POLITICA
La Justicia al rojo vivo en Santa Cruz: el presidente de la Corte ordenó frenar el aumento salarial dispuesto por los jueces kirchneristas
EL CALAFATE.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó que el Poder Judicial se abstenga de liquidar el incremento salarial dispuesto ayer por un sector del tribunal que se encuentra presidido por la vocal Reneé Fernández: la medida, que generó el rechazo de la gobernación, estableció una suba escalonada del 42% hasta octubre, lo que llevaría los sueldos de algunos miembros de la Corte provincial hasta los $24 millones.
Mariani asegura que la medida se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo y la decisión es “inexistente y carente de toda validez”.
La resolución dada a conocer hoy deja a la vista el doble comando dentro de un Poder Judicial fragmentado por una profunda crisis político-institucional desatada en agosto del año pasado, cuando la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ elevando el cuerpo de cinco a nueve miembros, medida que, salvo Mariani, fue desconocida por los otro cuatro vocales del Tribunal, cercanos al kirchnerismo.
Este miércoles, a primera hora de la mañana, una resolución firmada por Mariani en su carácter de presidente de la Corte provincial, ingresó al sistema informático del TSJ y notificó al sector de Administración General del Poder Judicial que no liquide el aumento de sueldos.
También denunció que el libro de registro de Resoluciones del cuerpo se encuentra retenido y se priva a la Presidencia de acceso al mismo. Por esa razón, sostuvo, la resolución de hoy no cuenta con detalle de tomo, registro y folio.
La medida de Mariani determina que la resolución que dispuso el aumento –con fecha del 30 de diciembre y que se dio a conocer ayer– es nula, dado que no cuenta con el respaldo de quorum necesario y solo lleva la firma de cuatro de los nueve miembros que integran el máximo tribunal.
En agosto pasado, la Legislatura aprobó elevar de cinco a nueve los vocales máximo tribunal provincial. Los cuatro nuevos jueces propuestos por el gobernador Claudio Vidal asumieron en el cargo y formaron una mayoría presidida por Mariani, pero no fueron reconocidos por los cuatro miembros antiguos. La actividad judicial quedó técnicamente bloqueada.
El aumento de 42% acumulativo hasta octubre que se autoasignó el poder judicial y que llevará los sueldos de algunos jueces hasta los 24 millones de pesos generó un fuerte repudio del gobierno provincial. Vidal acusó a los jueces de estar “atrincherados en sus privilegios” después de haber sido “cómplices del saqueo” durante 30 años, en alusión al kirchnerismo.
La pauta salarial para el sector judicial que se conoció ayer establece subas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual acumulativo entre agosto y octubre, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados y funcionarios muy por encima de la inflación proyectada para 2026.
La resolución que dispuso el aumento lleva la firma de solo cuatro –Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta– de los nueve vocales que integran la Corte provincial. Por esta razón, la resolución emitida por Mariani esta mañana asegura que el aumento fue firmado “por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949 (vigente hasta que exista sentencia firma que disponga lo contrario)”.
El 17 de diciembre pasado, los cuatro vocales que ahora dispusieron el aumento de sus sueldos habían declarado inconstitucional la ampliación de la Corte. En ese caso convocaron a un juez subrogante para completar la mayoría de cinco.
Ese fallo fue apelado tanto por los nuevos vocales de la Corte como por la Fiscalía de Estado del Santa Cruz, por lo que la decisión no se encuentra firme.
En la resolución de este miércoles, Mariani también deja asentado que la misma carece de registro “en virtud que los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”.
En octubre pasado, el Tribunal Superior de Justicia quedó atrapado en su propio laberinto. Dos presidentes firmaron como tales en un mismo día, mientras uno (Mariani) tomó la jura de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, la otra (Fernández) ordenó por memorándum dirigido a todos los jueces que se abstengan de acatar las directivas emitidas por el otro presidente.
Desde entonces, la actividad en el máximo órgano judicial de Santa Cruz está trabada y los cuatro vocales cercanos al kirchnerismo intentan bloquear el ingreso de los magistrados propuestos por Vidal en un intento por mantener el poder del máximo órgano judicial de la provincia.
Daniel Mariani y Reneé Fernández son las caras visibles de la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y Vidal, que hoy arrojó otra postal de una crisis institucional grave y de final incierto.
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POLITICA
Lilita Carrió se refirió a las causas de la AFA que involucran a Tapia y Toviggino: “Terminarán presos”
Lilita Carrió habló sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en medio de las investigaciones de la Justicia por presuntas irregularidades en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Terminarán todos presos”, dijo en diálogo con ¿La Ves?
Las declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica se dan luego del hallazgo en la AFA de documentos que prueban pagos por $300 millones a Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión ubicada Villa Rosa, Pilar, y que está en la mira de la Justicia. La documentación fue encontrada durante un allanamiento que ordenó el juez Luis Armella y quedó incorporada a las investigaciones en curso.
Leé también: Encuentran en la AFA documentos que prueban pagos por $300 millones a la dueña de la mansión de Pilar
En ese sentido, Carrió festejó que la Justicia y el ARCA estén investigando el caso, aunque agregó: “Con Toviggino no se meten. Toviggino (tesorero de la AFA) es Santiago del Estero, es Gerardo Zamora, y tiene dos senadores y cinco diputados”.
Sus dichos fueron en referencia a la necesidad del oficialismo de mantener aliados en el Congreso para poder tener quorum y avanzar con las reformas planteadas por Javier Milei para este 2026.
El vínculo de Tapia con Toviggino
Las críticas de Lilita Carrió se dieron en medio de la alianza política del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Claudio Tapia.
“Me parece mal que el gobernador de Buenos Aires se enchastre con todo esto”, dijo Carrió. Esto fue así porque el titular de la AFA estableció domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, que tienen en la mira los balances de los últimos años de la entidad por “deficiencia” en la rendición de cuentas.
Si efectivamente lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IGJ y pasaría a ser “controlado” por la PBA.
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En este contexto surge una incógnita sobre quién se hará cargo de la causa. De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó el expediente y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, que es atribuida a Pablo Toviggino.
Ahora la Cámara de Casación debe definir si la causa sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico radicado en CABA.
Lilita Carrió, AFA, Chiqui Tapia
POLITICA
La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar
La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.
Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.
La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.
La segunda orden de pago es del 2 de junio. En ese caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final del documento, con la leyenda “P/Real Central SRL”.
Los documentos fueron encontrados en un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en la casa del empresario Javier Faroni por la empresa TourProdEnter, que administró los ingresos de la AFA en el exterior desde diciembre de 2021.
había revelado que otras dos sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, Malte y Recomi, hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.
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POLITICA
Socios de la Sociedad Rural hicieron circular una carta que se opone al cuarto mandato de Nicolás Pino
Una fuerte polémica estalló en la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras la circulación de una carta firmada por casi 100 socios que rechaza una eventual nueva reelección de su presidente, Nicolás Pino.
El texto denuncia un “retroceso institucional” y una “violación del estatuto”, argumentando que la alternancia es una garantía de salud democrática. Los firmantes sostuvieron que “la conducción actual fijó un límite de tres mandatos, ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, y advirtieron que los dirigentes no deben preocuparse más por “aferrarse a un sillón” que por promover nuevas voces.
Desde la conducción actual calificaron el contenido de la misiva como “erróneo” y aclararon que aún no se definió si Pino será candidato en las elecciones del 9 de septiembre. El propio presidente explicó que en 2023 se modificó el estatuto para limitar las reelecciones a tres períodos consecutivos y que la IGJ dictaminó que el cambio “empezaba a regir en ese entonces, a partir de la inscripción de la reforma”.
Bajo esta interpretación técnica, si Pino se postulara, este nuevo período se contabilizaría como el tercero y no como el cuarto, ya que la norma entró en vigencia durante su segundo mandato.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Luis Caputo
El enfrentamiento interno ocurre en un contexto donde otros dirigentes le reprochan a Pino su cercanía con el Gobierno y exigen un liderazgo más firme ante temas sensibles como las retenciones.
Al respecto, el presidente de la SRA desmintió rumores sobre una quita inmediata de los derechos de exportación tras consultar a Javier Milei y Luis Caputo, quienes le respondieron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”. Pino señaló que el Ejecutivo ha “recalculado un montón de gastos” para no poner en riesgo el equilibrio fiscal tras los cambios en las reformas laboral, universitaria y de salud.
Finalmente, el Gobierno sostiene que no están dadas las condiciones para eliminar las retenciones debido al impacto en la recaudación y el cumplimiento de metas fiscales. Según el Iaraf, la quita definitiva para el complejo oleaginoso y cerealero tendría un costo de entre USD 1.460 millones y USd 1.600 millones, lo que equivale al 0,25% del PBI.
Mientras tanto, la conducción de la SRA deberá enfrentar desafíos como la alta carga impositiva y las oportunidades que abren los acuerdos comerciales con la Unión Europea-Mercosur y Estados Unidos.
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