El Gobierno de Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia y se encamina, de no mediar alguna acción que la evite, a sufrir una dura derrota política si es que, como lo decidió la vicepresidenta Victoria Villarruel, el próximo jueves al mediodía el Senado sesiona para discutir las postulaciones de ambos candidatos.

Con la Casa Rosada todavía negándose a negociar votos por cargos, como pide el kirchnerismo, en despachos del Senado con comunicación aceitada con el Gobierno se empezaron a barajar la semana pasada alternativas para evitar que se concrete la sesión. El fracaso por falta de quorum o la postergación de la convocatoria son las posibilidades en danza. Hay una tercera, por el momento descartada, que es que el Poder Ejecutivo pida el retiro de los pliegos.

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La opción de patear la sesión para una fecha posterior fue explorada por el peronista correntino Carlos Espínola, presidente del bloque Las Provincias Unidas que mantiene línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien se la hizo llegar a la vicepresidenta. La respuesta de Villarruel fue que esa no es una decisión que pueda tomar por iniciativa propia, que debe mediar un pedido de varias bancadas para poder darle curso.

Cuando faltan tres días para la sesión, una eternidad en el vértigo de la política nacional, la nominación de Lijo cuenta con al menos unos 30 votos en contra. El caso de García-Mansilla es aún peor, ya que toda la bancada peronista de Unión por la Patria, 34 senadores, está dispuesta a rechazar su designación. Además, sumaría un par de votos más de otros bloques.

De continuar así, estos números implicarían un final dramático y traumático para la novela iniciada en mayo del año pasado, cuando el Gobierno envió los pliegos de ambos postulándolos para completar el máximo tribunal de justicia del país y cabeza del Poder Judicial. Lijo fue propuesto para ocupar la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia en 2021 y García-Mansilla, de manera anticipada, para ocupar el lugar que dejó Juan Carlos Maqueda, jubilado a finales de diciembre.

El número del bloqueo

Esto es así porque para darle acuerdo a un juez de la Corte la Constitución exige el apoyo de los dos tercios de los presentes. Visto desde otra perspectiva, alcanza con que 25 senadores, el tercio más uno del total de los 72 miembros del Senado, vote en contra para frustrar cualquier candidatura.

Lo sabe bien Cristina Kirchner, que debió dar marcha atrás en 2015 con la postulación de Roberto Carlés después de que 25 senadores de la oposición firmaran un compromiso de que no iban a darle a un gobierno en su último año de mandato la posibilidad de nombrar a un juez en el tribunal.

Según sostiene José Mayans (Formosa), jefe de la bancada de Unión por la Patria, son 20 los senadores dispuestos a votar el rechazo de Lijo por haber aceptado asumir como juez de la Corte Suprema por decreto del Poder Ejecutivo. En conversaciones con otros senadores, la bonaerense Juliana Di Tullio estira esa cifra a 24 rechazos, confiaron fuentes peronistas.

A García-Mansilla, en tanto, el kirchnerismo nunca estuvo dispuesto a votarlo y menos aún después de convertirse en juez supremo “en comisión”. Se espera que, salvo alguna excepción, el rechazo de Unión por la Patria a su pliego sea masivo.

Si bien la asunción de Lijo no se concretó, ya que el máximo tribunal le impidió jurar al exigirle que antes renuncie a su condición de juez federal con despacho en Comodoro Py, el kirchnerismo duro por ahora sigue las órdenes de la presidenta del PJ, que quiere obligar al Gobierno a negociar. Exige, como mínimo, un cargo en la Corte para una mujer del gusto de la expresidenta. Sin respuesta a esta demanda, la idea es patear el tablero y volver todo a fojas cero rechazando a ambos candidatos.

A la veintena de senadores kirchneristas habría que sumarle al menos tres radicales que ya hicieron público su oposición a la nominación del juez federal. Ellos son Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Carolina Losada (Santa Fe) y Martín Lousteau (Capital).

Pro aportaría otros cuatro votos en contra: Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Martín Goerling (Misiones), Luis Juez (Córdoba) y Guadalupe Tagliaferri (Capital). También adelantó su rechazo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, aunque su alineamiento con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que defendió públicamente a Lijo, tal vez la lleve a cambiar de idea o, al menos, a sumarse a la estrategia de no dar quorum.

Así se alcanzarían los 30 votos en contra del juez federal, al que se podría sumar el de la cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Las Provincias Unidas. La esposa del exgobernador Juan Schiaretti rechazó de manera pública la designación de jueces por decreto y votaría en contra de los dos pliegos.

En el caso de García-Mansilla, a los 34 senadores de Unión por la Patria debería sumarse Lousteau y Tagliaferri, que impulsaron la aprobación del dictamen del catedrático en la Comisión de Acuerdos con el fin de poder facilitar su tratamiento en el recinto con el fin de rechazarlo por haberse prestado a una jugada que la senadora porteña calificó de “al filo de la Constitución” para sortear el veredicto de la Cámara alta.

Estos números están en poder del oficialismo y sus aliados, que se lo han hecho llegar en reiteradas oportunidades a la Casa Rosada. El cordobés Luis Juez, amigo personal de Milei, fue el primero en recomendarle al Gobierno que retire los pliegos para evitarse una derrota legislativa. También lo hizo el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes), pero en su caso para evitar que muchos de sus correligionarios de bancada, que apoyan de manera vergonzante la candidatura de Lijo, tengan que exponer su posición en el recinto de la Cámara alta. No obtuvieron respuesta del Gobierno.

En este escenario, desde algunas usinas oficialistas comenzaron a filtrar la posibilidad de que la sesión fracase por falta de quorum y apuntaron sus dedos en dirección a los cuatro senadores de Unión por la Patria que la semana pasada crearon un nuevo bloque. “Que se olviden de eso, vamos a ser los primeros en bajar al recinto”, respondió ante la consulta de LA NACION uno de esos legisladores.