POLITICA
La debilidad de la institución invisible

Julio María Sanguinetti suele observar que en la vida pública interviene un factor intangible, pero tan decisivo, que él lo denomina “la institución invisible”. Es la confianza. Se trata del crédito del que disfrutan los liderazgos que inspiran expectativas positivas. La relación de Javier Milei con una parte de la sociedad ha comenzado a emitir las señales de un déficit en esa dimensión.
Lo anticipaban algunos estudios de opinión como el Índice de Confianza en el Gobierno y el Índice de Confianza del Consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella: ambos registraron una caída de 14 puntos porcentuales entre julio y agosto. Antes de los audios de Diego Spagnuolo detallando un supuesto sistema de coimas, organizado por Karina Milei, en la adquisición de medicamentos para discapacitados.
Que la ciudadanía presuma que una gestión puede producir un progreso es importantísimo para cualquier grupo político. Para La Libertad Avanza (LLA) es vital. Carente de capital institucional, con pocos diputados y senadores, sin gobernadores o intendentes propios, desconectada del mundo sindical, esa fuerza depende mucho más que otras de que las expectativas del público le sean favorables. Esa es la palanca a la que puede recurrir para que el aparato político la ayude a alcanzar sus objetivos. Esa es la palanca que se está fisurando.
Ayer los astros se alinearon para agravar esa percepción de debilidad. Mientras la cotización del dólar oficial tocaba por primera vez, con 1474 pesos, el techo de la banda de flotación establecido por las autoridades económicas, la Cámara de Diputados rechazó por una amplia mayoría los vetos de Milei al financiamiento del hospital Garraham y de las universidades. Estas adversidades se preveían para octubre, en caso de que el oficialismo perdiera los comicios de renovación parlamentaria. Pero se adelantaron en plena campaña electoral. El cambiario y el legislativo son dos vectores que se potencian entre sí.
A la historia le agradan las ironías. El dólar tocó el techo el mismo día en que la Legislatura porteña otorgaba un reconocimiento al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), que lidera Roberto Frenkel, por sus 50 años de existencia. Para la nomenclatura oficial, el CEDES sería una especie de jaula mayor del mandrilismo. Cosas que pasan.
El aumento en la cotización de la divisa está impulsado por la creencia en que el Gobierno no podrá mantener el régimen de bandas después de las elecciones del 26 de octubre. Para esa fecha, se presume, el Estado ya no contará con las reservas suficientes como para defender una cotización. Eso sucederá porque los dólares son escasos. Si se calculan las reservas netas líquidas, no son más de 6000 millones. Además, se sospecha que ese monto no es de libre disponibilidad. Cuando otorga sus créditos, el Fondo Monetario Internacional suele establecer pautas para la intervención de los gobiernos en los mercados cambiarios. Tiene que haberse registrado un incremento determinado del tipo de cambio, durante un lapso también prestablecido.
Son restricciones clásicas, que se volverán más severas por una novedad: al frente del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, que comandaba el chileno Rodrigo Valdés, fue designado Nigel Chalk. Es un economista con larga trayectoria en el organismo, que trabajó durante años a la sombra de David Lipton, el subdirector que mortificó a Luis “Toto” Caputo, presidente del Central durante el gobierno de Mauricio Macri, impidiéndole usar reservas para frenar la cotización del dólar. Con Chalk, Caputo tal vez se enfrente a la misma pesadilla.
Quiere decir que Caputo y Santiago Bausili tienen las manos atadas para contener una disparada del dólar. Imposible pensar en que sigan estimulando una suba en la tasa de interés. Esa estrategia, muy recesiva, no funcionó. Peor aún, hay financistas que suponen que, al llevar el costo del crédito a niveles exorbitantes, el Gobierno logró el efecto contrario al que buscaba: que los inversores, alarmados, corran a comprar más dólares. Si se miran las curvas cambiarias, parece que le hubieran hecho caso al ministro que les ordenó, a fines de junio, “comprá campeón”.
Contra lo que le recomendaban algunos funcionarios del equipo económico alineados con el Fondo, Milei se resistió a que el Estado privilegie la compra de reservas. Temía que esa política presione sobre el precio del dólar y, por esa vía, estimule la inflación. El Presidente se propuso defender el peso y, en esa opción, terminó haciendo peligrar el crédito. “¿Peso o crédito? ¿Qué privilegia el Gobierno? Ese es el dilema”, sostiene, hamletiano, Ricardo López Murphy.
Como los mercados saben que Milei ha sacralizado el objetivo de contener la inflación y, por lo tanto, de fijar el precio del dólar comprometiendo la cantidad de reservas del Banco Central, los tenedores de bonos se deshacen de sus papeles, especulando con que podrían aparecer dificultades para pagarlos. En consecuencia, el índice de riesgo país alcanza niveles elevados: ayer tocó los 1260 puntos.
El comportamiento de estas variables sugiere que la economía podría tener otra configuración durante la segunda mitad del mandato de Milei. Con un costo del crédito como el que consigna el índice de riesgo de ayer, es impensable que la Argentina pueda financiarse en el mercado voluntario de deuda. En una visión del futuro recalibrada, con un triunfo electoral en octubre, el índice volvería a algo así como 800 puntos. Por lo tanto, habría que “vivir con lo nuestro”. Eso quiere decir que el Banco Central debería empeñarse en aumentar sus reservas, lo que implicaría un dólar más caro. Es decir, un dólar más favorable a las exportaciones a través de las cuales se generaría ese superávit de comercio con el que se quedaría el Central. Las importaciones no serían, por un tiempo, tan caudalosas como hoy. Un cuadro que promete menos consumo y menos actividad. En otras palabras: la acumulación de reservas ofrecería un contexto más adverso para acumular poder político.
¿Se podría pensar en que hubo un muy mal manejo del tiempo, ese insumo estratégico de la política? Milei se resistió a comprar reservas cuando era más fácil hacerlo. Y se resistió a seducir aliados cuando inducía a una fantasía más clara de poder. En su discurso del lunes por la noche prometió “trabajar codo a codo con gobernadores, diputados y senadores” para encarar la nueva etapa. Ayer desde el Congreso le demostraron que para esa convocatoria ya no existe la disponibilidad de antes. Muchos legisladores pasaron del voto positivo a la abstención, o de la abstención a la oposición. Si se pone la lupa sobre la votación, diputado por diputado, aparece una evidencia: el Gobierno se estrelló contra todos sus aliados. Consiguió, sí, que para iniciativas más agresivas diputados del Pro y del radicalismo abandonaran el recinto para que la sesión quede sin quorum.
Para reaccionar frente a la derrota bonaerense, el Gobierno publicitó la creación de varias “mesas”. Es decir, grupos de dirigentes para coordinar iniciativas. Marketing para pasar el mal momento. La novedad más importante fue otra: Milei dispuso que tres funcionarios del máximo nivel comiencen una negociación con los gobernadores para alinear al Poder Legislativo. Esos tres colaboradores son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el de Economía, Caputo. El cambio más relevante es la presencia de Caputo. Hasta ahora el estoico Francos venía negociando con la dirigencia del Interior, ad referéndum de las decisiones muchas veces frustrantes del Palacio de Hacienda. Ahora el titular de esa cartera estará sentado a la mesa para que lo que se promete se cumpla.
La materia de conversación también es inédita. Ya no se discutirán concesiones individuales para cada provincia. Se hablará del presupuesto nacional, que fija pautas para las relaciones fiscales federales. Es una buena noticia. Pero también presenta un inconveniente. La ley que la Casa Rosada propone a los gobernadores, como instancia previa a la discusión en el parlamento, ya es vieja. Supone que la inflación del año próximo será de 10%, un objetivo fantasioso para la cotización del dólar que derivará de una política de adquisición de reservas. Esta variable tampoco está incorporada, por eso el texto presupone que el dólar se mantendrá en los niveles actuales. ¿Se puede creer que, en las nuevas coordenadas, la Argentina crecerá durante 2026 un 5%? Hay derecho a dudar.
De todos modos, la transacción con los mandatarios provinciales no será homogénea. Hay aliados más o menos convencidos, como Rogelio Frigerio. O el radical Alfredo Cornejo. Cooperan con el Gobierno, a pesar de los destratos. En otro bloque se inscriben los gobernadores de Provincias Unidas, que compiten con La Libertad Avanza en sus distritos: son Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El caso de Torres es peculiar, porque mantiene una relación más o menos amigable con Santiago Caputo gracias a la común amistad con los inquietos hermanos Neuss. Un tercer alineamiento es más resbaladizo: lo llaman el “Grupo Move”, que es el nombre de la consultora del mismo Caputo, que sería contratada por esas provincias. Allí estarían Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca) y, se asegura, Sergio Ziliotto (La Pampa). La lista es hipotética, por la naturaleza del agrupamiento. Como siempre, la política está viciada por paranoias: ¿es verdad que hay gobernadores que fueron amenazados con recibir menos aportes del Estado nacional porque se resistieron a contratar a la empresa del “Mago del Kremlin”? Habladurías.
Los interrogantes sobre los indicadores económicos abren una incógnita inquietante: ¿el Congreso tratará la ley que envió el Poder Ejecutivo o pedirá que se elabore otra, con otras nuevas pautas? La pregunta es pertinente porque, como se advirtió ayer, los diputados y senadores con los que deberá lidiar Milei son mucho menos concesivos. En partidos aliados, como Pro, aparecen disidencias. La más dramática fue ayer la de Silvia Lospennato. No porque su posición contraria a los vetos fuera demasiado corrosiva. La señal de que el oficialismo atraviesa una hora dramática en el parlamento la proporcionó Cristian “Pucho” Ritondo con su violenta reacción frente a Lospennato. Es natural que Ritondo esté más exaltado que de costumbre: es uno de los mariscales de la derrota bonaerense, en especial porque los intendentes que tiene como aliados perdieron en sus municipios. Por supuesto, el conflicto es más profundo. El jefe del bloque del Pro llevó a su partido a una alianza que, a la luz de la nueva escena, parece catastrófica. En el momento en que un sector importante del electorado anti-kirchnerista distinta de LLA, Pro cerró sus puertas para subsumirse en el oficialismo.
El caso Lospennato, de todos modos, es una muestra interesante de lo que puede suceder. Su conducta frente a la Presidencia no es una consecuencia de las malhadadas estrategias de Ritondo y de Diego Santilli. Lospennato fue maltratada por las autoridades, en especial por Milei, durante la campaña porteña. Algo similar a lo que sucedió con Luis Juez hace pocos días. En la gran escalera de la Casa Rosada debería fijarse un cartel con esta leyenda: “No pise a nadie al subir. Se lo puede encontrar al bajar”.
Uno de los grandes enigmas de la vida pública de estos días se refiere al poder predictivo de las elecciones bonaerenses. ¿Fueron la primera estación de un calvario de derrotas para Milei? Es imposible saberlo, porque se trató de comicios tan atípicos que no hay forma de compararlos. Ni del pasado ni del futuro. Es verdad que, si se dan por ciertas algunas informaciones, la Casa Rosada enfrenta malos augurios. ¿Es cierto que en Córdoba la imagen del Presidente se derrumbó? Por la idiosincrasia de ese electorado, que le dio un triunfo arrasador a Macri cuando perdió la presidencia, sería un cambio de primera magnitud. Mañana Milei estará allí.
Se podría suponer que la derrota bonaerense de LLA fue un episodio local, determinado por factores que pueden revertirse. Sin embargo, tuvo un efecto tan impactante sobre el paisaje general que deterioró el clima público, sobre todo el económico, hasta niveles que modifican el significado de los comicios de octubre. Ahora una victoria de Milei en las elecciones generales serviría, no ya para lanzar a su administración hacia una nueva frontera de reformas, sino para reubicarla en la situación en la que estaba antes de ese fracaso.
El mensaje que emitió el Gobierno después de la caída hace juego con esa gravedad. Milei salió a escena a ofrecer un mayor gasto “humanitario” en relación con los jubilados, los discapacitados y el sistema educativo. Una promesa incierta, porque se basa en un presupuesto de fantasía. Una curiosidad: frente a ese discurso del lunes, los vetos que los diputados oficialistas defendieron ayer quedaron anacrónicos. Milei prometió también iniciar una etapa de consenso, negociando con la “casta”. Y envió un presupuesto al Congreso con una pauta de superávit fiscal más modesta que la que se había pactado con el Fondo. Es decir, a partir de la derrota bonaerense, el Presidente parece haber renunciado a la esencia de su experimento. Parece haber renunciado a ejecutar una reforma radical. No tanto porque le falte vocación. Lo que se redujo es el margen de maniobra. Para ponerlo en términos más convencionales: la Argentina está ahora frente a otro Milei. Un Milei gradualista. Con perdón de la palabra.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
La Corte Suprema aprobó un proyecto para limitar la influencia política en la selección de jueces

La Corte Suprema de Justicia aprobó un nuevo esquema de reglas para el proceso de selección de jueces. La decisión se tomó con el voto favorable de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti no acompañó el acuerdo.
El resultado (dos votos contra uno) aparece como la primera señal visible de una nueva división interna dentro del máximo tribunal y, al mismo tiempo, como un movimiento que llamó la atención en el ámbito judicial porque se interpreta como una reacción frente a la avanzada de los Menem en la Justicia.
La iniciativa establece modificaciones en el modo en que se desarrollan los concursos para cubrir vacantes judiciales. Hasta ahora, el Consejo de la Magistratura llevaba adelante ese proceso con amplia autonomía. Con el nuevo acuerdo, la Corte asume un papel de supervisión y corrección sobre ese mecanismo, con la intención de reducir la influencia política en la elección de magistrados.
En tribunales se leyó la decisión como un intento de ordenar el sistema de concursos y fijar pautas más estrictas. El proyecto aprobado por Rosenkrantz y Lorenzetti consiste en un reglamento para la selección de magistrados que será enviado al Consejo de la Magistratura para su análisis. Ese organismo, que es el encargado constitucional de organizar los concursos y proponer ternas de candidatos, deberá debatirlo en su plenario.
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Desde la Corte se señaló que el objetivo es limitar los márgenes de discrecionalidad y reforzar la centralidad del mérito y la idoneidad en el proceso de selección. En ese sentido, el nuevo esquema propone que la evaluación de los candidatos dé mayor relevancia a la formación académica y a los méritos profesionales concretos, por encima de trayectorias vinculadas a tareas administrativas dentro del Poder Judicial.
En términos prácticos, el acuerdo introduce varios cambios en la estructura de los concursos. Entre ellos, el anonimato total en los exámenes de oposición, reglas más definidas para las entrevistas personales, la digitalización del proceso de inscripción y presentación de antecedentes, y una ponderación mayor de la formación académica a la hora de evaluar a los postulantes.
La idea central que atraviesa la reforma es que los jueces sean elegidos por su capacidad y no por su cercanía con el poder político de turno.
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Uno de los puntos más sensibles del proceso actual es la etapa de la entrevista personal, que históricamente recibió críticas dentro del ámbito judicial y político. En el nuevo esquema se busca establecer criterios más claros y previsibles para esa instancia, que puede incidir de manera significativa en la posición final de los candidatos dentro del orden de mérito.
Además, el proyecto reorganiza la estructura general de los concursos. Entre otras medidas, prevé distintos tipos de procesos para cubrir cargos vacantes o anticiparse a futuras vacantes, con el objetivo de ordenar la planificación de las designaciones judiciales.
El nuevo reglamento también incorpora herramientas tecnológicas. La digitalización del sistema de inscripción permitirá que los antecedentes de los candidatos se presenten y evalúen a través de plataformas informáticas, mientras que los exámenes contarán con mecanismos diseñados para garantizar el anonimato y reducir la posibilidad de interferencias externas.
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En paralelo, el esquema plantea criterios más objetivos para calificar los antecedentes personales, con la intención de disminuir la arbitrariedad en la evaluación. A partir de esas pautas se elaborará un orden de mérito provisorio, que luego dará paso a las entrevistas personales de los candidatos mejor posicionados.
De todos modos, la reforma todavía debe atravesar una instancia clave. Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo de la Magistratura deberá aprobarlo con las mayorías necesarias durante su votación final. Recién entonces podrá aplicarse a los concursos para cubrir cargos judiciales.
En Tribunales, la decisión también es interpretada en el contexto político actual. La Corte resolvió avanzar con estas modificaciones mientras el Gobierno anunció el envío al Congreso de pliegos de jueces para cubrir una gran cantidad de vacantes existentes en el sistema judicial. Al mismo tiempo, dentro del Consejo de la Magistratura se registra una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.
Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial
POLITICA
Senado: en medio de una fuerte polémica, avanza la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.
La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.
La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.
La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.
“No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.
La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.
Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.
“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.
La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.
Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.
La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.
“Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.
Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.
También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.
Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.
También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Canadá,Conforme a,Senado de la Nación,,Hasta 2028. El Gobierno designó como nuevo director del Banco Central a un economista de extrema confianza de Caputo,,Senado. Tratará la designación de Crexell como embajadora en Canadá y la promoción de militares,,Dudas sobre su futuro. Villarruel apuesta a 2027 sin un plan firme mientras sigue desde el Senado la interna del Gobierno
POLITICA
Senado: oficialismo y aliados firmaron el pliego de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá

Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.
Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.
“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.
Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.

En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.
Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Y no dejó pasar por alto los dardos opositores y reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.
Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.
“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.

Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.
Qué dijo la justicia
En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.
Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.
Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.
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