POLITICA
La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en una causa contra Grabois por usurpación
La Justicia aceptó al Ministerio de Capital Humano como parte querellante en la causa que investiga la ocupación encabezada por el dirigente Juan Grabois en el edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires que fue escenario de una irrupción el 7 de junio de 2025. En esa fecha, un grupo estimado en unas setenta personas encabezadas por Grabois ingresó al edificio, ubicado en Austria 2593/2601, y reclamó la continuidad de la institución disuelta por el Gobierno.
La decisión judicial implica que Capital Humano ahora cuenta con plenas facultades para impulsar la investigación y promover la sanción de los responsables, de acuerdo con lo informado en un comunicado del Ministerio.
El episodio, ocurrido semanas después de la disolución del Instituto fue denunciado públicamente por funcionarios nacionales, quienes resaltaron el carácter violento de la toma. Según información oficial, el acceso al edificio se realizó tras la rotura de una puerta de blindex que comunicaba dependencias del ex instituto con el bar temático “Un Café con Perón”, diseñado como espacio cultural y gastronómico ligado a la memoria del expresidente, cuya gestión y futuro quedó bajo disputa tras el cierre de la entidad promovido por la administración nacional.
En el momento de la ocupación, los manifestantes —muchos identificados con movimientos sociales y organizaciones políticas críticas al gobierno— transmitieron la acción en directo a través de redes sociales, como fue el caso del propio Grabois. Además, la movilización contó con la participación y apoyo de los legisladores Itai Hagman y Natalia Zaracho, quienes acompañaron al dirigente durante el ingreso al inmueble. Los participantes manifestaron su intención de resistir el desalojo, defendiendo el carácter simbólico del lugar.
De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, la resolución judicial firmada por el juez federal Sebastián Ramos reconoce que el área cumple con los requisitos previstos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación para ser considerada parte querellante en la investigación. Según el texto, esta decisión otorga al Ministerio “plenas facultades para impulsar el proceso hasta la condena de los responsables”, asegurando la posibilidad de accionar legalmente durante todas las etapas del procedimiento penal. La cartera conducida por Sandra Pettovello reiteró su denuncia de que Grabois no se limitó a asistir como simple acompañante en la toma, sino que asumió un “rol activo” junto a los parlamentarios que lo secundaron en la ocupación ilícita.
La causa judicial se instruye tras la denuncia presentada por el propio Ministerio de Capital Humano, que puntualizó en el comunicado que la ocupación supuso el ingreso forzado y la continuidad en el uso no autorizado del edificio, siendo además documentada públicamente a través de videos y publicaciones difundidas por los protagonistas. El Ejecutivo nacional calificó el hecho como una “violenta usurpación” del lugar, e indicó que el compromiso oficial es “ratificar la defensa del patrimonio público y el estricto cumplimiento de la ley”. El comunicado agrega que la cartera continuará “ejerciendo todas las acciones legales necesarias para que los responsables de estos hechos respondan ante la Justicia”.
El trasfondo del conflicto se remonta al cierre administrativo del Instituto Juan Domingo Perón, dispuesto por el gobierno de Milei en el marco de una serie de medidas que eliminaron fondos estatales para entidades consideradas innecesarias por el Ejecutivo. Tras esa decisión, la sede quedó en situación de disputa.
El reconocimiento del Estado nacional como parte querellante habilita al Ministerio de Capital Humano a intervenir activamente en la investigación. La representación oficial podrá proponer medidas de prueba, participar en las audiencias y solicitar la aplicación de penas en caso de que así lo determine el tribunal competente.
El comunicado del Poder Ejecutivo cierra reiterando su objetivo de garantizar que “los responsables de estos hechos respondan ante la Justicia”.
La jueza federal de San Isidro analizó el avance del narcotráfico transnacional en la Argentina y denunció el deterioro estructural del sistema judicial. “La corrupción atraviesa los tres poderes del Estado y pone en jaque el funcionamiento democrático”, sostuvo.
Las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Camila Valero . En este contexto, Arroyo Salgado profundizó sobre la debilidad institucional en Argentina, el impacto del crimen organizado y la encrucijada en la que se encuentra la justicia nacional.
“La justicia está en un estado de agonía silenciosa. Somos muy pocos los que estamos alzando la voz para reclamar al poder político que resuelva esta situación crítica”, afirmó Arroyo Salgado tras relatar los detalles de una reciente investigación de su juzgado sobre el lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, la poderosa organización criminal brasileña. En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la magistrada alertó sobre la situación límite en la que se encuentra el Poder Judicial argentino: “Estamos en un momento bisagra. Solo tenemos dos caminos: o reconstruimos una justicia independiente, o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie”.
Narcotráfico regional y el caso Comando Vermelho: una Argentina permeable
La entrevista inició con el abordaje de una compleja causa de lavado de dinero de más de 500 millones de dólares, articulada desde el partido de Tigre y con ramificaciones internacionales. Arroyo Salgado contó que la investigación se originó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó operaciones sospechosas vinculadas al Comando Vermelho de Brasil. La justicia federal de San Isidro tomó el caso porque los principales sospechosos residían en Nordelta, dentro de su competencia territorial.
“Tuvimos que recurrir a técnicas sofisticadas de investigación, como el uso de drones, por la dificultad de penetrar los controles de seguridad de barrios cerrados como Nordelta”, relató la jueza. Según precisó, las sociedades investigadas aparentaban importar y exportar equipos electrónicos, pero sus movimientos financieros no cuadraban con la actividad declarada. “Había depósitos de personas de diversas nacionalidades: brasileños, paraguayos y chinos. Detectamos también una sociedad pantalla que financiaba la llegada de estudiantes universitarios brasileños, mientras en Brasil ya se los investigaba por delitos similares”.
“Comprobamos el lavado de al menos 520 millones de dólares provenientes del narcotráfico”, detalló. El empleo de criptomonedas, en especial a través de billeteras frías, agregó una capa de opacidad y dificultad a las pesquisas: “Lavaban activos utilizando criptoactivos, lo que dificulta trazar y vincular las operaciones a personas físicas concretas”.
La magistrada denunció que las organizaciones delictivas encuentran en la Argentina un terreno fértil para el lavado de activos regionales, y que la debilidad institucional y la corrupción facilitan su radicación: “La debilidad y la opacidad institucional son enormes. Hay corrupción estructural atravesando los tres poderes del Estado, y los funcionarios con el conocimiento para perpetuar estos mecanismos trascienden gobiernos y colores políticos”.
La crisis del sistema judicial: corrupción, vacantes y parálisis
Al describir el estado general del sistema, Arroyo Salgado fue categórica: “Hace dos años no se nombra ningún juez. Actualmente faltan 609 magistrados. La justicia está agonizando, casi en terapia intensiva”. Mencionó que la falta de designación de magistrados paraliza causas de impacto nacional, y que durante ese periodo, ochenta y tres jueces renunciaron.
La jueza aportó una mirada auto-crítica: “En la Argentina tenemos instituciones que no están funcionando para la selección y remoción de jueces. No se están realizando auditorías ni procesos de remoción adecuados. Así, la justicia es ineficaz, tardía, corrupta y, en muchos casos, no es independiente”. Explicó que la degradación de la Justicia no es nueva, sino que se viene profundizando desde los 90: “La decadencia comenzó en la década del 90, cuando surgió la llamada ‘justicia adicta’ al poder político de turno”.
Apuntó especialmente a los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el nombramiento de magistrados, y alertó sobre la manipulación política en la integración del sistema judicial. “Ya no se trata solo de las cabezas; todo el cuerpo de la justicia está debilitado por la cantidad de vacantes”, sostuvo.
La debilidad es especialmente grave en la Corte Suprema, que integra solo tres miembros, todos de la región Centro. “La Corte no representa el federalismo. Sería muy importante ampliar y diversificar su integración, tanto por zonas geográficas como por género”, reclamó. También señaló el caso del Ministerio Público Fiscal, que permanece en manos de un procurador interino desde hace diez años. “Alguien sin estabilidad no puede ejercer eficazmente una tarea tan crítica como representar los intereses generales de la sociedad ante el delito”.
Falta de recursos e impacto del crimen organizado
Para describir las dificultades cotidianas, Arroyo Salgado explicó: “Mi juzgado abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos treinta empleados y los recursos tecnológicos son vetustos, muy por detrás de las tecnologías con las que cuenta el narcotráfico. Muchas veces recurrimos a recursos propios e informales porque el equipamiento oficial es completamente insuficiente”.
Relató que, para investigar organizaciones criminales, deben estar atentos a no filtrar información debido a la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad: “Tenemos que ser muy prudentes con el manejo de la información. A veces, un secretario o una secretaria tiene una computadora mejor que la del juzgado”.
La jueza subrayó la gravedad de los delitos que emergen de estas falencias: “Estamos viendo cómo los detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen organizando desde adentro las maniobras criminales —incluso homicidios y robos armados—, amparados por la posibilidad de usar teléfonos celulares concedida durante la pandemia por un hábeas corpus colectivo. Esto debía ser algo excepcional, pero la normativa sigue vigente aunque el aislamiento terminó hace mucho”.
Lanzó una crítica directa al funcionamiento del sistema penitenciario y la subsistencia de medidas excepcionales que terminan beneficiando a los criminales: “Si el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene que hay menos violencia interna porque los presos tienen celulares, también debemos advertir que fuera de las cárceles las mafias se fortalecieron. Hemos allanado centros de detención y secuestrado teléfonos usados para liderar bandas desde la celda”.
El “momento bisagra” y el llamado a la participación ciudadana
Arroyo Salgado instó a la sociedad a involucrarse activamente: “La justicia es la garantía de todos los derechos. Es el ámbito donde el ciudadano deja de estar solo frente al poder”. Para ella, solo mediante la presión ciudadana podrá revertirse el deterioro institucional: “Las víctimas, los usuarios de la justicia, deben hacer oír su reclamo y no ser cómplices de un sistema corrupto. A veces, en lo cotidiano, las malas prácticas se mantienen porque la sociedad las tolera”.
Demandó reformas profundas, como la implementación real del juicio por jurados, la participación de las víctimas en condiciones de paridad con los acusados y un rol protagónico de las organizaciones civiles: “Casos como los de María Soledad Morales, Axel Blumberg o el de Alberto Nisman —mi exesposo— demostraron que cuando la sociedad sale a la calle y exige justicia, los operadores judiciales actúan. Son necesarios cambios de raíz para recuperar la transparencia y el propósito fundamental del sistema”.
Remarcó la urgencia de reconstruir una justicia independiente para garantizar la seguridad jurídica: “Si tenemos una justicia independiente, ganamos todos. Habrá reglas claras. Pero si avanzamos hacia el deterioro final, nadie va a tener protección ni certeza para ejercer sus derechos”.
Sobre el futuro inmediato, fue cauta pero firme: “No veo en el gobierno actual la voluntad política de avanzar hacia una justicia independiente. Las prioridades han sido otras y la degradación lleva décadas. Sin embargo, el momento es urgente: en cualquier instante puede ocurrir una nueva tragedia. Las cabezas del sistema están desintegradas y el cuerpo judicial paralizado”.
Impacto del caso Comando Vermelho y la frustración por un sistema ineficiente
Para reflejar el grado de distorsión institucional, Arroyo Salgado reveló el desenlace de la causa del Comando Vermelho: “Terminó con un juicio abreviado de tres años de prisión en suspenso, pese a la gravedad del delito. La calificación se redujo de lavado agravado por habitualidad y pertenencia a una organización criminal, a lavado simple. Era un proceso que merecía un debate oral y público, pero la sobrecarga y la concentración en causas de alto perfil permitieron acuerdos a puertas cerradas”.
La jueza, que llevó originalmente la investigación, sostuvo que esta distorsión es otro síntoma del agotamiento de la justicia. “Para que el crimen organizado no avance, la justicia necesita recursos, capacitación, dotación de personal y voluntad institucional. Nada de esto es posible sin una política al servicio del interés general”.
La educación y los valores como llave para la reconstrucción institucional
Finalmente, Arroyo Salgado recordó el papel crucial de la educación en la formación de una ciudadanía comprometida: “La educación en valores es la llave de todos los derechos y la justicia es la garantía de esos derechos. Una sociedad degradada produce instituciones degradadas. Para que haya funcionarios corruptos, también es necesario que la cultura social habilite esas prácticas”.
Llamó a que la sociedad no naturalice el retroceso democrático ni la mediocridad institucional: “No quiero ser pesimista, pero sí realista: hoy debe plantearse una alerta a la sociedad y un llamado al compromiso. Si reconstruimos una justicia independiente, aseguramos el libre y pleno goce de los derechos constitucionales. Si se consuma el deterioro, se perderá la protección jurídica para todos”.
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POLITICA
Senado: la suerte de la rionegrina Villaverde depende de la voluntad del Gobierno y podría no asumir
En un giro inesperado y dramático, la trama del caso de la libertaria Lorena Villaverde, senadora electa impugnada por el kirchnerismo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, se complicó hasta convertir la situación de la rionegrina en una situación incómoda para todos los bloques políticos de la Cámara alta y también para el gobierno de Javier Milei.
El tema es tan incómodo que hasta en la propia tropa oficialista de la Cámara alta hay quienes esperan que la Casa Rosada se haga cargo del entuerto y piden que, para bien o para mal, le ponga un fin a la cuestión. Tampoco faltan los “compañeros” que miran con recelo a Villaverde y sostienen, por lo bajo, que lo mejor sería que abandone sus pretensiones de jurar como senadora. Lo concreto es que cada vez son menos los interesados en defenderla y más los que quieren que les quiten el peso de encima.
El caso también preocupa en el Gobierno, aunque en Balcarce 50 se manejan con otras variables. Lo concreto es que la senaduría de Villaverde molesta y hay varias hipótesis acerca de las causas por las que la Casa Rosada tendría decidido soltarle la mano, según confirman en despachos oficialistas del Senado.
Las versiones sobre los términos que se barajan sobre el caso Villaverde en la administración Milei son varias. Una de ellas menciona a una renuncia durante la campaña que no pudo ser para no sumar un escándalo más al que ya protagonizaba por esa época José Luis Espert y sus diferentes versiones sobre su relación con Federico “Fred” Machado.
Hay otra, menos ingenua, según la cual el paso al costado de la rionegrina sería funcional a los compromisos asumidos por el tándem Karina Milei-Eduardo “Lule” Menem con Enzo Fullone, exfuncionario de Vialidad Nacional, segundo en la lista libertaria de octubre y, por lo tanto, reemplazante de Villaverde.
Más allá de estas especulaciones, lo que empezó como un retruécano político más del kirchnerismo contra el gobierno de Milei viró en la última semana hasta convertirse en un dilema político en el que entran en juego el respeto a la voluntad popular de un electorado, el peso de los antecedentes legales que rodean a Villaverde y el temor a sentar un peligroso precedente que en el futuro podría volverse en contra de los propios senadores que hoy señalan con el dedo a la dirigente libertaria.
El tenor de la crisis quedó reflejado en la decisión adoptada por los jefes de bloque de la Cámara alta en la noche del jueves, cuando de manera inesperada terminaron poniéndose de acuerdo en la necesidad de parar la pelota y postergar el tratamiento del tema.
Ahora, el título de senadora electa de Villaverde expedido por la justicia electoral de Río Negro volverá a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero con una composición distinta a la que dictaminó la semana pasada a favor de impedirle el ingreso a la Cámara alta. En ese futuro escenario, los libertarios casi con seguridad mejorarán su número, pero seguirán necesitando del apoyo de otros bloques si es que quieren darle luz verde a la rionegrina.
La idea es barajar y dar de nuevo, ya que con el recambio de un tercio de la Cámara alta perderá vigencia el dictamen, y poner sobre la mesa todas las alternativas para encontrarle al tema una solución que exceda la simple disputa “deportiva” sobre quien tiene más votos para imponer su voluntad en el recinto de la Cámara alta.
Por lo pronto, Villaverde tendrá que esperar casi dos semanas. Recién el 10 de diciembre asumirán los nuevos senadores, por lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales no podrá reunirse antes de esa fecha.
El debate técnico girará en torno a variables como si el Senado tiene la facultad de impugnar a un candidato autorizado por la justicia a ser candidato y vulnerando la decisión de un electorado que conocía las cuestiones que hoy se le imputan. Como si fuera poco, Villaverde perdió por algo más de dos mil votos, un virtual empate técnico y, además, no tiene ninguna causa abierta o condena en su contra, ni aquí ni en el exterior.
En la otra vereda, se ubican los que sostienen que los antecedentes de Villaverde son escandalosos, nunca vistos en un político. Hacen hincapié en la detención, en 2002, cuando intentaba ingresar con casi dos kilos de cocaína a los Estados Unidos. La causa, al parecer, fue anulada. Lo que no se sabe es si se lo hizo por errores procedimentales o porque Villaverde se convirtió en informante de la DEA. “Lo mismo quiso hacer Pablo Escobar”, sostienen los más críticos, recordando que el jefe del Cartel de Medellín fue diputado suplente en Colombia.
Además, en los antecedentes de la senadora electa figuran una causa por estafa en la cesión de unos terrenos y otra investigación por lavado de dinero. En ambas terminó sobreseída.
Pero hay un costado reglamentario y tiene que ver con la mayoría que se requiere para impedir que un senador pueda jurar su banca. El kirchnerismo pretende hacerlo por mayoría simple, ya que el Reglamento del Senado no estipula nada en contrario.
Sin embargo, hay quienes aseguran que debería reunirse la misma mayoría agravada de dos tercios de los presentes que se exige para destituir a un legislador. Basta recordar que el kirchnerismo llegó a tener 44 senadores para tomar dimensión de lo peligroso que sería excluir senadores electos por simple mayoría.
El debate divide opiniones en el Senado, tanto en lo técnico como en lo reglamentario. Sin embargo, todos saben que el tema va más allá. Que el caso Villaverde requiere una solución política y que la llave para resolverlo la tiene el Gobierno.
impugnada por el kirchnerismo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico,Gustavo Ybarra,Conforme a,,Nuevo intento. Kicillof pide apoyo para tomar deuda y la Legislatura lo trataría otra vez el miércoles,,Desde Mar del Plata. Karina Milei lanzó el primer pedido oficialista para “ir por la reelección” del Presidente en 2027,,El archipiélago opositor. Ventajas y retos para Milei
POLITICA
Denuncian que presuntos testaferros de «Chiqui» Tapia compraron una lujosa estancia con una mansión, un helipuerto y criadero de caballos
En las últimas horas, el equipo de Elisa Carrió presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Cámara Federal de Casación por la compra de una mega estancia de 10 hectáreas y que, a través de un entramado de prestanombres y Sociedades de Responsabilidad Limitada, podría estar ligada tanto a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, como a su alfil y tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino.
De acuerdo al documento presentado por la Coalición Cívica, que, entre otros, lleva la firma de la propia Carrió, el 30 de mayo de 2024, la empresa Real Central S.R.L. habría comprado una propiedad inmensa en la localidad de Villa Rosa, en Pilar, compuesta por dos lotes de 105.308,80 m2.
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Son algo más de diez hectáreas que, según la información recabada, corresponden a “una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.
Según la denuncia, esta empresa está integrada por dos socios: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, dos personas cuyos ingresos, en principio, no podrían justificar la adquisición del inmueble. En el caso de Conte, previo a hacerse con las acciones de la empresa denunciada, era monotributista social y jubilada. Pantano, por su parte, es un dirigente de fútbol con probados vínculos con la Asociación de Fútbol Argentino.
Conforme consta en la denuncia, en 2021 Pantano fue designado presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa. En marzo del 2022, además, asumió el cargo de protesorero del Club Almirante Brown.
Al margen de la documentación, en las redes sociales de Conte y Pantano se pueden ver un privilegiado acceso a la Selección Argentina, a partir de videos y fotos que, por ejemplo, muestran a los nietos de Conte con Lionel Messi o, incluso, entrando a la cancha de la mano con el Diez en partidos de eliminatorias. Y es que, Conte y Pantano, además de socios en la empresa Real Central S.R.L., serían madre e hijo.
En diálogo con ¿Y mañana qué? por TN, Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica, confirmó que uno de los motivos que dio pie a la investigación fue el testimonio de los vecinos, que declaran haber visto a Claudio Tapia llegar al lugar en múltiples ocasiones, incluso, en helicóptero.
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Todo esto, claro, luego de que, en marzo de 2024, Carlos Tevez publicara un tuit contundente contra Pablo Toviggino, donde hablaba de una colección de autos y de bolsos enterrados en una quinta de Pilar. Hoy, con los datos recabados, suponen que el exfutbolista de Boca se refería a la estancia de Villa Rosa.
Además de la propia Carrió, firman la denuncia Matías Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso.
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