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POLITICA

La encrucijada de “Chiqui” Tapia con las cuentas de la AFA y un vuelo reservado para ver la final del Super Bowl 2026

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Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa el momento más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, enfrenta investigaciones penales, auditorías administrativas y denuncias empresariales que avanzan sobre el núcleo financiero de la entidad. Los expedientes someten a revisión contratos internacionales, transferencias en dólares, activos patrimoniales, deudas fiscales y circuitos de intermediación que durante años operaron sin un control estatal sistemático.

Mientras la Justicia y organismos estatales examinan balances, cuentas bancarias y vínculos comerciales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Elena. El contraste entre ese despliegue personal y la delicada situación institucional del fútbol argentino revela el momento de mayor tensión política y judicial de su gestión.

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Tapia enfrenta actualmente tres frentes judiciales abiertos y una ofensiva administrativa inédita. En conjunto, las investigaciones comprometen operaciones por más de $30.000 millones, además de millones de dólares en transferencias internacionales y contratos bajo revisión.

El primer frente es la causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El expediente tramita en el fuero especializado y busca determinar si la AFA, pese a contar con recursos líquidos, incumplió sus obligaciones fiscales. En ese contexto, la Justicia ordenó un relevamiento integral de la titularidad de las cuentas bancarias, CBU y subcuentas, depósitos en moneda extranjera, colocaciones a plazo fijo, transferencias internas y externas, y todos los movimientos registrados desde 2021. El foco está puesto especialmente en los fondos administrados en el banco Credicoop, donde se detectaron operaciones por hasta $8.000 millones.

La investigación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estiman una deuda de aproximadamente $19.000 millones por retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Para los investigadores, el eje central consiste en establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.

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La defensa de Tapia sostiene que resoluciones administrativas suspendieron las ejecuciones para entidades sin fines de lucro. No obstante, la fiscalía solicitó nuevas pericias para determinar si esas normas justifican los atrasos.

El segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.

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El expediente permanece trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño. Mientras un sector de la Justicia insiste en el eje territorial, otro sostiene que se trata de una trama financiera compleja vinculada a la AFA. La Cámara Federal de San Martín debe resolver si habilita el pase a Casación o confirma el traslado.

El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.

Mañana, 10 de febrero, una audiencia clave definirá si el expediente queda en la justicia ordinaria o pasa al fuero federal, lo que podría ampliar el alcance de las medidas de prueba.

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La Inspección General de Justicia le pidió explicaciones a la AFA por TourProdenter y Sur Finanzas

En paralelo a las causas judiciales, el Gobierno avanzó a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que encabeza Daniel Vítolo, con una auditoría profunda sobre la contabilidad y las relaciones comerciales de la AFA. En una resolución interna, el organismo consideró exigua la información presentada por la conducción y ordenó ampliar los datos sobre múltiples rubros sensibles, con el objetivo de reconstruir no solo los montos, sino también el contenido real de los contratos. El foco está en un volumen global de negocios por unos 450 millones de dólares.

El foco principal está puesto en la cuenta “Empresas de Sponsorización por Contratos”, con un saldo de $13.771.843.701,16, dominado por operaciones con TourProdEnter LLC. La IGJ exigió conocer las cláusulas vigentes, cronogramas de liquidación, plazos de cobro, nivel efectivo de cumplimiento y contratos de respaldo.

Además, reclamó un informe completo de los flujos de divisas entre 2021 y 2025, detallando fechas, bancos, tipos de cambio, conceptos de remesas y comprobantes internacionales, para detectar posibles triangulaciones. Otro eje central es la relación con Sur Finanzas Group SA, de Ariel Vallejo. La IGJ ordenó una recomposición integral de esa operatoria, con apertura de cuentas, identificación del origen de los ingresos, destino de los egresos y reconstrucción de la trazabilidad del dinero.

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(Crédito: AFA)

La auditoría también abarca $7.124 millones en créditos por partidos de la Selección, $8.205 millones en deudas con organismos internacionales, $1.557 millones en gastos de organización, casi $282 millones en mantenimiento, gastos de pasajes y las inversiones en el predio de Ezeiza.

En medio de la controversia por el estado del fútbol argentino, con el Ascenso paralizado, problemas económicos en la mayoría de los clubes y una conducción bajo presión judicial, Tapia viajó a California para asistir a la final del Super Bowl 2026. Según pudo saber Infobae, el presidente de la AFA partió el 4 de febrero en un vuelo regular desde el aeropuerto de San Fernando hacia Asunción, donde mantuvo un encuentro con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Al día siguiente, abordó un avión privado Global 450, con dos pilotos y una azafata, que había volado vacío desde Argentina para buscarlo.

La aeronave realizó una escala en Guayaquil antes de continuar rumbo a Estados Unidos, en un itinerario habitual del circuito de vuelos ejecutivos de alto nivel. En esa ciudad ecuatoriana se produjo una coincidencia sugestiva: Lionel Messi se encontraba allí para jugar con Inter Miami ante Barcelona por el “Partido de la historia”. En el exclusivo Levi’s Stadium de Santa Elena, “Chiqui” Tapia estuvo acompañado por Andrés Patón Urich, abogado de la AFA y uno de sus hombres de confianza.

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Vuelo de Claudio Chiqui Tapia a California para ver la final del SuperBowl

Una tormenta perfecta

La superposición de expedientes judiciales, auditorías estatales y conflictos empresariales expone una estructura que durante años operó con escasa supervisión. Actualmente, balances, contratos, transferencias y patrimonios son revisados en simultáneo por juzgados, fiscales, cámaras, auditores y organismos fiscales. Nunca antes la conducción de la AFA había estado bajo un nivel de escrutinio semejante.

Mientras los clubes acumulan deudas, suspenden actividades y reclaman asistencia, el centro del poder enfrenta preguntas sobre millones de dólares, contratos opacos y circuitos financieros cerrados.

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El discurso del oficialismo, dañado por cuenta propia y con prueba económica en continuado

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Las redes sociales -y en especial X- terminaron de convencer al Gobierno de la necesidad de enfrentar públicamente aquello que había intentado bajar a la categoría de “no tema”: la inclusión de la esposa de Manuel Adorni en el vuelo oficial a Nueva York. El hecho en sí mismo fue potenciado además por la frase que el jefe de Gabinete eligió y luego consideró desafortunada para calificar su papel en este viaje: “La palabra no debió ser deslomarse”, dijo. En las filas violetas reinó el malestar por la repercusión creciente. Pero el enojo apuntó a los medios, un ejercicio repetido como reflejo básico, aunque en rigor impactaba el efecto negativo en el terreno que consideraban propio.

El hecho, como cuestión de fondo y por el oleaje, terminó de correr el foco de la Argentina Week que, de arranque, Javier Milei había girado hacia el frente local con una nueva carga sobre el empresariado industrial. Finalmente, el remate de la movida neoyorquina quedó a cargo de Luis Caputo. Con todo, el ministro debió lidiar con el último IPC y, en ese terreno, orillar la contradicción entre dar por superado el “pasado” político -como atracción para inversionistas – y atribuir la persistencia inflacionaria a un “ataque” también político que remitió a la etapa electoral, seis meses atrás.

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El impacto del episodio Adorni en el círculo de Olivos puede ser medido por las reacciones. Primero fue un intento de minimizarlo -aquello del “no tema”- después y en la misma línea sobrevino en las redes la reducción forzada a una cuestión de costo -retomada por el Presidente- y por último, una alineada salida de funcionarios en respaldo del jefe de Gabinete. Eso mismo expuso la magnitud del problema para el Gobierno, al menos en el análisis de posibles consecuencias y control de daños.

El “apoyo incondicional” a Adorni mostró en primera línea al Presidente y a Karina Milei, un dato en sí mismo por su espacio de poder ampliado y porque no abunda en mensajes públicos. Después siguieron los ministros. Pero la cuestión no fue agotada por la respuesta orgánica de los integrantes del Gobierno. Eso pareció además un nuevo gesto en clima de interna, alterada por otro capítulo con los mismos protagonistas.

Hacia afuera, la actividad en las redes apuntó básicamente a calificar el hecho del viaje como un dato menor. La línea argumental fue casi única: insistir con que no hubo costo adicional por la inclusión de la esposa del funcionario como pasajera. Milei incluso hizo una referencia al concepto de “costo marginal”. En rigor, algo inaplicable para el caso. Y sobre todo, porque el problema grave no sería el costo -por lo demás, con más o menos pasajeros, se utilizan recursos estatales- sino el hecho de traspasar límites entre las tareas que impone el cargo y el aprovechamiento personal.

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Las críticas más ácidas apuntaron a asimilar el hecho con la condición de “casta”. Los cuestionamientos resultaron patéticos cuando surgieron de filas kirchneristas y eso mismo fue explotado en las réplicas de tuiteros violetas. Está claro que el ruido no invalida el señalamiento de fondo.

La inquietud en filas oficialistas no es provocada sólo por el costo que podría tener en lo inmediato, sino también por la especulación sobre sus estribaciones de más largo plazo. Adorni expresa sin vueltas el juego de Karina Milei y figura en las hipótesis para el 2027 como posible candidato porteño. Ese lugar como “karinista” alimentó sospechas sobre la utilización doméstica del episodio. Y más aún, cuando creció el tema del viaje privado del funcionario y su familia a Punta del Este. La circulación de un video sobre la partida en el aeropuerto de San Fernando le agregó un ingrediente mayor y reavivó la tensión con Santiago Caputo.

Luis Caputo, en la Argentina Week

En conjunto, un daño con motor propio y fuera de cálculo. En una semana imaginada con dominio de la Argentina Week y la actividad de Milei lejos de Buenos Aires -estuvo en el recambio presidencial de Chile y este sábado será orador en Madrid-, la agenda también anotaba la difusión del IPC de febrero. El dato de la inflación estuvo algo por encima de algunas estimaciones y resultó igual al de enero: 2,9%. Una cifra preocupante en sí misma, también por los desagregados y la lectura más amplia.

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El registro del Indec indica que ya son nueve los meses sin retroceso del promedio de inflación. Con un agregado: desde septiembre se mantiene por encima de los 2 puntos porcentuales. En las cifras por rubro, se destacan dos por encima de la marca general: viviendas y servicios (tarifas) con 6,8% y alimentos y bebidas con 3,3%. Las estadísticas, por supuesto, tienen traducción social, y política. En la mayoría de las encuestas, el capítulo de preocupaciones sociales expone a la cabeza temas relacionados con la situación económica: especialmente, inflación y empleo.

El ministro Caputo habló a la vuelta de Estados Unidos sobre el resultado de los días dedicados a la búsqueda de inversiones. Y eso naturalmente se mezcló en una entrevista con el dato oficial de la inflación de febrero. Así, se cruzaron en el discurso su énfasis en describir un escenario optimista para atraer inversiones y la descarga de responsabilidades fuera de la gestión para explicar la tendencia inflacionaria.

El jefe de Economía destacó la actividad en Nueva York y calificó como “fenomenal” el clima de inversiones para el país. En esa línea, por supuesto, no cabrían referencias negativas sobre riesgos políticos. “El pasado quedó atrás”, dijo, en obvia referencia al kirchnerismo. En cambio, según su exposición, los índices preocupantes de inflación serían consecuencia de factores políticos de arrastre.

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Lo expuso de este modo: se trataría de estribaciones del “ataque político” del año pasado, más precisamente de la etapa electoral. En otras palabras, apuntó al clima de derrota de LLA en las elecciones bonaerenses de principios de septiembre. Pasaron desde entonces seis meses. Y en ese lapso, se sucedieron el éxito violeta de octubre y la sanción de los principales proyectos impulsados por el Gobierno en sesiones extraordinarias, como resultado de acuerdos políticos.

El discurso es parte del juego, no necesariamente reflejo de la realidad.

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BOMBAZO – Guerra abierta: Feinmann y Rossi contraatacan tras la denuncia de Victoria Villarruel

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Los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi se burlaron de la presentación judicial de la vicepresidenta, que pide hasta 8 años de prisión. «Es una cucarda que nos envíe a la cárcel», lanzaron en un pase cargado de ironía.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2026 – Lo que comenzó como un análisis político en la pantalla de LN+ derivó en un conflicto judicial sin precedentes entre la Casa Rosada —vía el Senado— y el periodismo. Victoria Villarruel denunció formalmente a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, acusándolos de afectar su honor y de participar en supuestas maniobras desestabilizadoras.

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​La respuesta de los conductores no se hizo esperar. En su habitual «pase» televisivo, transformaron la gravedad de una denuncia penal en un ácido sketch donde se autodenominaron «los reos».

El origen del conflicto: «Victoria Pírrica» y el análisis político

​La denuncia de la vicepresidenta apunta a expresiones de Rossi y Feinmann sobre la sesión preparatoria del Senado. Según el escrito judicial, los periodistas habrían sugerido que Villarruel pactó con la UCR para quedarse con cargos, calificando el movimiento como un «golpe político» contra Javier y Karina Milei [03:57].

​Uno de los puntos más insólitos de la denuncia es la mención al término «Victoria Pírrica», utilizado por Rossi. «El abogado que la asiste parece que faltó a algunas materias; una victoria pírrica es aquella que termina pareciéndose a una derrota. No tiene nada que ver con su nombre», disparó Rossi con ironía [05:41].

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La justicia federal le da la espalda a la Vicepresidenta

​A pesar del impacto mediático, la denuncia parece tener las piernas cortas en los tribunales. Según informaron los propios periodistas, el fiscal Carlos Rívolo ya dictaminó la inexistencia de delito en cuanto a la acusación por «atentado contra el orden público» [10:21].

  • Libertad de expresión: El dictamen fiscal subraya que los hechos analizados son de «interés público» y que el derecho penal debe aplicarse de forma restrictiva ante la libertad de prensa [14:04].
  • Acción privada: La fiscalía desestimó el impulso penal, sugiriendo que, si la vicepresidenta se siente injuriada, debería iniciar una querella civil por daños y perjuicios, algo que Feinmann aceptó como un desafío: «Vamos a la justicia civil, a ver quién pone plata del bolsillo» [12:45].

«Campanita» y los 26 «Ravioles»: La contraofensiva de Feinmann

​Lejos de retroceder, Feinmann redobló la apuesta revelando lo que llamó la «estructura ministerial» de recursos humanos que Villarruel habría montado en el Senado. El periodista leyó una resolución con 26 cargos jerárquicos (o «ravioles») creados bajo su gestión [23:33].

​»Ustedes venían a destruir la casta y montaron un ministerio para 72 senadores», fustigó Feinmann, quien también cuestionó por qué la vicepresidenta no deroga la resolución que engancha los sueldos de los senadores a las paritarias, lo que permitió que sus dietas treparan a cifras millonarias [19:10].

¿Candidatura en peligro?

​El cierre del programa dejó una advertencia política. Para Feinmann, esta actitud de Villarruel contra la prensa es «peligrosísima» de cara a sus ambiciones presidenciales. «Si con este mínimo poder ataca así la libertad de prensa, no me quiero imaginar lo que sería siendo Presidenta», concluyó [16:39].

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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras reunirse con el líder de Vox en España, el Presidente habla hoy en el Madrid Economic Forum

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