POLITICA
La decadencia política de Cristina Kirchner
Los gestos y los símbolos dicen más de la política que la política misma, ya se trate de la gloria o de la ruina. Cristina Kirchner está en el apogeo de su decadencia política. Por ejemplo, la expresidenta terminó aceptando la decisión de su otrora ahijado político Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, partición a la que ella se oponía tenazmente. “Ya está”, se resignó en la noche del lunes quien hasta hace poco era una instancia política inapelable del peronismo nacional, cuando anunció su candidatura a legisladora provincial por la tercera sección electoral de la homérica Buenos Aires. ¿Ese “ya está” significa que acata la decisión de Kicillof? Desde ya que sí. Por primera vez en mucho tiempo, entonces, chocó con la decisión de alguien que no estaba dispuesto a ceder ante las órdenes de la señora de Kirchner.
Un sector de la política supone (se trata solo de una inferencia) que ella está presionando al gobernador de Buenos Aires, con el anuncio de una candidatura propia, para que unifique las elecciones provinciales, que fueron convocadas para el 7 de septiembre, con las nacionales que se realizarán el 26 de octubre. Difícil. Kicillof ya llegó hasta aquí con la mirada fija en ella y la primera que parpadeó fue Cristina y no él. Ella dice que lo hace porque la oposición necesita ganar las elecciones de este año para poder soñar con una victoria en 2027. Falso. Mauricio Macri ganó muy bien las elecciones de mitad de mandato de 2017 y perdió las presidenciales de 2019. La propia Cristina Kirchner perdió las elecciones legislativas de mitad de mandato durante sus dos presidencias, la de 2009 y la de 2013, si bien ganó las presidenciales en 2011. Dos años de política, entre una y otra elección, es demasiado tiempo en cualquier país. En la Argentina, es lo más parecido que hay a la eternidad. La exjefa del Estado está exhibiendo solo un pobre pretexto para justificar su decisión de participar en una elección provincial. Tal vez, el anuncio de Cristina se deba sobre todo a su desesperada necesidad de fueros antes de que sea tarde.
El anuncio podría tener más razones judiciales que electorales. Lanzada ella a la carrera electoral, le será más fácil denunciar que la proscribieron si la Corte Suprema le negara la posibilidad de ser candidata. Es posible que se haya tratado de un mensaje cifrado a los jueces supremos del país. ¿Qué hará la Corte? Los magistrados que la integran estarán a partir del lunes en condiciones de debatir su decisión sobre la sentencia de la Cámara de Casación, que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por actos de corrupción en complicidad con Lázaro Báez. Según fuentes judiciales, en los próximos días la Corte recibirá todos los informes que necesita para comenzar a tratar su decisión final. La Corte debería decidir antes del 19 de julio, fecha en que vencerá el plazo para inscribir candidatos para las elecciones provinciales en Buenos Aires. Lo hará mucho antes.
Solo podría demorar la sentencia final de la Justicia sobre Cristina Kirchner si uno de los tres jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) pidiera una condena mayor para Cristina Kirchner. Sería una manera disimulada de hacerle un favor a ella, porque en ese caso la Corte deberá llamar a conjueces para que desempaten y resuelvan la cuestión. Los conjueces son sorteados entre los presidentes de la Cámaras federales. Esos eventuales conjueces se tomarán su tiempo para conocer un caso del que solo tienen noticias por los diarios. Aquella sentencia de la Cámara de Casación fue idéntica, además, a la del tribunal oral que la juzgó por corrupción con los recursos de Vialidad. No existen, por lo tanto, criterios dispares entre los tribunales de otras instancias. Por eso, es muy difícil que el máximo tribunal de justicia del país cambie las decisiones precedentes. Difícil, pero no a salvo de alguna treta de sus miembros. Según los registros históricos, la Corte suele aplicar en tales situaciones el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite rechazar el recurso porque no existen agravios ni decisiones previas inconstitucionales. El artículo 280 es muy parecido a escribir un “cúmplase” para las sentencias que ya existen. Si así ocurriera, Cristina Kirchner deberá ir presa y no podrá ser candidata a legisladora provincial o nacional. Tiene edad como para cumplir la prisión en su casa, pero no es un beneficio que se aplica automáticamente; es un juez el que evaluará el caso y decidirá si le corresponderá -o no- la prisión domiciliaria.
Los jueces de la Corte Suprema saben que no tienen margen social para demorar la decisión hasta después de que ella sea eventualmente elegida diputada provincial. La crítica que recibirían, si postergaran la decisión hasta que hayan pasado las elecciones, será muy severa de parte de vastos sectores sociales. Pero, ¿aceptará Cristina Kirchner la eventual resolución de la Corte Suprema de apartarla del inminente proceso electoral? Sectores peronistas cercanos a ella (todavía existen) sostienen que la inhabilitación para ejercer cargos públicos se daría en el contexto de una causa que la juzgó por su gestión en el Poder Ejecutivo y que ahora ella competirá por un cargo electivo. Dejan trascender, así las cosas, que la sentencia no sería aplicable en este caso. ¿Es verdad?
Todos los constitucionalistas y penalistas consultados sostienen, al revés, que la inhabilitación será, si es, para todos los cargos, sean ejecutivos o legislativos. “El Código Penal no distingue entre cargos ejecutivos o legislativos; esa sería una especulación nueva e imposible de aceptar”, dijo uno de ellos. La decisión final la tendrá la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires si existiera ese planteo por parte de la expresidenta. La Junta está presidida por la jueza Hilda Kogan, miembro de la Suprema Corte bonaerense, y reconocida por ser una magistrada independiente. La Junta está integrada también por los camaristas bonaerenses Ana María Bourimborde, Gustavo Spacarotel y Eduardo Delbés, y por el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Federico Thea, el único al que se le atribuyen simpatías con el peronismo kirchnerista. Thea fue designado en ese cargo por Kicillof en 2022. Las decisiones de la Junta Electoral son teóricamente inapelables, aunque siempre quedará el recurso de ir en queja tanto a la Suprema Corte provincial como a la Corte Suprema nacional. Se trata solo de conjeturas, pero la estrategia judicial de Cristina Kirchner consistió siempre en estirar hasta el infinito los tiempos de la Justicia.
La Justicia la acecha peligrosamente y Kicillof la desdeña públicamente. El gobernador bonaerense logró rodearse en sus desafíos a la jefa formal del peronismo de antiguos cristinistas ciegos y sordos. Para nombrar solo a algunos: los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de La Matanza, Fernando Espinoza, o de Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre muchos alcaldes más. El anuncio de Cristina conlleva muchos síntomas de su decadencia. El primero de ellos fue la aceptación implícita de la estrategia electoral de Kicillof, su exministro de Economía, que optó por desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aunque también lo reta a una duelo sobre cuál de los dos está en mejores condiciones de proponer candidaturas. Debe reconocerse que no hay candidatos, ni de Kicillof ni de Javier Milei, en condiciones políticas de competir con Cristina Kirchner en la tercera sección electoral bonaerense, la más poblada, la más pobre y la más kirchnerista. Forman parte de esa sección electoral municipios con tantos ciudadanos en condiciones de votar como La Matanza, Almirante Brown, Lomas de Zamora o Avellaneda. Esos son solo algunos de los 19 municipios que la componen.
Si el argumento de que no habrá 2027 sin un triunfo en 2025 es falso, entonces debe concluirse que también es un signo de su decadencia que ahora sea candidata a diputada provincial. Cristina Kirchner fue diputada y senadora nacional y la mujer más poderosa del país durante los 16 años de hegemonía kirchnerista. Veamos: cuatro años como primera dama cuando era presidente su marido muerto; ocho años como presidenta de la Nación, y cuatro años como vicepresidenta y personaje decisivo durante la presidencia de Alberto Fernández. Aspirar a una banca como diputada provincial, cuando sabe que en la tercera sección electoral es muy difícil el triunfo de un no peronista, exhibe su necesidad de pelear cuerpo a cuerpo con su antiguo delfín Kicillof; de cubrirse de fueros parlamentarios ante una probable decisión de la Corte que la colocaría en la cárcel (en Ezeiza o en su casa), y de mandarle un mensaje al máximo tribunal de que denunciará su inverosímil proscripción.
Cristina Kirchner y el peronismo forman parte del final del viejo sistema de partidos políticos, que estalló en 2001 y que no cesa de mostrar sus estertores. Ya la presidencia de Mauricio Macri fue una innovación que rompió la rutina histórica en la que el poder se repartía entre peronistas y radicales. El regreso del peronismo con Alberto Fernández fue un desastre que terminó con su partido y, al parecer, con su lideresa. La sorpresiva irrupción de Javier Milei en el poder no se puede entender sin el fracaso de todo lo que había sucedido antes. El descenso político y electoral anunciado ahora por Cristina Kirchner no es más que el último capítulo de una saga en la que prevalece la ruina.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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