El cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero fue procesado por la Justicia por el delito de abuso de armas agravado al disparar con su pistola lanza gases contra el fotógrafo Pablo Grillo en una manifestación frente al Congreso el 12 de marzo pasado.

La decisión es de la jueza federal María Servini, que estableció que el gendarme Guerrero disparó en seis oportunidades violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno.

En este caso, el cartucho fue disparado en línea recta sobre Grillo, lo golpeó en la cabeza y casi lo mata, al punto que sufrió lesiones gravísimas que comprometieron su cerebro.

La jueza consideró que el imputado actuó con dolo eventual, es decir, que se representó la posibilidad de causar un daño grave y aceptó ese riesgo al disparar de manera prohibida.

“El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado”, sostiene la resolución.

Servini ordenó un embargo sobre los bienes de Guerrero por 203.000.000 de pesos, dispuso que se presente periódicamente ante la autoridad policial y continúe con la prohibición de salida del país, pero rechazó la prisión preventiva.

El disparo ocurrió en medio de una manifestación en reclamo de aumentos de haberes jubilatorios, de la que participaron barrabravas de los clubes de fútbol, supuestamente para actuar en defensa de los jubilados.

Guerrero disparó una pistola lanza gases marca FM, serie 00660, en forma horizontal y antirreglamentaria desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, en dirección a los manifestantes.

Un cartucho calibre 38 mm de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías, a unos 47 metros de la línea de las fuerzas de seguridad.

El proyectil atravesó una barricada en llamas y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida y le dejaron secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad, dice el fallo.

Grillo fue identificado como autor del disparo tras analizar las imágenes de lo ocurrido en materiales aportados por organismos de derechos humanos, medios de prensa y la Gendarmería.

Fue clave para identificarlo el color de su uniforme, en un tono caqui, diferente del resto de sus compañeros y una leyenda en su casco que reza “Picha”. Guerrero era uno de los dos agentes de su sección de Empleo Inmediato que ese día estaban equipados con esa pistola lanza gases.

Los peritajes determinaron el recorrido del cartucho y fueron considerados evidencias, así como el análisis de las imágenes realizadas por Infobae, y canales de televisión.

El Cuerpo Médico Forense concluyó que Grillo sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante meses.

“Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral”, dice el informe oficial que señala que “las lesiones pusieron en peligro la vida” de Grillo.

La jueza Servini analizó las normas sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas no letales en manifestaciones públicas. Citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución Ministerial 943/2023) y el reglamento interno de Gendarmería, que prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, y exigen que los disparos se realicen en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños graves.

El manual del arma utilizada por Guerrero advierte: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.

El fotógrafo mostró una leve mejoría, pero luego su cuadro volvió a complicarse. La investigación determinó que Guerrero realizó al menos seis disparos antirreglamentarios en dirección a los manifestantes en forma horizontal. La jueza entendió que se trataba de un “abuso de su función”.

“Guerrero no se trata de un efectivo inexperto, sino que formaba parte de la primera sección de GNA y tenía diez años de servicio al momento de los hechos”, dice el fallo de la magistrada. Además daba cursos como instructor de tiro y había aprobado cursos específicos.

En su declaración indagatoria, Guerrero alegó que la visibilidad estaba reducida por el humo y el agua de los camiones hidrantes, que usó el arma según el manual y que nunca tuvo intención de lastimar a nadie.

La jueza remarcó que, a casi siete meses del hecho, el estado de salud de la víctima sigue siendo crítico y que “no se avizora panorama alguno de mejora”.

Dos informes secretos del Ministerio de Seguridad, elaborados en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a los que accedió , revelan la red de vínculos y operaciones de Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario aeronáutico argentino acusado en Texas por lavado de activos y tráfico internacional de drogas, con terminales políticas locales.

Los documentos, marcados con la leyenda “SECRETO”, describen un entramado que combina vuelos sospechosos, sociedades con empresarios locales del sector aeronáutico y el financiamiento político desde fuentes irregulares.

Según los reportes, que datan de 2021, el DHS solicitó información a la Argentina “sobre el ciudadano Federico Andrés Machado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”.

La acusación formal fue presentada el 24 de febrero de 2021 por el fiscal federal de Texas, quien lo señaló junto a dos socios estadounidenses por “violar las reglamentaciones de aviación para poner en manos de narcotraficantes una cantidad indeterminada de aviones para el tráfico de cocaína”.

Además, el mismo expediente judicial sostuvo que el grupo había organizado “una serie de operaciones conocidas como estafa piramidal o esquema Ponzi”, que les permitió lavar alrededor de 550 millones de dólares producto del tráfico de drogas.

Un día después de la imputación, el 1 de marzo de 2021, Machado ingresó a la Argentina procedente de México. De acuerdo con la inteligencia del DHS, el empresario “podría intentar lavar 34 millones de dólares en Argentina”, por lo que las autoridades norteamericanas se encontraban preparando órdenes de detención y captura internacional.

Los informes detallan que la justicia estadounidense vinculó a la organización de Machado con al menos cuatro aeronaves cuyos registros fueron alterados para facilitar el tráfico de cocaína de los carteles mexicanos.

Los investigadores consignaron que “en diciembre de 2018 un avión se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del Cártel de Sinaloa; en marzo de 2019 otro avión se estrelló en México con 1.215 kilos; en enero de 2020, una aeronave fue interceptada con 1.700 kilos en Guatemala; y en febrero de 2020, otro avión fue detenido en Belice con 2.300 kilos de cocaína”. El primer evento señalado es previo al financiamiento de la campaña de José Luis Espert.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Petén, Guatemala, en diciembre de 2019. En esa ocasión, fue hallado un avión perteneciente a Machado con 2.500 kilos de cocaína. Según los informes, “dos de los detenidos por ese hecho —un mexicano y un expolicía de Costa Rica— se fugaron luego de que el juez les concediera la libertad condicional. Meses después, el juez guatemalteco que los liberó fue asesinado por un sicario en la ciudad de Petén”.

Machado es piloto y dueño de South Aviation, una empresa radicada en Estados Unidos dedicada al alquiler de aeronaves. Los reportes destacan que “de fuentes abiertas surge que su empresa South Aviation le alquiló en 2010 un avión a los hermanos Juliá, que finalmente fue interceptado luego de despegar del aeropuerto de San Fernando en Barcelona con 994 kilos de cocaína”, en el caso conocido como “Narco Jet”.

Entre marzo de 2016 y diciembre de 2019, el empresario habría realizado una serie de vuelos particulares desde Argentina —Salta, San Fernando, Rosario y Chaco— hacia Perú, Guatemala, Colombia y Panamá, destinos que los investigadores asocian al narcotráfico y al lavado de dinero. Este patrón de desplazamientos, según el Ministerio de Seguridad, “permite inferir preliminarmente que parte de sus maniobras criminales pudieron ser ejecutadas en nuestro país”.

La investigación también revela los vínculos de Machado con Sergio Daniel Mastropietro, un empresario argentino ligado a la aviación comercial. En 2010 ambos formaron una sociedad llamada SO VAIN S.A., dedicada al alquiler de aeronaves y servicios aéreos. Los documentos señalan que Mastropietro “cumple roles ejecutivos en una serie de sociedades, entre las que se destacan la presidencia de Avian Líneas Aéreas S.A., continuadora de MacAir Jet, empresa aerocomercial del Grupo Socma” de la familia Macri.

El informe agrega que “los ejecutivos de MacAir continuaron cumpliendo funciones en Avian” y recuerda que “en 2017, las empresas vinculadas al Grupo Socma fueron beneficiadas en la redistribución de los espacios de los hangares de Aeroparque con un perjuicio para la empresa estatal Aerolíneas Argentinas”.

Ambos empresarios también comparten domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Juez Tedín 2860, y coincidieron en vuelos privados. Según la información recabada, el 16 de marzo de 2016, Machado y Mastropietro coincidieron en un vuelo particular hacia Estados Unidos; el 20 de abril de 2019, ambos compartieron un vuelo con destino a Perú junto a cuatro pasajeros de nacionalidad italiana, venezolana, mexicana y estadounidense.

Para los investigadores, la relación con Mastropietro habría permitido a Machado operar dentro del sistema aeronáutico argentino con respaldo local y acceso a infraestructura clave.

Los documentos secretos también mencionan un vínculo político. “De fuentes abiertas surge que Machado financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones para la campaña de las elecciones 2019”, señala el informe.

Si bien no existen imputaciones judiciales en la Argentina sobre ese financiamiento, la referencia del Ministerio de Seguridad y el DHS fue incorporada como un indicio del alcance político y económico del empresario. La inclusión de ese dato sugiere que Machado habría intentado insertarse en circuitos partidarios y de influencia, aprovechando sus recursos logísticos y financieros en un contexto electoral.

Los informes elaboraron conclusiones: “Independientemente de los delitos por los que Machado es acusado en Estados Unidos, resulta probable que haya cometido delitos en nuestro país”, advierten.

Y agregaron que “teniendo en cuenta el incremento de sus tránsitos desde 2016 y sus vínculos con empresarios ligados a la aviación comercial y a los grupos relacionados con el gobierno 2015-2019, se puede inferir que Machado pudo haber aprovechado su influencia para extender sus operaciones ilegales en nuestro país”.

Las recomendaciones incluyen “profundizar la reunión de información sobre Machado, sus vínculos personales y comerciales”, así como “coordinar con el DHS el intercambio de datos para ejecutar su captura internacional”. También se insta a “iniciar una investigación en nuestro país” para determinar el posible circuito de lavado de activos y contrabando de drogas, y las responsabilidades de los organismos de control —ANAC, PSA, Aduana, UIF, ORSNA— “que debieron haber actuado”.