemnizatoria a Enrique Garrido, Andrea Mangoni y Gerardo Werthein, quienes habían presidido o integrado el directorio de Telecom. Werthein ahora es canciller.
Según la Cámara, los directivos obraron con pleno conocimiento de la naturaleza de la relación y tuvieron la deliberada intención de no registrar el vínculo con el accionante, por lo que resultaron solidariamente responsables.
Tanto la empresa como la defensa de cada uno de los directivos apelaron y llegaron en queja a la Corte Suprema. Sostuvieron que se trató de una decisión arbitraria y que se les extendió la responsabilidad por el mero hecho de ocupar el cargo de directores de Telecom sin que mediara actuación personal alguna en el acto dañoso.
Werthein sostuvo que en empresas de envergadura como Telecom las funciones del directorio se orientan a la tarea de resolver las cuestiones estratégicas generales y supervisar la primera línea de ejecutivos y que, para su correcto funcionamiento, se delegan las funciones de administración y gestión de los negocios sociales ordinarios y su ejecución.
En tanto, Mangoni aseveró que la sentencia “omitió toda consideración acerca de su falta de intervención personal en los actos cuestionados”. Explicó que reside en Italia, que no participó en reunión alguna de directorio en la que se hubiera decidido la contratación de Tel 3 SA o Cotelar SRL y ocupó el cargo de director de Telecom varios años después del ingreso del trabajador reclamante.
Garrido, por su parte, postuló que la contratación de la empresa Tel 3 SA era anterior al comienzo de su desempeño en el directorio y aseguró que no era posible atribuir responsabilidad a los directores en forma automática.
La Procuración General propuso desestimar los recursos. Ahora, oídas las dos partes y cada uno por su voto, los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron lugar a las quejas, revocaron la decisión de la Cámara del Trabajo por arbitraria y ordenaron que se dicte un nuevo fallo con los lineamientos fijados.
Tras repasar las conclusiones a las que llegó la Cámara del Trabajo, el presidente de la Corte Rosatti afirmó que el tribunal laboral “omitió mencionar en qué circunstancias comprobadas de la causa encontraban sustento” la decisión de atribuirles la responsabilidad de cada uno de los directivos de la firma y, “de ese modo, permitir a los recurrentes el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional”.
En ese orden, Rosatti aseguró que el fallo analizado “omitió ponderar en debida forma dos argumentos defensivos de relevancia”.
El primero, vinculado con que en las grandes empresas “los miembros del directorio no pueden participar personalmente en las decisiones que se adoptan para la marcha ordinaria de los negocios” y por ende “no cabe exigirles una supervisión personal de cada contratación realizada”.
El segundo argumento no sopesado apuntaba a cotejar el lapso durante el cual cada uno de los codemandados integró el directorio en relación al momento en que el trabajador prestó funciones en la empresa. Se trata, dijo, de una “circunstancia ineludible a los efectos de establecer si correspondía imputarles la responsabilidad subjetiva que contempla la ley 19550”.
Rosenkrantz advirtió que “la atribución de responsabilidad personal a los miembros del directorio de una sociedad anónima de acuerdo con lo previsto en los arts. 59 y 274 de la ley de Sociedades debe juzgarse como de carácter excepcional y estar debidamente justificada, es decir, apoyarse en una cabal comprobación de que éstos incurrieron en un mal desempeño de sus cargos por no actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios”.
“En ese marco, es claro que las exigencias que impone el estándar de un buen hombre de negocios varían según el contexto. Cuando se trata de empresas de gran envergadura (empresas que cuentan con gran cantidad de personal, significativo capital accionario, diversidad de funciones y descentralización administrativa y/o territorial), es indudable que los directores no pueden revisar personalmente todas las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios. Basta que se cercioren de que existan mecanismos de control apropiados, es decir, mecanismos que hagan probable prevenir o enmendar las irregularidades que la normativa laboral sanciona”, sostuvo.
Según destacó, “para atribuirles la responsabilidad solidaria que contempla la ley de sociedades, la cámara partió de la premisa de que los directores codemandados tuvieron una participación directa en la gestión de los negocios empresariales que dieron lugar a la contratación del demandante a través de otras empresas”, pero el tribunal “no explicó en modo alguno en qué circunstancias comprobadas de la causa basaba sus conclusiones”.
Rosenkrantz afirmó que “para dar un adecuado tratamiento a ese serio planteo, los jueces debieron examinar, mediante la compulsa de la pruebas contable y testifical aportadas al respecto si el directorio efectivamente había delegado en la línea gerencial de la empresa la gestión de las contrataciones inherentes a la prestación de servicios personales y si, en tal caso, había establecido un sistema de control adecuado que hiciera probable prevenir o enmendar las irregularidades que la normativa laboral sanciona”. Acotó que, además, se debía comprobar cuándo intervino cada director en la empresa.
Tras hacer hincapié en el “criterio restrictivo” a la hora de aplicar la extensión de responsabilidad de los directores de una empresa, el juez Lorenzetti resaltó que “la solidaridad no se presume” y que “es necesario demostrar el daño que ha mediado por mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave”.
El juez afirmó que en la causa debió haberse ponderado “la existencia de factores eximentes de la responsabilidad, como el desconocimiento excusable”. Según señaló, en el caso “se ignoró totalmente el hecho demostrado de que, en grandes empresas, los miembros del directorio de la sociedad no pueden participar personalmente” en las decisiones diarias “para la marcha ordinaria de los negocios”.
POLITICA
El oficialismo apura en Diputados la sanción de la reforma laboral, pero crece la resistencia por los límites a las licencias
Envalentonado luego de su rutilante triunfo en el Senado, donde aprobó con holgada mayoría el proyecto de modernización laboral, el oficialismo va por más: quiere pasar a la historia como el primer gobierno que logra reformar una ley inmaculada para el peronismo en tiempo récord, en menos de un mes.
Semejante desafío tendrá su escenario en la Cámara de Diputados, donde los libertarios buscarán aprobar a libro cerrado el texto proveniente del Senado. A tal fin convocó a firmar dictamen el miércoles próximo para convertirlo en ley la semana siguiente.
Se encontrará, sin embargo, con la resistencia de un sector de la oposición que, si bien respalda el proyecto en líneas generales, buscará introducir modificaciones en al menos tres capítulos claves: el nuevo régimen que reduce el pago de salarios (hasta un 75%) por enfermedades y accidentes; el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.
Senadora Patricia BullrichFabián Marelli
Cualquier cambio -aunque mínimo- en la media sanción ya aprobada significaría un traspié para el oficialismo. El texto debería retornar para su revisión a la cámara de origen y los tiempos se estirarían sin plazo, para disgusto de un gobierno ávido de exhibir señales de fortaleza política a los mercados. Festejaría el peronismo que, derrotado en el Senado, se ilusiona con una sobrevida en su cruzada contra el proyecto. Aunque sea fugaz.
El oficialismo confía en su buena estrella. Si los bloques que le prestaron su apoyo en el Senado replican su voto en la Cámara de Diputados, la aprobación en general del proyecto no debería peligrar, aseguran. Sus cálculos le arrojan un piso de, al menos, 131 votos.
El panorama, sin embargo, no se presenta tan clara en la votación en particular del articulado: a los libertarios no se les escapa que los senadores por Córdoba, Neuquén y Salta –que en la Cámara de Diputados totalizan una decena de votos- se desmarcaron con su rechazo en algunos capítulos sensibles.
Un dato por demás sugestivo –que no pasó desapercibido en el radar oficialista- es que Catamarca, provincia que creía aliada, esta vez le dio la espalda al Gobierno. El senador Guillermo Andrada, alfil del gobernador peronista Raúl Jalil, votó en contra de todo el proyecto, tanto en general como en particular.
También lo rechazaron los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza, esta última cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, otro mandatario de buen diálogo con el Gobierno.
En la Cámara de Diputados Jalil cuenta con tres legisladores, mientras que Jaldo con otros tres. Seis voluntades que podrían ser decisivas en una votación eventualmente ajustada.
Enfermedades y accidentes
Al igual que en el Senado, el oficialismo buscará que la votación en particular se realice por título para agilizar el trámite y evitar que cualquier modificación en algún capítulo o artículo que lo integre lo obligue a postergar la sanción de la ley. El proyecto consta de 26 títulos y 212 artículos.
Esta estrategia entraña sus riesgos, sin embargo; en diciembre pasado, por caso, la oposición le volteó todo un capítulo del presupuesto 2026 por la decisión caprichosa del Ministerio de Economía de incluir allí, a último momento, un artículo para derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia a la discapacidad.
Las alarmas vuelven a encenderse, esta vez con el capítulo VII del proyecto. Está incluido en el título primero, que es el corazón de toda la reforma pues modifica aspectos claves de la ley actual de contrato de trabajo.
El capítulo VII se anticipa como uno de los más conflictivos en el debate: allí se establece que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos a las tareas laborales, se elimina la posibilidad de cobrar el 100% del salario. Los trabajadores pasarían a percibir el 50% o el 75%, según el grado de responsabilidad que se les atribuya respecto del hecho que provocó su incapacidad.
En el oficialismo nadie sabe responder quién dentro del Gobierno ordenó incluir este capítulo en el proyecto cuando no figuraba en el dictamen. Silencio de radio. En el fárrago de modificaciones que a último momento se incluyeron en el texto, el tema pasó por abajo del radar y el oficialismo logró aprobar el capítulo entero.
Sin embargo, no todos lo avalaron: las senadoras María Victoria Huala y Andrea Cristina, ambas de Pro, pidieron dejar expreso su voto negativo. El jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, reconoció que están en desacuerdo y pedirán cambiarlo.
También expresaron críticas desde la UCR.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida. “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”, dijo. “Pero si lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, ejemplificó.
“Es un disparate”, se le escuchó decir al diputado Miguel Pichetto, integrante del bloque de Provincias Unidas. Esta bancada, de 22 integrantes y que preside la santafecina Gisela Scaglia, ya anticipó sus objeciones a este y otros puntos del proyecto. Preparan una propuesta alternativa, que incluirá, además, cambios en el régimen de inversiones para pymes (RIMI), según adelantaron.
Un fondo polémico
Otro capítulo que generará discusión es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (contenido en el título II), destinado a financiar las indemnizaciones por despido. Estos fondos serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales, que hasta ahora van a la Anses. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
Para el ministro de Economía, Luis Caputo, este tema es central. Las estimaciones preliminares de los expertos en seguridad social apuntan a que el FAL podría acumular unos U$S 3000 millones por año y en la oposición sospechan que este nuevo fondo se pergeñó para servir como fuente de financiamiento al Tesoro mediante la compra de títulos de deuda. Como lo fueron las viejas AFJP.
En Provincias Unidas y otros bloques provinciales advierten que este nuevo sistema desfinanciará al sistema de seguridad social y, como consecuencia directa, a las 13 cajas jubilatorias de aquellas provincias que no las transfirieron a la Nación. Es por ello que los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II.
El último título, el XXVI, también desata polémica: allí se incluye una serie de derogaciones, entre ellas la del estatuto del periodista y de otras profesiones, como también la ley de teletrabajo. También le pone plazo al actual sistema que financia el Incaa y la TV pública.
La votación de este título en el Senado fue el más ajustado de todo el proyecto: 38 votos fueron a favor y 31 en contra. El oficialismo perdió otra vez el apoyo del radical Abad (que se ausentó), de la neuquina Julieta Corroza, de la cordobesa Vigo y la salteña Royón.
El capítulo referido a las cajas sindicales parecería, sin embargo, no correr peligro: la media sanción del Senado mantiene, aunque con un tope y hasta 2028, la posibilidad de que los gremios cobren la llamada “cuota sindical” a partir de un porcentaje de los sueldos. El bloque de Pro en el Senado pidió eliminar este beneficio para los gremios, pero al final terminó por apoyar el capítulo.
Difícilmente prospere también el pedido de la bancada amarilla para incluir a las billeteras virtuales en el servicio de pago de los salarios. Salvo que, en una maniobra inesperada, Unión por la Patria y otros bloques se sumen.
rutilante triunfo en el Senado,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»Seguís sacando 3 votos». Bregman y Reichardt se cruzaron en redes sociales tras la media sanción a la reforma penal juvenil,,»Van a terminar yéndose en helicóptero». Grabois apuntó muy duro contra el Gobierno por la reforma laboral,,Régimen penal juvenil. Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años
POLITICA
El acuerdo logrado por la conducción del PJ bonaerense no terminó de ordenar la interna del peronismo
El comunicado que desde el peronismo bonaerense se hizo correr el sábado de la semana pasada para anunciar que finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el futuro presidente del PJ bonaerense escoltado por la vicegobernadora, Verónica Magario, fue un puzzle donde cada sector aportó su párrafo y retórica.
La negociación por la nueva conducción del principal partido de la oposición a Milei, en la provincia de mayor peso electoral, tuvo tantas idas y vueltas que una estela de incertidumbre aún sobrevuela sobre el resultado final. Es otra foto de época que evidencia que el peronismo, incluso Buenos Aires, todavía no logra consolidar una conducción fuerte.
En el kirchnerismo recuerdan que la conducción es de Cristina Kirchner. En el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof, distintos dirigentes no retiran a la expresidenta pero apuestan a que a partir de ahora se empiece a dar un proceso de construcción alrededor del gobernador bonaernese que lo termine coronando como la opción 2027 del peronismo, que incluya la larga y compleja emancipación cristinista.
Pero en el medio, las rencillas por temas menores y no tanto siguen latentes. En lo que se refiere a la vida interna del peronismo, hubo 32 municipios que al cierre de la presentación de listas para la interna del peronismo tenían más de una lista presentada: es decir un posible escenario de internas. De esos 32, hay 13 distritos gobernados por distintas expresiones del peronismo. Entró en objeción una no tan vieja regla peronista que establecía que donde gobierna un intendente hay que evitar las internas. Por el momento, las listas siguen en pie. Un integrante de la junta electoral del partido le dijo a Infobae que “se analizará cada caso”. Es probable que donde hay intendencias del mismo signo político las internas queden sin efecto. Pero nada está cerrado.
Más allá del asunto procedimental al interior del PJ bonaerense, la última victoria del gobierno nacional -lease principalmente aprobación de la reforma laboral- también evidenció una oposición débil e incapaz que tejer acuerdos que obturen la avanzada de la agenda de Javier Milei. Kicillof estuvo en las inmediaciones del Congreso ese día. Fue el único gobernador del peronismo que movilizó. También lo hizo una columna del Movimiento Derecho al Futuro, aunque con escasa representación de los intendentes que lo componen.
Tampoco estuvo en pleno La Cámpora y sus intendentes. La organización de Máximo Kirchner movió parte de su estructura. Concentraron del otro lado de la plaza de donde estaba el kicillofismo. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, marchó con La Cámpora y con el PJ de Lomas de Zamora, de donde es la flamante presidenta. Junto a la organización cristinista también estuvo la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. Al otro día de la marcha, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se mostró con Kicillof en la apertura del Congreso de Seguridad. También lo hizo la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.
Ante las primeras consultas de este medio, no hay certezas de cómo será la consagración del binomio Kicillof-Magario a la presidencia del PJ. El consejo del partido quedó repartido con características casi similares a las que tenía la conducción de Máximo Kirchner. Sí se aseguró presencia del MDF en todas las ramas. El cristinismo retiene algunos nombres de peso como el de Mendoza, el diputado provincial y jefe de bloque Facundo Tignanelli como consejeros por la Tercera sección electoral. Un esquema que completan el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y el diputado provincial, Mariano Cascallares, que además es el nuevo secretario general del partido. Fue uno de los negociadores por el kicillofismo junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Sectores internos le rebaten a Espinoza que la lista local del PJ que presidirá Magario esté compuesta por más de un 70% de jóvenes como expresó en sus redes sociales, aseguran que el promedio de edad es de 60 años. “Vamos por un peronismo moderno y unido, que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones y que genere un gran frente amplio electoral con todos los sectores independientes de la sociedad para tener un nuevo presidente en el 2027 que defienda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los empresarios nacionales y de nuestros jóvenes. Vamos por una nueva Argentina”, planteó el intendente de La Matanza.
Asuntos domésticos
Al gobernador le queda por delante la apertura de sesiones en el corto plazo. Será el 2 de marzo, mismo día en el que empezará el ciclo lectivo. Este viernes, el gremio docente de la FEB anunció que irá a un paro para ese día tras considerar insuficiente el ofrecimiento de una mejora salarial del 3%. SUTEBA, que lídera Roberto Baradel y es aliada al Ejecutivo bonaerense, también consideró insuficiente la propuesta, pero por el momento no anunció medidas de fuerzas. Los estatales también rechazaron el incremento salarial. De sostenerse el anuncio de la FEB, podría ser la primera vez en los últimos seis años que el inicio de clases esté atravesado por un conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires. En cada discurso frente a al asamblea legisaltiva, el mandatario provincial se jactó de que las clases iniciaban en tiempo y forma.
En las últimas horas el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa -que proviene del sindicalismo- remarcó que desde el inicio de la gestión de Kicillof sostienen ”una decisión política clara: las paritarias son la herramienta para defender el salario y los derechos de las y los trabajadores bonaerenses”. También dijo: “Mientras se están definiendo medidas de acción en el plano nacional, en la Provincia de Buenos Aires seguimos apostando al diálogo y a la construcción de acuerdos con las organizaciones sindicales”. Correa alertó, como lo hace el gobernador en cada oportunidad, sobre el desfinanciamiento de parte del gobierno nacional para con Buenos Aires y el resto de las provincias.
Sobre este punto también habló el mandatario provincial y a medida que transcurra el tiempo lo profundizará: es una decisión tomada que Kicillof en los próximos meses, y en la medida que la coyuntura lo permita, recorrerá algunas provincias, como parte de la construcción de esa alternativa que anunció a finales del año pasado en un plenario del MDF.
Esta semana dio algunas señales. Fue al referirse al rol de Buenos Aires y la asistencia en el combate contra el fuego por los incencendios en la patagonia. “El año pasado compramos motos, el año pasado reequipamos las fuerzas que combaten los incendios en nuestra provincia y en las demás provincias de la Argentina. Cuando llegué, no funcionaba un helicóptero. Hoy tenemos once helicópteros volando», dijo frente a intendentes y la cúpula policial bonaerense.
“Axel tenía que salir del lodo de la discusión interna. Haberle generado las condiciones para que quede al frente del PJ es un paso importante”, planteó a este medio una de las patas políticas del MDF que en el último mes mantuvo conversaciones con el kirchnerismo. Las condiciones de las que habla fue que el sector de Cristina Kirchner haya aceptado dejar la conducción del partido. Sin embargo, esa consesión tiene dos lecturas dentro del peronismo. Por un lado, que a partir de ahora, el gobernador tiene para sí la herramienta partidaria para salir de la provincia sin mayores inconvenientes, que obtuvo mayoría de representación en el consejo partidario y las condiciones necesarias para tener un partido que defienda su gestión. Por el otro, que en realidad, haber quedado al frente del PJ de su jurisdicción solo lo deja aferrado a la cuestión provincial, que deberá seguir en la compleja convivencia que mantiene con La Cámpora y que tuvo que aceptar ir por el PJ bonaerense ya que la opción de que sea Magario no generó el conseso proyectado; principalmente de parte del kirchnerismo, que ahora además manejará el Congreso del PJ en la figura de Máximo Kirchner.
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POLITICA
Baja de la edad de imputabilidad: radiografía de los delitos cometidos por menores en Argentina
A partir del escalofriante asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes, el Gobierno decidió acelerar la reforma del Régimen Penal Juvenil en respuesta al reclamo social en favor de la bajar la edad de imputabilidad. Con ese objetivo, impulsó y consensuó con las bancadas aliadas un proyecto que la redujo de los actuales 16 años a 14 años.
La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves último, por una amplia mayoría de 149 votos a favor. Apoyaron el proyecto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Innovación Federal y legisladores provinciales. El peronismo rechazó la iniciativa en general, pero votó dividido en el debate en particular, y el Frente Renovador apoyó el artículo que redujo la edad de responsabilidad penal.
Según los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2024 (último año disponible), hubo 55.925 menores de 15 años involucrados en delitos contra la propiedad, y otros 72.439 de entre 16 y 17 años implicados en este tipo de delitos que incluyen robos, hurtos y extorsiones.
A su vez, esa cartera contabilizó en ese mismo período 118 menores de 14 años inculpados por homicidios dolosos, o sea, causados intencionalmente, con conocimiento y voluntad de matar o causar daño grave. Se diferencian del homicidio culposo, que ocurre por negligencia.
De este número de adolescentes responsables de asesinatos, 107 eran varones y 10, mujeres (un caso figura sin especificación de género).
En la gran mayoría de los casos, para los menores de 14 años, los crímenes fueron cometidos con un arma blanca (40%) o con un arma de fuego (39%), lo que refleja la facilidad que tienen los menores para acceder a ellas. En el resto, los homicidios fueron perpetrados por otros métodos, tales como golpes o ahorcamiento.
En cuanto a la franja de jóvenes de 15 a 19 años, hubo otros 2.110 jóvenes acusados de matar a otra persona en el mismo período de 8 años.
Homicidios por provincias
En la distribución geográfica de los homicidios cometidos por menores de 14 años, lidera la provincia de Buenos Aires – la de mayor densidad poblacional – con 41 víctimas a manos de adolescentes en esa franja etaria, entre 2017 y 2024. En el ranking, le sigue Chaco, con 14 casos en ese período.
Hay cinco provincias que no registraron casos de homicidios dolosos cometidos por menores, en esos 8 años: Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego
Según el análisis realizado por Infobae de la base de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, independientemente de la edad de los inculpados, más de la mitad de los homicidios dolosos (53%) suceden de noche (entre las 20 y las 5 de la madrugada). Sin embargo, en el caso de los protagonizados por menores de 14 años, es diferente: el 37% de los 118 homicidios dolosos (el 37%), sucedieron alrededor de las 11 de la mañana.
Robos y hurtos
En cuanto a los delitos contra la propiedad (incluye extorsiones, hurtos y robos, incluyendo automotores, motos y bancos), entre 2017 y 2024, se contabilizaron 55.925 delitos de este tipo cometidos por menores de 15 años. El análisis de los datos muestra que han ido aumentando en los últimos cinco años.
En 2024, sumaron en total 844.512, de los cuales 6.381 fueron protagonizados por menores de 15 años. Si se consideran los delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 17 años, la cifra es de 7.901 hechos.
En 2021 se registró el mayor pico de delitos contra la propiedad cometidos por menores de 15 años de edad: 12.504 casos (el 12% del total de casos con inculpados conocidos).
Los delitos contra la propiedad más frecuentes cometidos por menores de 15 años dentro de los encuadrados como delitos contra la propiedad, son el robo y el hurto.
Menores con causas en la Justicia
En el primer semestre del año pasado, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. El 87,6% de ellos por hechos sucedidos en ese período, el 9% por denuncias de hechos anteriores, y el restante 3,4% por distintos hechos sucedidos tanto en el período como con anterioridad. Estos datos corresponden al último Informe estadístico elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En comparación con el primer semestre de 2024, hubo un 4,2% más de menores con alguna causa penal abierta en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esos 945 menores de 16 años, el 91% fueron varones. En cuanto a la edad, el 55,9% tenía 16 a 17 años al momento del hecho, un 40,3% entre 13 y 15 años, y un 3,8%, 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2024, se observa un aumento del 16,8% en la cantidad de menores de 16 años, así como en el porcentaje que representan respecto del total de menores con causas (44,1% del total en 2025 frente al 39,9% en 2024).
Según el informe, 746 de esos niños, niñas y adolescentes con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos durante el primer semestre de 2025 por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en CABA, e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil porteña. Esta cifra es un 2,5% menor a la del primer semestre de 2024.
Asimismo, 117 jóvenes tuvieron al menos una medida de privación de libertad o alojamiento en centros socioeducativos de régimen cerrado, de libertad restringida y hospitales.
Este número representa el 12,4% del total de menores con causas judiciales y el 15,7% de aquellos que ingresaron en el CAD. En comparación con el año 2024 se registró un 25,8% más niños y adolescentes con medidas de este tipo.
Apoyo social a la reforma
La baja de la edad de imputabilidad viene recogiendo un fuerte apoyo de la sociedad, según distintas encuestas que midieron el grado de respaldo de la iniciativa que aprobaron los diputados.
Según la consultora Opinaia, el 67% de los consultados se declara “muy de acuerdo” y un 14% “bastante de acuerdo” con la iniciativa, lo que totaliza un 80% a favor. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.
Otra medición, en este caso de Jorge Giacobbe, muestra un 73 % de respaldo al proyecto. Dentro de ese porcentaje, el 63,6% apoya que la edad se reduzca a 13 años – la propuesta original del Ejecutivo -, mientras que 9,5% se inclinan por fijarla en 14, la edad consensuada con bloques aliados.
Por su parte, la firma Isasi/Burdman registró en noviembre pasado un apoyo similar: el 68% de los encuestados se manifestó a favor de la baja de la edad para que los menores sean responsables penalmente, frente a un 29% que la rechazó.
“Este grado de apoyo masivo a la baja de la imputabilidad se viene repitiendo en nuestras mediciones. Lo medimos por primera vez a mediados de 2024 y siempre nos dio casi calcado”, le dijo a Infobae Julio Burdman, uno de los socios de esa consultora.
“Pero hay una contradicción con los datos porque los funcionarios judiciales nos dicen que el delito en mano de menores de edad es bajo. Entonces, ¿por qué tanto nivel de preocupación cuando sería un fenómeno aparentemente menor, según las cifras oficiales?”, se preguntó este experto.
“En realidad, el problema es el desconocimiento de todos. Porque, por un lado, la sociedad se maneja sobre la base de un supuesto, y es que los pibes chorros son un fenómeno masivo sobre todo en las áreas metropolitanas, que requiere una respuesta contundente. Por el otro, no existe información oficial precisa sobre el fenómeno del delito juvenil. Y parte del problema es que la Argentina no produce cifras porque las denuncias son muy bajas. Cuando los fiscales que hemos consultado nos dicen entre 1 y 2%, se basan en las denuncias recibidas. Pero las denuncias son de menos del 10%. Lo único que sabemos es cuántos son los homicidios, pero en materia de robos no existen datos oficiales precisos. Entonces, ante ese vacío de información, se produce esta demanda social”, concluyó Burdman.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
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