POLITICA
La Fiscalía Nacional Electoral inició la revisión anual de la personería de partidos políticos

La Fiscalía Nacional Electoral impulsó el control anual de legalidad y vigencia de las personerías jurídico-políticas de los partidos políticos en todo el país. El procedimiento, que abarca tanto a agrupaciones de distrito como de orden nacional con personería vigente, fue solicitado a comienzos de febrero por el fiscal federal Ramiro González.
Se trata de un procedimiento que se encuentra previsto dentro de la ley y tiene como propósito constatar si los partidos políticos reconocidos para actuar en los distritos y a nivel nacional mantienen los requisitos exigidos para conservar su personería. Entre las condiciones que deben cumplir se encuentra el número mínimo de afiliados para los partidos de distrito y la cantidad mínima de partidos distritales integrantes en el caso de los partidos nacionales.
El pedido estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Cámara Nacional Electoral, mientras que la iniciativa estuvo dirigida a la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, con el objetivo de iniciar el proceso de verificación.
La normativa establece que el Ministerio Público Fiscal debe realizar esta verificación cada año, durante el segundo mes, y está facultado a promover la declaración de caducidad de las personerías, si correspondiere. En este caso, el procedimiento no es automático, ya que comienza con la constatación de incumplimiento y sigue con una intimación al partido para que regularice su situación dentro de un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de que se declare la caducidad.

Los requisitos
Para los partidos de distrito, únicos habilitados para postular candidatos a senadores y diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur por distrito, la ley les exige que mantengan de manera permanente el número mínimo de afiliados. En tanto, en el distrito Capital Federal el piso requerido es de 4.000 afiliados. Por su parte, la Cámara Nacional Electoral tuvo que publicar antes del 15 de febrero de cada año el número mínimo de afiliados exigido, según indicó el Ministerio Público Fiscal.
En cuanto a los partidos nacionales, que son los únicos autorizados a nominar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, la normativa impone la obligación de sostener, de manera permanente, al menos cinco partidos de distrito con personería vigente en el país.
Desde la Unidad Fiscal -encargada de garantizar y custodiar por la transparencia de las elecciones que se celebren en nuestro país- detallaron que las consecuencias tras una eventual declaración de caducidad implica la imposibilidad de presentar candidaturas en elecciones nacionales, primarias y generales; la pérdida del derecho a recibir aportes públicos ordinarios o extraordinarios y la baja de la agrupación del registro correspondiente, incluida la eliminación de su nombre y sigla.
El control anual se ejecuta en simultáneo en las 24 jurisdicciones del país y, para este año, abarca la revisión de 725 partidos distritales y 45 partidos nacionales con personería vigente. El proceso supone la verificación de los requisitos de afiliación y demás exigencias legales, y se realiza bajo apercibimiento de caducidad en caso de incumplimiento.

La Fiscalía también recordó que interviene en otros supuestos de caducidad previstos en el artículo 50 de la Ley 23.298, que incluyen las elecciones internas en un período de cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el dos por ciento del padrón electoral en dos comicios sucesivos, la falta de regularidad en la llevanza de los libros partidarios y el incumplimiento de la paridad de género en la elección de autoridades y órganos partidarios.
De este modo, la Fiscalía Nacional Electoral remarcó el alcance y la importancia del control anual de legalidad y vigencia para asegurar que los partidos políticos cumplan con las condiciones establecidas por la ley y, en caso contrario, se avance con los procedimientos de caducidad previstos en la legislación vigente.
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POLITICA
Los réditos y los límites de la nueva mayoría oficialista

Hace aproximadamente un año, el Gobierno estaba sumergido en un intenso debate sobre la estrategia que debía adoptar para las elecciones legislativas. Un sector auspiciaba la idea de competir con candidatos propios sólo donde había chances de triunfo, y en el resto llegar a un acuerdo con los gobernadores afines. Pero otro grupo alentaba la propuesta de ir con listas violetas en todos los distritos, con escasas excepciones. Cuando la discusión estaba en su punto culminante, intervino en forma directa Javier Milei, con una frase que uno de sus ministros más cercanos todavía recuerda: “Tenemos dos opciones. Una, blindar la gestión en acuerdo con los gobernadores; la otra, jugarnos a todo o nada por la nuestra. Y yo creo que tenemos que jugarnos a todo o nada, porque si acordamos con los gobernadores nos van a extorsionar los próximos dos años”.
Hoy Milei está cosechando los réditos de ese éxito táctico, a partir de la conformación de una nueva mayoría parlamentaria, que le ha permitido sancionar en las sesiones extraordinarias su primer presupuesto desde que asumió y dos reformas de profundo impacto, como el régimen penal juvenil y la modernización laboral, además de avanzar con la ley de glaciares. Estos triunfos en el Congreso se lograron a pesar de los errores propios (los traspiés con el artículo 11 del presupuesto sobre universidades y discapacidad, o el artículo 44 de la reforma laboral sobre licencias médicas), con apoyos que superaron los 40 votos en el Senado y los 140 en Diputados.
Esta circunstancial nueva mayoría asume dos características fundamentales que permiten entender su naturaleza. La primera de ellas tiene que ver con las razones de su conformación, en las que confluyeron dos procesos. Por un lado, la necesidad de la mayoría de los gobernadores de mantener una buena relación con la Casa Rosada para lograr beneficios económicos en una época de carestía, además de no pelearse con un Milei que mantiene en sus provincias una imagen positiva alta.
Los gobernadores son los únicos con cuotas de poder para negociar. Las lógicas partidarias ya no tienen más sentido en esa conversación. Nada se arregla con la cúpula del peronismo, del radicalismo o del Pro. Desde la reforma constitucional de 1994 los mandatarios provinciales quedaron empoderados por la reafirmación del federalismo en la administración de los recursos, aunque la consecuencia política directa haya sido una mayor fragmentación y una territorialización de sus intereses. Hace años los gobernadores se desengancharon de la disputa por el poder central.
El trío más representativo de este grupo es el que integran el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Por el contrario, los gobernadores que enfrentaron al poder central después cayeron en las encuestas. Los casos del cordobés Martín Llaryora y del santafesino Maximiliano Pullaro, lo refrendan.
Este interés de los mandatarios provinciales se cruza con otro movimiento superpuesto, que es la necesidad de los peronistas de alejarse nítidamente del kirchnerismo duro, que hoy representa a la provincia de Buenos Aires, pero no al interior del país.
Esas dos dinámicas tuvieron esta semana un impacto en el Senado a partir de la separación de tres legisladores que estaban en el interbloque liderado por José Mayans: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada. Quizás el de Moises es el caso más representativo, ya que había sido asediada en su provincia por el kirchnerismo, donde le impidieron presidir el PJ, después intervinieron su partido y al final la expulsaron.
Con su salto, pasó a ser vicepresidenta del Senado y a integrar comisiones (Mayans había ordenado no participar, en represalia a la distribución dispuesta por Patricia Bullrich). En la ruptura de los senadores jugó fuerte el trío JJS (Jaldo, Jalil, Sáenz), y también intervino Sergio Massa, que mantiene un vínculo cercano con Moisés. Tampoco estuvo ajeno el indescifrable Gerardo Zamora.
El mismo lunes que se anunció la ruptura del interbloque, Sáenz organizó un Zoom con otros seis colegas (Jaldo, Jalil, Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Carlos Sadir, de Jujuy; y Hugo Passalacqua, de Misiones), como para licuar el movimiento y darle una cobertura más amplia a la escisión que había promovido, en sintonía con el Gobierno.
Pero Cristina tampoco se quedó quieta, a pesar de que quienes la visitaron recientemente notaron que la última operación a la que debió someterse dejó su efecto. Ella ordenó arrinconar a Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense, al imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero, y a Sergio Berni como jefe de bloque, en lo que fue un duro revés para las aspiraciones del gobernador. Kicillof, que quiere ser presidente, es el único peronista que no puede controlar su propia legislatura. Massa, que siempre juega a tres bandas, acompañó la movida.
Cristina también se permitió recibir a Miguel Ángel Pichetto, un crítico consistente de su gestión en los últimos años, que el día anterior no se privó de una buena foto con Guillermo Moreno. Pareció un recuerdo del reencuentro de la expresidenta con Alberto Fernández después de la derrota electoral de 2017, tras diez años de distanciamiento. La sangre peronista, como un vínculo fraternal, es capaz de acercar extremos en momentos de necesidad. Ahora los unió Milei y la convicción compartida de que el proyecto económico libertario va a generar una crisis productiva muy profunda.
En simultáneo con el quiebre del kirchnerismo en el Senado se produjo otro reagrupamiento en un sentido similar, que fue el anuncio del interbloque “Impulso País”, integrado por los tres senadores que quedaron de Pro (Martín Goerling, Andrea Cristina y María Victoria Huala), tres de Provincias Unidas (Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes; Alejandra Vigo, de Córdoba; y Edith Terenzi, de Chubut), más la tucumana Beatriz Ávila.
Es un nucleamiento que busca disimular el angostamiento de Pro, que termina de diluir lo que quiso ser Provincias Unidas, y que resulta muy útil para la Casa Rosada. Espínola, que heredó el rol de Juan Carlos Romero, es el artífice de ese armado, y hace rato lo venía hablando con Goerling. El correntino también incidió en el corrimiento de Moisés.
Y detrás de todos esos reacomodamientos que se aceleraron por la sesión preparatoria apareció siempre Bullrich y por detrás, en el tejido con los gobernadores, Diego Santilli. El oficialismo usa a ese peronismo disidente para desgajar al kirchnerismo, pero al mismo tiempo debe evitar que allí se cristalice un liderazgo que lo desafíe.
La consecuencia de todos estos realineamientos es que el Senado es hoy una cámara mucho más favorable al oficialismo que Diputados, en el que la incidencia de los gobernadores es menor, y en donde la fragmentación política es mucho mayor. Esto le permite al Gobierno mirar sin tanta lejanía los dos tercios en la Cámara alta, la cifra mágica para poder avanzar con las designaciones en la Corte Suprema.
En el plano judicial se avecinan movimientos intensos, a partir de la inminente salida de Mariano Cuneo Libarona. El ministro ya se quiso ir en octubre, pero Milei y su hermana le pidieron que se quede hasta marzo, porque no tenían resuelta la sucesión. Ahora el funcionario está dispuesto a partir, más allá de las circunstancias. Esperará el regreso del Presidente de EE.UU. para hablar del tema.
Independientemente de la ronda de nombres que circula para sucederlo, hay un dato crucial: Karina Milei está dispuesta a incidir en forma directa en un área que le era ajena y que hasta ahora estuvo bajo la esfera de Santiago Caputo, a través del viceministro Sebastián Amerio.
Una alta fuente del Gobierno admite que en los últimos meses la hermana presidencial empezó a mirar los antecedentes de los jueces, y a interiorizarse sobre la integración del Consejo de la Magistratura y de la comisión de Acuerdos del Senado, que valida los pliegos. “Ella quiere un replanteo integral del área de Justicia, para destrabar los temas pendientes. Su idea es designar alguien de su confianza y que también se vaya Amerio”, explica el funcionario al tanto de los movimientos.
El único que puede interceder para amortiguar esa ofensiva es Milei, quien ya dio varias señales de respaldo a Santiago Caputo para evitar que perdiera sus espacios de poder ante las embestidas de su hermana. Apenas se defina la sucesión en Justicia, se activarán los pliegos de los jueces en el Senado porque los gobernadores también lo demandan, y se retomará la discusión por la Corte, que será más tortuosa.
La segunda característica de la nueva mayoría oficialista refiere más a sus límites que a sus beneficios. Todos los actores, tanto de la Casa Rosada como los gobernadores, asumen que el actual esquema de alianzas no implica un apoyo irrestricto a cualquier tema y, fundamentalmente, está limitado en el tiempo. El primer aspecto ya lo padeció el Gobierno cuando debió hacerle 28 modificaciones a la reforma laboral para poder atravesar el filtro del Congreso. El segundo está condicionado al desempeño de la economía y a su impacto en la imagen de Milei. Es decir, en cualquier momento puede ocurrir lo que pasó en 2025, cuando con las turbulencias cambiarias, LLA parecía encaminarse hacia una derrota, y todos los gobernadores afines se corrieron para aprobar proyectos en contra de los intereses del oficialismo.
“La indicación de Javier es avanzar con todas las reformas lo más rápido posible. Asumimos que el año va a ser duro para la economía real por los costos de la reconversión, y que habrá un desgaste. Después de mitad de año, ya empezarán los reacomodamientos electorales, porque la mayoría de los gobernadores va a desdoblar y el cronograma se iniciará en febrero”.
El diagnóstico provisto por uno de los funcionarios que participan de la estrategia oficial da cuenta de la fragilidad del esquema de gobernabilidad adoptado. Aquella decisión de hace un año de evitar pactos rígidos para no compartir cuotas de poder con nadie, tiene como contracara la necesidad de mantener todo el tiempo la centralidad y el apoyo social.
Los gobernadores explican que su objetivo es tratar de obtener concesiones del poder central porque varios están con poca plata como para mostrar gestión. En febrero prácticamente no recibieron ATN y a la mayoría se le cayó la recaudación y la coparticipación. Saben que es clave este año para tener chances en 2027. Ninguno cuenta con algún tipo de acuerdo electoral con la Casa Rosada, con lo cual no saben si serán aliados o rivales. Es decir, se trata de un esquema transaccional, temporal y condicional. Es una lógica con la que Milei se siente mucho más cómodo en comparación con cualquier formato de pacto más rígido. VLLC.
En definitiva, el reacomodamiento del tablero político en el arranque del año exhibió tres actores bien definidos. El primero es el oficialismo, fortalecido tras las elecciones, pero todavía sin una mayoría absolutamente propia como para imponer todos sus deseos. Sus límites quedaron en claro incluso en los triunfos legislativos.
Enfrente se posiciona un kirchnerismo menguante, que está sufriendo más de lo previsto la detención de su líder, pero que aún conserva capacidad de acción, al menos en la provincia de Buenos Aires. Su discurso perdió atractivo y no tiene una renovación de sus referentes. Cristina misma tiene muy claro este diagnóstico.
Y en el medio entre libertarios y kirchneristas, cohabita una vasta y heterogénea fauna, que va desde el Pro hasta el peronismo pragmático, y desde el radicalismo hasta las fuerzas provinciales de distinta extracción. Es el sector que tiene la capacidad de inclinar la balanza para un lado o para el otro en el Congreso y también en las elecciones locales, pero que no tiene liderazgo ni proyecto político nacional. Hoy orbita más cerca de Milei, aunque no se sienta representado por su liderazgo. En la lógica libertaria es mucho más funcional un caos domesticado, que un orden con concesiones.
Este tablero no podrá ser alterado por razones políticas. Ningún actor está hoy en condiciones de cambiar este equilibrio de poder. Hasta ahora no hay figuras ni ideas para contrarrestar la poderosa narrativa libertaria. La única variable independiente que puede mover las piezas de ese tablero es el rumbo de la economía. Milei se juega su proyecto de reelección con la inflación, con la reactivación, con el empleo, con el consumo. Es el mandato social que recibió. El resto, son variables dependientes que se activarán en función de los resultados. Milei es el único artífice de sus éxitos; también será el único responsable si fracasa.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
El Gobierno evocó a las víctimas del atentado a la AMIA tras la muerte de Alí Jamenei

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Oficina del Presidente y la Cancillería argentina, abordó la muerte del ayatolá de Irán, Alí Jamenei, en un mensaje en el que recordó a las víctimas del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994.
EE.UU. confirmó la muerte de Ali Jamenei, el ayatolá de Irán, en los bombardeos a Teherán
En un posteo en su cuenta de X, la Oficina del Presidente celebró la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y resaltó la muerte de Jamenei en los bombardeos sobre Teherán. A su vez, aludió al atentado a la AMIA como parte de las acciones que emprendió el líder iraní en tanto presunto autor intelectual.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 28, 2026
En su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno recordó que el fallecido Líder Supremo de la República Islámica de Irán era apuntado por la Justicia argentina como imputado por su presunta participación como financista de la célula terrorista que terminó con la vida de 85 personas en el atentado.
Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo…
— Pablo Quirno (@pabloquirno) February 28, 2026
“Ante la confirmación de la muerte de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores.
Quirno resaltó que Jamenei se encontraba entre las máximas autoridades del régimen que gobierna Irán desde 1979. Ya por esa época fungía como Líder Supremo.
Sobre la noticia de su asesinato, el canciller Quirno manifestó: “Que estas noticias aporten alivio a sus familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”
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POLITICA
Alejandro Bongiovanni, diputado de La Libertad Avanza: “La Ley de Glaciares argentina es única en el mundo y necesita ser reformada”

En una entrevista en Infobae en vivo, el diputado de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni sostuvo: “La Ley de Glaciares que tenemos hoy es completamente excepcional, no existe en ningún país del mundo”, al analizar el debate legislativo que atraviesa el Congreso. El legislador remarcó la necesidad de avanzar en un nuevo marco normativo que permita “armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo”.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bongiovanni profundizó sobre el debate en torno a los recursos naturales, el federalismo y la orientación ideológica del bloque oficialista en Diputados.
Bongiovanni y el debate sobre la ley de glaciares: “Tenemos una norma anómala”
El diputado defendió su posición a favor de la reforma: “Sí, voy a acompañar, por supuesto. Hay mucho alarmismo en este tema”. Explicó que la ley original, impulsada por Miguel Bonasso, fue incluso vetada por Cristina Fernández de Kirchner y “no existe en ningún lugar del mundo una prohibición total sobre la actividad en zonas periglaciares”.
“Busquen, Perú, Canadá, Unión Europea, Suiza, Chile: nadie tiene una norma semejante. La excepcionalidad argentina es absoluta”, insistió. Para Bongiovanni, la propuesta oficialista busca “armonizar mejor dos bienes jurídicos: la tutela del medio ambiente, que le compete a la Nación, y la protección de los recursos naturales, que es de las provincias”.
Sostuvo: “Los recursos naturales son de las provincias, muchachos, son de las provincias. 124 y 41. Tenés que armonizar los dos. Lo que tenemos que hacer los diputados nacionales es establecer un piso mínimo de protección, no un máximo”. El legislador advirtió que el régimen actual “tiene un piso máximo, no se puede hacer nada” y consideró que la reforma “permite destrabar minería en zona periglaciar cuando no haya afectación hídrica relevante”.
El rol de las provincias y la discusión federal: “No nos podemos salir de esto”
Bongiovanni remarcó que, en caso de que haya intereses de más de una provincia, “la Nación tiene algo para decir, por supuesto”, pero ratificó que la titularidad de los recursos es provincial. “No nos podemos salir de esto, son de las provincias. A nivel nacional hay que establecer un mínimo de protección”, reiteró.
Frente a las dudas planteadas sobre la confiabilidad de los controles y la incidencia de la explotación minera en otras jurisdicciones, respondió: “No es que si no aplicás la ley de glaciares a la zona periglaciar queda desguarecida. Sigue operando la ley general ambiental, que establece un presupuesto mínimo”.
Cuestionó además el rol de organizaciones ambientalistas: “Greenpeace no hace militancia ambiental, hace militancia económica. No proponen un modelo productivo alternativo, simplemente te dicen que no”. Y agregó: “¿Vos te imaginás lo que sería este país sin agroquímicos y sin la tecnología que tenemos en el campo, o sin Vaca Muerta? Eso es lo que dice el ambientalismo de Greenpeace”.
Reforma laboral, transición económica y demandas sociales
Consultado sobre el impacto social de las reformas y la transición hacia un modelo de economía más abierta, Bongiovanni reconoció que hay tensiones: “Hoy, Milei está tratando de pasar de búsqueda de rentas a búsqueda de ganancia, y eso es traumático”. Sostuvo que la contención social “se hace con la Seguridad Social, que no ha dejado de aumentar incluso por encima de la inflación”.
Al ser interrogado por el futuro del empleo en ciudades industriales y el destino de los trabajadores desplazados, fue directo: “Tenés muy pocas herramientas hoy, salvo que quieras usar malas herramientas que solo estiran el problema. Una es la reforma laboral que hicimos, otra es seguir fortaleciendo la asistencia social. No hay mucho más para hacer”.
Sobre la reforma laboral, aseguró: “Hicimos una reforma bastante mejor de lo que yo soñaba que íbamos a hacer”. Resaltó la eliminación de la ultraactividad de los convenios: “Antes, el sindicato se caía un convenio y seguía funcionando. Ahora, si no querés negociar con el sindicato, vas a negociar con la empresa”.
El legislador también mencionó la presión impositiva como factor pendiente de reforma: “Ingresos brutos es la matapymes. No tocamos ese tema, las provincias y los municipios están de brazos cruzados esperando”.
Sobre la educación pública y el financiamiento universitario, Bongiovanni opinó: “La universidad pública es cara, nos sale cara. Creo que podemos hacer más para que el gasto llegue, sea más eficiente”. Admitió: “No me tiraría en contra de la educación pública hoy, pero hay que auditar más”.
Al cierre de la entrevista, y tras ser consultado sobre la imagen del presidente Javier Milei en las encuestas, Bongiovanni relativizó la caída de la imagen y la consideró funcional al proceso de reformas: “La imagen de los presidentes es una moneda para tradear a favor de reformas. Cuando las reformas muestren resultados, se recuperará”.
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