POLITICA
La Iglesia profundiza sus reclamos pero Javier Milei no cambiará sus políticas, ni sus formas
El duro discurso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo, que apuntó directamente al corazón del Gobierno, causó malestar en Javier Milei y le recordó las diferencias que solía tener con el papa Francisco, según admiten aquellos que tienen acceso a las principales oficinas de la Casa Rosada.
Sin embargo, el Presidente optó por no contestarle a monseñor García Cuerva, quien viene manifestando, a través de sus homilías, la profunda preocupación de la Iglesia por varias cuestiones que se desprenden de distintas medidas de Gobierno, como la política social, la atención de la salud y la situación de los jubilados, entre otras problemáticas.
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Habría que sumar el rechazo al trato que Milei les da a los que no piensan como él, y su reflejo en las redes sociales libertarias que levantan, en algunos casos, mensajes de odio.
Todas estas cuestiones se pueden encontrar en distintos pronunciamientos, no solo de García Cuerva sino también de varios obispos, e incluso en los comunicados de la Conferencia Episcopal Argentina. Una de las frases que mas sacudió a la Casa Rosada fue cuando el arzobispo manifestó que el país “sangra de inequidad”, y manifestó su preocupación por los que “sufren la marginalidad y la exclusión”.
El Presidente no parece tener problema en convivir con estos reclamos constantes de la Iglesia. Por lo que se ve, no está dispuesto a modificar sus políticas económicas y sociales, tampoco las formas que utiliza para castigar a los que considera sus adversarios o enemigos. Son, por otra parte, las que vienen dándole rédito electoral. “¿Por qué vamos a cambiar si esto es lo que quieren los que votan a Milei? No esperan otra cosa”, coinciden en opinar distintas fuentes libertarias.
Pero contestarle a los obispos o cardenales no está en los planes del jefe de Estado, y menos enfrentarse con la Iglesia.
Para el 7 de junio está prevista la visita de Milei al Vaticano para reunirse en audiencia privada con el papa León XIV. Quiere llegar sin ningún tipo de enfrentamiento con la Iglesia católica argentina, y menos con García Cuerva, un discípulo de Francisco que mantenía una buena relación con el entonces cardenal Robert Prevost.
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Además, Milei aprovechará el encuentro para invitar al sumo pontífice a visitar la Argentina, un viaje que nunca pudo realizar Francisco, producto de la grieta en la que estaba atrapado el país y que parece abrirse cada día más.
De todas formas, las preocupaciones de Francisco y de León por quienes más sufren en el mundo eran similares, sobre todo a la hora de mirar a Latinoamérica.
Por ahora, los obispos no parecen ver un panorama de grandes cambios en la situación de aquellos que más padecen en la Argentina la “inequidad, marginalidad y exclusión”. Así es el panorama que les hacen llegar los sacerdotes que habitan las zonas más humildes del país, comenzando por el Conurbano bonaerense.
Se los suele nombrar despectivamente como los curas villeros, y están mal vistos por distintas usinas libertarias. Pero no solo ellos son los preocupados, también los sacerdotes que trabajan en las iglesias y recogen el pensamiento de la clase media.
Los escenarios de la campaña electoral
Sin embargo, la política parece transitar por otro camino y ya está inmersa en el año electoral, sobre todo en la pelea entre los libertarios (con la adhesión de macristas y algunos radicales) y el peronismo/kirchnerismo.
El 7 de septiembre será la próxima parada en la provincia de Buenos Aires. Parecen encaminadas las negociaciones para avanzar -como adelantamos en esta columna- en el frente electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, adonde se invitaría a algunos dirigentes bonaerenses de la UCR. Después se verá qué ocurre con las elecciones legislativas nacionales de octubre.
El Presidente y su hermana Karina Milei, junto a Santiago Caputo y el armador provincial Sebastián Pareja, deberán empezar a delinear los nombres de los principales candidatos, en conversaciones que también incluirán a los macristas Cristian Ritondo y Diego Santilli. José Luis Espert y Diego Santilli siempre pensaron en octubre, pero el destino de ambos puede apuntar a septiembre.
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Espert es el preferido de Milei, pero el Presidente sabe de las diferencias que su hermana mantiene con este economista. Están convencidos de poner los mejores candidatos, sobre todo en las poderosas Primera y Tercera Sección Electoral, que abarcan al norte, oeste y sur del conurbano.
La sorpresa puede darse en la eventual elección en las filas libertarias de Leila Gianni (La Matanza) para competir con Cristina Kirchner, si la expresidenta finalmente termina presentándose por la Tercera sección.
Gianni, de pasado kirchnerista pero ahora convencida de que Milei es la salida que necesita el país, es bien vista por Karina y trabaja con Pareja ante una eventual candidatura.
Lo cierto es que todavía hay muchas cosas por resolver. Entre otras, el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. De eso dependerá el futuro del peronismo y el kirchnerismo en la provincia. Y también de la estrategia libertaria.
Javier Milei, cristina kirchner, Iglesia argentina
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
La entrada Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado se publicó primero en Nexofin.
Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo
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