La base está. La unidad de nombres propios, recorridos políticos y vertientes ideológicas tiene un objetivo central: construir un frente anti Milei para el 2027. Ese es el plan del peronismo, pero también del radicalismo disidente y de algunos sectores que integran Provincias Unidas. El gran desafío es no convertirse en un engendro electoral que, ante un eventual triunfo, esté destruido internamente antes de empezar.

En los últimos días empezaron a asomar varias voces históricas del peronismo y todas tuvieron una referencia similar al contexto político. Creen que deben armar un gran frente para el año que viene. Ser capaces de convertirse en los principales rivales de Javier Milei, sin dejar pequeñas expresiones en el camino. Es con todos los que se pueda y tengan un punto en común de referencia, que no solo sea vencer al gobierno libertario.

Miguel Pichetto contó en público, durante una entrevista con el streaming Gelatina, algunos detalles de la conversación que tuvo con Cristina Kirchner el martes de la semana pasada, cuando la fue a ver a su prisión domiciliaria. “Coincidimos en la necesidad de armar un frente nacional, como lo que hizo Lula en Brasil”, sostuvo el rionegrino. Ambos tienen en la cabeza lo mismo. Armar un gran frente transversal y heterogéneo. Es una tarea extremadamente difícil.

El lugar que ocupe la ex presidenta dentro del próximo esquema electoral es un tema de debate permanente en el peronismo. Hay una coincidencia mayoritaria que atraviesa a varios sectores, ya sea del interior como de la provincia de Buenos Aires. El armado que se piense y ejecute tiene que ser con el ella adentro. En todo caso, lo que se debe discutir es qué rol tendrá y dónde quedará parada toda la dirigencia cristinista.

Esa idea sobrevive también en un grupo de legisladores del interior que empezó a moverse políticamente con más decisión y en paralelo al kirchnerismo. Ayer, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Kelly Olmos (CABA) y Marianela Marclay (Entre Ríos), se reunieron con Martín Rapetti y Diego Bossio, fundadores de la consultora Equilibra. El ex titular del ANSES, aferrado al perfil bajo desde hace tiempo, está trabajando cerca de ese sector del peronismo.

En el encuentro analizaron un estudio sobre la evolución del empleo, los ingresos y las perspectivas económicas de la Argentina. Allí hablaron sobre la calidad del trabajo que se está generando, el deterioro del poder adquisitivo y la fragilidad de los ingresos en distintos sectores sociales. Además del intercambio de miradas, el encuentro se inscribió en el intento de una línea interna del peronismo de reconstruir un relato económico propio, en un contexto de debilitad política y de dificultades para lograr triunfos legislativos.

Esos legisladores son la cabeza visible de un grupo que convive con el cristinismo en la Cámara de Diputados y que ha decidido construir un núcleo de poder interno en paralelo al mundo K. En ese grupo consideran que en la Argentina que gobierna Milei no aparece, hasta ahora, un “horizonte de desarrolo productivo”. Destacan que el orden fiscal “ocupa el centro de la escena”, pero creen que “no hay un plan integral que evidencie cómo se va a generar trabajo de calidad”.

En ese sector creen que el orden fiscal es necesario, pero que debe estar complementado por una política productiva, una estrategia de desarrollo y un proyecto que ponga a la generación de empleo en el centro. Reuniones de ese estilo, y también de índole estictamente políticas, comenzarán a realizarse con más frecuencia. Es la forma de mostrar movimiento y activar los debates internos. Hay una sensación generalizada, en varios dirigentes del interior, de que hay que empezar a apretar el acelador, aunque el tiempo de definiciones llegue una vez que pase el Mundial de fútbol en el norte de América.

La idea de armar un esquema transversal la planteó con claridad el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, durante una entrevista con La Nación+, en la que resaltó la necesidad de crear una alternativa a Milei basada en el orden fiscal y el desarrollo productivo. Es decir, una mirada similar a la que discutieron los legisladores que analizaron el informe de la consultora Equilibra.

En esa misma línea se manifestó, tiempo atrás, durante entrevista con Infobae, el senador nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. “El equilibrio fiscal y la inflación controlada son dos ejes que el peronismo no debería discutir más”, aseguró. Aún sigue siendo un nombre propio que suena como opción para encabezar un proyecto político nacional.

“Tenemos que retomar ese programa de orden fiscal pero con crecimiento con industria nacional y con desarrollo nacional”, sostuvo Olmos, en referencia a la gestión de Néstor Kirchner, que marcó un cambio de ciclo en el peronismo y el comienzo de la era kirchnerista. Una etapa que todo el arco peronista rememora en forma positiva, sin importar el sector interno al que pertenezcan.

El ex asesor presidencial, que es un influyente armador y articulador de voluntades dentro del PJ, revisó el pasado, consideró la necesidad de profundizar la autocrítica sobre las últimas gestión justicialista y aclaró: “No puede pasar que volvamos al gobierno y tengamos programas diferentes internamente y ese programa común debe estar actualizado”. En sus palabras está matizada la interna feroz que vivió el Frente de Todos durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo que no hay que volver a hacer. La piedra con la que no deben volver a tropezarse.

Más amigo de las declaraciones de alto impacto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sostuvo ayer que el peronismo tiene que tener “un proceso interno” que “despierte al monstruo”, ya que considero que la fuerza política que integra “es un gigante dormido”. Al igual que otros actores del PJ, consideró que el “justicialismo tiene que ser la columna vertebral de un proyecto más amplio”.

El “Gitano” quedó en el centro de la poļémica un puñado de días atrás, cuando aseguró que el gobierno nacional no iba a llegar al final de su mandato. Entre algunos dirigentes peronistas tomaron con cierta molestia sus declaraciones, ya que entienden que las caras visibles del PJ deben dejar de agitar fantasmas de una caída anticipada. Ningún argentino quiere que eso ocurra de verdad. Y mucho menos que la política lo anticipe. Solo da lugar a que el Gobierno los acuse de golpistas y haya más ruido del habitual en la conversación política y social.

Axel Kicillof es otro de los que empuja la creación de una coalición anti Mile. Está en la misma sintonía del resto de la dirigencia y es, hasta el momento, el único precandidato presidencial en pie que tiene el peronismo. En el kicillofismo hace tiempo que vienen diciendo que existe la necesidad de construir puentes por fuera del peronismo. “Hay que ampliar hacia aquellos que piensen que el de Milei es un modelo inviable y que hay que fortalecer un modelo de trabajo y producción en la Argentina”, aseguró esta semana el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El Gobernador empuja desde La Plata su armado nacional. El primer objetivo es construir bases del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en distintas provincias del país. En eso están trabajando los principales ministros y funcionarios de la gestión bonaerense, como el propio Bianco, Andrés “Cuervo” Larroque, Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez. A partir de ahí, piensa en edificar un movimiento nacional sólido.

El peronismo está en movimiento. Parece haber empezado una etapa de discusiones más profundas sobre la ruta que deben tomar y sobre la identidad que deben construir. Tal vez haya llegado la hora de volver a empezar.

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El proyecto que modifica la Ley de Glaciares abrirá el debate legislativo en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa llega con media sanción del Senado y comenzará su revisión en la Cámara de Diputados, impulsada por la bancada de La Libertad Avanza.

El tratamiento estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

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El cronograma definido por el oficialismo prevé que hoy comience el análisis del proyecto. La semana próxima, el martes 10 de marzo, se realizarán audiencias públicas durante toda la jornada para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores. Al día siguiente, el miércoles 11, se firmarían los dictámenes.

La presidencia de la Cámara Baja quiere convocar a una sesión el jueves 12 de marzo. La primera en este período ordinario.

En la Casa Rosada esperan mantener en Diputados los acuerdos con los gobernadores que acompañaron la sanción de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, en aquella sesión hubo diferencias dentro de algunos espacios aliados.

Parte del PRO votó en contra del proyecto, al igual que la senadora por Chubut Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. En tanto, la neuquina Julieta Corroza se abstuvo con el aval del mandatario provincial Rolando Figueroa.

Quejas desde la oposición

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, junto a legisladores de Provincias Unidas, pidió formalmente a las autoridades de las comisiones la realización de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto.

El pedido fue acompañado por los diputados María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías, Juan Brügge y Nicolás Massot.

Ferraro sostuvo: “Tratándose de una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes, entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva”.

En esa línea agregó: “La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales,más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua, no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.

Pedido de organizaciones ambientales

Diversas organizaciones ambientales también reclamaron la realización de audiencias públicas para debatir el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Entre las entidades que impulsaron el pedido se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.

Las organizaciones remarcaron que la Ley de Glaciares constituye un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio destinado a proteger ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la regulación climática.

También señalaron que el artículo 21 de esa norma establece que la participación ciudadana debe garantizarse en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.

A su vez, el artículo 7 del Acuerdo de Escazú —ratificado por la Argentina mediante la Ley 27.566— obliga a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo.

En particular, el inciso 5 de ese artículo establece que los procedimientos deben contemplar plazos razonables que permitan una participación efectiva e informada.

La postura del Gobierno

El oficialismo logró aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado el jueves 26 de febrero, en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.

La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.

Para ello, el proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.

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