POLITICA
La Corte revocó una condena contra directivos de Telecom en un juicio laboral, aunque responsabilizó a la empresa

La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que condenaba a directivos de la empresa Telecom Argentina SA a pagar solidariamente una indemnización como corresponsables del despido de un empleado de la firma. Entre los beneficiados por la sentencia se encuentra el actual canciller Gerardo Werthein.
Si bien el máximo tribunal dejó firme la decisión de responsabilizar a la compañía por la demanda laboral, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti objetaron la decisión de la Cámara del Trabajo por haber extendido esa condena a los integrantes del directorio.
Los jueces supremos sostuvieron que esa interpretación solo podría hacerse de manera “excepcional” y si hay pruebas concretas para respaldarla.
El caso analizó el despido de Javier Darío Oviedo, quien llevaba adelante tareas de reparación e instalación de líneas telefónicas.
Según la demanda, las tareas se realizaban bajo la dirección de Telecom SA, pero la empresa, “a fin de ocultar el carácter de empleadora directa, había interpuesto fraudulentamente en la relación a otras dos intermediarias: Tel 3 SA y Cotelar SRL”.
En primera instancia, el fallo hizo lugar a la demanda contra las tres empresas, por entender que existió una única relación laboral y ordenó el pago en concepto de indemnización derivada del despido, más la reparación prevista por una infracción a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, el tribunal rechazó los reclamos de horas extras, reparación del daño moral y sanción por temeridad y malicia.
El caso llegó a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que confirmó esa decisión de primera instancia y extendió la condena indemnizatoria a Enrique Garrido, Andrea Mangoni y Gerardo Werthein, quienes habían presidido o integrado el directorio de Telecom. Werthein ahora es canciller.
Según la Cámara, los directivos obraron con pleno conocimiento de la naturaleza de la relación y tuvieron la deliberada intención de no registrar el vínculo con el accionante, por lo que resultaron solidariamente responsables.
Tanto la empresa como la defensa de cada uno de los directivos apelaron y llegaron en queja a la Corte Suprema. Sostuvieron que se trató de una decisión arbitraria y que se les extendió la responsabilidad por el mero hecho de ocupar el cargo de directores de Telecom sin que mediara actuación personal alguna en el acto dañoso.
Werthein sostuvo que en empresas de envergadura como Telecom las funciones del directorio se orientan a la tarea de resolver las cuestiones estratégicas generales y supervisar la primera línea de ejecutivos y que, para su correcto funcionamiento, se delegan las funciones de administración y gestión de los negocios sociales ordinarios y su ejecución.
En tanto, Mangoni aseveró que la sentencia “omitió toda consideración acerca de su falta de intervención personal en los actos cuestionados”. Explicó que reside en Italia, que no participó en reunión alguna de directorio en la que se hubiera decidido la contratación de Tel 3 SA o Cotelar SRL y ocupó el cargo de director de Telecom varios años después del ingreso del trabajador reclamante.
Garrido, por su parte, postuló que la contratación de la empresa Tel 3 SA era anterior al comienzo de su desempeño en el directorio y aseguró que no era posible atribuir responsabilidad a los directores en forma automática.
La Procuración General propuso desestimar los recursos. Ahora, oídas las dos partes y cada uno por su voto, los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron lugar a las quejas, revocaron la decisión de la Cámara del Trabajo por arbitraria y ordenaron que se dicte un nuevo fallo con los lineamientos fijados.
Tras repasar las conclusiones a las que llegó la Cámara del Trabajo, el presidente de la Corte Rosatti afirmó que el tribunal laboral “omitió mencionar en qué circunstancias comprobadas de la causa encontraban sustento” la decisión de atribuirles la responsabilidad de cada uno de los directivos de la firma y, “de ese modo, permitir a los recurrentes el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional”.
En ese orden, Rosatti aseguró que el fallo analizado “omitió ponderar en debida forma dos argumentos defensivos de relevancia”.
El primero, vinculado con que en las grandes empresas “los miembros del directorio no pueden participar personalmente en las decisiones que se adoptan para la marcha ordinaria de los negocios” y por ende “no cabe exigirles una supervisión personal de cada contratación realizada”.
El segundo argumento no sopesado apuntaba a cotejar el lapso durante el cual cada uno de los codemandados integró el directorio en relación al momento en que el trabajador prestó funciones en la empresa. Se trata, dijo, de una “circunstancia ineludible a los efectos de establecer si correspondía imputarles la responsabilidad subjetiva que contempla la ley 19550”.
Rosenkrantz advirtió que “la atribución de responsabilidad personal a los miembros del directorio de una sociedad anónima de acuerdo con lo previsto en los arts. 59 y 274 de la ley de Sociedades debe juzgarse como de carácter excepcional y estar debidamente justificada, es decir, apoyarse en una cabal comprobación de que éstos incurrieron en un mal desempeño de sus cargos por no actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios”.
“En ese marco, es claro que las exigencias que impone el estándar de un buen hombre de negocios varían según el contexto. Cuando se trata de empresas de gran envergadura (empresas que cuentan con gran cantidad de personal, significativo capital accionario, diversidad de funciones y descentralización administrativa y/o territorial), es indudable que los directores no pueden revisar personalmente todas las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios. Basta que se cercioren de que existan mecanismos de control apropiados, es decir, mecanismos que hagan probable prevenir o enmendar las irregularidades que la normativa laboral sanciona”, sostuvo.
Según destacó, “para atribuirles la responsabilidad solidaria que contempla la ley de sociedades, la cámara partió de la premisa de que los directores codemandados tuvieron una participación directa en la gestión de los negocios empresariales que dieron lugar a la contratación del demandante a través de otras empresas”, pero el tribunal “no explicó en modo alguno en qué circunstancias comprobadas de la causa basaba sus conclusiones”.
Rosenkrantz afirmó que “para dar un adecuado tratamiento a ese serio planteo, los jueces debieron examinar, mediante la compulsa de la pruebas contable y testifical aportadas al respecto si el directorio efectivamente había delegado en la línea gerencial de la empresa la gestión de las contrataciones inherentes a la prestación de servicios personales y si, en tal caso, había establecido un sistema de control adecuado que hiciera probable prevenir o enmendar las irregularidades que la normativa laboral sanciona”. Acotó que, además, se debía comprobar cuándo intervino cada director en la empresa.
Tras hacer hincapié en el “criterio restrictivo” a la hora de aplicar la extensión de responsabilidad de los directores de una empresa, el juez Lorenzetti resaltó que “la solidaridad no se presume” y que “es necesario demostrar el daño que ha mediado por mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave”.
El juez afirmó que en la causa debió haberse ponderado “la existencia de factores eximentes de la responsabilidad, como el desconocimiento excusable”. Según señaló, en el caso “se ignoró totalmente el hecho demostrado de que, en grandes empresas, los miembros del directorio de la sociedad no pueden participar personalmente” en las decisiones diarias “para la marcha ordinaria de los negocios”.
POLITICA
Operativo Puf: anulan el caso donde se investigaba un supuesto complot kirchnerista para perjudicar al fiscal Stornelli

La Cámara Federal anuló la causa en que se investigaba un supuesto complot de presos kirchneristas para perjudicar el fiscal Carlos Stornelli y dispuso el archivo del caso.
Los jueces de la Cámara Federal actuaron a instancias de un fallo de la Cámara de Casación de Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone.
En esta causa, conocida popularmente como el “Operativo Puf”, se investigaba, entre otros, al juez Juan María Ramos Padilla y al diputado Eduardo Valdés.
Se investigó una maniobra para descalificar al fiscal Stornelli, que era quien llevaba adelante la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo.
La decisión puso fin a casi seis años de caso y se dio a continuación de que todas las acusaciones que se realizaron contra Stornelli desde el kirchenrismo fueron desechadas.
Ahora, la Cámara Federal -a instancias de la Casación- dijo que no estaba claro el objeto procesal. La resolución, firmada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, habla de una falta de una hipótesis delictiva identificable.
El fiscal Franco Picardi había considerado que las escuchas telefónicas de presos K, utilizadas como prueba en la investigación, eran “ilegales” y no podían ser avaladas.
Picardi aplicó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad y/o exclusión de estas trascripciones.
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, quien ya había votado en disidencia por el archivo en marzo de 2021, reiteró que «no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta“.
Farah enfatizó que la falta de esta “base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.
Dijo el camarista que el caso se apoya en el contenido de las informaciones anónimas que desencadenaron las denuncias.
Según el magistrado, esta situación refuerza la conclusión de que es “improcedente dar vía favorable a la pretensión de esos actores de mantener abierto un caso judicial”.
Los jueces Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia adhirieron a esta postura: “Consideramos que este temperamento permite, a su vez, brindar una solución a la controversia suscitada, frente al sistema de reenvíos propuesto por el ad quem que, en el caso, aparece demorando innecesariamente la decisión, en detrimento del derecho del que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal“.
La denuncia del “Operativo Puf” se originó a raíz de las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora Federico Villena para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, a raíz de la sospecha de que estaba planificando un atentado con explosivos.
Villena autorizó el pedido de la AFI para escuchar a Segovia en un teléfono público que usaban otros presos. La AFI lo hizo y se lo reportó al juzgado. Pero también se grabaron conversaciones de otros detenidos, que no estaban en foco en la investigación.
El contenido de esas conversaciones tomó estado público a través de medios de comunicación. En uno de los audios, el diputado Eduardo Valdés le adelanta a Juan Pablo Schiavi, entonces preso, que “va a haber novedades” y le recomienda “quedarse tranquilo”.
“Bonadio, Stornelli, Puf”, asegura, en alusión a que el juez y el fiscal iban a tener problemas. Esa frase fue la que generó el nombre con el que se conoció esta causa.
Esas escuchas llegaron en un sobre anónimo a manos de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvik, que las presentaron en la justicia y se inició el caso, ahora archivado.
El contenido de las escuchas fue admitido como prueba por la propia Cámara Federal, pues en la causa de “La ruta del dinero K” validó la conversación de Lázaro Báez con una mujer cuando le decía que su fortuna no le pertenecía, sino que era de alguien que estaba por encima de él.
Stornelli efectivamente enfrentó múltiples acusaciones que terminaron rechazadas en todos los tribunales y el caso cuadernos está elevado a juicio oral con Cristina Kirchner como la principal imputada.
Los cuadernos de las coimas,Carlos Stornelli,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Reto a los jueces. Emplazan al tribunal de “los cuadernos de las coimas” para que agilice el juicio contra Cristina Kirchner,,Sin vuelta atrás. Los cuadernos de las coimas: convocan a una audiencia clave para iniciar el juicio contra Cristina,,Bajo agua. Un país que muestra la extrema pobreza en infraestructura que no soporta ni la lluvia, ni el frío o el calor
POLITICA
La CGT marchó casi a reglamento, con menos gente que la esperada y algunos guiños al Gobierno

Antes de la marcha de San Cayetano, en la CGT había entusiasmo por la posibilidad de protestar en la calle contra el Gobierno y algunos dirigentes coincidían en un pronóstico con tono de advertencia: “Vamos a mover a toda nuestra gente”. Sin embargo, la postal que dejó la movilización del 7 de agosto no estuvo a tono con ese vaticinio. Hubo mucha gente, pero no fue la cantidad esperada. Y sólo un puñado de sindicatos que pertenecen a la CGT se destacó por el número de manifestantes.
Sin embargo, para la cúpula cegetista el balance fue positivo. En diálogo con Infobae, uno de sus líderes dijo: “Cumplimos lo que nos habíamos propuesto. No era nuestra marcha, sino que nos sumamos a la que organizaron los movimientos sociales. Pero fuimos todos los que teníamos que ir, llevamos mucha gente y sacamos un documento para fijar nuestra posición».
Lo cierto es que la participación de la CGT se fue deshilachando con el correr de los días. La propuesta de adherir a la marcha fue aprobada el 21 de julio por la mesa chica ampliada, pero, en el fondo, se pareció más a un recurso para contener a los sectores duros que presionaban por otro paro general contra el Gobierno.
Al comienzo, la expectativa era que los sindicatos enviaran manifestantes para que marcharan desde Liniers con los movimientos sociales, que organizan esta movilización a partir de 2016 para reclamar por más trabajo, pero luego hubo un viraje: la CGT se concentraría en Diagonal Sur y Perú para caminar una cuadra a Plaza de Mayo.
El cambio se produjo, como anticipó Infobae, por el temor de que algunos sectores radicalizados increparan a la dirigencia de la CGT para exigirle un paro nacional.
Aún está fresco el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces (casi igual a la de hoy) realizó un acto de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en el Sindicato de Comercio. En los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.
Ahora, algunos sindicalistas temían la explosiva combinación que se iba a dar en la calle de sectores críticos y hostiles hacia la CGT como La Cámpora, gremios combativos y expresiones de izquierda.
Por eso pasaron de la idea inicial de caminar 15 kilómetros entre Liniers y Plaza de Mayo a recorrer 100 metros hasta donde finalizaría la marcha. Para tener mayores garantías, incluso, los dirigentes de la CGT sólo estuvieron 2 o 3 horas, se acomodaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cediendo la ubicación principal del acto, y se retiraron antes de que se leyera el documento.
Esa declaración incluyó duras críticas a las políticas del Gobierno y al estilo presidencial, como cuando señala que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”. Pero el texto también tiene guiños a la administración libertaria con apelaciones al diálogo y la búsqueda de consensos (a lo que apuestan los líderes cegetistas al participar del Consejo de Mayo).
“Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, afirma el documento, que seguramente no conformó al ala dura de la CGT, que no quiere dialogar con el Gobierno y busca desgastarlo a fuerza de paros.
Entre quienes redactaron el texto figura Gerardo Martínez (UOCRA), del ala dialoguista de la CGT, miembro del Consejo de Mayo y partidario de negociar con Milei para impedir que se avance con una reforma laboral que pondría en peligro al sindicalismo, entre otros puntos.
Más allá de estos matices, lo que mostró la CGT en la calle este jueves fue un muestrario de datos sugestivos.
Algunos de los sindicatos que llevaron más gente fueron Camioneros, UOCRA, UPCN, UDA y los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezados por Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, junto a ATE y los miembros del ultraopositor Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, entre otros. Pero, como se preveía, impactó la capacidad de movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los movimientos sociales que lidera Alejandro Gramajo y que organizó la marcha.
En materia de concurrencia de dirigentes, hubo falta con aviso del cotitular de la CGT, Héctor Daer, que este mismo 7 de agosto tuvo comicios en su sindicato, ATSA Buenos Aires, donde no compitió por una nueva reelección.
En la columna principal de la CGT hubo sindicalistas de perfil más bajo que pasaron a una ubicación destacada, como Cristian Jerónimo (vidrio), Maia Volcovinsky (judiciales) y Jorge Sola (seguro), cuyos nombres, casualmente (o no), circulan como posibles miembros del triunvirato cegetista que se elegiría en el congreso de renovación de autoridades, en noviembre próximo.
La nota destacada la dio Hugo Moyano, por primera vez en mucho tiempo en la columna principal de la CGT, flanqueado por Gerardo Martínez y por Octavio Argüello (Camioneros), el único cotitular cegetista presente en la marcha (además de Daer, tampoco estuvo Carlos Acuña). Detrás del líder sindical estuvo en todo momento su hijo menor, Jerónimo, mencionado como el candidato de Camioneros para la Secretaría de la Juventud de la CGT.
A quien nadie vio en la marcha es a Pablo Moyano, quien había convocado a movilizarse desde un video con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club Camioneros, del que es presidente. ¿No habrá querido cruzarse con su padre, con quien está peleado? ¿O estará concentrado en el partido que su equipo jugará el sábado con Deportivo Paraguayo por el torneo de la Primera C?
POLITICA
Milei y Petro vuelven a acercarse luego de meses de frialdad y distancia

Lejos, muy lejos, parecen haber quedado aquellos intercambios de insultos y descalificaciones, moneda corriente en aquellos tumultuosos primeros meses de gestión, con Javier Milei en la Casa Rosada y Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hoy, ambos países dieron un nuevo paso hacia la reconciliación, al menos en lo que hace al vínculo político y económico bilateral.
Este jueves, el flamante embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta, encabezó los festejos por el aniversario número 206 de la independencia de Colombia. Debajo de un retrato de Simón Bolívar en la sede diplomática en Buenos Aires, Acosta contó que el canciller Gerardo Werthein le había dado, en tiempo récord y el día anterior, su plácet para desempeñarse como embajador. Con gracia, afirmó que las relaciones entre ambos países son “sólidas y fraternas” y que no hay “twitter que nos pueda separar”, en referencia a las redes sociales, a las que son tan afectos ambos presidentes, separados por un océano ideológico, pero unidos –al parecer- por un pragmatismo a prueba de batallas culturales.
Nadie quiso recordar que, a fines de marzo de 2024, Milei había tildado de “terrorista asesino” a Petro por su participación en organizaciones guerrilleras de izquierda durante su juventud. Declaraciones que derivaron en la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá. Tampoco nadie mencionó que el colombiano calificó de “neonazi” al presidente argentino y luego dijo, en diciembre y en una entrevista con Clarín, que Milei era un “potencial dictador”, que sus discursos eran “anacrónicos”, y que su discurso en el G20 de Río de Janeiro había sido “más aplaudido” que el de su par argentino.
Intentando una vuelta de página, el nuevo embajador colombiano habló de “fortalecer” una “relación de hermanos”, citó el histórico encuentro entre San Martín y Bolívar, y hasta reconoció que el himno argentino le parece “emocionante”. Lo escuchaban, en primera fila, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y su jefe de gabinete, Marcelo Lucco, enviados del canciller Werthein a la celebración, y parte de una concurrencia dónde se destacaron diplomáticos de Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, la Unión Europea, Marruecos, entre otros.
“Nos unen recuerdos como el 5 a 0 en la cancha de River, que nunca vamos a olvidar”, bromeó el embajador en relación a aquel partido en las eliminatorias mundialistas de 1993 que terminó en goleada para los colombianos. “Esto es pragmatismo, un trabajo bien hecho”, sostuvieron voces de la diplomacia argentina, dejando de lado las antiguas-y profundas- rencillas.
No se trata de la primera vez que Petro y Milei intentan recomponer sus ásperos vínculos, que tienen como antecedente un solo saludo, a medias e informal, en esa reunión del G20 en Brasil. Luego de llamar a consultas a su embajador en el país, Camilo Romero, Petro le ordenó al diplomático que regresara a Buenos Aires. “Debe haber un acuerdo básico de civilidad”, dijo Romero a cuando volvió al país, en abril de 2024, con la intención de calmar las aguas.
Pero su estadía en la Argentina duró unos pocos meses, ya que en febrero de este año renunció al cargo, con el objetivo de ser candidato a presidente en 2026, año en el que Petro culminará su mandato. Por el lado argentino, Mario Raúl Verón Guerra continúa siendo el embajador en Bogotá desde mayo de 2024, cuando reemplazó a Gustavo Dzugala, quien pagó los platos por el conflicto entre ambos presidentes.
Milei y Petro, que duda cabe, siguen perteneciendo a mundos distintos. Aliado del norteamericano Donald Trump y del premier israelí Benjamín Netanyahu, el presidente argentino tiene como uno de sus slogans luchar contra los “comunistas” como Petro, quien sostiene un buen vínculo con la Venezuela de Nicolás Maduro y tomó partido por los palestinos en el conflicto de Medio Oriente, además de que suele polemizar con Washington.
Los más de cien mil colombianos que viven en Argentina, y sobre todo la necesidad de expandir las puertas del comercio parecen haber sido razones suficientes para no alimentar más el conflicto y deponer las armas, al menos por ahora.
había tildado,cuando volvió,Jaime Rosemberg,Conforme a
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