POLITICA
La cúpula de Pro guarda silencio frente al escándalo de los audios que sacude a los Milei
La cúpula de Pro, el partido que conduce Mauricio Macri, principal aliado de la Casa Rosada, guarda silencio frente al escándalo que desató la investigación judicial sobre los supuestos pagos de sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis). Incómodos e inquietos por la ausencia de explicaciones oficiales y disconformes por la estrategia comunicacional que implementaron los Milei para defenderse y aplacar la crisis que provocó el caso de los audios, los máximos exponentes del partido fundado por Macri o los dirigentes amarillos que ocupan lugares entrables en las listas de La Libertad Avanza (LLA) optaron por no hacer comentarios ni opinar sobre los avances de la causa que mantiene en vilo a la administración nacional.
Con Mauricio Macri en el exterior −viajó a Dinamarca para participar de una nueva edición del Mundial de Bridge−, los jerarcas de Pro que apostaron a converger con Milei en las elecciones de medio término prefirieron hasta el momento tomar distancia y no opinar sobre las sospechas de coimas contenidas en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, quien fue echado del Gobierno.
En las grabaciones, obtenidas de manera clandestina y editadas, Spagnuolo, un hombre que supo integrar el círculo de confianza del jefe del Estado, se mencionan a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como responsable de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. Sus dichos complicaron además a los poderosos empresarios Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina.
En Pro y allegados a Milei rechazaron la versión de que Macri fue quien acercó a los Kovalivker al mundillo de LLA cuando el exmandatario colaboró con el armado del operativo de fiscalización para el balotaje en 2023.
“No le vamos a jugar mal a Milei. Y eso que muchos somos damnificados por ‘Lule’”, aseguró uno de las autoridades del partido de Macri. Quienes suelen aconsejar al expresidente admiten que el affaire Spagnuolo podría dañar la credibilidad del Presidente, pero repiten que no deben salir a presionar o “tirar piedras” en un “momento de debilidad”. Están atentos a las reacciones de los mercados −volvió a subir el riesgo país− y al eventual impacto en el proceso electorales.
Ante el riesgo de nuevas revelaciones en el caso judicial por supuesta corrupción que sacude a los hermanos Milei y al clan Menem, los encargados del armado partidario y territorial de LLA en todo el país, los popes de la fuerza de Macri piden perfil bajo a su tropa. “Fue un gran error que el Gobierno atacara a su principal aliado durante el último tiempo, pero sabemos quién está enfrente [por el kirchnerismo]”, desliza uno de los macristas de pura cepa.
Hasta ahora hubo pocos representantes de Pro que se atrevieron a referirse explícitamente al escándalo de los audios.
Los primeros en manifestarse fueron Mariano Federici, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y la abogada y consejera de la Magistratura Jimena de la Torre. Ambos suelen ser críticos del gobierno de Milei en el plano institucional. De hecho, De la Torre, quien solía ser ponderada por Macri y fue vetada de las listas porteñas por Karina Milei –quienes la conocen afirman que está aliviada con la decisión de la hermana del Presidente−, aseguró que la Justicia debía investigar “a fondo las denuncias en la Agencia de Discapacidad y llegar hasta las últimas consecuencias”. A su vez, afirmó que el gobierno nacional tenía “la obligación de colaborar y garantizar transparencia”.
Tiempo atrás, De la Torre había participado de encuentros públicos de abogados con Daniel María Garbellini, ahora exdirector Nacional de Acceso a Servicios de Salud. En las grabaciones clandestinas, Spagnuolo alude a Garbellini como el encargado de diseñar el esquema de supuestas coimas, como delegado de Menem. No obstante, la exfuncionaria de la AFIP afirmó a que no tiene ningún vínculo con Garbellini, un hombre con pasado en las gestiones del macrismo en la Ciudad, y que no recordaba esas reuniones.
En el Congreso, los legisladores de Pro se ausentaron del plenario de comisiones de Salud y Discapacidad, donde la oposición intentó presionar al Gobierno. Ni Sofía Brambilla ni Silvia Lospennato ni Martín Maquieyra ni María Sotolano −postulante de LLA en la tercera sección− quisieron plegarse a la ofensiva del kirchnerismo. La bullrichista Patricia Vázquez y Sergio Capozzi deambularon por los pasillos, pero no se sentaron para no convalidar el ataque a la Casa Rosada.
María Eugenia Vidal, quien rechazó el pacto electoral con Pro, prefirió no hacer comentarios ante la consulta de este medio. Alrededor del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se excusaron: “Estamos enfocados en la gestión de la Ciudad”, dijeron en la sede de Uspallata. Tampoco hicieron alusiones directas al tema el gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos), aliado electoral de LLA, o Ignacio Torres (Chubut), referente de Provincias Unidas. El viernes, Torres recibió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y habló de corrupción, pero en el marco de su controversia con el kirchnerismo local.
En cambio, Lospennato, una de las marginadas por los Milei tras la discusión por la caída de ficha limpia en plena campaña porteña, optó por romper el silencio. “En el caso Spagnuolo la Justicia está actuando con la celeridad necesaria en denuncias de corrupción. Ese es el estándar que me gustaría ver en todas las causas”, manifestó Lospennato a .
En el ala acuerdista de Pro prima la cautela. La mayoría acató la orden de la Casa Rosada de suspender las entrevistas programadas en medios televisivos o radiales y evitar comentarios. Diego Santilli hizo una mención durante el acto de Milei en Junín, donde el Presidente presentó a los postulantes a diputado nacional del oficialismo en Buenos Aires. La calificó como una “operación” y dijo que no le sorprendía que las grabaciones clandestinas se hayan dado a conocer a dos semanas de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.
Santilli ocupa el tercer casillero en la boleta que encabeza José Luis Espert, quien conocía a Spagnuolo antes de que Milei lo incorporara a sus equipos. En la previa del mitin libertario en Junín, Sebastián Pareja, jefe de campaña del oficialismo, se vio a solas con la mayoría de los aspirantes de LLA en un hotel de esa localidad. Transmitió un mensaje de tranquilidad. Por esas horas los Milei habían dispuesto que los primos Menem salieran a desmentir sospechas de sobornos contenidas en los audios del extitular de la Andis. Junto a Santilli estuvieron Cristian Ritondo, jefe de Pro en Buenos Aires, y los candidatos Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba. Todos ellos, al igual que Fernando de Andreis, ladero fiel de Macri y postulante de LLA en la Capital, optaron por no hacer declaraciones sobre el caso Spagnuolo.
Santilli, por caso, se mostró predispuesto a poner el cuerpo y respaldar a Milei en plena crisis. No obstante, los estrategas de LLA pidieron a sus candidatos que eviten el contacto con los medios. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y primer candidato a senador por la quinta sección, se abocó a recorrer el interior de la provincia, pero tiene previstas apariciones en TV para los próximos días.
En Pro siembran sospechas sobre el origen de los audios clandestinos a Spagnuolo y son críticos de la reacción de la Casa Rosada. Incluso entre los acuerdistas deslizan que hubo “amateurismo” en la plana mayor de LLA. Y están pendientes de los próximos pasos que dará el Presidente. Ya especulan respecto de si se atreverá o no a correr a Lule Menem de la gestión. “El Turco no te entregaba a un funcionario bajo fuego”, recuerda un macrista que se calzó el buzo violeta de Milei.
Un laberinto sin salida a la vista,pic.twitter.com/Hs8Dxs07nf,August 26, 2025,fue vetada de las listas porteñas,August 25, 2025,se ausentaron del plenario de comisiones de Salud y Discapacidad,Matías Moreno,Elecciones 2025,Mauricio Macri,Pro (Propuesta Republicana),Conforme a,,Puerto Deseado. Un sindicalista de la Uocra quedó detenido por la brutal agresión al constructor,,Pagó por entrevistas. La justicia electoral castigó a un partido por hacer publicidad encubierta,,Derrota del Señor del Tabaco. La Corte le puso fin al reclamo por los impuestos al cigarrillo,Elecciones 2025,,En vivo. lecciones 2025: qué pasa en la campaña de la provincia de Buenos Aires este miércoles 27 de agosto,,Elecciones en Corrientes. Quiénes son los candidatos a gobernador,,Mesa y orden. Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto
POLITICA
La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto y alertó sobre el “espionaje político”
La oposición rechazó con dureza la reforma del sistema de inteligencia que prepara el Gobierno y que se formalizaría en los próximos días a través del DNU 941/2025.
Según el texto en el que trabajan en la Casa Rosada, se redefinirá la estructura y el alcance de la SIDE. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.
Los dirigentes que se pronunciaron en contra de la norma anticiparon que el próximo capítulo de la disputa será legislativo. Buscarán impugnar el DNU para evitar que quede vigente, una tarea compleja: el mecanismo exige el rechazo por mayoría en ambas Cámaras. Si una de ellas no lo trata o solo una lo rebate, el decreto conserva plena validez.
En Pro, uno de los aliados del Gobierno en el Congreso, aún no hubo una posición pública. Tampoco se expresó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. No obstante, uno de los referentes del espacio indicó a que preparan un comunicado conjunto. Según pudo saber este medio, además, la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el alcance y los fundamentos de la reforma.
El antecedente está fresco en el Congreso. El primer DNU que la oposición, en su conjunto, le rechazó a Milei fue el que autorizaba el giro de $100.000 millones a la SIDE, en pleno apogeo del discurso oficial del “no hay plata”.
Uno de los primeros opositores que salió a rechazar la reforma que prepara Milei fue el diputado socialista Esteban Paulón. En un mensaje publicado en redes sociales, cuestionó el momento y el contenido del decreto. “El DNU 941/25, publicado anoche mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió. Señaló, además, que los cambios se adoptaron “sin pasar por el Congreso y sin participación de la Comisión Bicameral”. Y agregó una lectura política: sostuvo que la interna entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo “es un riesgo para la seguridad nacional” y afecta la autonomía del sistema de inteligencia.
El DNU que pulen en el Gobierno -aún no se oficializó con la publicación en el Boletín Oficial- establece que todas las actividades de la SIDE revisten carácter “encubierto” por razones de “sensibilidad” estratégica. Entre las modificaciones centrales, la administración de Milei apunta a trasladar la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete -a través de la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)-, lo que, según sus críticos, permite que la inteligencia se concentre exclusivamente en tareas operativas. Paulón atribuyó esta reconfiguración a la interna libertaria: interpretó que el cambio fortalece el control de Karina Milei sobre un área clave del Estado, al colocarla bajo la órbita de uno de sus principales aliados, y le resta margen de maniobra a Caputo, quien conserva influencia sobre la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra.
Uno de los puntos que encendió mayores alarmas fue la facultad otorgada al personal de inteligencia para proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Desde distintos sectores de la oposición advirtieron que esa atribución equivale a la creación de una “policía política”.
Así lo expresó el exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien sostuvo que el decreto “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Recordó que es la segunda vez que Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que, en esta ocasión, “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Según Moreau, el esquema obliga a distintos niveles del Estado a transformarse en “delatores de la oposición política” y constituye “un claro retroceso democrático”.
En la misma línea se manifestó el diputado peronista Agustín Rossi, extitular de la SIDE durante el gobierno de Alberto Fernández. Advirtió que el DNU “transforma a los agentes de inteligencia en policía secreta” al habilitarlos a aprehender personas sin orden judicial y alertó que el organismo “se convertirá en una fuerza parapolicial”.
La reforma también reorganiza el sistema bajo nuevas agencias especializadas, como la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia. Rossi puso el foco en las nuevas atribuciones de la Agencia de Contrainteligencia, que -según el texto del decreto- podrá producir inteligencia “sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas dentro de la jurisdicción nacional”. La oposición cuestionó que se trata de una definición amplia, sin delimitaciones técnicas precisas, que deja un margen significativo a la interpretación institucional.
Ese fue, también, uno de los ejes señalados por Paulón. Al denunciar lo que consideró un regreso del espionaje político, sostuvo que el DNU define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas. “Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El Estado policial en su máxima expresión”, afirmó.
Otro de los cambios relevantes del decreto es la disolución del organismo de inteligencia estratégica militar para unificarlo bajo el Estado Mayor Conjunto. El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana centró sus críticas en ese punto. Aseguró que la reforma “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” al disolver la Diniem y concentrar poder en la conducción estratégica militar. Según explicó, a cambio de esa autonomía se subordina la inteligencia militar al área de seguridad, “dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. Para Taiana, el esquema avanza en la idea de transformar a las FFAA en una “Guardia Nacional”, una concepción que -dijo- impulsa desde hace años el Comando Sur. Taiana fue ministro de Defensa entre 2021 y 2023.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma del sistema de inteligencia como “un retroceso histórico” y apuntó contra las autoridades del Congreso. Desde su cuenta de X, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la falta de conformación de las comisiones clave. “Es urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Bicameral de Trámite Legislativo para que este DNU sea tratado y rechazado a la brevedad por su nulidad absoluta e insanable”, sostuvo. Y advirtió: “De lo contrario, iremos directo al recinto”.
Las críticas también llegaron desde el radicalismo. Ricardo Alfonsín cuestionó que una reforma de esta magnitud haya sido instrumentada por decreto. “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos y consensuados, este es uno de ellos. Y es obvio que Milei no quiso hacerlo. Esto es muy grave”, escribió. Y cerró con un llamado a la acción: “Espero que las fuerzas políticas se manifiesten”.
Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo reclamó que el DNU sea anulado por el Congreso y advirtió que implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas” y la legalización de un estado policial. En términos similares, el legislador Néstor Pitrola, del Partido Obrero, sostuvo que el decreto “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”.
DNU 941/2025,pic.twitter.com/rvEXvJi7Ba,January 1, 2026,January 1, 2026,January 1, 2026,pic.twitter.com/NWNPGkJnP9,January 1, 2026,January 1, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
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Cristina Kirchner sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de enero
La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin fecha de alta confirmada. Además, está a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero.
La expresidente fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Se encontraba en su domicilio de San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad”.
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En tanto, la defensa de la exmandataria intentará que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, solicitudes que fueron en principio rechazadas por el TOF2.
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Ese tribunal está integrado de manera habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero durante la feria judicial que comienza ahora se verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.
La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. De esta manera, cambian dos votos del tribunal y se abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones en las que la detenida cumple su prisión domiciliaria.
Mientras, y transcurridos 12 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el último comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.
El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico. Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.
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POLITICA
El Gobierno iniciaría el proceso para privatizar el Belgrano Cargas: la letra chica y el plan para renovar otra compañía clave
El Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar durante el mes de enero el pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas, la cual finalizaría a mediados de este año. Se trata de la primera fase de un plan mayor que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen sobre la política ferroviaria: en este caso particular, las líneas abarcadas son el Belgrano, San Martín y el Urquiza. Para una etapa posterior, a largo plazo, se estudia llamar a licitación sobre el Ferrosur Roca.
Se tratan de dos fases de una masterplan que diseñan funcionarios con conocimiento del sector ferroviario, aunque los fines de esta política exceden solo al ámbito del transporte, ya que el rubro de carga está estrechamente interrelacionado con diferentes polos productivos dispersos a lo largo y ancho del país, tales como el agrícola, el minero, el petrolífero, entre otros.
El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical y open access (acceso abierto).
El primer término quiere decir que se desbloquea la posibilidad de que una compañía pueda adquirir una de las unidades de negocios del Belgrano Cargas. Las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también serán concesionados. No así el material rodante (las locomotoras y vagones), que será vendido a través de un remate público.
Fuentes oficiales remarcaron que el dinero que se genere por ese último mecanismo será reorientado para realizar una inversión por única vez para la renovación de vías y la mejora estructural en aquellos tramos en donde haya volumen y demanda. Es decir, los trazos donde más interés hay puesto de parte de las compañías que buscan aplicar a la privatización.
El dinero de las subastas no irá a reactivar algunos tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas que hay en el país. Eso se lo dejará a consideración de la futura operaria si es que consigue clientes y demanda en esos sectores abandonados que hoy en día no tienen rentabilidad económica.
Hay 17.700 kilómetros de vías que sí están operativas. De aquellas, el Gobierno quiere invertir con el dinero subastado en dos líneas en particular: en el ramal San Martín a través de la renovación de cerca de 300 kilómetros de vías y una inversión de capital sobre las vías del ramal Belgrano. El pliego que ya está confeccionado obliga a la compañía a que invierta en la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.
Con estas mejoras sobre las trazas ferroviarias buscan generar una solución logística para multiplicar las cargas transportadas, haciendo que el tren pase a ser el medio de transporte de productos de 5% a 20% en cuestión de años. Creen que para finales de 2027 la carga podría duplicarse. “Actualmente hay mucha inversión en el punto de destino. Muchas están preparadas para transportar el triple de carga de lo que aguanta nuestro sistema”, marca una fuente libertaria.
Es por ello que diversos grupos empresarios manifestaron interés para hacerse con segmentos estratégicos del Belgrano y San Martín. Un consorcio liderado por Aceitera General Deheza (AGD) e integrado por firmas como ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, figura entre los principales aspirantes. Grupo México Transportes (GMXT) también formalizó su intención y espera canalizar una inversión de USD 3.000 millones. Otras compañías de Chile y España realizaron sondeos, al igual que firmas mineras multinacionales como la británica Río Tinto.
A grandes rasgos, el diagnóstico es el siguiente: en el San Martín hay menos capacidades ferroviarias y se precisan inversiones para reforzarlas; en el Belgrano hay falta de material rodante, buenas vías, pero hay un cuello de botella por la no-finalización de la circunvalación de Santa Fe; por último, en el Urquiza consideran que hay una demanda insatisfecha y que podría suplirse si es que logran planificar un esquema para satisfacer las conexiones internacionales.
“Lo que se transporta es muy poco para la cantidad de vías que hay. Tenemos costos fijos altos y el mantenimiento de la vía es complicada con la baja recaudación actual. Lo que se busca es incrementar el volumen de carga para hacer rentable el negocio. Creemos que el open access contribuye a eso”, explican desde el Gobierno. Ese sistema establece que cualquier operador privado podrá utilizar la red existente mediante el pago de un canon, siempre que cumpla con las condiciones legales y logre la autorización de la empresa operadora.
Si bien el nuevo esquema ferroviario puede favorecer a los sectores y zonas productivas comprendidas a lo largo de la traza de las tres líneas, varios de los negocios mineros y la totalidad de Vaca Muerta tienen cuellos de botella por la inexistencia de servicios ferroviarios que lleguen a esos polos.
Además de las tres líneas administradas actualmente por Belgrano Cargas, existen otras tres: Ferroexpreso Pampeano (con Techint como socio mayoritario), Ferrosur Roca (propiedad de Loma Negra) y Nuevo Central Argentino (de Aceitera General Deheza). De estas, el Gobierno está satisfecha solo con la última, que hace unos meses aceptó pasar por una adecuación contractual que le permitió extender su contrato hasta 2032.
Aunque no hay satisfacción con el estado de Ferroexpreso Pampeano, todavía no hay una decisión tomada sobre qué hacer. Para el caso de Ferrosur Roca se sabe que se llamará a un proceso licitatorio más adelante y sin fecha estimada. La compañía tuvo diálogos con el Ejecutivo y le presentó propuestas para renovar su contrato, pero fueron rechazadas.
La decisión del futuro llamado a licitación reviste de un particular atractivo para toda el área de Vaca Muerta. Ven que los privados verían con interés en favorecer los servicios hasta la estación de Contraalmirante Martín Guerrico, a unos kilómetros de General Roca, provincia de Río Negro; y a 70 kilómetros de las vías de acceso más frecuentadas de la cuenca. “Ya tenemos la traza mapeada, aunque no hay planes específicos por el momento”, marcan.
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