POLITICA
La Inspección General de Justicia espera que la AFA aclare sus balances antes del 20 de enero y no descarta nombrar veedores
La Inspección General de Justicia (IGJ) inició una etapa de definiciones con impacto en el fútbol argentino. Con plazo hasta el 20 de enero, el organismo espera respuestas formales de la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y la Liga Profesional de Fútbol a las intimaciones enviadas para que expliquen rubros contables globales que superan los USD 450 millones, incluidos en los balances de ambas entidades sin el nivel de detalle que, según la visión oficial, permitiría conocer su composición real.
En diálogo con Infobae, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, explicó que el reclamo de la IGJ no es reciente ni aislado. Se trata de partidas que aparecen de manera reiterada en los estados financieros desde hace ocho años y sobre las que la IGJ realizó observaciones sin obtener respuestas concretas. “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga (que ahora se denomina Liga Profesional de Fútbol) expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”, afirmó Vítolo.
La demanda oficial apunta a un aspecto clave del control estatal sobre asociaciones civiles que administran recursos elevados y que ahora deben rendir cuentas antes del 20 de enero. Vítolo precisó que la obligación legal de la IGJ no se limita a verificar la presentación formal de los balances, sino a comprender qué representan realmente las cifras consignadas. “Como autoridad de contralor y en cumplimiento de la ley, la IGJ debe determinar no solo lo que está dentro de las partidas globales cuestionadas, sino también qué es lo que no se muestra en las mismas”, señaló Vítolo.
Ese planteo aborda una de las líneas más sensibles del proceso. “Es decir, los fondos que, correspondiendo a la AFA o a la Superliga por sus actividades y derechos, pudieran no figurar ingresados a ambas instituciones o hayan sido desviados por las mismas”, agregó el funcionario.
Balances bajo observación y el papel de los auditores
El requerimiento de la IGJ no se dirige solo a la AFA y la Superliga. También abarca a los auditores externos que, año tras año, certificaron que los estados contables reflejaban razonablemente la situación patrimonial de ambas entidades. Para Vítolo, su intervención es clave para comprender cómo se validaron cifras de semejante volumen, que ahora deberán ser explicadas antes del 20 de enero.
“Aspiramos a que los auditores que han afirmado que estas cifras reflejan razonablemente la situación patrimonial de las entidades puedan brindar sus propias explicaciones y clarificaciones”, señaló Vítolo. Además, especificó que esas explicaciones deben abarcar no solo criterios técnicos contables, sino también los controles aplicados en un contexto especialmente sensible. “No solo respecto de estas observaciones, sino también en relación con los procedimientos que ellos llevaron a cabo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de ciertas actividades en el país y en el exterior”, indicó.
La mención no es casual. Según explicó el inspector general, el pedido de precisiones se formula “en especial a partir de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones en sede penal respecto de una suerte de aparente oscuro manejo de fondos y de negocios vinculados con ambas instituciones”. En este contexto, la IGJ considera indispensable conocer qué controles se aplicaron para verificar el origen y el destino del dinero dentro del plazo establecido.
Otro aspecto que observa el organismo es el destino de fondos hacia actividades que podrían no estar directamente vinculadas al objeto social de la AFA. Vítolo mencionó de manera explícita el caso de la llamada “Universidad de la AFA”, sobre la cual se requieren detalles que también deberán ser aportados antes del 20 de enero. “Del mismo modo necesitamos precisiones sobre el direccionamiento de fondos hacia actividades no vinculadas con el objeto social de la AFA”, sostuvo Vítolo.
El plazo, la intimación y la alternativa de los veedores
Las intimaciones de la IGJ establecieron un límite concreto. La AFA y la Superliga tienen plazo hasta el 20 de enero para responder y aportar la información solicitada. A partir de esa fecha, el organismo evaluará la calidad y el alcance de las explicaciones recibidas.
Vítolo detalló qué puede suceder si las respuestas no llegan o resultan insuficientes. “Si no contesta la AFA la intimación o se niega a dar la información, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, afirmó Vítolo.
El inspector general subrayó que se trata de una herramienta prevista en el marco legal vigente y que no implica una intervención en la vida institucional del fútbol. “No es intervención en la administración ni en el funcionamiento de la AFA. Es solo una veeduría informativa para recabar la información de los balances y de las otras cuestiones que le hemos preguntado y que la AFA no ha respondido”, explicó.
El objetivo de esa eventual veeduría sería estrictamente informativo: acceder a libros, registros y documentación para reconstruir la trazabilidad de los fondos y verificar la consistencia entre lo declarado y lo efectivamente administrado. Según Vítolo, una vez recibidas las respuestas de la AFA, de la Superliga y de los auditores —o vencido el plazo del 20 de enero— la IGJ realizará una nueva evaluación de la situación para definir los pasos a seguir.
El contexto y la advertencia de fondo
Aunque el eje inmediato del reclamo es administrativo y contable, la entrevista deja ver un contexto más amplio. Consultado sobre la posibilidad de que el caso escale a instancias judiciales internacionales, Vítolo comparó el escenario con el FIFA Gate, el escándalo que estalló en 2015 y expuso una red de corrupción sistémica en el fútbol mundial.
“Si se comprueban las sospechas que existen sobre ciertos manejos económicos y financieros y se prueban las acusaciones de desvíos de fondos, manejos cambiarios y potenciales negocios espurios que investiga la justicia, estaríamos frente a un escenario aún más grave en cuanto a volumen que el FIFA Gate”, afirmó Vítolo. Recordó que en aquel caso se hablaba de unos USD 200 millones, mientras que en el plano local ya se mencionan cifras superiores a los USD 400 millones.
Vítolo repasó el origen del FIFA Gate para explicar por qué las inconsistencias contables pueden ser el inicio de investigaciones de gran escala. “Aquel caso comenzó de la misma manera que este, con objeciones y cuestionamientos en relación con inconsistencias en los estados contables y financieros de la institución”, recordó Vítolo. “Aquella fue la llave que abrió la Caja de Pandora”.
El inspector general también abordó las consecuencias personales que podrían afrontar los dirigentes si se confirmaran ilícitos. Destacó que la AFA, la Superliga y la Selección argentina no deberían verse afectadas institucionalmente, ya que la responsabilidad recaería en las personas físicas que posibilitaron las conductas cuestionadas. En ese sentido, citó el artículo 144 del Código Civil y Comercial.
“Serán eventualmente los miembros del Consejo Directivo de la AFA y de la Superliga, los dirigentes de los clubes asociados que avalaron tales conductas y los fiscalizadores quienes deberían responder”, sostuvo Vítolo.
Al cierre de la entrevista, Vítolo introdujo una advertencia sobre los tiempos. Este tipo de procesos, explicó, suelen resultar largos y complejos. El FIFA Gate, recordó, comenzó a gestarse a principios de los años 2000 y sus derivaciones judiciales aún no han finalizado.
Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en una fecha precisa: el 20 de enero. Para la IGJ, ese día será decisivo para establecer si el proceso se encamina por la vía de las explicaciones voluntarias o si el Estado debe avanzar con herramientas de control más rigurosas, como la designación de veedores, para esclarecer el manejo de los fondos del fútbol argentino.
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del Indec tras la salida de Marco Lavagna
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.
La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.
Esta publicación en el Boletín Oficial llega una semana después de que se haga pública la salida de Lavagna. La renuncia se da, a su vez, en un marco creciente tensión al interior del Gobierno por cómo medir el proceso de desinflación.
La salida de Lavagna tuvo que ver, informó , con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio Caputo en una entrevista en donde además detalló que se seguirá utilizando el antiguo indicador.
En Casa Rosada criticaron la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para implementar un nuevo índice de inflación.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
Luego, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual índice. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
renuncia de Marco Lavagna,LA NACION,Caputo,Manuel Adorni,Indec,Boletín Oficial,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Consejo de Paz. Milei pospuso su viaje de esta semana a Estados Unidos, tras ser convocado por Trump,,Análisis. El estreno de la hegemonía mileísta,Indec,,Ola de renuncias. Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses,,Teslas baratos y el sueño del 0%. La profecía de Milei agita las urgencias del Gobierno,,»Recuerdos de intromisión». The Wall Street Journal afirma que los cambios en el INDEC «sacuden la confianza» en Milei
POLITICA
Bullrich se reunirá hoy con los dialoguistas en el Senado para definir el articulado final de la reforma laboral
A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy -a las 18- la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.
Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.
En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.
Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.
La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.
Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo: “Nunca sabes lo que te va a tocar”. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.
El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.
Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.
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