La cercanía de las elecciones nacionales y la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires coincidió con el aceleramiento de tres causas judiciales que complican al gobierno de Javier Milei: el caso de la filtración de los audios de Diego Spganuolo por las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); el expediente por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, y la investigación sobre los nexos de José Luis Espert con un acusado de lavado de dinero del narcotráfico.

En los tres expedientes hubo resonantes novedades la semana pasada, cuando se concretaron allanamientos, secuestros de celulares y cruces de llamadas. Algo inédito en un Gobierno que lleva menos de dos años en el poder.

Como no ocurría hace años, cuando la campaña electoral se judicializaba, en estos meses previos a octubre se activaron los tres expedientes que complican al Gobierno. En los tres se analizan posibles casos de corrupción o de financiamiento ilegal de la política. En el caso Espert, con auxilio del narcotráfico.

El 22 de agosto pasado, el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón presentó una denuncia en Comodoro Py 2002 para que se investigue un audio grabado al extitular de la Andis Diego Spagnulo en el que señalaba que había un retorno en la compra de medicamentos del organismo que terminaba en manos de Karina MIlei y Eduardo “Lule” Menem.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activaron en horas allanamientos a Spganuolo, a la droguería Suizo Argentina y a sus dueños, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.

Secuestraron sus celulares, servidores con sus mails, computadoras, y los expedientes de las compras de medicamentos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) elabora un informe sobre esas compras para determinar si hubo sobreprecios.

Los empresarios pretendieron anular el caso, por el origen incierto de esos audios difundidos por el canal Carnaval Stream, pero el juez Casanello lo rechazó. Y hubo otros testigos que dijeron haber escuchado a Spagnuolo repetir lo de las supuestas coimas.

A casi un mes de iniciado el caso, ahora se ramificó en busca de otras droguerías que pudieran haber vendido remedios con sobreprecios. El juez ordenó realizar 25 allanamientos la semana pasada.

El Gobierno contraatacó y dijo que fue víctima de una operación política que incluyó maniobras de espionaje. Acusó al kirchnerismo y a exintegrantes de su espacio político como la diputada Marcela Pagano. Hay una causa paralela en la que se investiga esa hipótesis y que fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.

Mientras el caso de los medicamentos perdía espacio en los medios, crecía otro escándalo: la denuncia contra Espert por su financiamiento electoral a cargo. La presentación judicial la activó Juan Grabois, que es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

El dirigente del PJ planteó en la justicia federal de San Isidro, jurisdicción donde tiene su domicilio Espert, que el candidato que era cabeza de la lista a diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, había recibido 200.000 dólares de aportes de campaña de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino preso, con pedido de extradición de los Estados Unidos por lavado de dinero.

La denuncia tenía como soporte apenas un excel, pero obtuvo del expediente de la justicia norteamericana las constancias bancarias de una transferencia que recibió Espert por esa suma, de una empresa ligada a Machado.

Empujado por la resistencia del gabinete a su postulación y a pesar de que Javier Milei lo sostuvo hasta último momento, Espert renunció a su candidatura. Pidió licencia en presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y pidió como legislador nacional hasta el final de su mandato.

Las resignaciones, lejos de acallar el escándalo político, como pretendía el Gobierno, incrementaron la actividad judicial en su contra.

El juez federal de San Isidro Lino Morabelli, que recibió la denuncia de Grabois, avanzó con velocidad apenas Espert dejó el Congreso. Primero, el fiscal Fedrico Domínguez lo imputó por lavado de dinero del narcotráfico y luego el juez allanó su despacho legislativo con anuencia de sus pares legisladores, le secuestró el teléfono celular y allanó su casa de Beccar.

En la vivienda se secuestraron tres teléfonos celulares y documentación, mientras que en su despacho cuatro teléfonos, un pendrive, cuatro computadoras, un monitor y más documentos.

Al mismo tiempo se activó el trámite de extradición de Fred Machado, su benefactor. El empresario estaba preso desde hacía 4 años en su casa en Viedma, deseando que olvidaran de su caso, pero la denuncia contra Espert lo reactivó. Su socia fue condenada por lavado de dinero del narcotráfico.

En cuestión de horas la Corte Suprema de Justicia allanó el camino para su extradición y el Poder Ejecutivo hizo saber que no se iba a oponer y empezó el proceso par enviarlo a los Estados Unidos.

Su casa fue allanada y en un tacho de basura se encontró “olvidado”, o no, el contrato que había firmado en 2019 con Espert -apenas comenzada su campaña presidencial- para la entrega de los 200.000 dólares como parte de un trabajo de asesoramiento económico, que nunca concluyó.

Los problemas de Espert con el financiamiento electoral y su relación con Machado no eran una novedad. La justicia electoral ya había sancionado su partido en 2021 porque no pudo explicar el origen de los fondos usados en su campaña de 2019. Y el fiscal federal electoral Ramiro González lo había denunciado porque por ejemplo se había establecido que utilizaba aviones de Machado para su campaña y no estaba declarado como aportes en especias ante la Justicia electoral.

Esa denuncia de 2021, que estaba en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y en manos de la fiscal Alejandra Mángano, se activó con la declaración de pilotos que trasladaron a Espert en 2019. Se comprobó que viajó en 36 ocasiones en aviones del empresario Machado.

Las dos causas contra Espert, la de San Isidro y la de Comodoro PY 2002, avanzan en paralelo y la defensa de Espert quiere que se unifiquen en lo de Martínez de Giorgi, donde confía que podrá tener mejor suerte.

En paralelo se reactivó la causa $LIBRA, la primera que incomodó al Presidente y a su hermana Karina.

El asunto explotó el viernes 14 de febrero de 2025, cuando Milei recomendó a través de X la memecoin “$LIBRA”.

Desde el discurso estaba destinada al financiamiento de pequeñas y medianas empresas argentinas. La moneda registró una suba exponencial de su valor en un primer momento y luego se desplomó.

En apenas 4 horas, mientras algunos funcionarios y cuentas relacionadas con La Libertad Avanza difundían el mensaje, la moneda perdió el 89% de su valor y hubo algunos que se hicieron millonarios y otros que perdieron fortunas. Se investiga una presunta estafa.

Las denuncias apuntaron a determinar si Milei se benefició económicamente con el negocio o si hubo transferencias de dinero de los organizadores al Presidente o a su hermana Karina.

Los impulsores de $LIBRA están hoy siendo investigados por la Justicia. Se trata de Hayden Davis, uno de los responsables vinculados al proyecto y CEO de Kelsier Ventures, y los argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, un ex funcionario libertario.

En la Argentina, la causa está en la fiscalía de Eduardo Taiano, donde avanzaba con poca velocidad hasta la última semana, cuando ordenó pericias sobre teléfonos y dispositivos secuestrados. Quiere saber si el presidente Javier Milei intercambió mensajes con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros impulsores de la “memecoin” $LIBRA, antes, durante y después del lanzamiento que desató un escándalo.

El requerimiento del fiscal Taiano también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, y abarca tanto los mensajes que hayan intercambiado, como las imágenes que puedan haber registrado durante el período bajo la lupa.

Los teléfonos habían sido secuestrados el 6 de marzo y su contenido ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores. Ahora buscan cruzar la información de esos aparatos con los números de Milei (hay 10 registrados en la causa) y el de Karina (hay uno). En tanto, la causa cambió de manos y pasó del juzgado de María Servini al de Marcelo Martínez de Giorgi.