Hay pocos asuntos que le interesen más a Javier Milei que aquellos en los que convergen la economía y la denominada “batalla cultural”. En esos casos es inflexible, no tiene miramientos en confrontar cuando un asunto de la agenda pública amenaza alguna de sus principios. “Si empresaurios (sic) que hablan de dumping social tuvieran razón, habría una paradoja en la cual los países sólo mejorarían hambreando al pueblo”, escribió el libertario. Aunque el texto podría haber sido de la semana pasada, esto se publicó en marzo del 2017. “Él vino para esto. Hace años que viene esperando un episodio como el que sucedió por estos días, por eso no me extraña la manera en la que salió”, describe alguien que lo conoce al dedillo.

Y es que es la primera vez que el Grupo Techint pierde una licitación privada de grandes magnitudes como la que se cerró semanas atrás. Los 480 kilómetros de caños que serán destinados al transporte de gas desde Vaca Muerta al puerto de San Antonio Oeste en Río Negro serán aportados por la compañía india Welspun, que a su vez importa su chapa desde China.

En Casa Rosada importaron poco los reclamos de defensa de la industria nacional y la advertencia de una denuncia antidumping que dejó trascender días atrás la multinacional liderada por Paolo Rocca. “Están todos locos. Se quedaron en el kirchnerismo. Estos son otros tiempos”, dijo a Infobae una altísima fuente en aquellas horas en las que circulaba esa versión. Aunque se trató de una licitación privada llevada a cabo por un consorcio de cinco compañías, este episodio fue enarbolado como una consecuencia de la política anti-proteccionista que promueve la Casa Rosada.

“Es el leading case que abre la posibilidad a que esto se replique en futuras licitaciones privadas y públicas. Es parte del nuevo modelo económico que nosotros buscamos instalar”, indicó una fuente inobjetable de la Casa Rosada.

En rigor, insisten en que el siderúrgico es un sector modelo en donde los principales actores fueron beneficiados por las políticas proteccionistas de las últimas décadas. Milei les explica a los suyos que llama “empresaurios” a aquellos que para mejorar su posición para las licitaciones “terminan desencadenando una intervención violenta del mercado” en un pacto con el Estado y, con ello, una “estafa a los contribuyentes”, encareciendo el sistema de costos en general.

Cerca del Presidente dicen que no les importa que con una replicación de casos como el de Welspun se pueda afectar empleo industrial. Indican que el comercio y la economía ”son schumpeterianos» y que Argentina debe pasar por un proceso de disrupción de su estructura industrial, con empresas y fábricas con riesgo de perecer y otras con posibilidad de prosperar.

“Es la transición que nos permite salir de una economía soviética. En ese proceso se van a deshacer trabajos improductivos, pero se van a generar nuevos. Lo ideal es que haya una coordinación en ese proceso, aunque admito que es imposible que se pueda hacer de manera total”, explicó a Infobae una altísima fuente presidencial.

Hay situaciones de época que son miradas de cerca por el Gobierno. Por caso, una importantísima empresa minera considera que si su aplicación al RIGI termina de ser convalidada, la magnitud de su proyecto podría generar más de 40.000 empleos adicionales (entre directos e indirectos) en una provincia de Cuyo. Son asuntos que miran compañías de turismo interno, que ven que con una replicación de estos casos se pueden generar movimientos poblacionales para nada menores en ciertas provincias.

Los sectores agrícola, minero e hidrocarburífero son algunos de los grandes ganadores de época con el cambio de modelo macroeconómico que parece propiciar el Poder Ejecutivo, no así ciertas industrias que se ven afectadas por la apertura de las importaciones y la falta de competitividad estructural respecto a otros países. “¿Consideran que el actual modelo macroeconómico favorece a ciertos rubros y economías que están afuera de los conurbanos?“, consultó Infobae a una de las principales figuras del Gobierno. La respuesta fue afirmativa.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, fue a visitar al secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Ambos adelantaron la audiencia que preveían para febrero para poder conversar sobre las propuestas de los industriales al Gobierno. Desde ambas partes se dijo que el encuentro fue positivo. En las cámaras de la industria buscan que se nivele la cancha con compañías extranjeras a través de baja de contribuciones patronales y de financiamiento a las PyMEs. Es posible que pueda haber una devolución en un encuentro posterior que Rapallini tendrá con Luis Caputo el mes próximo.

En la Casa Rosada vieron como una extorsión “de mal gusto” que Techint hiciera trascender en diciembre del año pasado -en el marco de los días finales de esa licitación que estaba perdiendo- que Rocca analizaba suspender la actividad en la planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina, el cual emplea de manera directa a unas 400 personas y a 1.200 de manera indirecta.

Como contraparte, en el sector industrial creen que con las declaraciones públicas de la última semana Milei y sus funcionarios buscan marcar agenda con este tema para poder batallar discursivamente en caso de que el empleo se degrade. “Nos van a querer decir que si no pudimos sobrevivir es porque no fuimos suficientemente competitivos”, marcan.

Por ahora, el Gobierno se ofrece a darles a las compañías los beneficios de la Ley de Modernización Laboral que buscan sancionar en el Congreso y de una próxima reforma impositiva. También replican que la materialización del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos mejorará las exportaciones de acero y aluminio, con Techint y Aluar a la cabeza. Al respecto del acuerdo, dos altas fuentes del Gobierno consideran que este se podría producir en febrero, pero que “nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a ser porque depende de que un día se levanten con intenciones de firmar”.

¿Por qué Milei tiene un particular recelo con Rocca? “Lo considera el máximo exponente de la Argentina prebendaria. También siente que representa a un sector del círculo rojo que lo subestimó desde el comienzo y que no jugó con él”, respondió una persona que habla diariamente con el jefe de Estado.

No coloca en ese grupo ni a Alejandro Bulgheroni (PAE) ni a Marcelo Mindlin (Pampa), quienes forman parte del consorcio Southern Energy, que organizó la licitación privada de los caños.

En particular, los Milei y los Bulgheroni gozan de una sintonía fina. A la esposa de Alejandro, Bettina Bulgheroni, no se le complicó conseguir que el jefe de Estado y los miembros del Gabinete asistieran al último encuentro anual del Cicyp, la entidad empresarial que preside. Ambos empresarios y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, viajaron a Davos a acompañar a los hermanos presidenciales junto al CEO de Corporación America Airports, Martín Eurnekian, sobrino de Eduardo, anterior empleador de Milei.

El Presidente compartió dos publicaciones sugerentes en los últimos días que dan otras pistas sobre el porqué del enojo contra el industrial siderúrgico. “Rocca jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre”, puso @Ziberial, un reconocido usuario del mundo libertario. El director del Banco Nación y parte del equipo de Luis Caputo, Felipe Núñez, marcó que “la oposición (en sus diversas formas) trató de hacerle un golpe de Estado al Gobierno”.

Son acusaciones que se han escuchado de parte de importantes funcionarios de la Casa Rosada a lo largo del último medio. Aquellos dicen que hubo presuntas presiones indirectas que el Gobierno se viera forzado a devaluar el tipo de cambio y, consecuentemente, una espiralización de la inflación en el marco de un escenario de imprevisibilidad e inestabilidad como la que hubo después de las elecciones provinciales de Buenos Aires. “Hubo periodistas y máximas autoridades del Poder Judicial ayudando”, acusa, aunque sin dar detalles, un importante miembro oficialista.

Pese a todo, en el entorno de Milei desmienten cualquier tipo de injerencia en el plano de la licitación. “Eso es una interna ajena. El proceso fue privado y nosotros no nos metimos. Solo celebramos que haya salido la opción más barata”, afirman.

También indican aquello fuentes de Southern Energy, compuesto por Pan American Energy, Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la inglesa Harbour Energy. “Todas las conspiraciones se caen porque la opción de Welspun fue votada de manera unánime. Acá lo que pasó es que la puerta se abrió después de 70 años y ellos lo que no pueden permitir es eso. Ahora Techint tiene que poner todo su aparato para poder defender un estilo de hacer negocios en el país que se está acabando”, afirma una persona en estricta confidencialidad, que coincide con la visión que mantiene el Gobierno.

En el sector indican que Techint ganó durante las décadas anteriores y no en esta licitación por dos elementos diferenciadores.

Uno de ellos es la dinámica a la baja del precio del GNL, debido a que se espera en los próximos años una sobreoferta de este commodity en el mundo. Esto pone presión a los costos y genera una rentabilidad acotada. “La diferencia inicial de 80 millones de dólares era inaceptable en un proyecto de esta escala”, explica una empresa del conglomerado.

Otro fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que habilita a las empresas habilitadas a importar sin aranceles. A partir de este caso, no fue casual que dirigentes del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, saliera a promover el RIGI en su provincia natal, La Rioja. También lo replicaron otros presidentes partidarios que tiene La Libertad Avanza (LLA), como el caso del economista Adrián Ravier, de La Pampa. En el Gobierno buscan que casi la totalidad de las provincias suscriban a este régimen en los próximos meses.

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