POLITICA
La fragmentación de los yerbateros aleja el riesgo de que la desregulación cause una crisis política en Misiones
Los productores de yerba mate están divididos frente a las medidas que tomó la administración de Javier Milei. Una mayoría silenciosa las apoya. Una minoría intensa, protesta. Por ahora, no hay elementos que anticipen un escenario como el de 2002.
El Gobierno redujo al mínimo las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Desde principios de siglo, el organismo intermediaba en la oferta y en la demanda. Regulaba el precio que recibían los productores por la materia prima. Y hasta la superficie que se podía implantar. Tras el DNU 70/23 y las últimas medidas del decreto 812/25, el ente fue reconvertido y solo tiene funciones de promoción.
Estas decisiones de la Administración de Javier Milei fueron tomadas de manera distinta por los yerbateros. Se estima que en Misiones, que concentra el 70% de la producción yerbatera, hay unos 12.500 pequeños y medianos productores. En promedio, sus explotaciones no superan las 15 o 16 hectáreas.
Hay quienes apoyan estas medidas. Consideran que las decisiones nacionales favorecerán la producción y mejorarán, a la larga, los precios. Otros se oponen. Y, desde el inicio de la gestión Milei, vienen protestando. Las manifestaciones se han hecho en las rutas y caminos misioneros. Y llegaron incluso a la Plaza de Mayo. Pero no pasaron de gestos simbólicos.
Esta dispersión, que se puede contar por la proliferación de pequeños agrupamientos opositores y de autoconvocados, impide que se fragüe un frente común. Todos rememoran la lucha de 2002 y pretenden reeditarla. Pero las condiciones ya no son las mismas. En aquella oportunidad, había un objetivo y una posición común que hoy no se encuentra.
A principios de siglo, los colones de toda la provincia hicieron una protesta histórica. Se llamó “El Tractorazo”. Con vehículos de producción, camiones y camionetas, coparon la plaza central de Posadas. Comerciantes, docentes y empleados públicos los recibieron y acompañaron el reclamo.
Sostuvieron la toma hasta que el gobierno de Eduardo Duhalde terminó de consagrar los derechos regulatorios del INYM. La manifestación, que había comenzado el 29 de mayo de 2002, se levantó el 9 de julio, en consonancia con el Día de la Independencia.
El INYM retomó las facultades que tuvo hasta 1991 la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada (hoja con un primer procesamiento). Los años de liberalización de la producción habían sido devastadores. La pérdida de plantaciones, la concentración de la tierra y el quiebre de los precios en favor de grupos oligopólicos fueron algunas de las consecuencias de las medidas tomadas por el presidente Carlos Menem.
Una evaluación corriente de los límites del sistema marcaba que el problema del INYM era que reunía a los distintos eslabones de la cadena para acordar el precio de la materia prima, dejando de lado la ley de oferta y demanda en el mercado.
La decisión debía ser por unanimidad. Esto exigía que el sector de los molinos, los secaderos, los productores, la industria, los gremios y los distintos niveles del Estado (el Nacional y los provinciales de Misiones y Corrientes) dejaran sus intereses de lado y se pusieran de acuerdo. Imposible. En los hechos, al no alcanzarse el entendimiento, un funcionario de la secretaría de Agricultura terminaba fijando de manera unilateral el precio.
Decisiones y peligros
Los que tienen frescos esos recuerdos, consignan que la yerba mate, como economía regional, se encuentra en riesgo. En ese sentido se conjuga la eventualidad de que el sector industrial, que está en pocas manos, se quede con la “parte del león”. Y que eso conlleve a la concentración de la tierra y la pérdida del trabajo rural por la desaparición de chacras.
Pero por otro lado están los que evalúan que el escenario, hoy por hoy, es distinto. Ponen sobre la mesa que la eliminación de límites para producir traerá beneficios. Y que esto impactará en los precios de las góndolas y llegará de forma positiva a los bolsillos de los consumidores.
La divisoria hasta puede visualizarse en la geografía de Misiones. Los que avalan las medidas de Milei dominan la zona nororiental de la provincia. Allí están departamentos como Andresito y Eldorado. Los opositores se aglutinan al oriente, sobre la franja del río Uruguay, en el área que ocupan San Vicente, San Pedro, Colonia Aurora y 25 de Mayo.
La Libertad Avanza fue la segunda fuerza en las elecciones provinciales de junio, cuando se renovó la legislatura unicameral misionera. Y se impuso por 7 puntos al oficialismo local, el Frente Renovador de la Concordia (FRC), en los comicios nacionales de medio término que se registraron en octubre.
La provincia quedó pintada de violeta casi en su totalidad. Incluso en algunas zonas yerbateras.
El FRC, con el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, y el Partido Agrario y Social, del dirigente agropecuario Héctor “Cacho” Bárbaro, representaban las propuestas electorales que proponían la intervención activa del Estado en el mercado yerbatero.
Herrera Ahuad hizo campaña con regresar al precio de 53 centavos de dólar por kilo de yerba. Ese fue el valor que alcanzó durante su gobernación (2019/2023). Además, el FRC había propuesto en la Legislatura un ente regulador que asuma las funciones del INYM. Bárbaro, por su parte, impulsaba un mercado consignatario misionero, donde la Provincia compre y venda la producción yerbatera. Esto implicaba invertir unos $150 mil millones.
Ambas opciones fueron derrotadas. Herrera Ahuad terminó tercero en algunos distritos yerbateros. El PAyS sacó el 8% de los votos.
En el horizonte cercano está saber qué ocurrirá con lo que se conoce como zafriña. Se trata de una mini cosecha que se hace en diciembre. De allí saldrá la yerba que llegará a los comercios en unos meses. Los precios que se pagan a los productores no cubren los costos, según los especialistas.
“Siempre hablamos de que el valor de la materia prima debería ser un cálculo estimativo del 10% del precio del paquete en góndola. Y hoy terminamos con una situación muy por debajo de eso. Estamos en el 5% y, en algunos casos, menos: el 3%. Los mayores perjudicados fuimos nosotros”, indicó el productor y exmiembro del directorio del INYM, Marcelo Hacklander a Canal 12 de Posadas.
POLITICA
El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba en una app de citas
Rodrigo Gómez murió el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos mientras custodiaba al presidente Javier Milei.
Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida. La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más.
Según informó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en una inédita conferencia de prensa junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y otras autoridades políticas y castrenses, Gómez fue víctima de una extorsión que muy probablemente actualmente también esté afectando a otros ciudadanos argentinos.
La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo esta madrugada con la detención de siete personas, operativos y allanamientos que continúan aún realizándose.
Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.
“La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado este mediodía en un encuentro con periodistas del que también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich.
La extorsión se inicia con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.
El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.
Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.
Noticia en desarrollo
Adorni,Monteoliva,Arroyo Salgado,Pyme del Delito
POLITICA
El Gobierno vuelve a enviar a Diputados la reforma penal juvenil y subsana una omisión clave: el costo
El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación.
El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.
El proyecto mantiene, sin embargo, su núcleo más resistido: la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, aun cuando el consenso parlamentario mayoritario se inclina por fijarla en 14.
Actualmente, un menor de edad puede ser juzgado y condenado a partir de los 16 años.
En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento.
Ese esquema es similar al utilizado en otras leyes votadas por el Congreso y luego frenadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que no definían con claridad la fuente de los recursos necesarios.
En el nuevo proyecto, en cambio, el Poder Ejecutivo fija un costo total de $23.739.155.303,08 para la implementación de la reforma. De ese total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.
El Gobierno vuelve a insistir con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pese a que la propuesta no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR. En el dictamen que logró avanzar el año pasado -y que servirá de base para el debate de este año- el piso se fijó en 14 años. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del Gobierno como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador.
El texto original, además, preveía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.
También se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios u otros hechos de violencia grave. El dictamen, además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.
El proyecto será tratado este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, y el jueves llegará al recinto de Diputados. Está firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
el proyecto de reforma del régimen penal juvenil,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Opinión. Barrotes por hogar: una pobre respuesta,,Corrupción en Discapacidad. Procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos,,Análisis. El estreno de la hegemonía mileísta,Cámara de Diputados,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos,,Qué dice el texto. Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral,,Reforma laboral. El PJ trabaja en un texto común y buscará postergar la sanción definitiva de la reforma
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el eje puesto en la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, y con la intención de acelerar su tratamiento parlamentario para que sea debatido en comisiones y, de ser posible, votado en el recinto de la Cámara de Diputados esta semana.
La iniciativa es idéntica a la que el Poder Ejecutivo había girado el año pasado y vuelve a colocar en el centro de la discusión uno de los temas más sensibles de la agenda penal: la responsabilidad de los adolescentes frente a delitos graves. El texto propone reducir de 16 a 13 años la edad mínima para que una persona pueda ser imputada penalmente, aunque en el oficialismo admiten que ese punto difícilmente prospere sin modificaciones.
Leé también: Las últimas noticias de Javier Milei, minuto a minuto
En los bloques de la oposición dialoguista ya dejaron en claro que el consenso político hoy se ubica un escalón más arriba. Referentes del PRO y de la UCR anticiparon que el acuerdo posible es fijar el umbral en los 14 años, tal como se había consensuado en el dictamen trabajado durante el año pasado. En ese escenario, se espera que el proyecto sea modificado cuando se firme el despacho de comisión, previsto para el próximo miércoles.
Otro de los aspectos que generaba resistencia y que comenzó a despejarse en las últimas horas es el financiamiento. Durante una reunión entre los presidentes de bloque y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo aclaró que, a diferencia del texto original, esta vez sí habrá partidas presupuestarias específicas para implementar el nuevo régimen.
Leé también: Reforma laboral: Bullrich se reúne con senadores dialoguistas para blindar los artículos clave del proyecto
Esa definición quedó plasmada en el artículo 51 del proyecto, bajo el título “Asignación Presupuestaria”. Allí se establece un monto total de $23.739.155.303,08 para el año 2026, con un detalle de los fondos que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. La ausencia de recursos había sido uno de los principales argumentos de la oposición para frenar el avance de la iniciativa en 2025.
Según el cronograma difundido por la presidencia de la Cámara baja, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero.
Baja de imputabilidad: las claves del proyecto de reforma penal
En cuanto al contenido de fondo, el proyecto mantiene la propuesta de habilitar la imputabilidad desde los 13 años para delitos considerados graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros. Al mismo tiempo, define un régimen penal juvenil diferenciado del sistema de adultos, con límites específicos a las penas. En su versión original, el texto contempla condenas de hasta 20 años de prisión, aunque excluye expresamente la prisión perpetua, incluso en casos de concurso de delitos.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca dar una respuesta a hechos de inseguridad protagonizados por adolescentes y evitar que organizaciones criminales se valgan de menores inimputables para cometer delitos. La lógica del proyecto apunta a combinar sanción penal con mecanismos de reinserción social, especialmente en los tramos más bajos de edad.
Leé también: La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en la ANDIS
En materia procesal, se establece que para los menores de hasta 15 años el juez podrá disponer medidas de privación de la libertad únicamente en casos graves, priorizando siempre alternativas orientadas a la resocialización. Para delitos de menor entidad, el proyecto prevé sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias, reglas de conducta y mecanismos de reparación del daño causado.
Uno de los puntos que podría volver a modificarse durante el debate legislativo es el tope de las penas. En el dictamen consensuado el año pasado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas se había fijado una pena máxima de 15 años de encierro para delitos especialmente graves, mientras que para conductas con escalas de hasta tres años se priorizaban sanciones alternativas. En ese esquema, la privación de la libertad quedaba reservada como último recurso.
El régimen penal juvenil también incluye la creación de institutos específicos para el alojamiento de adolescentes condenados, con la obligación de garantizar el acceso a la educación, atención médica integral y tratamiento para adicciones. El personal de esos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera taxativa cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad.
Leé también: Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia pidió un abordaje integral para la delincuencia juvenil
El proyecto incorpora, además, un sistema de derechos reforzados para los adolescentes sometidos a proceso penal: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el trámite judicial. Este punto fue uno de los que concentró el debate sobre los costos de implementación, ahora contemplados mediante la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de partidas destinadas a infraestructura.
En paralelo, el texto también refuerza los derechos de las víctimas, garantizando acceso a asistencia legal y acompañamiento psicológico, así como su participación en el proceso y el derecho a recibir información sobre el avance de las causas.
imputabilidad, Diputados, sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza
El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba en una app de citas
La primera Ferrari eléctrica sorprende por su nombre y por tener mandos analógicos: cuándo empiezan las primeras entregas
La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea
El Gobierno vuelve a enviar a Diputados la reforma penal juvenil y subsana una omisión clave: el costo
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Pokémon habría gastado más en su aparición en la Super Bowl que en la creación de todo Leyendas Pokémon: Z-A – Nintenderos
¿La revancha de Don Chatarrín?: acuerdo Trump-Milei puede favorecer a Rocca ante el avance asiático
Desconcertada y sin la China Suárez: así reaccionó Magnolia tras el maltrato de un guardaespaldas
Natalie Weber contó toda la verdad del coqueteo de Sabrina Rojas a Mauro Icardi en un boliche: “Yo sé lo que pasó esa noche y te puedo decir que Sabrina no fue”
Top fiery moments as Democrats clash with Treasury Secretary Bessent in chaotic Hill hearings
CHIMENTOS2 días agoNatalie Weber contó toda la verdad del coqueteo de Sabrina Rojas a Mauro Icardi en un boliche: “Yo sé lo que pasó esa noche y te puedo decir que Sabrina no fue”
- INTERNACIONAL3 días ago
Top fiery moments as Democrats clash with Treasury Secretary Bessent in chaotic Hill hearings
- CHIMENTOS3 días ago
Cande Tinelli tiene nuevo novio y casi se matan a piñas con su ex pareja
