LA PLATA.- La disputa en el Senado bonaerense por un cargo clave en la línea sucesoria de la provincia de Buenos Aires se dirimía esta noche en medio de una fuerte tensión entre los distintos actores del peronismo.

El gobernador Axel Kicillof pretende ubicar en la vicepresidencia primera de la Cámara alta a Ayelén Durán, pero el kirchnerismo, que cuenta con mayoría numérica, se encamina a imponer a Mario Ishii, el exintendente de José C. Paz.

Por si fuera poco, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, espera designar a Malena Galmarini en una vicepresidencia segunda.

En la Casa de Gobierno dijeron que la eventual designación de Ishii es “una imposición” de La Cámpora. El gobernador espera poder designar a quien ocupe la vicepresidencia primera. A falta de consenso para imponer a Durán, el axelismo sugirió el nombre de Pedro Borgini. Pero subsisten las diferencias y la votación podría postergarse hasta pasadas las 10 de la noche.

En el Senado parten de una premisa: la vicegobernadora Verónica Magario deberá reemplazar a Axel Kicillof cuando salga del país o incluso ante una eventual licencia para abocarse a su carrera presidencial.

En este último escenario, el vicepresidente primero del Senado asumiría como vicegobernador. Esta situación podría darse, incluso, por otros motivos: por caso existe el antecedente de Federico Scarabino que reemplazó a Alberto Balestrini, tras una enfermedad que lo dejó fuera del juego político. E incluso cuando Hugo Corbatta reemplazó a Felipe Solá, tras la renuncia de Carlos Ruckauf a la gobernación.

En suma: la pelea por la vicepresidencia primera supone la alternativa de poder real, en el corto plazo. Y signará el armado peronista para intentar retener la sucesión de Kicillof y Magario dentro de dos años.

La magnitud de la pelea es tal que podría, incluso, trabar el funcionamiento del Senado de la provincia de Buenos Aires en todo el año en lo que respecta a la definición de pliegos de ministros de la Corte, jueces o fiscales. También podría gravitar para una eventual reforma política como la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En esta puja Kicillof está representado por Magario, quien está en minoría dentro en el conglomerado del peronismo de la Cámara alta. Una situación atípica ya que el bloque tiene la mitad más uno de la totalidad de los senadores que integran ese cuerpo.

El peronismo tiene 24 de los 46 escaños. Pero los senadores aliados al gobernador que responden directamente al Movimiento Derecho al Futuro son seis, en minoría absoluta entre las tribus que forman los 24 senadores provenientes de las distintas vertientes peronistas. Por tanto el gobernador no estaría en condiciones de designar, tampoco, al presidente del bloque de Unión por la Patria.

El Gobierno se encamina a avanzar con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.

El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.

Según el sondeo de , los votos están justos y el Gobierno dependerá del peronismo para avanzar con los cambios en la ley.

La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyan la iniciativa, el resto oscila entre el rechazo y un acompañamiento tímido.

El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios oficiales le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.

Fue Agustín Coto (LLA) quien se encargó de explicar estos cambios. En su rol de miembro informante del proyecto argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. “No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, dijo. Explicó los ajustes. “Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, señaló tras decir que la norma actual es una “ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.

Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.

El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.

En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó. Y siguió: “Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones”. Terminó su argumentación con un encuadre numérico. Dijo que en la provincia de San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, sintetizó.

La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. “No hay industria más controlada y regulada que la minería. Estamos buscando una norma que sea más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue un poco ambigua”, consideró.

Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. “Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna medida constitucional: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.

Uno de los discursos más encendidos fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su giro: en 2010 apoyó la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a “los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico”. “Tengo el cuero duro como una tortuga”, comenzó. Dijo que “pasaron 16 años” y consideró que esta reforma permite que las provincias “puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”.

Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que el oficialismo le imprimió al proyecto. Anunció que el texto que se someterá a votación lo recibieron a las 15.32. “Esto está fuera de reglamento”, consideró. “Son modificaciones al los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”.

La reforma ambiental tensionó el vínculo entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR, que votarán divididos y dificultaron la construcción de la mayoría. La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento.