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POLITICA

La curiosa forma en que Milei justificó el “error” de la diputada Juliana Santillán

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Hay errores y errores. El presidente Javier Milei, en ocasiones implacable contra quienes se equivocan en un dato, justificó anoche a la diputada libertaria Juliana Santillán por haber afirmado en un set de televisión que la canasta básica para cuatro personas era en mayo de 360.000 pesos, cuando en realidad trepaba a $1.110.063.

“Erró en el dato porque usó el número de la verdadera base de comparación que es la del individuo y dijo que era para cuatro personas. Bueno, bueno, pero eso también es muy interesante porque ella después lo corrigió en vivo. Se dio cuenta de que se había equivocado y lo corrigió”, dijo Milei, en diálogo con LN+.

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La defensa de Milei a la diputada Santillán

El episodio ocurrió el 3 de junio en el canal TN, en el que Santillán se enfrentó con médicas del hospital Garrahan que se quejaban por cobrar 800.000 pesos y que eso era menos que una canasta básica. Santillán esgrimió entonces que la canasta para cuatro personas, según el Indec, era de 360.000 pesos. A pesar de lo que dice el Presidente, no se rectificó al aire, sino que la corrigieron los conductores del programa.

Pero Milei la justificó así: “Cuando cometió el error las basuras de los periodistas que estaban ahí le saltaron a la yugular. Dijeron que eso (los 360.000 pesos) era básicamente de un individuo. Esas basuras que ofician de periodistas sabían el número y cuando la persona del Garrahan estaba mintiendo no lo dijeron. ¿Cómo, si lo tenían presente para saltarle la yugular a a la diputada Santillán, los mismos periodistas no lo tenían presente cuando la la persona del Garrahan mintió?»

A su juicio, la médica debía saber que cuando se quejaba por ganar menos que una canasta básica el parámetro de comparación debía ser la medición para una persona (360.000 pesos) y no la de cuatro ($1.110.000).

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“Si vos lo sabías el número en el mismo momento para saltarle a la yugular a la diputada Santillán, ¿por qué no le saltaste a la yugular a las personas del Garrahan que estaban ahí mintiendo con el número de pobreza?“, añadió Milei. Y acusó al ”90% de los periodistas» de ser “impresentables” que “mienten, calumnian, injurian” y hacen “todo tipo de aberraciones”.

La diputada Santillán vivió un incómodo momento cuando intentaba desacreditar en televisión el reclamo de una médica residente del hospital Garrahan con el dato erróneo sobre el costo de la canasta básica.

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. ¡Datos del Indec, lo tengo acá! Lo estoy diciendo acá en TN para que no digan ‘operaciones’. Canasta básica total en el mes de mayo: 360.000 pesos”, había dicho Santillán el 3 de junio, mientras mostraba a cámara su celular, con un mensaje que le habían enviado después de su cruce con las médicas.

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Exhibía el cuadro publicado por el Indec, pero lo leía de manera errónea.

El cuadro del Indec al que aludió la diputada Santillán

“Creo que la doctora había dicho 800.000 (el valor de la canasta). ¡Falso! Los datos del Indec dicen que una familia necesitó 360.000 pesos″, insistió.

En el estudio estaba el economista Martín Redrado, al que le consultaron inmediatamente si el número era correcto. “Me parece que no”, dijo.

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Ahí quedó en evidencia la manipulación. El cuadro del Indec que mostró la diputada es claro: la canasta básica total de 360.000 pesos es para una persona. Para una familia de cuatro personas, como decía Santillán, el valor es de 1.110.063 pesos.

Descolocada, Santillán se mantuvo en su posición (no se rectificó, a pesar de lo que dijo Milei el jueves). “Bueno, era el dato que dijo la chica que ella no podía sobrevivir. Ella dijo que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al Indec. Ella vive sola, no podía mantenerse. Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos”.

El cuadro sobre la canasta básica lo había tuiteado la diputada Lilia Lemoine en el momento en que Santillán discutía al aire con las médicas.

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A pesar de que los datos no eran correctos, decenas de cuentas libertarias se lanzaron a las redes sociales a denunciar una operación de los residentes y a celebrar la postura de Santillán. El propio presidente Javier Milei retuiteó mensajes de apoyo a su legisladora, incluso uno en el que incluyó el cuadro del Indec y el video con el furcio de Santillán. “Fin de la opereta”, decía el mensaje de la cuenta Escuela Austríaca de Economía, republicado por Milei.

Después retuiteó a Lemoine con el mensaje añadido: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Después de la declaración de Milei de este jueves, Santillán publicó un mensaje ofensivo hacia los periodistas de TN. El Presidente lo retuiteó con un añadido: “No odiamos lo suficiente a los periodistas basuras”.

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“¿Ustedes se quejaban ante el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?“, increpa Santillán a tres médicas residentes convocadas al programa ”Solo una vuelta mas», que conduce Diego Sehinkman.

Laura Capobianco, médica residente del Garrahan, le respondió: “En este momento los que se tienen que dar una respuesta son las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Somos médicos, tenemos una matrícula, ponemos el cuerpo todos los días».

Santillán replicó: “Yo pondría mucho ahínco en esa lucha por sacar el gasto excesivo y le pediría al Gobierno que ponga mucha lupa sobre esos gastos administrativos que no tienen que ser”.

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Ahí retomó otro dato inconsistente, vinculado al personal administrativo del hospital: “Son 953 personas sobre 478″.

Santillán es diputada nacional por La Libertad Avanza desde 2023 (y como tal tiene un sueldo de 5 millones de pesos brutos). Desde 2015 se dedica a la política. Fue dirigente de Cambiemos hasta que conoció a Milei en un canal de televisión. Se presenta en su cuenta de X como Diplomada en Economía Austríaca en Universidad ESEADE. No es un título universitario sino un curso de dos meses y medio, consistente en 19 clases virtuales de 2 horas y media.

“¿No les queda bien el bono?, ¿qué es lo que necesitan? Parece que tienen lo que necesitan y no están conformes. Parecería que no estuvieran de acuerdo con un aumento», le dijo a Capobianco en otro momento de la discusión.

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En ese momento es cuando la médica dijo: “Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos”.



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El Pro amenaza con retirar a sus fiscales de La Matanza por una pelea con LLA

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En cuatro días, Javier Milei plebiscitará su gestión en las urnas. Lo hará en una batalla electoral cuyo principal escenario, por la cantidad de votantes, será la provincia de Buenos Aires, el lugar en el que La Libertad Avanza sufrió una dura derrota a manos del peronismo/kirchnerismo hace menos de dos meses.

La derrota del 7 de septiembre agravó la interna en el Gobierno por el armado de listas y potenció la fragilidad del triángulo de hierro que además del Presidente integran su hermana Karina y el asesor todoterreno, por ahora sin cargo, Santiago Caputo.

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Caputo cuestionó hasta el último día a Sebastián Pareja y a los Menem por las candidaturas y la estrategia. La pelea revivió con mucha intensidad en las últimas 48 horas en La Matanza, el distrito con mayor cantidad de votantes de la provincia. Y recayó en Luis Ontiveros, el coordinador que responde a Pareja. Es una pelea por la fiscalización, que implica el desembolso de una suma de dinero que libertarios y macristas estiman en un promedio de 400 millones de pesos. Mucha plata. El que más fiscales aporta, más dinero administra. En La Matanza, dicen, una buena fiscalización requiere de entre 3500 y 4000 fiscales. “Y nunca podés fiscalizar el 100 por ciento. El único que fiscaliza el 100 por ciento es Fernando Espinoza”, confió a uno de los armadores del distrito.

Las últimas tres reuniones por este tema terminaron mal. Tuvieron lugar en el local partidario de LLA en Vicente López, sobre la Avenida Maipú, frente a la Quinta de Olivos, donde tiene sus oficinas el concejal Luis Palomino. Por los empresarios que aportan a la campaña y que se encargan de la recaudación estuvo, según pudo reconstruir este medio, Sebastián Braun, accionista de La Anónima.

José Luis Acevedo fue en representación de Diego Santilli, que encabeza la lista bonaerense. Lucas Yacob dijo presente por Cristian Ritondo, también estuvo Luciano Gómez Alvariño de Pro. Hubo un referente de Alejandro Finocchiaro, que es el representante de La Matanza del macrismo. Finocchiaro fue ministro de Educación con Mauricio Macri en Nación y con María Eugenia Vidal en Provincia. Fiscaliza en La Matanza desde 2015. Con su sector fue la principal discusión y terminó con un mensaje crítico: “Vamos a retirar a todos los fiscales nuestros”. A cuatro días de las elecciones, la fiscalización de La Matanza para LLA-Pro presenta un problema grande.

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“Nos quieren dar escuelas en diferentes circuitos electorales para esconder al elefante”, dijo gente cercana a Finocchiaro a . El elefante es el culpable de la derrota y el encargado de recibir el dinero por la fiscalización. “Si hay circuitos electorales con diferentes responsables, nadie se hace cargo”, precisó. “Pedimos tres circuitos electorales, aportamos unos 600 fiscales, estaba todo bien hasta hoy”, contó uno de ellos. “Hoy (por el martes) nos dijeron que no nos podían dar nada”, añadió.

Cercanos al armador bonaerense Sebastián Pareja intentaron bajarle el tono al conflicto y negaron que el Pro se haya bajado de la fiscalización, en diálogo con este medio. “No hubo ningún problema en La Matanza y ahora en octubre va a ser lo mismo. Digan lo que digan”, desafiaron del bando de los “territoriales”. En cambio, echaron culpas a Finocchiaro, como el responsable de “generar ruido” por un “problema personal” con Ontiveros.

Ontiveros entró como legislador provincial en septiembre por la tercera sección electoral, en la lista que encabezó el excomisario Alejandro Bondarenko. En aquel momento no solo Finocchiaro sino Caputo culparon al dirigente libertario por la mala fiscalización en Matanza. “Fue un desastre”, recordaron. “Él dice que él solo puede poner 2000 fiscales. No es creíble. Nosotros, en nuestro mejor momento, que fue la elección de 2017, pusimos 3500, el 90% de las mesas cubrimos. Éramos gobierno en Nación y en Provincia. Si él puede solo, que lo haga”, retrucaron enojados en el Pro.

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Cerca de Leila Gianni, la candidata a concejal de LLA en septiembre, también mostraron malestar con Ontiveros y dijeron que se retirarían de la fiscalización. Confirmaron, además, que el Pro retiró a sus fiscales por ahora.

Pero esta pelea, la pelea por la fiscalización, por la plata, no está saldada. Puede que en las próximas horas se resuelva con un llamado en las altas esferas.


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De amparos a la amenaza de juicio político: la falta de aplicación de las leyes de emergencia le abre un frente judicial a Milei

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El conflicto por la falta de aplicación de las tres leyes de emergencia -la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y la de emergencia en discapacidad- escaló en las últimas horas al terreno judicial y político. Universidades públicas, profesionales y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, y organizaciones de personas con discapacidad preparan amparos judiciales, mientras el Congreso advierte que no votará el Presupuesto 2026 si el presidente Javier Milei no destina fondos a las leyes aprobadas.

Constitucionalistas consultados por TN advirtieron que en caso de sostenerse esa decisión, el Presidente podría incurrir en el delito incumplimiento de sus deberes de funcionario público y avanzar un juicio político, y señalaron que para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Congreso podría recurrir a una moción de censura para desplazarlo de su cargo.

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Leé también: La oposición redobló la presión en el Congreso para que el Gobierno aplique las leyes de financiamiento universitario y los fondos para el Garrahan

La controversia se desató luego de que el Ejecutivo promulgara las normas, pero suspendiera su aplicación “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”, según los decretos 759, 760 y 681 de 2025. La decisión generó una ola de reclamos en los sectores afectados, que advirtieron sobre la gravedad institucional de dejar sin efecto leyes vigentes aprobadas por amplias mayorías legislativas.

En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para este martes un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una acción judicial conjunta.

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Universidades en pie de reclamo

El presidente del CIN, Oscar Alpa, confirmó a TN que en el plenario de rectores van “a evaluar el tema legal y hacer una presentación conjunta de todas las universidades nacionales y definir qué tipo de medida judicial” pueden realizar. Además, adelantó que el sistema universitario seguirá “reclamando por el Presupuesto del año que viene, porque son dos temas fundamentales, no solo la ley de este año, sino también el presupuesto para 2026”.

Según el comunicado oficial del organismo, el plenario se realizará desde las 13 en formato híbrido, con participación de todos los rectores del país, y tendrá como eje la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, sancionada por amplia mayoría, dispone la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, y la convocatoria a paritarias nacionales.

Discapacidad, Hospital Garrahan y universidades públicas, los frentes abiertos en el Congreso y en la Justicia para Javier Milei (Foto: TN).

Sin embargo, la aplicación quedó en suspenso por decisión del Ejecutivo. Para los especialistas consultados, el argumento del financiamiento no tiene sustento legal. “El Presidente no tiene ninguna posibilidad de disponer él la suspensión de la aplicación de las tres leyes, sino que debe avanzar en su implementación”, explicó el constitucionalista Pedro Caminos.

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Además, sostuvo que tanto la ley de administración financiera como la de ejecución del presupuesto “son normas generales y anteriores” que no pueden prevalecer sobre las leyes específicas sancionadas este año.

Caminos agregó que las personas o instituciones afectadas, como las universidades, “podrían iniciar acciones judiciales reclamando el pago de sumas de dinero o la ejecución de prestaciones”, e incluso advirtió que “el jefe de Gabinete podría ser objeto de una moción de censura” si el Congreso decide avanzar con ese mecanismo previsto por la Constitución.

Emergencia pediátrica y amparos en el Garrahan

En el Hospital Garrahan, el personal de salud realizó este martes un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno. “No queremos naturalizar esta noticia porque hoy tenemos una ley promulgada, pero el Gobierno insiste en darle la espalda a un hospital de referencia”, dijo a este medio la nutricionista Norma Lezama.

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“Es muy indignante que haya salido en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una medida que lo suspende”, señaló. “El Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley, el hospital ya no puede esperar más, ya hay 300 profesionales menos, están renunciando terapistas, neonatólogos, cirujanos, todo lo que es emergencia, la gente viene al hospital y si no están los equipos no podemos seguir atendiendo”, advirtió.

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica y busca garantizar recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca. Pero el decreto 760/2025 dejó su aplicación supeditada a la aprobación del Presupuesto 2026.

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El constitucionalista Mariano Bar sostuvo que “la situación es exactamente igual que la de la ley de emergencia en discapacidad que promulgaron con una especie de inaplicabilidad por falta de fondos. Eso no tiene sustento constitucional alguno”. En su análisis, “el que fija y legisla es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejecuta leyes. No dice si están bien o si están mal”.

Bar advirtió que la negativa del Ejecutivo “da lugar a mociones de censura y posible remoción del jefe de Gabinete”, y destacó que “la no ejecución implica un exceso en su facultad reglamentaria o de promulgación de las leyes”.

Discapacidad y la nulidad de los decretos

La ley de emergencia en discapacidad fue la primera en quedar bajo la figura de promulgación sin ejecución, un mecanismo que los constitucionalistas califican de “inexistente”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó en su cuenta de X que “el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes”.

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Lueego de que el Congreso rechazó los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de fondos para el Garrahan, Milei las promulgó, pero suspendió su aplicación (Foto: Senado).
Lueego de que el Congreso rechazó los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de fondos para el Garrahan, Milei las promulgó, pero suspendió su aplicación (Foto: Senado).

El especialista subrayó que el artículo 83 de la Constitución es claro: una vez que el Congreso insiste con una ley vetada y alcanza las mayorías necesarias, el Ejecutivo “debe promulgarla, publicarla y aplicarla”. Añadió que el decreto firmado por Milei “lesiona los derechos de las personas con discapacidad” y que cualquier ciudadano puede promover “acciones de amparo, denuncias penales por abuso de autoridad o solicitar un juicio político contra el Presidente por mal desempeño en el cargo”.

En la misma línea, Diego Armesto señaló que la decisión del Ejecutivo constituye “una flagrante violación a los procedimientos constitucionales” y afecta a “sectores vulnerables protegidos por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución”. Para el abogado, “el Ejecutivo desoye el mandato de ley y crea esta figura del reveto o veto reload, que va en contra de las cláusulas constitucionales”.

Armesto recordó que en el caso de la ley de discapacidad ya se presentó un amparo colectivo en el juzgado de Campana, y que “las universidades y el Garrahan también van a tener la posibilidad” de recurrir a la Justicia.

Denuncias, citaciones y amenaza de moción de censura

En el plano político, la diputada Cecilia Moreau afirmó que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley tal como fue aprobada”. El bloque peronista presentó un proyecto de resolución para exigir la aplicación inmediata de las tres normas. “El Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir sus obligaciones”, sostuvo la legisladora.

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El socialista Esteban Paulón amplió una denuncia penal por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” contra Milei; Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Las leyes están para cumplirse”, señaló.

Mientras tanto, el Congreso mantiene pendiente la moción de censura contra Francos, dictaminada la semana pasada en comisión por sectores opositores. Si prospera y el Senado acompaña la medida, el jefe de Gabinete deberá dejar su cargo por pérdida de confianza legislativa.

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En el Gobierno dan por aseguradas las salidas de Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona

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Cambia o muere”, fue la contundente frase que usó un alto funcionario del Gobierno para describir el escenario que enfrentará Javier Milei después de las elecciones legislativas. Según informó Clarín, en el Ejecutivo se multiplican las versiones sobre una inminente reconfiguración del gabinete, que incluiría la salida del canciller Gerardo Werthein, la posible fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, y hasta dudas sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La medida buscaría “dar aire a la gestión” y cerrar las disputas internas que atraviesan a La Libertad Avanza.

La tensión se disparó tras un supuesto enojo de Werthein por el “avance de Santiago Caputo en las negociaciones con los Estados Unidos” y las críticas que recibió de las “Fuerzas del Cielo”. En Casa Rosada aseguran que el canciller dejará el cargo tras los comicios y que su reemplazante sería Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y figura cercana a Caputo. El eventual ascenso también implicaría el regreso de Úrsula Basset, desplazada por Werthein en septiembre.

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Javier Milei sobre el swap con Estados Unidos: “Sería tomar deuda para pagar deuda”

En paralelo, la salida confirmada de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre aceleró los planes de una fusión con Justicia. Según trascendió, la nueva cartera sería conducida por Guillermo Montenegro, del PRO, mientras Sebastián Amerio seguiría como secretario de Justicia y Alejandra Monteoliva, colaboradora de Bullrich, asumiría como secretaria de Seguridad.

En el entorno de Cúneo Libarona admitieron su alejamiento tras los comicios y señalaron que se dedicará “a su familia y a su salud”, tras cumplir con la “implementación del Código Procesal Penal en 14 provincias”.

Los movimientos refuerzan la influencia de Caputo dentro del Gobierno, aunque su expansión despierta interrogantes sobre el papel de Karina Milei, cuya aprobación será clave para cualquier cambio. “Tiene que barajar y dar de nuevo”, sostuvo otro funcionario cercano al Presidente, en alusión al relanzamiento que se reclama puertas adentro. Sin embargo, el resultado electoral será decisivo: una derrota podría acelerar el reacomodamiento interno, mientras las “tribus libertarias” advierten que los hermanos Milei “no permitirán una intervención del macrismo” en el gabinete.

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