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La embestida judicial del Gobierno: la cumbre secreta en la que se pergeñaron las dos denuncias por la filtración de audios de Karina Milei

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El viernes a última hora de la tarde, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, el Gobierno habilitó una mesa de estrategia judicial para intentar reorientar la conversación pública en la semana previa a la elección bonaerense. La gestión libertaria quiso aprovechar los primeros audios atribuidos a la voz de Karina Milei divulgados ese mismo día por el canal de streaming Carnaval (y la promesa de difusión de más material inédito de la hermana del Presidente) para cambiar la narrativa.

Luego de casi dos semanas en las que, a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el Poder Ejecutivo quedó sospechado por corrupción con fondos públicos del sector de Discapacidad, la cúpula libertaria quiso cambiar el encuadre y exhibirse como víctima de una supuesta operación de espionaje ilegal.

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Por esa mesa circularon, entre otros, Santiago Caputo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio (cercano al asesor presidencial); el vocero Manuel Adorni y el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, los últimos dos del riñón de Karina Milei. Asomaron dos objetivos. Por un lado, el de visibilizar una presunta “operación de servicios ilegales” para ensuciar al Gobierno en el marco del proceso electoral.

Para eso se pergeñó una denuncia penal que pusiera a todos los audios (los de Spagnuolo y los de Karina) como parte de una misma trama, si bien el origen y el contenido de unos y otros son bien distintos: la grabación al extitular de la Andis -en una conversación que parece grabada en un ámbito público, como un restaurant- se refiere a supuestos pedidos de coimas en el Gobierno (un asunto de interés público), mientras que la voz atribuida a Karina, presuntamente grabada en su despacho de la sede de gobierno, hasta ahora, no alude a un posible ilícito.

Por otra vía -y a pedido de la secretaria general de la Presidencia- se puso en marcha un operativo para proteger personalmente a Karina y frenar la difusión de nuevo material con su voz. De esto se ocupó Viola, que además de abogado del partido ya había representado a la hermana de Milei en una vieja causa por presunta venta de candidaturas en la campaña de 2023.

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El mismo viernes, alrededor de las 22, ese abogado presentó un escrito en el fuero Civil y Comercial Federal y pidió una medida cautelar para prohibir a todos los medios que difundan “cualquier chat, audio, foto o video” anunciados por Carnaval así como también para impedir que hagan referencias a Karina Milei “en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa o indirecta” y “en relación con dichos audios”, que se aprestaban a salir a la luz.

El abogado Santiago Viola y detrás su representada Karina Mileihernan zenteno

El escrito de Karina Milei se apalancó en tres argumentos. Señaló que los audios entrañarían un riesgo para su “honor”; habló de un posible daño grave a su “familia” y se refirió a una afectación a la “seguridad nacional”, dado que las grabaciones se habrían hecho en un despacho de la Casa Rosada, en la que se tratan asuntos sensibles.

Tal como publicó , el escrito, firmado por la hermana del Presidente y por Viola, requierió que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que comunique la prohibición de difusión “bajo pena pecuniaria”. El pedido se hizo bajo carácter reservado y se solicitó la habilitación de días inhábiles (el fin de semana) para hacer lugar a la medida de forma urgente.

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, no obstante, no tramitó el pedido a través de un juzgado de guardia, fuera del horario hábil de los tribunales. El pedido lo tramitó el lunes el juzgado N° 5 a cargo de Alejandro Patricio Maraniello, que hizo lugar a la cautelar pasado el mediodía. El juez ordenó “solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Maraniello hoy tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.

Según fuentes oficiales, en principio, no está previsto que Karina Milei apele la medida de Maraniello para solicitarle que la prohibición abarque un criterio más amplio. De hecho, esta mañana el canal de streaming uruguayo Dopamina difundió un nuevo audio en el que la voz atribuida a la hermana del Presidente menciona a “Martín” (se referiría a Martín Menem).

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El fragmento fue replicado y reproducido en redes sociales de medios y usuarios argentinos y tanto el titular de Diputados como Patricia Bullrich señalaron que se trataría de una conversación que se dio en la Cámara baja y que fue registrada de manera clandestina. Este fragmento no estaría alcanzado por el fallo de Maraniello, ya que no se circunscribe a audios “grabados en la Casa de Gobierno” y que fueron “anunciados el día 29/08/2025″.

Consultado por , un colaborador de la Casa Rosada cercano a Karina apuntó: “Es difícil determinar qué es lo prohibido y qué no justamente porque la cautelar hace referencia a cuestiones posibles y futuras. Pero el pedido de cautelar fue en base al anuncio puntual que hizo Carnaval el viernes y en alusión a ese contenido específico. Así se solicitó a la Justicia y así lo concedió el juez”.

Y agregó: “Consideramos que la prensa no deberían publicar audios que no tienen interés público o periodístico y que se obtuvieron de manera ilegal. Pero no es lo que dice la resolución de Maraniello ni lo que decía el pedido de la cautelar que presentó Karina”.

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La otra denuncia

La denuncia penal que el Gobierno promovió en Comodoro Py, en cambio, fue más allá porque reclamó que la Justicia solicite una batería de medidas de prueba. Entre otras, allanamientos en las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”. La presentación corrió por cuenta de un abogado con funciones en el Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que sostuvo que existió “una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Este expediente recayó en el juez Julián Ercolini y en el fiscal federal Carlos Stornelli.

En el escrito, Soto pidió que se investigue una línea específica, que partiría de presuntos sectores de la “oposición kirchnerista” y llegaría hasta el canal de streaming Carnaval, donde trabajan los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Involucró, a su vez, a otros actores, como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi. “La trama revela una red viscosa y pestilente, que comprendería a operadores políticos y a esferas de inteligencia no institucionales”, denunció el Poder Ejecutivo a través del escrito de Soto, que es director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del ministerio que conduce Patricia Bullrich.

El escrito corrió por cuenta del Ministerio de Seguridad porque, según fuentes oficiales, estaba “comprometida la seguridad nacional” y “para que tuviera más fuerza”. Si bien la presentación oficial fue firmada por Soto, en su elaboración participaron otros equipos técnicos de abogados y hubo opiniones divergentes de las espadas judiciales del Gobierno.

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En el seno del Gobierno se debatió si la denuncia debía ser más acotada, de pedido de averiguación de delito a partir de la simple descripción de los hechos (la difusión de los audios). O si se debía requerir a la Justicia que investigue un delito puntual, siguiendo una pista específica y con medidas de prueba de alto impacto (como los allanamientos a periodistas). Finalmente, primó la mirada más dura.

En el escrito de Soto, el Gobierno omitió aludir al contenido de los audios de Spagnuolo y a la causa por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad. Apuntó directamente al “mensajero” y señaló que el streaming Carnaval “se creó con el único objeto de molestar y chantajear a los integrantes de la actual gestión de gobierno”. Afirmó, sin pruebas documentales, que “su dueño es Toviggino, mano de derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno”. La presentación del Ministerio de Seguridad, también apuntó que Bindi sería un “abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia” además de la pareja de la diputada Marcela Pagano, que acaba de escindirse de LLA.

El escrito dice que los hechos denunciados “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”, en referencia a Karina Milei, y que fueron “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″. Lo consideraron “parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”.

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Parte de la oposición y un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que las denuncias del Gobierno buscan un “acto de censura” y violan “la libertad de expresión”. El diputado Maximiliano Ferraro (CC), por caso, apuntó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.

Stornelli ya impulsó la denuncia del Gobierno pero aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos.

Pese a que el debate público puso sobre relieve el ataque a la libertad de expresión, el Gobierno no retrocederá. Luego de que un medio uruguayo difundiera un nuevo audio de Karina Milei, Bullrich advirtió que irá por más. “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”, dijo la ministra. Y advirtió: “Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”.

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Tal como publicó LA NACION,,ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura,,September 2, 2025,Maia Jastreblansky,Conforme a

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Los peritos de la Corte Suprema revisarán la fortuna del exintendente Martin Insaurralde

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Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Así se ve el Bandido 90, el yate que alquiló Martín Insaurralde. (Foto:https://marbellaboatcharter.com)

La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.

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El intendente de Lomás, Martín Insaurralde, junto a su esposa, la modelo y vedette, Jesica CirioFabián Marelli

La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.

Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.

En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.

El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.

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Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.

Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.

La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.

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Último día de alegatos en la causa Vialidad. Fiscal Sergio Mola

La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.

Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.

Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.

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Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.

Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.

“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.

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Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.

El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.

Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.

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Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.

“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.

Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.

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Hernán Cappiello,Corrupción,PJ Partido Justicialista,Conforme a,Corrupción,,Fallo dividido. La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad,,Escándalo en España. Se cierra el cerco sobre el clan Sánchez: su esposa y su hermano cada vez más complicados por casos de corrupción,,Sobornos. Un exejecutivo de Odebrecht reclamó otra vez que se cierre la causa y la Justicia lo rechazó

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La oposición busca llevar al Congreso la discusión por la quita temporal de retenciones al campo

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El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.

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Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.

Lee también: El Banco Central vuelve a aplicar una de las medidas del cepo al dólar para las personas físicas

López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.

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Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.

Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, se reunió varias veces para analizar el fin de las retenciones. (Foto: HCDN).

Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.

El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.

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Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.

Pedido de informes desde UxP

Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.

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“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.

El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.

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La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.

Diputados, Retenciones, Congreso de la Nación, coalicion civica

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Golpe kirchnerista en la Corte de Santa Cruz: se resiste a aceptar a los nuevos miembros y desafía a Vidal

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EL CALAFATE.- La Corte de Santa Cruz, que responde al kirchnerismo, abrió un conflicto de poderes en la provincia al declarar nulo el acto de jura de los dos nuevos miembros designados el viernes por la Legislatura, en un intento por bloquear su ingreso y conservar el poder.

De esa forma, la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y el gobernador Claudio Vidal alcanzó su máxima tensión.

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Luego de la jura de los dos nuevos miembros propuestos por Vidal para el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, cuatro de los cinco jueces kirchneristas del cuerpo declararon nulo el acto y argumentaron que se encuentran vigentes dos medidas que impiden avanzar con los nombramientos.

“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, sostiene la resolución que lleva la firmas de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Y afirma que lo resuelto por la Legislatura ”podría reputarse nulo de nulidad absoluta».

Basanta fue ministro de Alicia Kirchner y Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner. Ludueña es hija de un senador kirchnerista y y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.

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En la resolución, los jueces aluden a una cautelar vigente firmada por el juez Marcelo Bersanelli, un exabogado de Cristina Kirchner y de vínculos familiares con Máximo Kirchner.

“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó el gobernador Claudio Vidal en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia.

Minutos antes habían jurado los dos nuevos vocales propuestos por el gobernador para integrar el Tribunal Superior de Justicia: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.

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Cuando aludió a los “aprietes”, Vidal aún no sabía que minutos más tarde los jueces, ausentes en el acto, iban a declarar nula la jura y abrir un conflicto en la provincia.

La Corte provincial tiene nueve lugares. Con las nuevas dos designaciones se llegaría a siete miembros. Faltan completar dos.

Las cuatro nuevas vacantes se originaron hace menos de un mes cuando una reforma a la ley provincial elevó el tribunal de cinco a nueve miembros.

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Los votos del kirchnerismo para oponerse no alcanzaron y se sucedieron dos causas judiciales que intentaron frenar la reforma. Pese a la vigencia de una medida cautelar, el jueves se aprobaron las dos primeras designaciones.

El presidente del Tribunal, Daniel Mariani, tomó la jura de los nuevos integrantes con la marcada ausencia de los demás vocales.

Al saludarse con Acevedo, se abrazaron dos viejos conocidos: ambos supieron compartir espacio político dentro del movimiento renovador del peronismo en los ‘80, cuando aún Nestor Kirchner era minoría en el Partido Justicialista santacruceño.

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Minutos después de la jura, Mariani se enteraró que los vocales, que estuvieron ausentes, firmarían una resolución en la que intentaban desautorizar el acto.

Mientras tanto, Cristina Kirchner seguía las vicisitudes del conflicto desde su departamento en el barrio proteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

“Es un día histórico, las cosas están cambiando en Santa Cruz, se eliminó la ley de lemas cuando asumimos, somos el gobierno más controlado de la historia porque el Tribunal está conformado por en su mayoría con la oposición”, fueron las primeras reflexiones de Vidal, presente en la jura y quien en los últimos días había denunciado un golpe judicial del kirchnerismo para impedir los nombramientos.

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El exgoberandor Sergio Acevedo al momento de jurar en su cargo como nuevo vocal ante el Tribunal Superior de Justicia.Mutti

En esa línea, Vidal fue subiendo el tono a sus declaraciones. “Esto es un paso muy importante, para la sociedad que busca una justicia independiente, que busca una justicia idónea y un ajusticia que deje de militar la política”, enfatizó.

A pesar de su historial, el kirchnerismo acusa al actual gobernador de intentar armar Corte que le garantice impunidad. Vidal responde que ampliar el tribunal es la única forma de darle independencia a un poder cuyos jueces fueron todos nombrados por sucesivos gobiernos kirchneristas.

“Basta de los Bersanelli (en referencia al exabogado de Cristina Kirchner, hoy juez de primera instancia) que creen que tienen más poder que la misma ley, que creen que pueden pasar por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es designado por el voto popular del pueblo”, sostuvo Vidal en sede judicial.

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El gobernador también apuntó a uno de los actuales miembros de la Corte “Basta de los Fernando Basanta, que quieren conducir la provincia desde la justicia. Basta. Esto se tiene que terminar, y el pueblo me eligió para que eso se termine”, afirmó Vidal.

La ampliación de la Corte que por la mañana parecía avanzar, ahora se trabó con la nueva resolución que desconoce la jura. Es una incógnita cuando y como se efectivizará la toma del cargo de los vocales que juraron.


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