POLITICA
La empleomanía estatal de la familia de Maximiliano Abad, el radical que muere por ser libertario
Aquiles Abad, hermano del senador nacional Maximiliano Abad, fue denunciado por un ingreso fraudulento a la Universidad Nacional de Mar del Plata y hoy cobra 2 millones mensuales en la defensoría del Pueblo bonaerense, consolidando un entramado de amistades y acomodos estatales que contradice el discurso de Javier Milei.
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Mientras el senador nacional Maximiliano Abad mueve cielo y tierra para sellar una alianza con Javier Milei, su entorno más íntimo sigue dando cátedra sobre cómo enquistarse en el estado sin pasar por ningún tipo de control. Esta vez, el foco recae en su familia y, principalmente, en su hermano Aquiles Abad, quien luego de un intento escandaloso por ingresar por la ventana a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, terminó recalando cómodamente en la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el aguantadero de arreglos políticos que comanda el kirchnerista Guido Lorenzino.
Con un salario que ronda los 2 millones de pesos mensuales, Aquiles Abad es otro exponente del universo familiar del radicalismo “casta”, que intenta camuflarse bajo ropajes libertarios mientras engrosa sus cuentas a expensas del estado.
Maximiliano y Aquiles Abad.
Su nombre ya había quedado manchado en 2013, cuando la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) denunció ante el ministerio de Trabajo el ingreso fraudulento de Aquiles a la facultad de Derecho. Según el gremio, su designación fue realizada “violando el sistema de ingreso del personal”, burlando el orden de mérito establecido por concurso y utilizando resoluciones de rectorado firmadas en pleno receso administrativo.
“Mediante las resoluciones de rectorado Nro. 148 de fecha 8 de abril de 2013 y 167 de fecha 9 de abril de 2013, se han realizado de manera fraudulenta nombramientos de personal en la planta transitoria violando los requisitos contemplados en el convenio colectivo de trabajo 366/06 y en la resolución de rectorado Nro. 3033/12, que fija el procedimiento para el ingreso del personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata”, detalla la denuncia. Y agrega que “hay que tener en cuenta que de manera grosera se burla el orden de mérito que surgió de los concursos que se efectuaron conforme lo indica la norma”.
A su vez, desde el gremio se aseveró: “Lo que más preocupa y llama la atención es que el pedido del personal nombrado lo realizó el secretario de Coordinación de la facultad de Derecho, abogado Ariel Martínez Bordaisco el domingo 30 de diciembre de 2012 y obtuvo una respuesta positiva y rápida por parte del secretario de Administración y coordinación de nuestra universidad, contador público Jorge Hernán Gomis, el 11 de enero de 2013 en pleno receso de la actividad administrativa en la UNMDP”.
Hoy, no por casualidad, Martínez Bordaisco ocupa una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical (UCR) y se sabe que mantiene una relación de larga data con Maximiliano Abad.
Maximiliano Abad y Ariel Martínez Bordaisco.
Con la designación de Aquiles en la defensoría del Pueblo, los vínculos familiares de los Abad y los actos de nepotismo vuelven a quedar bajo la lupa. Mientras el senador radical insiste en mostrarse como puente entre el radicalismo y La Libertad Avanza, su entorno cercano parece no tener ningún apuro en seguir exprimiendo los beneficios del aparato estatal.
Maximiliano Abad en una reunión militante junto a Marcelo Honores, secretario General de la defensoría del Pueblo, y su hermano Lucas Honores, dirigente radical de General Alvarado, donde abrieron una sede del organismo para potenciar sus aspiraciones políticas.
Un único patrón familiar: contratos en el estado
La historia de acomodos en el estado no se agota en Maximiliano y Aquiles Abad ni mucho menos en su cuñada Marina Sánchez Herrero. Otro hermano del clan, Lucio Abad, también percibe un generoso salario estatal: trabaja en el Banco de la Nación Argentina, donde incluso supera en ingresos mensuales a Aquiles. Su desembarco en la entidad se habría producido durante la gestión de Mauricio Macri, cuando varios dirigentes radicales encontraron refugio y cargos bien remunerados bajo el paraguas del otrora presidente.
Pero la trama familiar no termina allí.
La pareja de Lucio, Natalia Griselda Andreu Cruz, fue recientemente designada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, específicamente en la facultad de Derecho, mediante un contrato transitorio que recuerda peligrosamente al caso denunciado por el gremio APU en 2013 contra Aquiles Abad. La resolución de rectorado Nro. 160, fechada en 2025, reconfirma su nombramiento en la categoría 5 del agrupamiento técnico profesional, con funciones asignadas a partir del 1 de marzo, aunque lo cierto es que viene desempeñando tareas en la casa de estudios que maneja su concuñada desde hace muchos años a pesar de que en los considerandos se aclara que «la designación carece de estabilidad».
La tradición, al parecer, viene de larga data. El padre del trío, Carlos Abad, fue un histórico dirigente de la UCR marplatense y hasta sus últimos días cobró un contrato en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Reconocido como un referente partidario en la región, fue concejal, delegado y funcionario, pero también un claro exponente de una generación que hizo del estado su principal sustento.
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POLITICA
Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas
El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.
La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, el inmueble pertenecía al exfutbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no solo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.
La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.
En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.
La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que el patrimonio de Adorni habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal. La legisladora detalló discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000, además de la incorporación de USD 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
En el caso específico de la vivienda de Caballito, el informe de dominio revela que la adquisición fue posible gracias a un crédito hipotecario concedido por las dos jubiladas vendedoras, quienes, de acuerdo con el registro, quedaron como acreedoras del total del préstamo.
Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.
Según los reportes internos del propio country, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado en las declaraciones juradas públicas. La fiscalía señaló que, revisados los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 metros cuadrados, y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 metros cuadrados. No se registran lotes o construcciones a su nombre en Exaltación de la Cruz ni en countries.
La fiscalía fundamentó las nuevas medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de Adorni y su entorno directo. Por el momento, el juez Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas. Se aguarda que, en las próximas semanas, el expediente sume información clave para determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos empleados en la compraventa del departamento de Caballito y la vivienda en el country puede ser plenamente justificado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que la disputa judicial “va a terminar en la Corte Suprema”, luego del fallo que suspendió de manera provisoria parte de la ley 27.802.
Uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó el origen de la ley y anticipó el recorrido judicial del conflicto. “El Gobierno quiso imponer esta reforma como lo hizo con el DNU 70. De forma unilateral, sin consenso y avanzando sobre derechos”, escribió en su cuenta de la red social X.
En ese sentido, sostuvo que “no solo esta cautelar, sino muchas otras que vienen saliendo, marcan ese límite”. “Esta instancia va a terminar en la Corte”, afirmó.
La reacción sindical se conoció después de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a una medida cautelar y frenó la aplicación de distintos artículos, en el marco de un planteo colectivo presentado por la central obrera en representación de trabajadores de todo el país, y que el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la decisión para sostener la reforma, a la que considera clave para la generación de empleo formal.
En contrapartida, Jerónimo planteó que el contexto actual impide la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo. “Hoy está claro: no están dadas las condiciones para aplicar la reforma laboral. Esta ley no va a prosperar”, señaló en la misma publicación.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y la central obrera, mientras continúa la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso
El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.
Del lado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
Leé también: Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
En esa línea, el diputado Lisandro Almirón calificó la decisión judicial como un “avasallamiento a la democracia”, y confirmó el camino que el Ejecutivo apelará “hasta las últimas instancias”.
reforma laboral, CGT
En las últimas tres audiencias del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, el silencio de los arrepentidos durante sus indagatorias reflotó viejas objeciones contra el proceso, ya rechazadas por la Justicia, pero vueltas a poner sobre la mesa por Cristina Kirchner, otros exfuncionarios y varios empresarios, que insisten en cuestionar el trámite al alegar que su derecho de defensa se ve menoscabado.
Es que seis de los imputados colaboradores que hasta el momento fueron indagados eligieron no someterse a preguntas de las partes, una estrategia usual en instancia oral, pero que en el caso puntual de los arrepentidos produjo una nueva avalancha de críticas.
Los primeros cuestionamientos surgieron cuando se supo que el exfuncionario Claudio Uberti, a cargo de las concesiones viales durante el primer kirchnerismo, no contestaría preguntas. Como arrepentido había identificado montos, señalado reuniones y contado anécdotas de la operatoria y Néstor Kirchner.
Pero las objeciones ganaron volumen definitivo cuando fue el chofer Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dispararon la investigación de y el caso de los Cuadernos, quien dio a conocer que no declararía y que tampoco respondería preguntas. Una docena de abogados defensores salieron al cruce, cuestionando una vez más los alcances de la figura del arrepentido.
“Veamos realmente si esas imputaciones pueden sostenerse en un marco de una audiencia oral y pública”, reclamó Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Kirchner. “Que las partes podamos confrontarlas, podamos interrogar, podamos saber si cada una de esas cosas que dijo el señor Centeno, o cualquiera de los otros arrepentidos, tiene lógica, coherencia y sustento probatorio”, se quejó.
El reclamo de Beraldi y del resto de los defensores no cuestiona el derecho de los imputados a guardar silencio, sino la incorporación de sus acuerdos como prueba en el juicio oral cuando no se someten a preguntas.
Hay variaciones en cada uno de los planteos, pero sostienen, en esencia, que estos acuerdos tienen el valor probatorio de un testigo, al que sí se puede confrontar con preguntas en un juicio oral.
Al cruce de estos argumentos salió la fiscal del juicio, Fabiana León. “El Tribunal ya se expidió sobre la incorporación de los acuerdos de los arrepentidos”, marcó. “Pueden patalear, hacer lo que quieran, pero el tribunal ya se expidió en una etapa anterior. No veo la razón de volver a insistir para provocar una razón en contrario”, dijo.
Y agregó: “Yo también hubiese querido hacerle preguntas a personas que declararon y se negaron a hacerlo. Y sin embargo no hicimos ninguna pataleta por no poder preguntar”.
Es que el silencio se impuso no solo en los arrepentidos sino sobre la mayor parte del universo de imputados, empezando por la expresidenta Cristina Kirchner, quien, pese a declarar no se sometió a preguntas del tribunal ni de ninguna de las partes, una estrategia que también empleó en la causa Vialidad, por la que cumple una pena a seis años de prisión.
Tampoco enfrentaron preguntas el exministro Julio De Vido, ni su mano derecha, Roberto Baratta, o el secretario de este último, Nelson Lazarte, todos exfuncionarios acusados de integrar una asociación ilícita.
Por el momento, apenas tres de los 21 imputados se mostraron abiertos a contestar: los exfuncionarios Mariano Llorens, Walter Fagyas y Oscar Thomas.
Para este martes el Tribunal tiene previstas otras nueve indagatorias presenciales. Entre los arrepentidos que podrán quebrar la tendencia estarán Angelo Calcaterra y Héctor Sanchez Caballero, de la constructora IECSA; Armando Roberto Loson, de Albanesi, y Aldo Benito Roggio, de grupo Roggio.
El primer arrepentido
En la última audiencia, Juan Carlos de Goycochea, representante de la firma Isolux en el país durante el periodo investigado, se convirtió en el primer empresario arrepentido en declarar en el juicio.
Goycochea confirmó frente a los jueces del Tribunal Oral las entregas de dinero, pero ofreció una versión alternativa a la que brindó cuando declaró como arrepentido durante la instrucción.
Sostuvo que, después de “haberlo pensado más tranquilamente”, no fueron 17 pagos los realizados, cómo había dicho, sino apenas siete. “Pero tampoco tengo ninguna certeza de esto porque la realidad es que no he llevado un registro”, agregó.
Remarcó que las entregas siempre fueron concebidas como “aportes de campaña”, aunque en su primera declaración dejó en claro que siempre supo que se trataban de “coimas”, y cuestionó las anotaciones de Centeno, que lo tienen como protagonista de 18 entregas de dinero. “Lo que obra asentado en los Cuadernos carece de valor probatorio y pido que no sea tenido en cuenta como prueba en mi contra”, solicitó.
Cuadernos de las Coimas,no someterse a preguntas,Walter Fagyas y Oscar Thomas.,Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Cristina Kirchner,Casos de corrupción,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Cuadernos. El chofer Centeno se negó a declarar, mientras que Uberti afirmó: «Ser arrepentido no es ser traidor»,,Pedido de indulto. El ministro de Justicia de Kicillof dijo que un gobierno peronista debería liberar a Cristina Kirchner,,Del «Operativo Puf» a los cuadernos. Cristina Kirchner inauguró el ataque como defensa y retomó sus desafíos a la justicia
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