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POLITICA

La Iglesia rechazó la baja de la edad de imputabilidad: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”

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“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. Con esas dos definiciones tajantes, Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, sentó la postura institucional de la Iglesia frente a uno de los debates más urgentes y controvertidos del Congreso: la baja de la edad de imputabilidad penal. Lo hace en un momento clave, cuando el Gobierno se prepara para dictaminar en Diputados el proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente.

El próximo martes, tras varias postergaciones, se reunirá finalmente el plenario de comisiones -Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia– y el oficialismo confía en conseguir dictamen gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien el proyecto original impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Justicia Mariano Cúneo Libarona proponía llevar la imputabilidad a los 13 años, el texto consensuado finalmente fija el nuevo umbral en 14.

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Monseñor Braida fue nombrado obispo de La Rioja por decisión del fallecido papa Francisco

Frente a este escenario, Braida sostuvo que la respuesta no puede ser punitiva: “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, explicó. “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”.

Desde la Iglesia, advirtieron que encarcelar adolescentes no resolverá la inseguridad: “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”. Y reitera: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

Braida también advierte sobre las deficiencias estructurales del sistema: “Hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados”, como también lo señalaron varios legisladores. Ninguno de los proyectos, incluido el oficialista, prevé partidas presupuestarias específicas para construir centros de detención para menores.

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En este contexto, el obispo le envió un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich: “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”. Y enfatizó que la mirada eclesiástica no es aislada: “Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”, señala.

Finalmente, pide evitar respuestas apresuradas frente a una problemática compleja: “El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”.

El 12 de marzo se reunieron las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda para debatir el proyecto de Régimen Penal Juvenil

La entrevista con el obispo Dante Braida

– Le pido una primera aproximación y una opinión general sobre el debate de la baja de la imputabilidad. ¿Cuál es la postura que tiene la Iglesia frente a esta discusión?

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– Ante la realidad de muchos adolescentes que no han tenido quizás las oportunidades de una formación adecuada y que, de pronto, caen en situaciones de cometer algún delito, creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para, sobre todo, ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves.

En ese abordaje multisectorial y amplio de las causas, ir proponiendo soluciones, que requiere una apertura muy grande al diálogo y también a invertir en recursos para que podamos revertir esta situación.

Por otro lado, no creemos que la solución sea lo penal, es decir, poder penalizar a los adolescentes en este caso, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y también de prevención. Hoy día hay muchos ámbitos que uno trabajándolos puede generar oportunidades educativas, sobre todo, y de acompañamiento de las familias.

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– Le pido a Monseñor una definición clara y precisa sobre este debate. ¿La Iglesia está en contra de que se modifique la edad de imputabilidad?

– Sí, estamos a favor de que se aborde el tema y se pueda trabajar en propuestas alternativas, en cuanto al acompañamiento de chicos que están en situación de vulnerabilidad. No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado.

Esta es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones. Por eso nosotros insistimos que hay que escuchar a todos. Desde el ámbito de la psicología, del ámbito mismo de la Justicia y muchos otros sectores que no ven que esa sea la solución.

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– En esta discusión se cruzan varias dimensiones. Hay una cuestión si se quiere moral o de valores y también una dimensión práctica, de efectividad de una decisión de este tipo. ¿Qué mirada tiene la Iglesia respecto a ambas perspectivas?

– Creo que no está bien bajar la edad, porque un adolescente está en una etapa de crecimiento, de maduración y no tiene todos los elementos como para tener una conducta adecuada, o no tiene todos los elementos para poder integrarse a una sociedad. Si no tiene todos los elementos necesarios para una formación, ya aplicarle una pena no nos parece lo adecuado. Por lo tanto, creemos que no es el camino.

– Y desde lo práctico, ¿por qué no cree que bajar la edad de imputabilidad sea una medida eficaz para bajar la inseguridad, que es una de las preocupaciones principales que tiene la sociedad?

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– Creemos que no es el camino para bajar la tasa de inseguridad, porque lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Oportunidades de crecimiento y darles lo que necesitan para salir adelante, porque son justamente chicos. Por otro lado, nuestros regímenes penitenciarios hoy en día están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas que tienen. Esa es la experiencia que tenemos. Por lo tanto, poner en situación de encierro a un chico, cumpliendo una pena, no soluciona el problema de raíz.

– ¿Qué mensaje les transmitiría a los diputados que van a tratar esta semana los múltiples proyectos que hay de baja de la edad de imputabilidad?

– Primero que hay que dar más tiempo al debate y hay que escuchar a todos los sectores involucrados. A la vez, también, darles lugar a muchas experiencias positivas que hay en el acompañamiento de niños en situación de vulnerabilidad, y experiencias positivas de prevención. Si hay que multiplicar algo es multiplicar esas experiencias, con apoyo también fuerte del Estado. Esto requiere tiempo para un abordaje más amplio y participativo.

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– Hay una mirada política que se inclina al endurecimiento de las penas. La gente está muy preocupada con la inseguridad y figura al tope de las encuestas. ¿Qué piensa de ese clima político, que propone soluciones punitivistas?

– Por supuesto que es doloroso la situación que uno puede padecer siendo víctima de alguna de estas situaciones. Eso hay que comprenderlo de un modo empático. Pero instalar de que solamente por bajar la edad las cosas se van a solucionar, no creemos que es lo viable y nos parece una solución muy simple.

Hay que abordar de una manera más amplia un problema complejo, que nos compete a todos. Las autoridades tienen su rol, pero también las instituciones intermedias, los ámbitos de participación en los vecindarios son importantes y las instituciones educativas. Hoy en día la escuela también tiene que dar un vuelco en su propuesta porque no basta con transmitir conocimientos, sino que se requiere contención, abordaje interdisciplinario de situaciones de vida.

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El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio, pensando no solo en sectores vulnerables de la sociedad, sino también en todos los sectores. Hoy el avance de la de la ludopatía, por ejemplo, afecta mucho a la adolescencia, está en todos los sectores sociales y eso genera una vulnerabilidad también en los adolescentes y requiere un compromiso de muchos.

– ¿Un chico de 15 años no entiende la criminalidad de un acto? ¿No cree que es un debate que tiene que quedarse y que hay razones para modificar esto?

– Sí, estamos totalmente de acuerdo en que el debate tiene que darse de un modo más amplio. Por eso, se requiere tiempo y no definiciones apresuradas.

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El sistema de tratamiento de la delincuencia juvenil tiene que ser analizado y tienen que cambiar muchas cosas, porque lo que está actualmente parece obsoleto. Pero, justamente, el cambio tiene que ser fruto del aporte de muchos y que esos cambios puedan favorecer la recuperación de los chicos. Estamos todos esperando que puedan cambiar las cosas, pero de un modo más participativo y amplio.

– Cuando ocurren hechos de enorme impacto social, como el de Kim, la nena arrastrada por adolescentes que robaron un auto, aparece la discusión sobre la edad de imputabilidad. Los menores involucrados tienen graves antecedentes y cometen estos actos después de que el sistema penal, el educativo y el social no pudo contenerlos. Y mientras no se cambia nada, estos eventos siguen.

– Por eso. Por supuesto que son situaciones dolorosas y las familias que los padecen enfrentan un dolor enorme y lo compartimos como sociedad. Ahora, sería bueno que de cada uno de estos chicos, que cometen delitos tan graves, podamos analizar sus historias y poder, a partir de allí, ver cuál es la salida que tenemos que buscar.

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Si solamente pensamos en la pena del delito, no estamos atacando las causas. En cada chico que comete un acto de agresión y violencia de ese tipo tenemos que aprender a escuchar un grito también de ayuda. Y si lo unimos esto al tema del narcotráfico, que captan estos chicos.

– Claro, el drama del narcotráfico tiene un rol fundamental.

– Son también chicos que ya padecen alguna adicción y no son tan conscientes en ese momento de lo que están haciendo. Ese tema del narcotráfico es un tema también muy grande que hoy nos está cooptando sectores geográficos y sociales y a baja edad, justamente. Se aprovechan del tema de la baja edad para que puedan cometer delitos. Entonces el tema del narcotráfico es grande y no lo estamos abordando ampliamente, siendo una de las causas que genera esto.

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– La Iglesia tiene un trabajo pastoral y en simultáneo un trabajo social muy amplio, extenso y con mucha capilaridad en todo el país. ¿Qué están viendo con respecto a la cuestión del narcotráfico y cómo sobrevuela en un contexto de pobreza?

– Es un problema a lo largo y ancho del país y en distintos sectores sociales. Hoy no vemos que hay una respuesta contundente y que involucre también a la sociedad en cuanto a poder revertir la situación. En muchos lugares, el control lo van teniendo las bandas narco y eso creo que es un tema que tenemos que abordarlo más profundamente para generar espacios más seguros y pacíficos para el desarrollo de una sociedad más sana. Eso hay que combatirlo de muchas maneras.

– El propio presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, están liderando y, de hecho, presentaron uno de los proyectos de baja de edad de imputabilidad. ¿Qué les diría?

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– Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir.

– No puedo terminar esta charla sin pediler una reflexión sobre el fallecimiento del papa Francisco. ¿Cómo están viviendo estos días después de su de su partida?

– Fue un sacudón. El Papa nos ha acompañado a vivir la vida cristiana de un modo profundo con sus gestos, sus palabras. Uno siente un poco de orfandad por su partida, en estos temas que estamos hablando, que tienen que ver con ocuparnos de los más vulnerables y asumir las propias vulnerabilidades.

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El hecho de que siempre nos pidiera que recemos por él, que lo acompañáramos, lo mostraba como una persona humana, frágil, necesitada de ser acompañada. Esa es la sensación, de un poco de orfandad, pero también de esperanza, porque todo lo que sembró en nosotros, en animarnos a caminar juntos, a que seamos personas que nos enraicemos en Dios, en una vida más profunda de oración, en una entrega generosa a los demás.

Es tanto lo que ha sembrado en nosotros que confiamos en que eso va a seguir floreciendo y dando buenos frutos. Por eso miramos también con esperanza su partida por todo lo que nos ha sembrado.

– Le pido, como reflexión final, el mensaje que quiere transmitir respecto de la discusión de la baja de la edad de imputabilidad.

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– Que simplemente podamos como sociedad involucrarnos en estos procesos de cambio, de necesidad también de revertir situaciones, en el acompañamiento de nuestros niños y adolescentes. Y que en eso, quien tenga un rol en la sociedad, podamos involucrarnos para hacer aportes y a la vez acompañar a nuestros legisladores para que podamos habilitar más espacios de escucha y participación para soluciones más profundas.

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POLITICA

Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

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El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.

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La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.

El resultado en Disputados de la votación a la ley de Registro Nacional de Datos Genéticos, donde se aprobó la media sanción

Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.

En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

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Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.

A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.

En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

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El mensaje que publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando salió la media sanción del proyecto de ley

La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.

En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

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Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.

La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.

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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:

  • Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
  • Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
  • Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
  • El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo

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En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.

La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.

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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.

Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.

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El Senado insistió por la implementación de la Emergencia en Discapacidad. (Foto: Senado)

“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.

La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.

Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos

Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.

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En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.

El senador Martín Lousteau, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y los legisladores José Mayans, Eduardo Vischi y Martin Goerling. (Foto: Senado / Charly Díaz Azcue)
El senador Martín Lousteau, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y los legisladores José Mayans, Eduardo Vischi y Martin Goerling. (Foto: Senado / Charly Díaz Azcue)

“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.

Qué es la moción de censura

Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.

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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.

Senado, Discapacidad, Martin Lousteau

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Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado

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El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.

El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.

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El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.

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En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.

Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.

El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.

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El video:

La entrada Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado se publicó primero en Nexofin.



Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo

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