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La demoledora crítica de la Coalición Cívica contra el principal candidato libertario en la Ciudad

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“Una pinturita, che”, escribió en su cuenta de X, con ironía, el legislador de la Coalición Cívica (CC)-Ari Maximiliano Ferraro al referirse a Alejandro Fargosi, el candidato que postuló el presidente Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales para la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas.

“Señoras y señores, les presento al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA): exdirector del Banco Macro, el mismo que aprobó el concurso 140 de un juez que se copió el examen junto con los K, el que entregó Ficha Limpia y fue parte de la estrategia dilatoria de LLA a cambio de la candidatura que hoy le están ‘pagando’”, se explayó Ferraro.

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Y prosiguió en su crítica: “Además de haber sido expulsado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de haberse afanado una banca en el Consejo de la Magistratura [por Fargosi]”.

El abogado y exconsejero de la Magistratura supo acercarse al macrismo y militó para la ministra Patricia Bullrich durante la campaña presidencial de 2023. Con el ascenso de Milei en el poder, se convirtió en un fervoroso militante de LLA en las redes sociales. De hecho, el Presidente lo eligió para diseñar el proyecto de ley sobre “ficha limpia”.

En noviembre de 2011, Fargosi fue expulsado del Colegio de Abogados porteño tras un escándalo relacionado con irregularidades en concursos para jueces federales. Hasta ese momento, el abogado era consejero representante del Colegio en el Consejo de la Magistratura. Según argumentaron entonces desde la entidad que nuclea a los letrados matriculados, Fargosi había violado el mandato de velar por la independencia judicial durante la votación del concurso N.º 140.

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La Justicia de EE.UU. habilitó a Hayden Davis a transferir a Argentina los fondos vinculados a $LIBRA

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La jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, revocó la orden de congelamiento que pesaba sobre las ganancias generadas por la venta de los tokens $LIBRA. En mayo, se había bloqueado un total de US$280 millones, en lo que fue considerado un intento de proteger a inversores afectados en una operación que perjudicó a unos 75.000 participantes. Con esta revocación, Davis ahora podrá retirar cerca de 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes.

El pedido de Davis incluía que los fondos fueran enviados a una billetera digital (wallet) asociada al proyecto “Viva La Libertad Project”, operando dentro de la plataforma Jupiter. Sin embargo, expertos en criptoactivos advirtieron que la medida no resulta lógica dada la baja liquidez actual del token: “La liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por qué solicitan esto”, indicó el especialista Fernando Molina a La Nación.

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Otros especialistas sugirieron que la intención de este movimiento podría ser simbólica más que financiera. Según Maximiliano Firtman, “quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con (la versión inicial sobre) la ayuda para las PyMEs argentinas”. Este gesto permitiría sostener una narrativa favorable en medio del escrutinio público.

Este episodio judicial representa un avance para Davis, quien anteriormente había sufrido un revés en agosto cuando su pedido para descongelar dos cuentas por casi US$110 millones fue rechazado por la misma jueza. En aquel momento, Rochon reafirmó que consideraría cualquier prueba relevante antes de tomar una decisión.

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Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de los fondos y Hayden Davis podría transferirlos a la Argentina

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La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo de fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA y habilitó al “empresario” Hayden Mark Davis a disponer de una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens para que los transfiera de inmediato al proyecto “Viva la Libertad”, en la Argentina.

La cotización de mercado de esos 500 millones de tokens es, hoy, cercana a 0, pero le permitirían al CEO de la firma Kelsier Ventures argumentar ante la Justicia argentina que nunca buscó estafar a los inversores que compraron esa “memecoin” en las horas que siguieron al posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero pasado.

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La jueza federal Jennifer Rochon admitió así un planteo que presentó Davis durante una audiencia celebrada el 1 de julio pasado, y que diez días después recibió el visto bueno de los abogados de Burwick Law, el bufete que representa a los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los estrados federales de Nueva York.

UNITED STATES – FEBRUARY 1: Jennifer Louise Rochon, nominee to be U.S. district judge for the Southern District of New York, is sworn in during the Senate Judiciary Committee hearing on Tuesday, February 1, 2022. (Photo By Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)Linkedin Ben Chow – CQ-Roll Call, Inc.

“Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso no tiene fundamento”, celebró uno de los abogados de Davis, Mazin Sbaiti, al término de la audiencia. “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”, afirmó, en un comunicado de prensa que emitió al término de la audiencia.

Otro de los abogados de Davis presente en la audiencia, cargó contra la prensa: “Aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, nada se presentó ante el tribunal para sostenerlo, y la jueza expresó su profundo escepticismo sobre los méritos de las acusaciones.”

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La decisión de la jueza Rochon revierte, en la práctica, la orden que había emitido a fines de mayo, cuando dispuso congelar cerca de US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de $LIBRA, en una maniobra que se estima que habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores.

El levantamiento del embargo judicial le permitirá a Davis retirar cerca de 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes, aunque esos activos casi no tienen valor de mercado en la actualidad, según coinciden expertos como Fernando Molina, quien remarca que resulta incierto aún cuál es el objetivo final detrás de este pedido.

Según explicó Molina, el pedido fue que “el dinero se envíe inmediatamente a una wallet [es decir, una billetera virtual] designada por ‘Viva La Libertad Project’”, la que opera en la plataforma Jupiter. “En criollo, solo se puede retirar a razón de 20,8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto”, abundó. “No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio [Burwick] a la jueza [Rochon”, además de que “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por qué solicitan esto”.

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Otro experto que testimonió ante el Congreso argentino, sin embargo, creen que el valor de mercado que tiene hoy la “memecoin” $LIBRA podría resultar irrelevante. “Quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con [la versión inicial sobre] la ayuda para las PyMEs argentinas”, sostuvo Maximiliano Firtman. “Un par de criptobros oficialistas ya dijeron que si pasa eso no se puede hablar de estafa”.

Para Molina, no obstante, eso no tendría sentido. “$LIBRA no tiene liquidez; es como si repartiera billetes falsos, no sirve para nada”, insistió, en un mensaje que posteó en la red social X. “Piden que la transfiera inmediatamente”, añadió, “lo cual es técnicamente imposible”.

El objetivo de Davis no sería, sin embargo, contentar a los inversores que compraron $LIBRA antes de que colapsara durante la madrugada del 15 de febrero pasado, sino enviarle un mensaje a la Justicia argentina, donde afronta una investigación penal junto al presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

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Caso $Libra: Mauricio Novelli y Manuel Terrones GodoyCollage

En ese sentido, Davis ya sondeó a los tribunales argentinos con una oferta que plantearon de manera informal en las semanas que siguieron al lanzamiento y colapso de $LIBRA, según reveló en junio pasado. Davis propuso devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de Davis consistía en girar esos fondos a la Argentina, donde designó a los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Propuso transferir esos fondos a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos.

“Él está convencido de que no hizo nada y no entiende qué le reprochan”, precisó entonces un allegado a Davis a . “Él sostiene y reafirma que el proyecto era un buen proyecto, que iban a financiar emprendimientos de la economía real en la Argentina, y que retiró los fondos cuando vio que se desplomaba la cotización y que algunos desconocidos estaban ‘snipeando’ la operación”, detalló. Es decir, boicoteándola para su propio beneficio.

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En línea con su aparente interés de devolver alrededor de US$100 millones, fuera real o declamado, Davis puso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen bajo la forma jurídica de un depósito judicial. ¿Cuál? Que cuando la Justicia ratificara su inocencia, él quedase habilitado a cobrar la comisión pactada por su labor.

El propio Davis había anticipado su aparente interés por devolver los US$100 millones en su primera aparición pública tras el colapso de $LIBRA. “En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, sostuvo. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol”, añadió.

De avanzar con el depósito en la Argentina, Davis podría invocar lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino. Establece las causales por las que se extingue la acción penal contra uno o más acusados, entre las que figura la muerte del imputado o la prescripción, por ejemplo, y la reparación integral del daño.

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Ahora, tras el levantamiento parcial del congelamiento de fondos en Estados Unidos, Davis tiene la oportunidad de intentar esa jugada, aunque resta ver si la Justicia argentina considera si la entrega de tokens sin valor de mercado representan una “reparación integral del daño”.


Hugo Alconada Mon,Conforme a

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Avances y retrocesos camino a octubre: el poder de la “lapicera” y el estreno de la Boleta Unica de Papel

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El oficialismo y la oposición ajustan las piezas para la campaña y repasan el nivel de daños después de un cierre de listas que dejó heridas en casi todos los espacios, algo que ya asoma en el Congreso y en la relación de Olivos con gobernadores. Como sea, tapado por esos ruidos y los de la campaña, el camino a octubre expone un contrapunto más de fondo entre algún avance y un claro retroceso político: por un lado, la próxima elección nacional estrenará la Boleta Unica de Papel y, por el otro, la definición de candidaturas volvió a ser un tema lejano para el común de la gente. Se destacó el poder de la “lapicera”, especialmente en manos de Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Una en ascenso, otra declinante, y las dos con diferentes limitaciones.

Ese cuadro es obra de intereses variados y mezclas políticas. En octubre del año pasado, la coronación del nuevo sistema de papeleta electoral, la BUP, había mostrado un corte hasta entonces más repetido, que enfrentaba a una convergencia de oficialistas, aliados y dialoguistas con el PJ/K. Eso fue cambiando, y no solo por cuestiones temáticas. La suspensión de las PASO, en pleno verano, expuso internas y fisuras más extendidas, sobre todo en el peronismo/k, que mantuvo un puñado en contra, una porción abiertamente a favor y otra que acompañó discretamente con el recurso de las abstenciones. Los crujidos de estas horas en el Congreso hablan de otros reacomodamientos.

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La suspensión de las elecciones primarias para este capítulo de octubre fue una fórmula intermedia frente al planteo de la eliminación, una manera de sintonizar con la fatiga social por la sucesión de elecciones pero sin abordar la cuestión central, es decir, el modo más abierto para la coronación de candidatos. A la tradición de Olivos, se añadió el plan mileista para extender el color violeta distrito por distrito. Y, más allá de la formulación pública, el juego kirchnerista, que nunca utilizó el mecanismo de las PASO para la integración de listas. Nunca hubo voluntad de mejorar el sistema -por ejemplo, haciéndolo optativo- y nada indica que vaya a sobrevivir con nuevo formato.

Las miradas se concentraron entonces en la afirmación del poder de Karina Milei, como instancia superior en el armado electoral del oficialismo, y el papel de CFK, a pesar del visible deterioro de su jefatura, expuesto en las dificultades para contener a su propio núcleo y en los desaires de gobernadores. En el oficialismo nacional, quedó saldada al menos en este terreno la interna del círculo de Olivos, que relegó al menos en este terreno a Santiago Caputo. Es una tensión que en parte disimula la campaña.

El mileismo tejió o forzó acuerdos con el PRO en una decena de distritos. El caso porteño fue quizá el más significativo, porque reprodujo la suspensión de las primarias -y dejó así al macrismo sin el mecanismo utilizado para definir alianzas, en sus mejores momentos- y porque marcó el camino de subordinación amarilla impulsado desde Olivos, después del desgaste en las relaciones con Mauricio Macri y la derrota de mayo. Eso mismo alimentó la negociación en territorio bonaerense, con el terceto -Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro- que ya jugaba fuerte a pesar del ex presidente para septiembre y octubre.

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Karina Milei impuso su criterio para definir lugares en las listas y nombre y color de la sociedad electoral. Finalmente, anotó acuerdos con el PRO en una decena de distritos, conjunto en el que se destaca, además de los casos porteños y bonaerense, el entendimiento en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio. Entre las provincias donde no avanzó se cuenta Chubut, gobernada por Ignacio Torres, que apostó con otros cinco jefes provinciales a un armado con vistas al 2027.

Cristina Kirchner, en el balcón. Una postal de sus primeros días con detención domiciliaria

El tema de los gobernadores es un renglón pobre en la cosecha de Karina Milei y, además, aparece como un ingrediente principal de enojos provinciales, con efecto en el Congreso antes de llegar a las elecciones. En rigor, además de los casos referidos, suma la reedición del trato con el radical chaqueño Leandro Zdero y el acuerdo con el mendocino Alfredo Cornejo, también de la UCR. En cambio, habrá pelea en las otras tres provincias en manos de alianzas que encabeza esa marca: Santa Fe, Jujuy y Corrientes, que a fines de este mes elige gobernador.

Para CFK, todo resultó en escala descendente, detenida en su departamento de Constitución y con crisis incluso en el núcleo kirchnerista, una disputa ilustrada por Axel Kicillof y Máximo Kirchner, pero que tiene estribaciones entre jefes territoriales. La ex presidente debió jugar al límite para sellar un acuerdo de compromiso entre su círculo, el gobernador, el massismo y hasta Juan Grabois, para octubre. Y para septiembre, tuvo que atender el juego de los intendentes.

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Las intervenciones de la ex presidente alcanzaron a otros distritos, pero con decreciente intensidad. El caso más notorio fue el de Santa Fe, para lograr una lista de unidad, que de todos modos no convoca a todo el peronismo provincial pero evitó la fractura. En cambio, la mayoría de los gobernadores del PJ hizo valer su peso: fueron “lapiceras” propias o acuerdos internos locales los que terminaron definiendo candidaturas, sin peso de CFK.

Fuera del repetido y agravado trasiego político, la elección de octubre presenta al menos una novedad: el externo de la BUP. Es un cambio al menos en tres puntos. El primero: el manejo de las boletas -distribución y disponibilidad en los centros de votaciones- es responsabilidad del Estado. Eso podría diluir o moderar el peso de los aparatos partidarios, que en algunas provincias se confunde además con la estructura de gobierno. El segundo: impediría viejas prácticas fraudulentas (voto en cadena, el más conocido) y maniobras como el robo de boletas de alguna fuerza política. Y el tercero: desarmaría negocios con la impresión de boletas, además de reducir presupuesto.

Viejos hábitos de poder que hicieron más fatigante la definición de alianzas y listas, estreno de la boleta única y un agregado que fue creciendo con la sucesión de capítulos provinciales: la incertidumbre sobre el nivel de participación ciudadana. La respuesta llegará el último domingo de octubre.

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