POLITICA
La Corte Suprema lleva firmadas 2000 sentencias por delitos de lesa humanidad en los últimos 20 años
La Corte Suprema de Justicia lleva dictadas desde 2004 casi 2000 sentencias en causas en las que se investigaron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el máximo tribunal de país recordó fallos clave que permitieron seguir adelante con la política de protección de los derechos humanos y castigar los delitos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Entre esos fallos se cuentan el que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, dictados el 14 de junio de 2005. Fue el caso llamado Simón y resultó determinante, pues a partir de esa sentencia se permitió seguir adelante en los últimos 20 años con los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Ese fallo de la Corte fue parte de una política de Estado que necesitó de la decisión del Poder Ejecutivo, cuando lo detentaba Néstor Kirchner, y también del avance del Congreso.
Previo al fallo Simón, en 2004, la Corte Suprema también había dictado el fallo Arancibia Clavel, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. A su vez, en 2007, en la causa Mazzeo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos a los militares.
En la historia de los fallos de la Corte en torno a delitos de lesa humanidad es un capítulo saliente la controversia generada por la sentencia que convalidó la aplicación de la ley del dos por uno en el llamado caso Muiña.
La Corte aplicó en 2017 la Ley 24.390 —que computa doble cada día de prisión preventiva— a Luis Muiña, represor de la última dictadura. Este fallo generó un masivo repudio social y político, y forzó al Congreso a limitar el beneficio para delitos de lesa humanidad.
En mayo de 2017, con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton, la Corte aplicó el principio de “ley más benigna” y permitió reducir penas a represores. Esa ley del “dos por uno” sancionada en 1994 y derogada en 2001, establecía que tras dos años de prisión preventiva sin condena, cada día extra valía doble.
Pero tras el fallo de la Corte hubo marchas masivas en todo el país, bajo la consigna “No a la impunidad”. Fue el 10 de mayo de 2017 cuando se llenó la Plaza de Mayo en repudio a ese fallo de la Corte, que aplicaba la ley vigente en ese momento. El Congreso rápidamente aprobó entonces en menos de 24 horas otra ley, la 27.362, que excluyó explícitamente los delitos de lesa humanidad de la aplicación del dos por uno.
Con la nueva ley y tras la creciente presión social, la Corte Suprema revirtió su postura en el fallo Batalla, de diciembre de 2018, donde rechazó aplicar el beneficio para nuevos casos.
El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal rechazó la solicitud de salidas transitorias en favor del exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 100 víctimas y los homicidios de Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado, en el centro clandestino de detención de La Cacha. Y así aplicó la nueva ley.
De acuerdo a la información surgida de los registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial -abocada a las causas de lesa humanidad-, la Corte dictó desde 2004 a la actualidad un total de 1907 fallos vinculados a esta materia.
Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, que releva datos de todos los tribunales del país, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad.
Allí fueron condenadas 1231 personas y fueron absueltas otras 250. Hay en curso doce juicios por crímenes de lesa humanidad y se encuentran en la etapa de investigación preliminar 282 causas, en trámite.
El año pasado, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que en 1985 llevaron adelante el Juicio a las Juntas Militares y que, a través de la Causa 13, condenaron a los principales responsables de los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.
En aquella oportunidad, al cumplirse 40 años de esa sentencia, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó allí la valentía de llevar adelante, en un “contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”. Dijo que fue un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley.
El vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, destacó que esos jueces “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces”. Y su colega Ricardo Lorenzetti subrayó que “la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”.
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La justicia porteña citará a indagatoria a 7 agresores del ex delegado golpeado por una patota de Camioneros
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, citará a indagatoria a 7 personas que el 20 de enero pasado le dieron una paliza a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros- adentro de la empresa de recolección de residuos Urbasur, a quienes se les imputará los delitos de lesiones y amenazas, con una expectativa de penas de 1 a 6 años de prisión.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes judiciales, que no quisieron brindar los nombres de los imputados por la agresión porque es una causa aún en trámite, pero trascendió que uno de ellos sería José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.
Como anticipó este medio, Garnica lideró el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en las instalaciones de Urbasur con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.
En un video, el agredido brindó detalles sobre el episodio y puntualizó: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.
Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.
A los otros 6 imputados la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, dijo a Infobae el agredido por la patota de Camioneros.
“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que 6 de sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hay policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo».
En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de 6 declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur. “En el incidente hay unas 20 personas involucradas, pero sólo hay 6 identificados“, agregaron.
Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.
Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.
“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.
Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos».
Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados.
Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían impreso un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).
También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.
“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.
A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.
Ahora, sin “El Teta” en la empresa (¿y en el sindicato?), con Pablo Moyano de regreso a la actividad en Camioneros tras una tregua pactada con su padre y ante la inminente indagatoria judicial de sus agresores, Ferreyra decidió que será candidato a delegado en las elecciones que tendrán lugar este año en Urbasur. “La gente me lo está pidiendo, aunque ellos (por sus atacantes) no quieren que yo sea delegado”, señaló.
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Antes de $LIBRA: así fue el plan secreto para hacer negocios y recaudar millones con la imagen presidencial de Milei
Meses antes del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, el lobista Mauricio Novelli acercó dos propuestas confidenciales para monetizar la imagen presidencial de Javier Milei: una proponía acuñar monedas de oro con el rostro del libertario; la otra, lanzar remeras, gorros, mochilas, banderines, ponchos impermeables y hasta bebidas energizantes vinculadas al jefe de Estado, según surge de las copias de los “brochures” de la firma ICV Advisors que expertos informáticos recuperaron del teléfono celular de Novelli.
Los impulsores de ambas propuestas mantuvieron un encuentro cara a cara con Milei, en la Casa Rosada, el 5 de abril de 2024, de la mano de Novelli. ¿Quién autorizó el ingreso? La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según surge de los registros de ingresos del palacio presidencial que obtuvo tras presentar un pedido de acceso a la información pública.
La primera propuesta comercial, caratulada como “Merchandising – Septiembre 2024”, planteaba construir la marca “Javier Milei” con productos físicos: remeras, gorras, mochilas, ponchos y banderas con la frase “¡Viva la Libertad Carajo!”. El documento, etiquetado como “Confidencial – Mauricio N – NW”, no se limitaba a una simple venta de accesorios: planteaba explícitamente que, a diferencia del pasado donde los influyentes licenciaban sus nombres, hoy las personalidades pueden “desarrollarse en marcas independientes, aprovechando el valor a largo plazo para sí mismas”.
La propuesta incluyó una identidad visual ya desarrollada por colores, logotipos e ilustración del rostro de Milei en estilo stencil blanco y negro, más cercano al arte urbano que al pop art, y trazó un esquema de desarrollo integral que contemplaba finanzas, diseño de producto, fabricación, ventas/marketing y distribución global. Los propios documentos aclaraban, además, que la utilización de la imagen presidencial se encontraba “en proceso de aprobación”. La presentación preguntaba explícitamente si era posible construir “una marca de estilo de vida a largo plazo” basada en la figura presidencial.
La segunda propuesta, originalmente elaborada en junio de 2024 —apenas meses después de que Milei asumiera la presidencia— y actualizada en septiembre de ese mismo año, aparece como un proyecto de mayor calado institucional. Proponía acuñar monedas conmemorativas de oro (calidad 999) y plata, con el logo del león y el rostro de Milei, con la inscripción “Viva la Libertad Carajo” en el anverso y “República Argentina” en el reverso. El plan estipulaba que el mineral sería “Oro & Plata Argentina” y que la comercialización se realizaría tanto en el país como en el exterior, con puntos de venta en Buenos Aires, Miami, Nueva York y Europa.
El proyecto no era meramente conceptual: los documentos detallan que ya habría existido una primera prueba física de producción, realizada en Alemania con estándares de calidad internacional. La presentación incluía además los logos de cuatro acuñadoras de primer nivel mundial —entre ellas la Royal Mint del Reino Unido y la Royal Canadian Mint— aunque no quedaba explicitado si se trataba de socios confirmados o referencias aspiracionales destinadas a dar peso institucional a la propuesta ante el Presidente.
El esquema contemplaba que cada venta pagaría un “fee” destinado a un “Partido, Fundación u ONG a definir”, y definía a la moneda como una suerte de “bono de cooperación o participación” del proyecto libertario, comparable —según los propios documentos— a un instrumento de financiación política con apariencia de activo de reserva de valor, que además funcionaría para los compradores como resguardo de valor por el metal. Los pasos siguientes incluían firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA, en inglés) y un memorando de entendimiento (MOU, en inglés) para formalizar el uso de la imagen presidencial.
Con Novelli como abrepuertas, las dos propuestas las presentó ICV Advisors, una firma con sede en la Argentina que lidera el chileno Iván Canales Vandewijngaerden, que planteó que su propuesta tenía “fines educativos” cuando lo consultó .
“Nuestro proyecto estaba enfocado en la educación. La idea era lanzar una cripto educativa que sirviera para recaudar fondos que se destinaran a fines educativos, orientado a chicos de entre 8 y 16 años, pero que al mismo tiempo le dejaran una reserva de valor a quienes adquirieran las monedas”, explicó Canales por teléfono, desde Santiago de Chile.
Canales sostuvo que su empresa contactó a Novelli porque “era un trader con mucho éxito y su perfil nos pareció muy interesante para reforzar la idea de una ‘cripto educativa’”, y afirmó que el lobista “no nos pidió nada a cambio” de destrabarles el ingreso a la Casa Rosada y el encuentro a solas con Milei. “No hubo insinuación de nada raro”, remarcó.
Según el empresario, le enviaron los “brochures” a Novelli, “que que debió enviarle copias electrónicas al Presidente, imagino”, aunque al ingresar al despacho presidencial llevó copias físicas con él para entregarlas en mano. “De todos modos -abundó, Milei me pidió que yo se le contara nuestras ideas, que le parecieron interesantes”.
-¿Qué pasó, entonces, que no prosperaron?- preguntó .
-No prosperó por el “ruido” que generó $LIBRA.
El escándalo que provocó el lanzamiento y colapso de la “memecoin” con el estadounidense Hayden Mark Davis ocurrió diez meses después del encuentro a solas entre Milei y Canales. Pero en el medio, Novelli facilitó la llegada al jefe de Estado de otros empresarios, como el CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipiński, quien llegó a firmar una “carta de intención” con el Presidente, según confirmó su empresa a .
Novelli abogó ante Milei, incluso, por sus propias ideas para monetizar la imagen presidencial y obtener ganancias millonarias para ambos, según reveló . Lo planteó en la Quinta de Olivos, el domingo 10 de noviembre de 2024, minutos antes de que el jefe de Estado iniciara una de sus veladas de óperas con amigos y conocidos. Entre ellos, el por entonces jefe de Gabinete del Consejo de Asesores, Demian Reidel, los economistas Juan Carlos de Pablo y Claudio Zuchovicki, y el escritor Alejandro Rozitchner.
La propuesta de Novelli era, en esencia, generar proyectos con el nombre o la imagen del líder libertario, basado en la premisa de que se trataba de activos personalísimos que —según ese enfoque— no estarían alcanzados por las restricciones habituales de la función pública, lo que habilitaría su explotación comercial sin vulnerar la Ley de Ética Pública ni otras normativas, como el decreto 41/99.
Como tantas otras noches en Olivos, el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal del Presidente, Diego Spagnuolo, también participó de la velada operística. Él planteó reparos éticos y legales a la propuesta de negocios que había acercado Novelli, según reconstruyó .
Meses antes, las dos propuestas de Canales para Milei siguieron latentes tras el encuentro de abril de 2024 en la Casa Rosada. En ese sentido, ambos brochures figuran fechados en septiembre de ese año, y adjudicaban un rol a “Mauricio N”, de “NW”, en alusión a Novelli y su empresa, N&W Profesional Traders.
Ambos “brochures” incluían, además, un esquema de licencia o “fee” que derivaría fondos hacia estructuras políticas, educativas o afines, con distribución internacional en Miami, Nueva York y Europa. Y hasta trazaba la posibilidad de expandirse a otros productos como anteojos de sol, motosierras con la marca “Milei” grabada, billeteras, lapiceras y maletines con el apellido “Milei” o la letra “M”, y hasta bebidas energizantes “CARAJO Energy Drink”, con mockups que las mostraban distribuidas en góndolas de estaciones de servicio.
“Esa línea de merchandising, la verdad, a mí me parecía ridícula”, planteó Canales ante la consulta de , pero se corrigió a sí mismo, de inmediato. “Ridícula, no; digamos que no me pareció lo más adecuado para una imagen presidencial”.
-¿Por qué la propuso, entonces?
-Porque me la acercó alguien.
-¿Quién?
Canales optó por callar el nombre del impulsor de una “marca de estilo de vida a largo plazo”, con la impronta del Presidente. Porque la propuesta, según los “brochures”, no era solo vender remeras: de manera explícita pretendía construir una marca, un “lifestyle” basado en la figura de Milei, comparable a marcas de celebridades globales.
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POLITICA
Congreso: La Libertad Avanza busca encabezar una comisión estratégica y reaviva la tensión con el PRO
En el marco de avanzar con las presidencias de las comisiones, el oficialismo ya controla las conducciones de las comisiones de gestión, se quedará con Juicio Político y apunta a liderar la Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia. Una presidencia que, en esta reconfiguración legislativa, le corresponde a la Cámara de Diputados.
Pese a ser una comisión bicameral, desde el Senado postularán a sus integrantes, pero dejarán que las autoridades de la Cámara baja definan quién la liderará.
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Las aspiraciones del jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, chocan con las estrategias del presidente de la Cámara, Martín Menem y de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Entre los libertarios que integraron hasta diciembre la Comisión Bicameral, estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, dos diputados de extrema confianza de Martín Menem: uno de ellos podría ocupar el sillón principal en la estratégica comisión.
El chubutense Treffinger corre con ventajas, teniendo en cuenta que Bornoroni, además de conducir la bancada oficialista, estará a cargo de la Comisión de Juicio Político. El diputado del PRO Ritondo tendría asegurada una de las siete sillas que le corresponden a la Cámara baja, pero no accedería a la prometida presidencia de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
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“Su cercanía con Santiago Caputo lo deja fuera de la presidencia”, le dijo a TN un diputado con acceso directo a la presidencia de la Cámara de Diputados. En el Congreso no son desconocidas las intenciones de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, de controlar con nombres propios la SIDE, un área que aún controla el asesor Caputo con la conducción de Cristian Auguadra.
Desde el Parlamento, la Bicameral es el órgano que fiscaliza las actividades de los espías, audita su presupuesto, pide informes y será por donde pase la Reforma de Inteligencia que el presidente Javier Milei enviará al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional prevé el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional, por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Poder Legislativo Nacional.
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El Servicio de Inteligencia debe entregar la información o documentación que la Comisión Bicameral requiera, observando los recaudos previstos en el artículo 16 de la Ley de Inteligencia Nacional, que regula la clasificación de seguridad de las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos de las agencias integrantes del Sistema.
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Los integrantes de la Comisión
La comisión está conformada por 14 miembros, representados por siete integrantes de cada cámara legislativa.
La Libertad Avanza tendrá un mayor número de representantes, sumará desde el Senado, donde no tenía representantes, e incrementaría su número por Diputados. Desde Unión por la Patria (UxP) esperarán saber cuántos lugares le corresponden desde cada cámara legislativa, un tema conflictivo en las conversaciones entre el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, con Martín Menem.
Hasta diciembre ocupaba tres lugares por la Cámara baja, mientras que los libertarios tuvieron dos. Este año, tras las elecciones del pasado mes de octubre, el oficialismo pasó a ser la primera minoría y esos números podrían variar. Por las dudas, ya se anotaron los peronistas Rodolfo Tailhade, para continuar en la misma, y Agustín Rossi, entre otros cargos que ostentó, fue ministro de Defensa. Desde el Senado, UxP buscará retener sus tres lugares, y tendría asegurada la continuidad de su silla, el exministro del Interior Eduardo Wado de Pedro.
El PRO tendría dos lugares, y serían ocupados por los jefes de bancada, Ritondo y Martín Goerling Lara por el Senado. La UCR se asegura una silla desde la Cámara alta, que la tendrá que definir Eduardo Vischi y desde diputados, las conversaciones serán entre Pamela Verasay, titular del bloque y Martín Menem. Mientras que Provincias Unidas es otro sector que tendrá representación, desde cada cámara.
Bicameral, SIDE, Congreso
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