Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, fue procesada junto a 18 personas en un fallo del juez federal Sebastián Casanello en la causa por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El escándalo volvió a la primera plana luego de que la Justicia difundiera fotos de los fajos de billetes que tenía en su domicilio la exfuncionaria.

Para la Justicia, Ornella Calvete era partícipe necesaria de los “negocios espurios” a través de su padre Miguel Ángel Calvete, también procesado y consignado como jefe de una “asociación ilícita”. En tanto que el exdirector de Andis Diego Spagnuolo fue acusado formalmente de haber cometido un “cohecho activo”.

La prueba contra la hija de Calvete, “cuyo origen guardaría relación con las maniobras investigadas”, fue hallada en un cajón del vestidor en un allanamiento a su departamento.

Se trata de importantes sumas de dinero en efectivo: 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1960 euros en efectivo. Ese monto ahora está embargado, según el fallo al que accedió .

El pasado 9 de octubre, Casanello había ordenado una batería de medidas a pedido del fiscal Franco Picardi. Fue así que la Policía Federal llegó al domicilio de la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, en el piso 34 de una lujosa torre a metros de Puerto Madero.

Durante el allanamiento al departamento de Calvete se encontró el dinero que, para los investigadores, sería el “ocultamiento de la ganancia ilícita administrada”. Entre las perchas, cajas de relojes TAG Heuer y habanos Partagas, estaba el efectivo.

La exfuncionaria después declaró que “nunca tuvo su disposición ni administración” de los billetes. Luego de los primeros procedimientos en la causa y un mes antes de la orden del juez, Ornella se mensajeó con su padre, preocupada por que fuera revisada por las autoridades.

“Hay 15 policías en planta baja. No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió haciendo referencia a Diego Spagnuolo, por entonces director de la Andis y ahora procesado. “Hacete la gila”, le contestó su padre. Al poco tiempo, ella avisó que fue una falsa alarma.

Miguel Ángel Calvete, empresario con pasado político y lobbista de las droguerías, ”contó con la colaboración de su hija, Ornella”, afirma la resolución judicial. Para los investigadores, ella “participaba de los negocios del padre en todas sus facetas” y era parte del grupo sospechado de ser una “asociación ilícita”, donde se aprovecharían su rol e influencias como funcionaria del Gobierno.

En el fallo se describe que Ornella Calvete “no sólo conocía el esquema delictivo operado por su padre”, sino que también participaba en la creación y gestión de nuevos negocios y ganancias, “cuya gestión y resguardo resultaban, en parte, también su responsabilidad”. Asimismo, el efectivo es para la Justicia “un indicio de ilicitud”, ya que “la parte subterránea de la operatoria necesitaba dinero físico para evitar su trazabilidad”.

Calvete hija fue procesada, sin prisión preventiva, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se embargaron sus bienes y dinero por el monto de $94.288.025.418.

Por su parte, Calvete padre fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Su embargo suma $203.072.992.394.

En total, el fallo de Casanello procesó a 19 personas y les embargó los bienes. El juez actúa como subrogante y pronto dejará la causa, pero advierte que el “esquema delictivo” develado “pareciera tener márgenes aún difusos” e incluir otros hechos.

En dos años, Javier Milei logró hacer popular lo impopular, el ajuste y el achicamiento del Estado, a fuerza de un éxito, la baja de la inflación, un logro todavía en construcción. La segunda mitad de su mandato lo obliga a Milei a repetir esa lógica riesgosa: transformar lo impopular en popular otra vez, pero ahora en otros dos temas centrales de la economía argentina. Por un lado, el empleo: lo impopular es destruir empleo en algunos sectores de la economía como el camino acertado para reconstruirlo en otros. Por otro lado, salir del estancamiento económico con una actividad económica que se reactive en los sectores capaces de sobrevivir, mientras mueren otros, y que florezca el empleo en esos sectores que logran nadar contra la corriente. Ésa es la nueva utopía. Por eso la palabra política clave de este año es “transición”: ¿cómo pasar de una economía súper protegida pero estéril a una economía abierta, competitiva, que importe y exporte y al mismo tiempo camine hacia la creación de empleo y al crecimiento de la actividad económica?

Esta semana, el Congreso debatirá la “modernización laboral” que también entra ese paraguas conceptual del Gobierno: lograr traducir la flexibilización laboral, históricamente resistida, al lenguaje de la modernización y el progreso para todos. Otra herramienta para la “destrucción creativa”. Hasta la llegada de Milei al poder, la política le esquivó el bulto al ajuste necesario durante años: o porque no quiso, o porque no pudo. Era garantía de derrota electoral. Ahora Milei se mete con otra vaca sagrada: la reforma laboral. Si lo logra y da resultado creando empleo, será una proeza política.

En el Gobierno, hay descreimiento sobre el “gradualismo” implícito detrás de la noción de transición. Hay una visión muy dominante que es más tajante, de shock. En los pasillos del Ministerio de Economía se escucha esta síntesis, implacable: “No hay transición posible: hay que arrancar la curita de una vez”. Se refiere a la curita proteccionista, que una vez arrancada con la herramienta de la apertura comercial, abriría la puerta al proceso de “destrucción creativa” en el que cree el proyecto libertario. “No se puede seguir extendiendo la agonía de empresas que no pueden sobrevivir y menos despegar. El precio que se pagó fue muy caro”, es el razonamiento oficialista.

Ahí está el nuevo desafío de Milei, que es doble. Por un lado, porque la nueva etapa de “destrucción creativa” del capitalismo mileísta es todavía más desafiante que la etapa de motosierra al gasto público y baja de la inflación. Entra a jugar una percepción social que funciona distinto en el caso de la inflación que en el caso de la destrucción de empleo.

La baja de la inflación es un beneficio inmediato, homogéneo y transversal a toda la sociedad. Esa realidad se traduce en una foto clarísima: la baja de la pobreza medida por ingresos es la contracara de un IPC a la baja. Es decir, el beneficio del ajuste y su consecuente inflación a la baja llega hasta los más pobres. Y eso es clave.

La angustia inflacionaria es una experiencia social conocida por todos los argentinos, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los sectores de la economía y en varias generaciones. De ahí que su baja sostenida, aún con altibajos, sea una buena noticia generalizada: el fin del estrés de una vida cotidiana alterada por precios que vuelan por el aire. El Gobierno que corta esas alas se lleva el apoyo popular. En este caso, Milei. Al kirchnerismo le cuesta entender ese éxito.

Pero otra cosa es la generación de empleo a partir de la apertura económica, necesaria pero con costos asociados: es heterogénea, con sectores ganadores y perdedores, y es esquiva en el corto plazo. Llevará tiempo hasta lograr una generalización de sus beneficios a toda la sociedad. Sólo una economía en plena marcha, de competitividad sostenible, puede lograr ese equilibrio general donde los desempleados de un sector puedan reconvertirse para ingresar a otro en crecimiento. Pero ese puerto no se alcanza de un día para el otro. De ahí que el debate en torno a la “transición” va tomando fuerza.

“En Estados Unidos te echan de un día para el otro y sin indemnización”, suena como parte de la argumentación oficialista. El problema es que ese caso es el de una economía que llegó hace rato al paraíso de las economías sostenibles, eficientes en la lógica de destrucción creativa y en el funcionamiento del equilibrio general de los beneficios.

Por eso, también hay que atender a la otra cara del desafío que presenta la etapa de destrucción creativa aperturista: está obligada a mostrar éxitos contantes y sonantes en el corto plazo, es decir, ya, este año. La Argentina está lejos de eso: ¿cómo harán los sectores eternamente protegidos para salir de la burbuja de protección pauperizada a la intemperie de la competencia? ¿Hay riesgo de que se destruya empleo pero que los trabajadores caigan al abismo del desempleo? La experiencia menemista dejó esa lección: en mayo de 1995, la desocupación llegó al 18,4 por ciento. En 1999, el último año de presidencia de Carlos Menem, la tasa de desocupación fue del 13,8 por ciento, según datos de Chequeado, elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

En ese debate, en su versión actual, el Gobierno tiene dos aliados. Primero, un cambio de época que afecta al empleo: mientras se destruye empleo formal, crece el empleo informal. Los datos muestran esa película. En el último trimestre de 2025, la gestión mileísta fue feliz con una baja de la tasa de desocupación, que cayó al 6,6%, un 0,3% menos respecto del mismo período de 2024. La mala noticia de esa ecuación es que desde noviembre de 2023 se perdieron 180.000 puestos de trabajos privados registrados, según datos del Ministerio de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La novedad es que la tasa de informalidad también creció: pasó del 42,6% al 43,3%.

La informalidad mantiene en caja a la desocupación y compensa algo de la pérdida de trabajo formal. El cuentapropismo de plataforma le da una salida al nuevo desempleado, que pasa a la categoría de informal. Una versión módica del equilibrio social, o del malabarismo social: al menos, la posibilidad de aferrarse a la tabla de salvación de la informalidad de nuevo cuño. Tiene mejor prensa que la informalidad histórica: supone una recuperación de márgenes de autonomía personal en el manejo de la subsistencia, y de progreso económico modesto, un componente que no estaba incluido en la informalidad clásica, sinónimo de marginación sin expectativas.

Por otro lado, en la batalla entre concepciones económicas y productivas, el Gobierno también tiene al pasado como ventaja competitiva. El descrédito de la economía kirchnerista y los cuestionamientos a la política de la sustitución de importaciones están cada vez más extendidos, aún entre dirigentes progresistas que hace no mucho tiempo atrás se alineaban detrás de esas concepciones. En la última semana, el precio de la ropa made in Argentina y el estancamiento en el empleo formal desde 2011 volvieron al centro de la discusión pública como prueba contundente de que el proteccionismo ni desarrolló una industria competitiva ni generó beneficios, en empleo y precios razonables, a los trabajadores y consumidores.

El rol de ciertos sectores industriales en el sostenimiento forzado de la sustitución de importaciones, con un proteccionismo exacerbado, también juega a favor de Milei y su equipo económico. Una de las instituciones más activas de los textiles, la Fundación Pro Tejer, es una voz crítica de la política de apertura del Gobierno. Cuestiona, entre otros puntos, la cancha inclinada en contra de la industria nacional, con una carga impositiva mucho más alta que la que tienen sus competidores internacionales.

Es atendible. Sin embargo, Fundación Pro Tejer tuvo una gran oportunidad de influir para cambiar esa cancha en el último gobierno kirchnerista, la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero no lo hizo. En 2020, el entonces director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer, asumió como secretario de Política Industrial, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Ese vínculo, justo en años de protección activa al sector textil por parte del kirchnerismo, fue señalado críticamente por dirigentes de la oposición como la economista Daiana Fernández Molero, macrista, experta en política comercial.

Está claro que falta mucho para llegar a una conclusión sobre el legado del modelo macroeconómico y productivo mileísta: sólo el paso del tiempo dirá si resulta exitoso a la hora de llevar a la Argentina a una economía tan liberal como beneficiosa para la mayoría. De Menem a Macri, las experiencias de apertura económica y flexibilización laboral no terminaron bien. Sin éxito, no hay sobrevida para una concepción aperturista de la economía argentina. Para que esa matriz macroeconómica y productiva, liberal y racional, se vuelva naturaleza, es decir, verdad dada y con consenso casi indiscutido, Milei está obligado al éxito en la baja de la inflación, en la creación de empleo y en el crecimiento de la actividad económica.

La popularización del éxito económico de la Argentina es el único argumento capaz de “domar”, en lenguaje mileísta, la batalla cultural contra la religión de la sustitución de importaciones. Sin un resultado económico palpable para la mayoría de los argentinos, el ajuste se habrá inscripto en esa tradición de derrotas. En ese caso, el kirchnerismo a la Kicillof o el peronismo a la Moreno pueden tener espacio para encontrarse con, al menos, un atisbo de oportunidad electoral. El cambio cultural es un sueño eterno.