POLITICA
La demoledora crítica de la Coalición Cívica contra el principal candidato libertario en la Ciudad

“Una pinturita, che”, escribió en su cuenta de X, con ironía, el legislador de la Coalición Cívica (CC)-Ari Maximiliano Ferraro al referirse a Alejandro Fargosi, el candidato que postuló el presidente Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales para la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas.
“Señoras y señores, les presento al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA): exdirector del Banco Macro, el mismo que aprobó el concurso 140 de un juez que se copió el examen junto con los K, el que entregó Ficha Limpia y fue parte de la estrategia dilatoria de LLA a cambio de la candidatura que hoy le están ‘pagando’”, se explayó Ferraro.
Y prosiguió en su crítica: “Además de haber sido expulsado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de haberse afanado una banca en el Consejo de la Magistratura [por Fargosi]”.
El abogado y exconsejero de la Magistratura supo acercarse al macrismo y militó para la ministra Patricia Bullrich durante la campaña presidencial de 2023. Con el ascenso de Milei en el poder, se convirtió en un fervoroso militante de LLA en las redes sociales. De hecho, el Presidente lo eligió para diseñar el proyecto de ley sobre “ficha limpia”.
En noviembre de 2011, Fargosi fue expulsado del Colegio de Abogados porteño tras un escándalo relacionado con irregularidades en concursos para jueces federales. Hasta ese momento, el abogado era consejero representante del Colegio en el Consejo de la Magistratura. Según argumentaron entonces desde la entidad que nuclea a los letrados matriculados, Fargosi había violado el mandato de velar por la independencia judicial durante la votación del concurso N.º 140.
Noticia en desarrollo
Alejandro Fargosi,August 17, 2025,Actualidad política,Elecciones 2025,Conforme a,Actualidad política,,La imposible autocrítica del peronismo,,Rascando la olla,,Minuto a minuto. La oposición solicitó una sesión especial para tratar los vetos y temas que incomodan al oficialismo
POLITICA
Quiénes integran “Primero la Patria”, la nueva corriente del PJ que le disputa espacio a los gobernadores

El peronismo avanza, sin prisa y sin pausa, en la conformación de un esquema político de unidad que tenga mayor solidez, amplitud y diversidad interna. Que corra el foco del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, y que deje de lado, al menos por un tiempo, las diferencias políticas que mantienen distanciados a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Ese es el camino que empezó a transitar hace algunos meses la agrupación Primero la Patria, que tiene entre sus participantes a dirigentes de distintas provincias, que buscan consolidar una mirada más federal, por fuera de la predominante agenda del peronismo bonaerense. Si bien hay nombres propios de la provincia de Buenos Aires, su integración diversa busca ser la identidad del espacio.
La agrupación vio la luz el 29 de mayo y este martes, a las 18, en la UMET, se presentará oficialmente. Será la primera actividad pública en la que participen los principales dirigentes, que está dentro del PJ Nacional y que tiene como principal misión descentralizar la discusión política y, en consecuencia, las estrategias y tácticas electorales.
Entre las caras visibles están las de Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Teresa García (PBA), Nicolás Trotta (PBA), Guillermo Snopek (Jujuy), Carlos Castagneto (PBA), Blanca Osuna (Entre Ríos), Juan Manul Pedrini (Chaco),José Glinski (Chubut), Gisela Marziotta (CABA), Gabriela Estévez (Córdoba), Hilda “Beba” Aguirre (La Rioja), Leonardo Nardini (PBA), Juan Manuel Soler (Jujuy), Pablo Kosiner (Salta), Verónica Mercado (Catamarca), Federico Alessandri (Córdoba), Matías Barroetaveña (CABA), Noemí Geminiani (CABA) Sebastián Benitez Molas (Chaco) y Juan Lapadula (Tierra del Fuergo), entre otros.
En el esquema político reconocen la centralidad de Cristina Kirchner dentro del peronismo nacional y su rol como líder de un sector importante. Al mismo tiempo, plantean la complementariedad de todas las vertientes en un proyecto común. Eso incluye los liderazgos de la ex presidenta, pero también el de Axel Kicillof, que se afianzó como una figura de peso dentro del peronismo bonaerense y que es un dirigente en ascenso en el movimiento político a nivel nacional.
“Tenemos que ampliar y hacer una construcción federal. Buscamos la unidad y esa unidad no puede ser excluyente de ningún dirigente”, le aseguró a Infobae el ex ministro de Educación Nicolás Trotta, uno de los principales impulsores de la iniciativa.
La intención manifiesta es que el federalismo sea el eje de la agrupación, que se pongan sobre la mesa los temas centrales de cada provincia respecto a producción, los recursos, el empleo y el consumo, entre otros temas, con el fin de sumar a la agenda política las problemáticas regionales. Por eso hubo una búsqueda, desde el inicio, de sumar a dirigentes de distintas provincias.
En lo que respecta a la presentación de hoy, la idea es que hablen aquellos dirigentes que son candidatos en las elecciones legislativas y las principales figuras del espacio. Es probable que durante el acto se pase un audio de la ex Jefa de Estado, que se mantiene en línea con los nombres propios más trascendentes del espacio y que, en su rol de presidenta del PJ, apoyó la iniciativa.
El nuevo grupo lleva el mismo nombre que la lista con la que CFK fue electa en el PJ Nacional el año pasado. Un dato que corrobora la cercanía entre la estructura política y la ex mandataria. Otro de los objetivos que tiene la agrupación es contribuir en la recuperación del diálogo con algunos sectores del peronismo que están fuera de la estructura del PJ. Es una línea de trabajo que creció luego de la detención de la ex presidenta y de las concesiones que todos los sectores hicieron para cerrar un acuerdo de unidad en la provincia de Buenos Aires.
“Hay muchos referentes del peronismo que no tienen espacio para ser parte de una articulación nacional. Queremos contener a todos los que sientan que no tienen participación”, explicó a este medio uno de los dirigentes que más participación tiene en el esquema político. Que el abrazo sea grande y acumule fuerzas.
“Desde “Primero la Patria” creemos que el desafío inmediato del peronismo es construir una unidad federal efectiva, capaz de enfrentar con determinación las políticas neoliberales y excluyentes del actual gobierno”, indicaron los dirigentes en la carta de presentación que, algunos meses atrás, le enviaron a la ex presidenta de la Nación.
Además, en ese mismo texto, aseguraron no tener dudas de que “las políticas impuestas por el gobierno anarcolibertario derivarán en una crisis económica y social similar a la que padecimos a comienzos de este milenio”. En ese entonces, el gobierno nacional no estaba envuelto en la crisis financiera en la que terminó una semana atrás y que se frenó gracias al apoyo superlativo del gobierno de Donald Trump.
Esta tarde el peronismo federal intentará contribuir en la conformación de un bloque político más compacto. Al mismo tiempo, esperan ser una alternativa real y federal a Provincias Unidas, el espacio político que construyeron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), además del ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.
Ese esquema, asentado sobre los gobernadores, se juega una partida electoral muy importante porque aparece como una opción que intentará romper la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza (LLA). Una expresión que cultiva un candidato a presidente y que, aunque desde el discurso sea confrontativa, mantiene puentes de contacto con el peronismo. A esa propuesta, con arraigo en el interior del país, Primero la Patria buscará pelearle votos, con un mismo sentido federal y tratando una gran parte de los problemas que están presentes en la agenda de las provincias.
POLITICA
La oposición busca avanzar en una reforma de la ley de DNU, pero hay diferencias entre los bloques

La oposición en la Cámara de Diputados se apresta a dictaminar hoy en un plenario de comisiones sobre uno de los temas que más preocupa a la Casa Rosada: la reforma del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para alivio del oficialismo, el frente opositor se presentaría dividido y, dato no menor, postergó su tratamiento en el recinto.
Uno de los máximos temores del Gobierno era que la oposición convocase para este miércoles a una sesión en la Cámara de Diputados y convirtiese en ley la iniciativa, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien no está despejada la posibilidad de que esto ocurra, al menos no será esta semana y se logra ganar tiempo, celebran los libertarios, cuyos principales lugartenientes se abocaron los últimos días a disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva en el recinto.
El proyecto en debate propone modificar la ley 26.122, sancionada en 2006, para eliminar el artilugio de la sanción ficta, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.
Con esta nueva redacción, el gobierno de Javier Milei quedaría despojado de una herramienta clave para su gestión. En lo que va de su mandato dictó 74 DNU, más del doble que la cantidad de proyectos de ley que presentó al Congreso.
Los bloques opositores más duros –Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre– se anticipan dispuestos a avalar la media sanción del Senado y así lo ratificarían al momento de dictaminar. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica tienen dudas y no descartaban anoche presentar un dictamen en conjunto; por de pronto no van a acompañar el dictamen de mayoría, como tampoco lo harán los diputados provinciales de Innovación Federal.
En el Senado, sin embargo, tanto radicales como provinciales acompañaron en su momento la iniciativa, lo que revela cuán cambiantes son las posturas en torno de un tema por demás sensible. En vísperas de la elección legislativa, no son pocos los legisladores de la oposición dialoguista que consideran que intensificar en este momento sus ofensivas contra el Gobierno, arrebatándole una herramienta clave de gestión, podría colocarlos en una “posición golpista” que, a la larga, podía resultarles contraproducente en términos electorales.
“De allí la decisión de levantar el pie del acelerador y no convocar a sesión especial, al menos esta semana. Después, veremos”, indican.
Los tiempos, acotados
El oficialismo, mientras tanto, festeja esta breve tregua. El factor tiempo es clave. El 30 de noviembre próximo vence el período de sesiones ordinarias del Congreso –con lo cual toda la actividad parlamentaria entra en receso salvo que el presidente convoque a sesiones extraordinarias con temario propio-. Ergo, la oposición tiene por delante solo dos meses para llevar adelante sus ofensivas, elección legislativa de por medio. Los libertarios imaginan que si logran hacer un buen papel en esos comicios, el clima político permitirá diluir las futuras avanzadas opositoras y sobrevivir, sin demasiadas magulladuras, hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Los oficialistas hacen cálculos: si la oposición se mantiene dividida en este tema podrán respirar tranquilos. A diferencia de lo que sucedió con las leyes sobre financiamiento universitario, emergencia en salud pediátrica y la de discapacidad, en esta oportunidad los bloques de la UCR e Innovación Federal –que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– no parecen dispuestos a plegarse a la oposición más dura, encarnada sobre todo en el kirchnerismo.
Esta división en el frente opositor ya se visualizó cuando, en la última sesión de la Cámara de Diputados, impulsó el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictamine sobre la reforma de la ley 26.122. El resultado de la votación, si bien le fue adversa, fue festejada por el oficialismo: en efecto, los opositores alcanzaron 142 votos, pero los libertarios lograron reunir 88 voluntades gracias al apoyo de la UCR y los diputados provinciales.
Esos 88 votos le asegurarían a los libertarios el tercio que necesita para blindar en la Cámara de Diputados un eventual veto presidencial si la media sanción del Senado es convertida en ley. Así las cosas, si bien los opositores contarían con la mayoría absoluta (más de 129 votos positivos) para aprobar la ley, los números no están asegurados para insistir con la norma si resulta vetada.
disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva,En lo que va de su mandato dictó 74 DNU,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,,A un mes de las elecciones. Los “tres platitos” de la crisis que Milei no logra alinear,,Nueva causa. Grabois denunció a Espert: lo acusó de haber recibido al menos US$200.000 de un supuesto narcotraficante,,De aliado a crítico. Fernando Gray: “La lista de Fuerza Patria es un tren fantasma”,Cámara de Diputados,,Diputados. El kirchnerismo exige correr a Espert del debate del presupuesto por su presunto vínculo con un narco,,Tras el apoyo de EE.UU. La Casa Rosada busca respaldo de los gobernadores para frenar la ofensiva opositora contra los DNU de Milei,,Juan Schiaretti. “No queremos que el Gobierno se caiga ni que el país estalle; venimos a aportar racionalidad”
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El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuestas maniobras de lavado con clientes falsos

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) prepara nuevas acciones judiciales contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, conocido como el “Señor del Tabaco”.
La denuncia volverá a apuntar a presuntas maniobras con clientes falsos y operaciones sin respaldo económico que la tabacalera habría hecho durante el 2024, que replicarían un esquema observado dos años antes.
Según el fisco, Tabacalera Sarandí había recibido más de 33.600 millones de pesos entre 2021 y 2023 de parte de 23 distribuidoras mayoristas que, para el organismo, no tenían solvencia ni registraban actividad real.
El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuesto lavado con clientes falsos
Son distribuidoras que decían comprarle cigarrillos a Tabacalera Sarandí pero que para ARCA son empresas que en rigor pertenecen a Otero y todo sería una maniobra de lavado. Esa denuncia fue desestimada por la Justicia, en primer lugar por el fiscal Eduardo Taiano y luego por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Pero según fuentes consultadas por TN, el organismo oficial prepara una nueva presentación judicial con nuevas pruebas que involucran a otras distribuidoras, pero en este caso en el año 2024. Se trata de ventas a empresas que, desde la perspectiva del fisco, no tienen capacidad económica, financiera ni operativa.
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El organismo recaudador detectó que esta misma operatoria habría continuado en 2024. Estas nuevas distribuidoras también presentan un perfil fiscal irregular: no cuentan con acreditaciones bancarias relevantes, no registran pagos tributarios, operan mayormente en efectivo y emiten facturas con márgenes de ganancia mínimos. Además, muchas de estas ventas se hicieron a consumidores finales no identificados, utilizando facturación tipo B.
Para el fisco, todo sugiere un circuito montado para simular operaciones comerciales, encubrir el origen de los fondos y canalizarlos a través de empresas que podrían estar vinculadas al propio Otero. En el período 2021-2023, esa red representó cerca del 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí, según cifras oficiales.
Tabacalera Sarandí niega irregularidades y asegura que Otero ya fue sobreseido
Desde la empresa niegan las acusaciones. En un escrito judicial, argumentaron que el uso de efectivo es habitual en la industria del tabaco y no constituye una irregularidad. Además, remarcaron que la denuncia presentada no cuestiona la existencia material de las ventas ni contiene hechos debidamente determinados. Aseguraron también que las pruebas son “insuficientes”.
El fiscal del caso Taiano desestimó la denuncia en función de lo establecido en el artículo 180 al entender que la denucia no aportaba pruebas concretas sobre la maniobra y entendió que mencionar el ingreso de dinero en efectivo y facturación dudosa no era suficiente.
La jueza del caso, María Servini, declaró la nulidad del dictamen presentado por la fiscalía. El fiscal recurrió ese fallo y pidió que se lo revoque.
Su postura fue mantenida por el fiscal de segunda instancia. Finalmente el 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen de fiscalía del 25/06/2025 y recobró así virtualidad este último. Otero fue sobreseido.
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El caso se enmarca en una disputa mayor entre Otero y el Estado. El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí que intentaba frenar el cobro de impuestos internos al cigarrillo. El fallo dejó firme la constitucionalidad del tributo y descartó una presentación de último momento en la que la empresa había intentado desistir del juicio para forzar una nulidad.
El proceso prevé que el Tribunal Fiscal de la Nación determine el monto a reclamar. Una vez resuelto ese paso, se emitirá una intimación de pago, una boleta de deuda y, si no hay cumplimiento, se avanzará hacia el juicio de ejecución fiscal.
Con ese fallo, Otero quedó obligado a afrontar una deuda millonaria. Según los registros de ARCA, Tabacalera Sarandí debe $419.398 millones al fisco, incluyendo $305.239 millones de capital adeudado entre agosto de 2018 y junio de 2024, y otros $114.159 millones en intereses resarcitorios calculados hasta diciembre de 2023.
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En simultáneo, sigue abierta una causa penal en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti a partir de una investigación de la exAFIP.
Las marcas que comercializa la empresa —entre ellas Red Point, West, Kiel y Master— ganaron cuota de mercado en los últimos años gracias a estrategias judiciales que le permitieron esquivar por un tiempo el impuesto mínimo al tabaco. Ese esquema, sin embargo, empezó a desmoronarse.
Pablo Otero, tabaco, tabacaleras, ARCA
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