POLITICA
La denuncia de ARCA contra la AFA por facturación apócrifa: todos los documentos y las empresas bajo la lupa
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó el jueves pasado una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. El escrito amplía el frente judicial que enfrenta la conducción del fútbol argentino e incorpora documentación que, según el organismo, respalda la hipótesis de un esquema de facturación apócrifa utilizado para justificar pagos millonarios y reducir la carga tributaria.
Entre los elementos centrales de la presentación figuran facturas emitidas por al menos quince empresas, que ARCA identifica como proveedoras sin capacidad económica, operativa ni financiera real para prestar los servicios facturados a la AFA. Estos comprobantes, incorporados formalmente a la denuncia, corresponden en su mayoría a los años 2023 y 2024 y están vinculados principalmente a supuestas obras y servicios en el predio de Ezeiza, uno de los activos estratégicos de la entidad que conduce Tapia.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la nueva denuncia se apoya en un informe administrativo fechado el 20 de enero de 2026, elaborado por áreas técnicas del organismo recaudador, que encabeza Andrés Vázquez, y ya incorporado al expediente. En ese documento, el organismo describe un esquema que —de confirmarse en sede penal— podría configurar salidas no documentadas, evasión impositiva y eventuales maniobras dolosas, con derivaciones penales para los responsables de la AFA y, en particular, para la conducción actual encabezada por Tapia.
La presentación judicial de ARCA se produjo el jueves pasado y se suma a otra causa en la que el juez Diego Amarante ya aceptó al organismo como parte querellante. En ese expediente conexo se investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos, lo que convierte el frente judicial abierto por el organismo recaudador contra la conducción de Tapia en uno de los más sensibles de los últimos años.
En ese marco, ARCA ya había presentado a principios de diciembre una denuncia penal contra la AFA por posible evasión tributaria y previsional, que luego fue ampliada con nuevos elementos y documentación incorporados al expediente. El monto bajo investigación superaría los 19.000 millones de pesos y el organismo fue aceptado como querellante por el juez interviniente.
Con este escenario, Claudio “Chiqui” Tapia aparece cada vez más complicado, ante el avance simultáneo de distintas causas e investigaciones judiciales, fiscales y administrativas, que colocan bajo la lupa los manejos opacos de los fondos del fútbol argentino durante su presidencia.
En esta nueva denuncia, el eje no se centra en un desvío directo de fondos, sino en el mecanismo utilizado para justificar egresos mediante facturación que ARCA considera apócrifa. La diferencia es significativa: mientras una causa apunta al destino final del dinero, la otra se concentra en cómo se construyó documentalmente la salida de esos fondos y el grado de simulación existente en las operaciones declaradas durante la gestión de Tapia.
Las empresas bajo la lupa
ARCA identificó quince proveedoras con las que la AFA registró operaciones durante los períodos fiscales comprendidos entre enero de 2023 y julio de 2024. Todas ellas, según el organismo, presentan indicios graves, precisos y concordantes de apocrificidad.
La nómina incluye, entre otras, a ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., Holdembrod S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili S.A., Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Logística Winter S.R.L., Gramez S.A. y LPH Event S.A.
En cada caso, el informe de ARCA detalla irregularidades similares: domicilios fiscales inexistentes o imposibles de localizar, ausencia de empleados en relación de dependencia, falta de bienes registrables, volúmenes de facturación incompatibles con las acreditaciones bancarias y, en varios casos, actividades declaradas que no guardan relación con los servicios facturados a la AFA que conduce Tapia.
De acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, las facturas incorporadas a la denuncia permiten observar cómo esas inconsistencias se traducen en comprobantes concretos, emitidos a nombre de la AFA, con conceptos genéricos y montos elevados, en el marco de decisiones administrativas adoptadas durante la presidencia de Tapia.
Uno de los puntos destacados por ARCA en su presentación es la repetición de conceptos imprecisos en las facturas. En numerosos comprobantes figuran descripciones como “obras realizadas en el predio Ezeiza”, “etapa de obra”, “anticipo de obra” o “servicios prestados”, sin detalle técnico que permita identificar el alcance real de los trabajos.
Para el organismo recaudador, esta falta de precisión agrava la situación. En su informe, sostiene que la inexistencia de documentación complementaria —contratos detallados, certificaciones de avance, planos, actas de recepción— impide acreditar que los servicios hayan sido efectivamente prestados, agravando la responsabilidad de la conducción de la AFA encabezada por Tapia.
En algunos casos, los montos facturados alcanzan cifras millonarias, incluso cuando las empresas emisoras no registran empleados ni infraestructura que respalde la ejecución de obras de esa magnitud. ARCA considera que esta contradicción constituye uno de los indicios más claros de que los comprobantes habrían sido utilizados con una finalidad distinta a la de reflejar una operación real, en un contexto de manejo opaco de los fondos del fútbol.
El foco de la investigación
El contraste entre lo facturado y la actividad declarada por las empresas es otro de los ejes de la denuncia. Central Hotel S.R.L., por ejemplo, está inscripta en servicios de hotelería, pero emitió facturas por supuestas obras en Ezeiza. Ninapey S.A., cuya actividad principal declarada es la molienda de legumbres, aparece facturando servicios vinculados a infraestructura deportiva.
Para ARCA, estas incongruencias refuerzan la hipótesis de que las empresas fueron utilizadas como vehículos formales para emitir facturas, sin una prestación real detrás. El informe indica que, en varios de estos casos, ni siquiera pudo acreditarse la presencia física de las firmas en los domicilios declarados ante el fisco, lo que compromete aún más a la gestión de Tapia.
El detalle de las facturas
De acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, los comprobantes incorporados a la presentación judicial permiten reconstruir cómo se instrumentaron las operaciones en la práctica, con fechas, conceptos y montos precisos, todas ellas emitidas durante el período en que Tapia ejerce la presidencia de la AFA.
El mayor volumen de facturación corresponde a Construcciones Far West S.R.L. Según la documentación incorporada a la denuncia, la empresa emitió más de diez facturas entre agosto y noviembre de 2023, casi todas como FCE.
Los conceptos incluyen “anticipo”, “etapa primera” hasta “etapa octava”, además de “provisión de materiales” y “arreglos varios”. El monto total supera los 30 millones de pesos. ARCA señala que este esquema de facturación fragmentada por etapas, con escasa especificidad técnica y en un corto período, es característico de maniobras bajo sospecha fiscal.
En el caso de Consultek Consultoría y Servicios S.R.L. la denuncia incorpora seis facturas emitidas los días 10 y 11 de abril de 2023, todas bajo la modalidad de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE).
Los conceptos consignados incluyen “restauración y mantenimiento en predio” (parte 1 y 2), “reformas y trabajos de pintura” (parte 1 y 2), “trabajos de mantenimiento en edificio” y “materiales sobre orden de compra”. El monto total facturado asciende a aproximadamente 11,9 millones de pesos.
Las facturas fueron emitidas de manera consecutiva, por el mismo proveedor y al mismo destinatario, con conceptos fragmentados en “partes” y fechas prácticamente idénticas. En su informe, ARCA sostiene que Consultek carece de infraestructura mínima y que existe una marcada incongruencia entre su volumen de facturación y su capacidad económica real.
Las facturas de Albamonte Construcciones S.R.L. corresponden a dos comprobantes tipo A, fechados en julio y agosto de 2023. Los conceptos consignados son “adelanto 50% de presupuesto aprobado” y “saldo restante 50%”.
El monto total asciende a 423.500 pesos. Según ARCA, no se identifica el presupuesto ni la obra a la que refieren los comprobantes, y la empresa no registra empleados ni bienes que respalden la actividad declarada.
En el caso de Belesan S.A., la denuncia incorpora una factura emitida el 11 de junio de 2023, bajo la modalidad de FCE, por un monto de 4.299.999,99 pesos, con el concepto “obras realizadas en predio Ezeiza”.
El organismo subraya que se trata de un monto elevado concentrado en un solo comprobante, sin detalle técnico, emitido por una empresa que no pudo ser localizada en su domicilio fiscal y cuyos accionistas aparecen vinculados a otras firmas observadas.
Otro de los casos es el de Central Hotel S.R.L. – Finca María Cristina. La documentación muestra dos facturas emitidas en noviembre y diciembre de 2023, ambas como FCE, por 4,8 millones de pesos cada una, con idéntico concepto: “obras realizadas en predio Ezeiza”.
La repetición exacta de montos y descripciones, con menos de un mes de diferencia, es uno de los elementos destacados por ARCA, especialmente teniendo en cuenta que la empresa declara actividad hotelera y no acredita capacidad para ejecutar obras de infraestructura.
La denuncia también incorpora comprobantes de proveedores de menor envergadura, como PLACSUR, con una Factura M por 78.720 pesos correspondiente a “materiales en seco”. Aunque los montos son marginales, ARCA observa que la lógica documental es la misma y que el destinatario de los pagos es siempre la AFA.
El circuito del dinero y los cheques endosados
La denuncia reconstruye el circuito de pagos utilizado por la AFA para cancelar las facturas observadas. A partir de requerimientos a distintas entidades financieras, ARCA obtuvo información sobre transferencias y cheques emitidos por la asociación.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, varios de esos cheques fueron endosados a terceros que no guardan relación con la actividad futbolística ni con la construcción. Algunas empresas del sector agropecuario informaron que recibieron esos instrumentos como parte de operaciones habituales vinculadas a la comercialización de hacienda y carne vacuna, y que no mantuvieron relación comercial con la AFA.
Para ARCA, este dato refuerza la idea de que no pudo identificarse al destinatario final de los fondos, un elemento central para encuadrar las operaciones como salidas no documentadas.
Gran parte de las facturas cuestionadas refieren a supuestas obras en el predio de Ezeiza. Sin embargo, cuando la fiscalización intentó reconstruir quiénes habrían ingresado al lugar para ejecutar esos trabajos, las respuestas obtenidas resultaron insuficientes.
Autoridades de la AFA señalaron que durante 2023 y 2024 hubo un movimiento constante de personas y vehículos, incluidos ingresos de carácter confidencial, y que muchas obras se realizaron bajo la modalidad “llave en mano”. Para ARCA, estas explicaciones no acreditan la efectiva prestación de los servicios y aumentan las dudas sobre la materialidad de las operaciones facturadas.
Un entramado societario repetido
El informe que acompaña la denuncia dedica un apartado a analizar los vínculos societarios entre las empresas cuestionadas. A través de un diagrama incorporado al expediente, ARCA muestra cómo las mismas personas físicas aparecen como socios o accionistas en varias de las firmas investigadas.
Esa coincidencia, sostiene el organismo, evidencia una unidad de mando y la existencia de estructuras carentes de sustancia económica real, orientadas a la simulación de operaciones. Las facturas incorporadas a la denuncia encajan en ese esquema: diferentes razones sociales, pero conceptos similares, períodos coincidentes y circuitos de pago repetidos.
El monto en discusión
Además del análisis cualitativo sobre las maniobras presuntamente irregulares, la denuncia presentada por ARCA incorpora una cuantificación provisoria de los ajustes fiscales vinculados a las operaciones observadas. Según surge de la documentación incorporada al expediente y a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, las maniobras investigadas alcanzan una suma superior a los 370 millones de pesos, sin contar intereses resarcitorios ni eventuales multas.
En cuanto al Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas, ARCA determinó los siguientes ajustes:
Período fiscal 2025
Ajustes por resoluciones administrativas: 4.647.841,21 pesos
Ajustes por investigaciones sistémicas: 165.414.140,05 pesos
Total estimado 2025: 170.061.981,26 pesos
Período fiscal 2024
Ajustes por resoluciones administrativas: 52.148.310,91 pesos
Ajustes por cruces sistémicos: 129.742.595,73 pesos
Total estimado 2024: 181.890.906,64 pesos
Período fiscal 2023
Ajustes por resoluciones administrativas: 22.934.217,46 pesos
A esos montos se suma el ajuste determinado en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al período fiscal 2023, por un total de 1.160.350,80 pesos.
En conjunto, la cuantificación provisoria de los ajustes determinados por ARCA supera los 375 millones de pesos, sin incluir intereses resarcitorios ni posibles sanciones, y se encuentra sujeta a modificaciones hasta el cierre definitivo del procedimiento administrativo y judicial.
El encuadre penal y lo que viene
En su presentación judicial, ARCA señala que los elementos reunidos permiten inferir indicios de dolo, lo que habilita la intervención del fuero penal económico. De confirmarse los montos observados, la conducta podría encuadrar en las previsiones del Régimen Penal Tributario.
Con esta nueva denuncia, Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta un escenario cada vez más complejo, atravesado por múltiples investigaciones judiciales, fiscales y administrativas, que ponen en discusión la transparencia y legalidad en la administración de los fondos del fútbol argentino.
Las facturas ya están en el expediente y constituyen, según ARCA, la evidencia concreta de cómo se habrían instrumentado las maniobras bajo sospecha durante la gestión de Tapia. A partir de ahora, será la Justicia la que deba determinar si esos comprobantes reflejan operaciones reales o si fueron utilizados como parte de un esquema de simulación.
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POLITICA
Multitudinaria vigilia por Malvinas en Río Grande: viajaron gobernadores y referentes del oficialismo y la oposición
En una jornada marcada por un profundo respeto a los veteranos, la fueguina ciudad de Río Grande, declarada la Capital Nacional de la Vigilia, volvió a ser el epicentro del recuerdo de la Guerra de Malvinas en las vísperas del 2 de abril. La conmemoración de este año contó con una fuerte impronta nacional con presencia de referentes justicialistas, libertarios y radicales.
Con un fuerte viento patagónico y bajas temperaturas, referentes y autoridades de distintos signos políticos subrayaron el carácter de “causa nacional” que representa Malvinas para los argentinos. “Pocas veces vienen tantos dirigentes de diferentes espacios políticos”, expresaron desde la organización, a cargo del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande.
Junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el intendente de Río Grande, Martín Perez, estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes acompañaron a los veteranos de guerra, junto con autoridades locales y provinciales, en el homenaje a los caídos y sobrevivientes de la guerra de 1982.
El Partido Justicialista mostró su músculo político con referentes de peso que cruzaron el país para estar presentes y buscar un mensaje de unidad. Kicillof, Quintela y la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (Unión por la Patria) Victoria Tolosa Paz fueron los rostros visibles de una jornada que comenzó pasado el mediodía de ayer en Ushuaia.
Antes de ir a Río Grande, los dirigentes mantuvieron una reunión en la capital provincial con el gobernador de Melella, sin Kicillof, que llegó después y lo recibieron en el aeropuerto local. Tras el encuentro, emprendieron los 200 kilómetros de la Ruta Nacional 3 para estar presentes en la vigilia.
El oficialismo nacional marcó también una fuerte presencia, enviando una delegación nutrida que buscó mostrar su compromiso con la causa fueguina.
El senador Bartolomé Abdala encabezó el grupo de La Libertad Avanza, acompañado por un equipo de diputados nacionales que incluyó a Andrés Leone, Virginia Gallardo, Carlos Brizuela, Veronica Razzini y Nicolás Mayoraz.
La Unión Cívica Radical también tuvo su rol protagónico. El presidente del partido a nivel nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, representó al radicalismo.
La agenda de Chiarella en la isla fue intensa. Horas antes del acto central, el dirigente acompañó la asunción de las nuevas autoridades locales del partido en el comité radical de Río Grande. Para la UCR, la vigilia es un espacio de reflexión sobre el rol de la democracia y la diplomacia en la recuperación de las islas, manteniendo viva -sostienen- la llama que el alfonsinismo abrazó desde 1983. “Desde Tierra del Fuego vamos a emprender la marcha de la reconstrucción de la Unión Cívica Radical”, exclamó el intendente santafesino, ante un comité repleto. “No hay nada que negociar, simplemente deben devolver las Malvinas.”
Cada año, la Vigilia en Río Grande se desarrolla como un rito ciudadano que comienza mucho antes de la medianoche. El epicentro es el Monumento a los Caídos, a orillas del Atlántico, donde se despliega la tradicional “Carpa de la Dignidad”, armada cada año por los Veteranos de Malvinas.
Durante la semana previa, los excombatientes se reúnen en la carpa para recibir la visita de escuelas y vecinos, manteniendo la tradición de la historia oral, con relatos, imágenes y rituales.
Ayer, al caer la noche, miles de personas se movilizaron con antorchas, como cada 1° de abril, iluminando la costa en un trayecto cargado de silencio y respeto.
Minutos antes de las 00:00, se realizó un simulacro de desembarco, que es uno de los puntos más emocionantes de la noche, seguido por el sonido de las sirenas y la tradicional salva de disparos en honor a los 649 héroes que quedaron en las islas y en el mar.
El momento culminante fue a la medianoche, cuando se izó el pabellón nacional entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas.
Luego, el veterano Bernardo Ferreyro -único orador de la vigilia- dio un duro discurso. Criticó acuerdos internacionales y una actitud “dúctil” frente al Reino Unido. “No hay nada que negociar, simplemente deben devolver las Malvinas”, expresó.
Ferreyro fue crítico del avance británico en el Atlántico Sur y mencionó el reciente paso del buque polar Sir David Attenborough como parte de una estrategia de consolidación territorial. “¿Qué hacemos nosotros al respecto? Es una pregunta que deben responder nuestros gobernantes”, sustuvo, con una mirada crítica y el apoyo de la gente expresado en aplausos casi permanentes.
Río Grande fue declarada por ley como la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas en 2013, reconociendo una tradición que nació de los propios veteranos de guerra residentes en la ciudad y que, con el tiempo, fue abrazada por toda la población.
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La Justicia ordenó detener a Apablaza por el crimen de Jaime Guzmán y Chile pidió “mayores esfuerzos” para encontrarlo
La justicia argentina ordenó la detención con fines de extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, no se encontraba allí.
A raíz de esta situación, el ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Claudio Alvarado, reclamó en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei realice los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, se indicó en un comunicado.
La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.
Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.
La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.
Además del asesinato del senador Jaime Guzmán, Apablaza está acusado de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio. La orden de captura se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina validara la solicitud de extradición presentada por Chile. El país sudamericano reclama a Apablaza desde 2004, pero el proceso se mantuvo estancado durante más de una década.
En conferencia de prensa, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna, señaló: “Hoy (por ayer) se emitió por parte de la Policía Federal Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Apablaza. Estamos coordinados entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, Alejandro Del Río, y también a través de nuestra sede en Interpol, para poder articular y gestionar”.
“Esto es algo que se estaba preparando desde que Apablaza perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente, no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos los esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y tener la extradición respectiva”.
Y completó: “Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para el tiempo más breve posible, materializar la detención del prófugo de la justicia”.
Por otro lado, ayer, el canciller Pablo Quirno recibió copia de cartas credenciales del Embajador designado de Chile ante la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo.
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