POLITICA
La Iglesia Católica Argentina advirtió sobre la situación de abandono que sufren las personas con discapacidad
La Iglesia Católica, a través de Comisión Episcopal De Pastoral Social, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina y otras organizaciones -como la Federación Argentina De Organizaciones Sin Fines De Lucro De Y Para Personas Con Discapacidad-, advirtieron en un comunicado sobre “la situación de abandono que atraviesan” las personas con discapacidades diferentes “junto a sus familias”.
“La injusticia que están padeciendo las personas con discapacidad nos duele e interpela. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de abandono que atraviesan junto a sus familias”, señalaron en el inicio de la declaración.
El hecho se produce en un contexto marcado por denuncias de recortes y desprotección en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hace dos semanas, los diputados opositores presentaron un proyecto de ley para declarar la “emergencia en discapacidad» que el Gobierno de La Libertad Avanza calificó de “demagogo” por su impacto fiscal, estimado en 153 millones de dólares mensuales.
Según el documento, miles de personas con discapacidad y sus familias atraviesan un estado de abandono que se agrava debido a la falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda. La declaración, firmada además por diversas organizaciones religiosas y sociales -también adhirió el rabino Daniel Goldman-, hace un llamado urgente a la acción colectiva para revertir esta problemática.
De acuerdo al texto, la situación económica del país ha profundizado las desigualdades, afectando de manera desproporcionada a quienes viven con alguna discapacidad y advierte sobre la eliminación o reducción de servicios esenciales que garantizan la inclusión y la calidad de vida de este sector de la población.
El comunicado enfatiza que la falta de acceso a servicios básicos ha llevado a muchas personas con discapacidad a una situación de desprotección extrema. Entre los servicios afectados se encuentran la salud, la rehabilitación, la habilitación, la educación y los programas de inclusión social.
Según el escrito, esta realidad se agrava en un contexto económico complejo que afecta a la mayoría de la población, pero que resulta aún más crítico para quienes enfrentan barreras adicionales debido a su discapacidad.
La declaración también subraya que, aunque existen voces que denuncian violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, estas no se traducen en acciones concretas que garanticen el ejercicio pleno de esos derechos. “La multiplicidad de discursos fragmentados nos lleva a invisibilizar y despersonalizar a quienes requieren ser mirados”, advierte el documento, que insta tanto a la sociedad como a las autoridades gubernamentales a actuar de manera inmediata para evitar que la exclusión y la desigualdad se perpetúen», se sostiene en duro texto de menos de dos carillas.
“No queremos que nos venza la sensación de impotencia, confiamos en la sensibilidad humana del pueblo y de las autoridades gubernamentales para salir de la indiferencia hacia quienes son nuestros hermanos y hermanas. Estamos convencidos de la igualdad en dignidad y derechos de cada ciudadano de nuestro país. Este es un llamado urgente a la conciencia colectiva. Es necesario que nosotros, como sociedad, y las autoridades gubernamentales actuemos ahora. Si no lo hacemos, seguiremos profundizando un sistema en el que la exclusión y la desigualdad se perpetuarán», se enfatiza.
En diciembre de 2023, el papa Francisco difundió un video en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que pidió “rezar por las personas con discapacidad». En ese momento, el Santo Padre recordó que entre las personas más frágiles “están las personas con discapacidad”. Y lamentó que “algunos de ellos sufran un rechazo, basado en la ignorancia o en los prejuicios, que los convierte en marginados”.
“Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad, y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa”, solicitó Francisco.
Este sábado 26 de abril, a las 10 de la mañana, en la Plaza San Pedro (el Vaticano) se realizará el funeral del papa Francisco, ceremonia a la que asistirá el presidente Javier Milei. En simultáneo, en Buenos Aires se llevará a cabo una misa en su honor en la Catedral Metropolitana.
El pronunciamiento de la Iglesia y las organizaciones firmantes se produce en un momento en el que el gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lleva a cabo una auditoría sobre los más de 1.800.000 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y las pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Según informó la cartera de Salud, esta revisión ha detectado lo que califican como un “fraude gigantesco” en la asignación de beneficios, lo que podría derivar en la baja de más de 250.000 prestaciones.
El documento no sólo denuncia la situación actual, sino que también busca movilizar a la sociedad y a las autoridades para que actúen de manera inmediata. “Estamos convencidos de la igualdad en dignidad y derechos de cada ciudadano de nuestro país”, afirma el texto, que apela a la sensibilidad humana y a la responsabilidad colectiva para salir de la indiferencia hacia las personas con discapacidad.
El comunicado concluye con un mensaje claro: si no se toman medidas inmediatas, el sistema actual continuará profundizando la exclusión y la desigualdad. Las organizaciones firmantes confían en que tanto la sociedad como las autoridades gubernamentales puedan responder a este llamado urgente, reconociendo la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad como una prioridad ineludible.
Un dirigente de la Seccional La Matanza de la UOCRA y dos delegados sindicales fueron condenados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, por el bloqueo realizado en marzo de 2023 contra la pyme Concrete.
La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de La Matanza, Horacio Héctor Giusso, e involucra a Diego Oscar Oviedo, Norberto Alejandro Palavecino y Juan Emilio Flores como coautores del delito de turbación de la posesión, cometido en la planta de la pyme en Altos de Laferrere, partido de La Matanza.
Oviedo se desempeña como secretario de Actas de la UOCRA de La Matanza, que lidera Heraldo Cayuqueo, y Palavecino y Flores eran delegados de Concrete, que en sus tres plantas del Conurbano tiene 100 empleados.
En el fallo, el juez consideró probado que “el 7 de marzo de 2023, un grupo de unas 20 personas, portando banderas de la UOCRA, bloqueó el acceso principal de la fábrica con dos automóviles, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de materia prima entre las 6.50 y las 12″ y menciona que “los videos aportados por la acusación mostraron la presencia de Oviedo y Palavecino en los vehículos que obstruyeron la entrada”.
El tribunal impuso a Oviedo, Palavecino y Flores la pena de un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, y estableció reglas de conducta: prohibición de contacto con Félix Sebastián Di Maio (dueño de la pyme), Germán Darío Arévalo y Luis Hernán Villavicencio, y prohibición de ingreso a la planta de Concrete por cuatro años. De todas formas, se afirma en el fallo que “la ejecución de la pena queda en suspenso bajo estas condiciones”.
En diálogo con Infobae, Sebastián Di Maio dijo: “Con este fallo siento alivio porque la justicia es lenta y uno está solo en un Conurbano que está difícil. Se hizo justicia y siento que puedo seguir apostando a este país».
Según el empresario, que se dedica a la producción de hormigón elaborado, sufrió “10 años de hostigamiento” por parte de los delegados desde que fueron elegidos porque le hacían exigencias desmedidas y le pedían una “colaboración” económica para el sindicato. “Cobraron el sueldo durante 10 años sin trabajar -dijo- y ante cualquier queja nuestra les metían presión a los empleados para que trabajaran a desgano o no hicieran horas extra”.
“Gente del sindicato llamaba a los empleados para que exigirles que no trabajen -relató-. En la empresa trabaja gente que vive en la zona y les decían: ‘Sé dónde mandás a los pibes del colegio y sé quién es tu mujer’. Era parte del hostigamiento para que no fueran a trabajar”.
Como las empresas del rubro suelen cerrar a fin de año por una baja del trabajo, y ante la actitud hostil de los representantes sindicales, Di Maio bajó las persianas de la planta de La Matanza durante dos meses y dejó abiertas las otras dos, en Avellaneda y en Tortuguitas, y despidió a los delegados y a 4 empleados.
En ese momento, el empresario se puso en contacto con la abogada Florencia Arietto, una experta en asesorar a pymes bloqueadas, que le recomendó reabrir la empresa, pero a la semana se produjo el bloqueo por parte de los dirigentes y activistas de la UOCRA La Matanza. Por eso Di Maio presentó una denuncia penal contra los delegados, en la que figura que la pyme “perdió aproximadamente 5 millones de pesos por la imposibilidad de despachar hormigón ese día” y que “los camiones de proveedores externos no pudieron ingresar hasta el mediodía, lo que afectó la producción y la entrega a clientes”.
Aunque la defensa de los acusados argumentó que el bloqueo se encuadró en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el juez Giusso citó en su fallo jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que el derecho de huelga no ampara conductas que excedan el ejercicio pacífico ni justifica la comisión de delitos comunes durante conflictos laborales.
Arietto afirmó que la condena a los 3 representantes de la UOCRA no tiene cumplimiento efectivo, pero resaltó: ”Es un antecedente que nos sirve para replicar en otros casos porque es de manual, es el típico bloqueo».
POLITICA
Se cae el caso del Fútbol para Todos: el fiscal pidió absolver a Mariotto y penas leves para Aníbal Fernández y Capitanich
El caso del supuesto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la AFA para el programa Fútbol para Todos está a punto de quedar en la nada: en las últimas audiencias del juicio, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió absolver a Gabriel Mariotto, coordinador del programa, y reclamó leves penas para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Las acusaciones iniciales más severas quedaron en una acusación de fraude y violación de deberes de funcionario público, que merecieron un pedido de tres años de prisión en suspenso para Aníbal Fernández y una acusación de violación de sus deberes de funcionarios para Capitanich, con un pedido de pena de ocho meses de prisión en suspenso. Ambos fueron jefes de gabinete de Cristina Kirchner.
Capitanich reaccionó ante el alegato fiscal: en una declaración pública sostuvo que fue “inconsistente, infundado y conjetural” y que “no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”. Dijo que incluso el fiscal reconoció que que “los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos”. Por lo que, a su criterio, es “absurdo” que la jefatura de Gabinete controlara su destino.
“Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, dijo Capitanich.
Al quedar fuera del caso los administradores del programa y solo acusados los funcionarios, es difícil que el tribunal oral federal integrado por los jueces Ricardo Basilico, Juan Michilini y Adrián Grumberg, puedan establecer que existió una conducta delictiva, dijeron a fuentes de los tribunales.
En la misma línea remarcaron que es extraña la tesis de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a las arca de la AFA y por eso no se configura el fraude a la administración pública.
El fiscal general Osorio pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de AFA, a dos años de prisión; a Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; a Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato a un año y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco, a dos años.
El pedido de pena para Aníbal Fernández es de ejecución condicional. En tanto, el fiscal Osorio pidió absolver a Mariotto, excoordinador de Fútbol para Todos; a Miguel Ángel Silva, exsecretario general de AFA; a Rubén Manuel Raposo, exadministrador financiero de AFA; a Raúl Pagano, exgerente financiero de FAA; a Sergio Marchi, exsecretario general de FAA; y a Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola, los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin.
Estos últimos están relacionados con financieras que cambiaban por dinero los cheques que los clubes recibían de la AFA. Según la acusación, existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también participó de los alegatos, detalló cuánto dinero público se habrían llevado las supuestas maniobras de corrupción entre 2010 y 2015. Para los 131.608.000 pesos que totalizarían la defraudación, solicitaron que los acusados lo reintegren solidariamente -actualizado a cifras actuales- en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Asociación del Fútbol Argentino.
La acusación era por fraude y desvío de fondos públicos, vinculados al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación del futbol, fortaleciendo la economía de los clubes y sin que los usuarios debieran pagar para ver los partidos del torneo de primera división.
Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que los clubes aumentaron sus deudas y no pagaron sus acreencias con la AFIP.
La AFA no avanzó con la auditoría a los clubes. En la acusación inicial, el fiscal Taiano había estimado que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas financieras intermediarias, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban completos ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias. La causa se centró en los contratos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010.
La AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio. La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Qué es la teoría del fruto del árbol envenenado que algunos funcionarios sostienen en la causa por los audios deSpagnuolo
La filtración de los audios que desataron el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo, abrió un nuevo frente en los tribunales. Mientras el juez federal Sebastián Casanello, avanza con allanamientos y pericias, comenzó a instalarse en el oficialismo la teoría del “fruto del árbol envenenado”: si la prueba inicial es falsa o ilícita, todo lo que derive de ella carece de validez y debe ser excluido del proceso judicial.
Sobre esta especulación, el abogado y funcionario de Seguridad, Fernando Soto planteó en su cuenta de X que la Justicia no puede avanzar sobre pruebas inválidas: “El audio atribuido a Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”.
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En esa línea, funcionarios del oficialismo sostienen que, si se confirma que la grabación fue adulterada o conseguida de forma ilegal, la investigación no podría sostenerse. Sin embargo, la Justicia continúa con las medidas de prueba para determinar la autenticidad de los audios y el alcance de las acusaciones.
La reacción del oficialismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó el escándalo de los audios como una “monumental operación” y sostuvo que se trata de una “maniobra” para perjudicar al Gobierno a pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
En la misma línea, el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, apuntó contra el kirchnerismo en redes sociales a través de un comunicado: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo».
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Y cerró: “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.
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