POLITICA
La interna entre los Kirchner y Kicillof vuelve a sacudir al peronismo y complica la convivencia bonaerense

Axel Kicillof está parado en el centro de la escena política de la provincia de Buenos Aires y, lentamente, pasará a ocupar un lugar en el escenario nacional. Es parte de un camino que está dispuesto a recorrer para construir un liderazgo que trascienda la provincia, impulsar una discusión del peronismo en el interior y darle solidez a un proyecto político que tiene, como objetivo final, ser candidato a presidente de la Nación en el 2027.
Ese lugar que ocupa está rodeado de presiones que llegan desde La Cámpora, que lo confronta, desde San José 1111, donde Cristina Kirchner hace sentir la cuota de poder que conserva, pero también desde adentro de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde se concentran los intendentes que le responden. En este último caso hay miradas disímiles sobre el camino que debe seguir el Gobernador. El estilo deliberativo de Kicillof, que le da lugar a los jefes comunales para que discutan posiciones en largas reuniones, ha cambiado la dinámica en la toma de decisiones.
Si bien el Gobernador, como es lógico, tiene la última palabra, la postura de los intendentes tiene un peso propio que no tuvo en el anterior mandato del economista. Kicillof lleva adelante una estrategia de diferenciación de CFK y una construcción de su liderazgo que, en muchos casos, le hace morder la lengua a los más duros del esquema político que lidera. A los que quieren más velocidad y más contundencia en sus decisiones. Y a los que quieren, sobre todas las cosas, que dé señales contundentes de un quiebre con los Kirchner y La Cámpora.
Esa postura interna expone dos realidades. La primera es que la mayor parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires ven en el Gobernador a un líder en crecimiento, que necesitan consolidar para, en el menor tiempo posible, limitar la influencia de la ex presidenta dentro del esquema político y en las decisiones electorales. Porque, como confesó un experimentado dirigente del conurbano, “a los intendentes peronistas les gustan que los ordenen y los conduzcan”.
Quieren convertir a Kicillof en jefe, pero se enfrentan a un dirigente que tiene un estilo de jefatura diferente a la que conocen. El desafío es por dos. El Gobernador tiene que mantener el equilibrio en una estructura que le está sirviendo de base para discutir poder dentro del peronismo y los intendentes deben adaptarse a un liderazgo que se está reconfigurando como consecuencia de los resultados electorales, las disputas internas y las ambiciones del futuro.
La segunda realidad es que Kicillof avanza a paso firme, pero con tiempos y formas que son distintas a las que muchos jefes comunales quisieran. Algunos ya se hubiesen distanciado del cristinismo, otros hubiesen salido a pedir en público la conducción del PJ y otros ya hubiesen empezado a viajar a las provincias para edificar un liderazgo por fuera de los límites bonaerenses. Cada cual tiene su libro, sus intenciones y sus necesidades.
Pero el Gobernador juega a su ritmo y eso es también una forma de liderar. Distinta a las de muchos caudillos del conurbano, pero que, hasta aquí, le ha servido para conseguir un lugar en la mesa de negociación de la cúpula peronista, para tener mayor influencia en el armado de listas, para formar una agrupación desde cero y para sostener una decisión trascendente como el desdoblamiento electoral. Y, especialmente, para independizarse del madrinazgo político de la ex jefa de Estado.
Las distintas miradas en el MDF pueden divisarse alrededor de uno de los nuevos ejes de conflicto que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires: la presidencia del PJ Bonaerense. Máximo Kirchner tiene mandato vigente hasta el 18 de diciembre de este año y entre los principales dirigentes del partido está estipulado realizar una reunión del consejo para votar una prórroga de su mandato y convocar a elecciones para marzo del año que viene.
Kirchner tiene intenciones de seguir. Quiere cuatro años más al frente del partido. Pero aún debe buscar consenso interno para poder consolidarse como la principal opción. En el MDF hay distintas miradas respecto al futuro de ese sillón, pero hay una en la que coinciden todos: no quieren que el líder de La Cámpora continúe al mando del partido.

En el esquema político de Kicillof, que contiene a más de cuarenta intendentes y a líderes sociales y sindicales, hay un sector que empuja la idea de que sea el propio gobernador el que tome la posta de Kirchner y se haga cargo del PJ Bonaerense. “Axel tiene que aceptar ser el presidente del partido. La conducción política del PJ es importante. Tiene que salir al país diciendo que conduce el peronismo bonaerense y el partido”, analizó un histórico intendente bonaerense que es parte del kicillofismo.
Otro mandatario, también con recorrido en el peronismo bonaerense, cree que hay que convocar a una “gran interna”, porque hace falta “mayor democracia en el partido” y que considera que entre los candidatos tiene que estar Kicillof. Entiende también que es una forma de revitalizar el partido y legitimar la conducción. “Los que crean el fantasma de que una interna es dañina para todos, son los que están enamorados de la lapicera”, advirtió.
Hay jefes comunales que piensan todo lo contrario. Consideran que lo mejor es que el sillón de la presidencia esté ocupado por un delegado de Kicillof pero no por él mismo. “Axel tiene la proyección de ser candidato a presidente en el 2027. Hay que cuidarlo y hay que blindarlo. Que se haga cargo del PJ Bonaerense es exponerlo”, resumió un intendente del interior.
“Es el momento de que Axel vaya por todo. Que rompa definitivamente con La Cámpora, que asuma la presidencia del PJ y que demuestre que la relación con CFK no va más”, precisó uno de los jefes comunales más duros del grupo que lidera el Gobernador.
En la puja entre ambas posturas, desde el cristinismo pusieron bajo la luz lo que consideran que es una promesa incumplida de Kicillof. Según explicaron a Infobae, durante las negociaciones previas al armado de listas para las elecciones del 7 de septiembre, el Gobernador, durante una reunión en la que participaron Máximo Kirchner y Sergio Massa, le dijo al hijo de la ex presidenta que él debía continuar al frente del PJ Bonaerense.
“Fue un acuerdo tácito. Un toma y daca en un momento donde se negociaban las candidaturas en la primera y la tercera sección electoral”, explicaron a este medio desde el cristinismo. Además, aseguran que el sábado que se cerraron las listas seccionales en la provincia, Kicillof le planteó exactamente lo mismo a Cristina Kirchner en una llamada telefónica. En definitiva, creen que el gobernador bonaerense selló un acuerdo de palabra en ese momento y que ahora está dejando correr distintas versiones de su tropa política sin hacerse cargo de lo pactado.
En La Plata fueron contundentes respecto a esa versión. Niegan el acuerdo y les parece extraño que, tres meses después de esas conflictivas reuniones, aparezca una versión de los hechos desconocida hasta el momento. “Ni en septiembre ni en octubre se discutió sobre el PJ Bonaerense. No hay nada más para pelear. Estamos afuera de la interna”, sentenciaron en la mesa chica del Gobernador.
El choque de versiones genera un pantano de acusaciones cruzadas que revitalizan la interna del peronismo bonaerense. En el kicillofismo advierten que hay una búsqueda de conflictividad permanente de parte del sector de los Kirchner, mientras que en mundo de CFK le apuntan a Kicillof por incumplir acuerdos políticos. Acusaciones cruzadas. Más allá de las versiones, las diferencias existen y se van a profundizar a medida que pase el tiempo. Ya no hay más tregua y tampoco parece haber un futuro de unidad verdadera.
En la última semana hubo expresiones de dos intendentes que llamaron la atención dentro del peronismo de la provincia. La primera tuvo como protagonista a Ariel Sujarchuk. El intendente de Escobar posteo en sus redes sociales el comunicado que publicaron los jefes comunales del MDF, en el que defendieron el desdoblamiento, pidieron no repartir culpas y marcaron a Kicillof como el principal protagonista de la reestructuración del peronismo.
Sujarchuk no es parte del MDF, pero el guiño público lo acerca, inevitablemente, al esquema de Kicillof. Unos días antes, también en sus redes sociales, había publicado un comunicado del PJ de Escobar, que él preside, en el que cuestionó el armado de la lista para la elección del 26 de octubre, la falta de debate y la ausencia de una convocatoria para trabajar en la campaña. Fue un mensaje directo al corazón del kirchnerismo.
Pero más extraño aún fueron las declaraciones que hizo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, al streaming Uno Tres Cinco, en las que aseguró que “faltó una lista que expresara territorialidad y entusiasme militarla” y reconoció: “Acompañamos, hicimos campaña y costó. Por los resultados, se ve que la lista no entusiasmó”. La línea del mensaje es la misma que han utilizado en el kicillofismo desde que se concretó el armado de la nómica hasta aquí. Un diseño que le adjudican, en su totalidad, a la ex presidenta.
Fernández es una intendenta muy cercana a los Kirchner. Una evidencia de esa relación es el lugar que ocupa en el PJ Nacional. Fue convocada por CFK para ser una de las vicepresidentas del partido. Por eso sus definiciones tomaron otra relevancia y dan cuenta de que, lentamente, el peronismo bonaerense empieza a discutir el futuro del espacio y el lugar donde estará concentrado el poder.
En esa película de discusiones cruzadas que transmiten cada día en el agitado mundo del peronismo bonaerense, Kicillof trata de hacer pie y edificar una propuesta política que sostenga sus pretensiones a futuro. Y, al mismo tiempo, apuesta a solidificar su autonomía de Cristina Kirchner. Con sus tiempos, sus formas y sus maneras.
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POLITICA
El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral

La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a .
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En Balcarce 50 señalan que el diseño de la estrategia está en manos de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), cuya titular es Santiago Castro Videla; y del segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Se trata de tres personas cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del propio Poder Judicial sostienen que creen que será por la reducción de cargos y juzgados que implicará el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una transferencia que contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados.
El cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña. La inclusión del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se tejió en silencio entre las administraciones nacional y de la Ciudad, y en los últimos días tomó por sorpresa tanto a los jueces y como al gremio de empleados judiciales.
En el Palacio de Gobierno no ocultan la satisfacción por esa reducción ante un fuero cuya “discrecionalidad” y “parcialidad” suele ser motivo de diferentes críticas por parte del Poder Ejecutivo, que suele machacar sobre los perjuicios que surgen de la “industria del juicio”.
Cuando la semana pasada, horas antes del debate en el Senado, se conoció que el traspaso se incluiría en el articulado de la reforma laboral, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y gremios como el que encabeza Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Respecto de lo que pueden ser las presentaciones de los gremios, en las filas libertarias creen que los planteos pueden venir por lo que contiene el articulo que modifica el orden de prelación de los convenios de trabajo.
En el texto del Gobierno se establece la posibilidad de que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor aún si tiene condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. Lo que implica que un convenio colectivo de una empresa o de una región pueda imponerse sobre el convenio nacional de rama de actividad.
En la Casa Rosada también creen que el sindicalismo podría rechazar que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, inclusive cuando estén vencidos.
Del mismo modo, entienden que podrán ser objetos de judicialización los puntos referidos la reducción, por distintas vías, de las indemnizaciones a los trabajadores y las multas a los empleadores.
Los gremios ya tienen el antecedente de haber logrado amparos judiciales contra el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, a poco del comienzo de la gestión mileísta. En el caso del primero, la Corte Suprema aún no dio una respuesta definitiva, pese a que pasaron ya dos años. En cuanto a la Ley Bases, lograron que la justicia laboral suspendiera y declarara inconstitucional el Título IV, un hecho que en las filas violetas no olvidan.
“Hay que esperar y ver”, dicen en cerca del presidente Javier Milei, donde todavía priorizan las negociaciones pendientes para asegurar la sanción de la ley Diputados, pero ya trabajan en los escenarios de judicialización posibles.
traspaso,salda una deuda de 30 años,Cecilia Devanna,Reforma laboral,Javier Milei,Justicia,Conforme a,Reforma laboral,,Frente sindical. Uno de los jefes de la CGT sostuvo que “están dadas las condiciones” para un paro general,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Con la IA. Cuál es el sacudón en el mercado laboral que predice Bill Gates
POLITICA
“El primo de Pampita”: fuerte cruce entre Grabois y un diputado que lo acusó de instigar a la violencia en la marcha contra la reforma laboral

En la Cámara de Diputados se vivió un episodio de máxima tensión cuando Martín Ardohain impulsó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois, señalándolo como instigador de los disturbios ocurridos en la movilización previa al debate por la reforma laboral. El cruce se desarrolló en el contexto de la sesión donde se analizaba la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad, lo que incrementó la expectativa y el ruido político dentro del recinto. El reclamo de Ardohain, conocido por algunos como “el primo de Pampita”, apuntó directamente contra la presencia de dirigentes opositores en manifestaciones que, según describió, terminaron en episodios violentos.
El diputado Ardohain calificó de “preocupante y lamentable” el rol de ciertos referentes políticos en las protestas. Planteó que la participación de legisladores en la vía pública, donde se registraron hechos como la quema de bombas molotov y daños materiales, resulta incompatible con la responsabilidad institucional. “Las diferencias políticas deben resolverse en este Congreso y no en la calle”, enfatizó el legislador, y convocó a sus pares a defender la institucionalidad y el sistema democrático ante lo que consideró intentos de alterar el orden público.
La intervención de Ardohain se extendió algunos minutos y generó murmullos entre los presentes, especialmente en los bloques opositores. El diputado sostuvo que lo sucedido la jornada anterior no solo afecta a la imagen del Congreso, sino que pone en cuestión los límites entre la representación política y la protesta social. Además, recalcó la importancia de mantener la separación entre funciones parlamentarias y activismo callejero.
Frente a estas acusaciones, Juan Grabois tomó la palabra con un tono desafiante y rechazó cualquier señalamiento de instigación a la violencia. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, ironizó Grabois, en una réplica que buscó desacreditar la postura de Ardohain. El dirigente social defendió el derecho de los legisladores a acompañar reclamos sociales y desafió abiertamente a Ardohain a que, si contaba con pruebas, presentara una denuncia penal en su contra.
Grabois, en una intervención cargada de críticas, defendió la legitimidad de las protestas y denunció que la represión posterior fue dirigida contra jóvenes y militantes. Remarcó que no se detiene a quienes generan incidentes violentos, sino que se apunta contra los manifestantes, profundizando así el contrapunto con el oficialismo. Sus dichos generaron nuevas interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara.
El legislador también vinculó la discusión en curso con el debate por la reforma laboral, advirtiendo sobre la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia. Además, lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos del oficialismo con el narcotráfico, lo que generó un clima aún más tenso y obligó a la autoridad parlamentaria a intervenir para restablecer el orden. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más intensos desde el inicio de la sesión.
La cuestión de privilegio presentada por Ardohain fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación. El episodio dejó expuestas las diferencias entre los bloques respecto al papel de los representantes en la calle y el límite entre la defensa de los derechos sociales y el respeto al marco institucional. El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral continuó en un ambiente enrarecido, con la atención puesta en los alcances que puedan tener las denuncias cruzadas.
El contexto general de la sesión estuvo atravesado por la reciente aprobación en el Senado de la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, temas que motivaron la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. La tensión en la Cámara se reflejó tanto en los discursos como en los gestos, evidenciando la profundidad del conflicto político y social en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno.
POLITICA
Pese a las críticas por las licencias médicas, el Gobierno dice que no aceptará cambios en la reforma laboral

El Gobierno ratifica que no aceptará cambios al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado pese a las tensiones por el capítulo de licencias por enfermedad. El Ejecutivo endurece la postura ante los aliados y busca que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada insisten con que el objetivo es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y que pueda promulgarse antes del 1 de marzo. La mesa política de Nación aceleró el cronograma parlamentario y trabaja para convocar a un plenario de comisiones esta semana.
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En Balcarce 50 reconocen que el artículo tomó mayor dimensión pública tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ejemplificó el alcance del artículo al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol. En el oficialismo admiten que generó tensiones internas y advierten que “nadie se hizo cargo” de la iniciativa.
Más allá de las diferencias, en los distintos despachos oficiales unificaron la postura sobre que no contemplarán cambios. Argumentan que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine los porcentajes y establece límites temporales, e insisten con que “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”.
El artículo -que fue incorporado en el Senado- reduce el porcentaje salarial y limita los plazos de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la enfermedad o el accidente derivó de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% si no queda encuadrado bajo ese tipo de conductas.
En ambos casos, la licencia contemplada es de hasta tres meses si no tiene cargas de familia y de hasta seis meses si las tuviera. La reforma elimina el pago del 100% del salario y la extensión hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con más de cinco años de antigüedad. La modificación también introduce nuevos requisitos formales.
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Plantea que las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados, y que el empleador podrá disponer controles médicos propios. La norma prevé también la participación de una junta médica en una entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos en casos particulares.
El capítulo generó resistencias en bloques aliados, que evalúan impulsar cambios en Diputados. Integrantes de las bancadas aliadas advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo puede derivar en mayor judicialización.
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