POLITICA
Habló de chats comprometedores: la jueza Makintach dijo que tenía permiso para grabar el documental de Maradona
Julieta Makintach, la jueza del fallido juicio por la muerte de Diego Maradona, presentó esta tarde su defensa por el escándalo del documental en la comisión de juicio político, aseguró que sus superiores sabían de las grabaciones y dijo que tiene chats para aportar.
Su abogado, Darío Saldaño, presentó ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el descargo de la jueza suspendida ante las acusaciones.
Son momentos decisivos para Makintach, que ya presentó la renuncia, pero Axel Kicillof aún no se la aceptó. En unas dos semanas, si el Gobernador no da curso a la dimisión, el jury avanzará y el desenlace sería la destitución.
Ahora la presidenta de la Corte Hilga Kogan debe convocar a una reunión para la admisibilidad de la prueba. Una vez que eso ocurra, la jueza ya no podrá renunciar y deberá someterse al jury.
En el escrito, al que tuvo acceso TN, Makintach sostiene que los tres jueces del tribunal y los presentes conocían de la existencia de la cámara, que ella había comunicado por las vías informales a sus superiores, que no se ventiló ninguna cuestión propia del debate en esas tomas y que la difusión de actos públicos corresponde al sistema republicano de gobierno.
Las denuncias contra Makintach fueron presentadas por Julio César Coria, Fernando Míguez, Florencia Retamoso, Agustín Romo, María Florencia Arietto y Fernando Burlando, además de la Procuración.
Los denunciantes alegan “mal desempeño de sus funciones”, “incumplimiento de sus deberes” y “posibles comisiones de delitos” por parte de la jueza.
Apuntan a que Makintach habría participado activamente en grabaciones no autorizadas, utilizado recursos públicos para un proyecto con fines comerciales y faltado a la imparcialidad que requiere su cargo. La defensa presentará en el plazo de dos semanas un descargo buscando atacar cada uno de esos puntos.
Según pudo saber TN, hubo cierto alivio en el entorno de la jueza suspendida porque finalmente las acusaciones no tuvieron la gravedad que trascendieron cuando estalló el escándalo por el documental que era grabado con Makintach como protagonista sobre el juicio del caso Maradona.
La Comisión elevó el 14 de julio, antes del inicio de la feria judicial, a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Hilda Kogan, un informe sobre la última sesión del 11 de julio. Allí la Comisión Bicameral resolvió asumir el rol de acusadora por las denuncias contra Makintach, jueza del Tribunal Criminal N° 2 de San Isidro.
Además de Makintach, hay denuncias que involucran a los jueces que la acompañaban en el juicio por el caso Maradona, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. La Comisión resolvió no expedirse sobre ellos hasta que avancen las investigaciones penales, según el documento de 31 carillas. En paralelo, Makitanch enfrenta un juicio penal por el documental del caso Maradona.
El objetivo final de la Comisión es remitir los dictámenes para su incorporación en cada una de las causas.
Makintach había sido suspendida por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y se le aplicará un descuento del 40% de su salario.
En ese entonces, su abogado Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace dos meses.
“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito.
Lee también: Cómo se gestó el documental del escándalo y cuándo podría definirse el futuro de Makintach
Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”.
Saldaño presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.
“Justicia Divina”, el documental del escándalo
Según un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”.
D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”.
La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal.
Veronica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, el tribunal que iba a resolver el juicio por la muerte de Diego Maradona. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El 21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”.
En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”.
Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada.
Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia.
El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán.
D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que “siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”.
Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz y el desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona.
Julieta Makintach, Diego Maradona
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno recurrió la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El conflicto entre la Casa Rosada y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno nacional presentó una apelación contra la medida cautelar que lo obligaba a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que dispone la actualización de salarios docentes y el refuerzo de partidas presupuestarias para el sistema educativo superior.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, el Ejecutivo solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que, de ser aceptado, dejaría sin aplicación inmediata el fallo de primera instancia mientras se analiza el caso.
La resolución cuestionada había sido dictada por el juez federal Enrique Cormick tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a decenas de casas de estudio. El magistrado consideró que la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar la ley implicaba una omisión concreta de obligaciones legales y afectaba el normal funcionamiento de las universidades.
En su fallo, el juez también había cuestionado el decreto presidencial que dejó en suspenso la aplicación de la norma hasta que se establecieran fuentes específicas de financiamiento. Desde la Justicia se entendió que esa medida podía resultar incompatible con una ley ya sancionada por el Congreso.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo en su apelación que la decisión judicial invade atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Según la argumentación oficial, cualquier incremento de partidas debe estar respaldado por recursos identificados dentro del Presupuesto nacional, ya que de lo contrario impactaría en el equilibrio fiscal.
La administración nacional calificó la cautelar como arbitraria y advirtió que obligar al Estado a ejecutar gastos sin previsión financiera podría generar distorsiones macroeconómicas. En esa línea, también planteó objeciones sobre la imparcialidad del juez interviniente, al señalar que su actividad docente universitaria lo ubicaría dentro del universo de beneficiarios de la medida. La recusación, no obstante, fue rechazada por la Cámara.
Ahora el tribunal de alzada deberá resolver si confirma la cautelar o la deja sin efecto. La decisión tendrá consecuencias directas tanto en los salarios del personal docente como en el presupuesto operativo de las universidades nacionales.
Masiva marcha de estudiantes y docentes universitarios en 2024. Fuente: Infobae.
El trasfondo del conflicto es político y económico. Desde 2024, el sistema universitario protagonizó movilizaciones masivas en distintas ciudades del país reclamando mayor financiamiento. Las protestas se intensificaron luego del veto presidencial a la ley votada por el Congreso, lo que derivó en la vía judicial adoptada por las autoridades académicas.
En paralelo, el Gobierno abrió negociaciones con representantes universitarios para avanzar en un nuevo esquema legal. Funcionarios de la Secretaría de Educación mantuvieron reuniones con las autoridades del CIN con el objetivo de diseñar una alternativa normativa que contemple recursos disponibles y otorgue previsibilidad al sistema.
La estrategia oficial apunta a impulsar un nuevo proyecto legislativo que reordene el financiamiento sin comprometer las metas fiscales. Desde el sector universitario, en tanto, reclaman certezas presupuestarias y actualización salarial ante la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años.
Mientras tanto, el escenario permanece abierto: la decisión de la Cámara será determinante para saber si el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley vigente o si podrá continuar la negociación política antes de un nuevo debate en el Congreso.
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Enrique Cormick,Ley de Financiamiento Universitario,Medida Cautelar
POLITICA
Liberaron a 54 de los 71 detenidos tras los disturbios en la marcha contra la reforma laboral
Al menos 54 de los 71 detenidos por los disturbios registrados ayer en la movilización convocada contra la reforma laboral fueron liberados. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.
Los 14 que continúan detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo.
En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, identificó a cuatro manifestantes que participaron de los disturbios y avisó que la Policías los irá a buscar. “Quisieron desestabilizar el país”, denunció la sucesora de Patricia Bullrich en un mensaje por redes sociales en el que mostró los rostros de los agresores.
La ministra acusó a Matías Enzó Roldán, Federico Mazzagalli, Patricio Castellán y Denis Alejandro Figueroa.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad “está tomando declaraciones” por videollamada y, “en la medida en que no tengan antecedentes, serán liberados”, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.
Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización. Estos últimos operativos se justificaron en órdenes de captura e infracciones a la ley de drogas. Los involucrados aún se encuentran en proceso de identificación. “Hay uno de los que tiró una molotov”, advirtió una fuente del Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Monteoliva, en diálogo con .
Los incidentes entre un grupo de manifestantes de izquierda y las fuerzas de seguridad desarmaron casi por completo la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) a media tarde. Los principales focos de tensión se concentraron entre las 15.30 y las 16.30, cuando algunos manifestantes derribaron vallas y lanzaron bombas molotov, mientras la Policía respondió con carros hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma. Hacia las 19, un último barrido policial dispersó a los grupos que permanecían en la zona.
Monteoliva, responsable de los operativos de seguridad de Nación, identificó esta mañana en A24 a los “grupos violentos” presentes en la movilización con la “izquierda combativa” que, según indicó, son “los que tenían las bombas molotov”, y “los barrabravas unidos”.
Explicó que ayer se formalizó la denuncia, en la que se reunieron imágenes para pedir la identificación y clasificar las “tipologías”: “Un personaje que viene y adentro de su mochila tiene un bidoncito de nafta y una bomba molotov, está claro que no viene a expresar disconformidad por nada. Viene a atentar contra la institucionalidad”. “Van a desestabilizar”, sintetizó. Consideró que “no son manifestantes contra ninguna reforma” dado que “si hay algo que no saben es de trabajar”.
Informó, además, que 12 policías resultaron heridos -siete de las fuerzas federales y cinco de Ciudad-, pero que están “todos estables y fuera de peligro”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en redes que “quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas” y el ministro del Interior, Diego Santilli, que “no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados”.
La jefa del bloque libertario en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió durante los disturbios: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.
En tanto, el presidente Javier Milei publicó: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA. Fin”.
El diputado nacional Juan Grabois estuvo presente en la marcha y luego en Suárez 2050, el Centro de Admisión y Derivación. Allí sostuvo que “la mayoría” de los detenidos se movilizaron “pacíficamente” y expresó que se trata de “la forma que tiene esta repugnante derecha inhumana de tapar el crimen social que están cometiendo”.
los disturbios registrados ayer,pic.twitter.com/YocVesXTCC,February 12, 2026,un grupo de manifestantes de izquierda,marcha,Marcha de la CGT,Reforma laboral,Conforme a,,Hay detenidos. La marcha contra la reforma laboral se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía,,Optimismo oficial. El Gobierno arremetió contra la izquierda por los disturbios en el Congreso, pero no confrontó con la CGT,,Indemnizaciones. Cómo funcionará el fondo para financiar los despidos que estará bajo control del Estado,Marcha,,Tensión, incidentes y detenidos. Marcha de la CGT: mapa y horarios de cortes, este miércoles 11 de febrero,,Hay varios detenidos. Incidentes entre manifestantes y la policía en la marcha por los jubilados en el Congreso,,»Fue un magnicidio». Con una “procesión” a las torres Le Parc, comenzaron los actos de homenaje a Nisman
POLITICA
El particular video que publicó Patricia Bullrich tras la media sanción de la reforma laboral
La senadora Patricia Bullrich compartió hoy un particular video en sus redes sociales que retrata diferentes momentos de la sesión en el Senado que terminó con la media sanción de la reforma laboral. El material, de menos de un minuto, muestra a la exministra de Seguridad en distintos momentos de la jornada parlamentaria: cómo se preparó para ingresar al recinto, fragmentos de su discurso y la celebración tras la votación final.
Los expertos en cine rápidamente encontraron en las imágenes una referencia a “El Diablo se viste a la moda”, película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway -entre otros-.
En términos concretos, el texto que aprobaron los senadores introdujo 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral. Vacaciones, indemnizaciones por despidos y banco de horas son algunos de los puntos del texto que impactarán de manera más inmediata sobre los trabajadores.
En cuanto a las vacaciones anuales, y de acuerdo a la norma, se deben conceder entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.
La fecha de inicio debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días. Las Convenciones Colectivas de Trabajo pueden establecer sistemas diferentes de notificación, de acuerdo con las particularidades de cada actividad.
Como novedad, el empleador y el trabajador pueden convenir el fraccionamiento del período vacacional. Cada uno de los tramos no debe ser inferior a siete días corridos.
Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.
Sobre las indemnizaciones por despidos, el proyecto sostiene que, en caso del desvinculamiento sin justa causa, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.
Sin embargo, a diferencia del esquema actual, no se incluyen en la base de cálculo conceptos de pago no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario o premios que no sean de pago mensual.
El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad. Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento. La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.
La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales. Asimismo, la ley prevé que, mediante convenio colectivo, las partes pueden sustituir este régimen por un fondo o sistema de cese laboral a cargo del empleador.
En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad, y en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.
El empleador y quienes tengan responsabilidad solidaria son los únicos responsables del pago de las indemnizaciones. Si el empleador decide utilizar recursos de un Fondo de Asistencia Laboral, debe cumplir un procedimiento de notificación y documentación, y la transferencia al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Por otra parte, el texto establece que, en caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas. Para grandes empresas, el máximo permitido es de seis cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta doce cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%,
Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original. Para contratos eventuales, se aplican los mismos criterios generales.
Sobre el denominado “Banco de horas”, el régimen de compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que ambas partes lo suscriban por escrito. La normativa establece que la prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.
Entre las alternativas de compensación, se incluyen el régimen de horas extras, el banco de horas y los francos compensatorios, según el marco de la jornada laboral vigente.
Luego de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, Bullrich afirmó que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados y anticipó que el oficialismo insistirá con el texto sancionado por la Cámara alta. “La ley ya está, es esta”, sostuvo durante una entrevista radial, al referirse al escenario legislativo que se abre en la próxima instancia parlamentaria.
La exfuncionaria remarcó que el Senado conserva la última palabra en el trámite legislativo y dejó en claro cuál será la postura del oficialismo frente a eventuales modificaciones. “Esto ahora se discute en Diputados y el Senado siempre tiene la última palabra”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. En ese sentido, agregó: “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”.
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