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POLITICA

La Justicia ante la ciénaga del fútbol

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Cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, se puso de moda una palabra: Glasnost. Significaba el corrimiento de un velo, la aparición de la transparencia y liberación de información. Era el conocimiento de realidades, datos y dinámicas que se intuían pero sobre las que no había certezas. Una especie de Glasnost está ocurriendo en el mundo del fútbol. Todos aquellos que están cerca sabían y saben que es un universo dominado por la opacidad, negocios turbios y formas espinosas del manejo del poder. Todo eso adquiere ahora una dimensión informativa mucho más transparente que acorrala a los dirigentes del fútbol y pone en una situación de principal protagonismo, y en una posición tal vez incómoda, al Poder Judicial. Esta acumulación de información desagradable se torna enfermiza si no se encuentra una salida por medio de la atribución de responsabilidades y, eventualmente, el castigo del delito. Es algo que solo puede proveer este Poder Judicial. Siempre que no esté condenado, como sucede tan a menudo, a proveer impunidad.

El proceso de transparencia y conocimiento de datos dio el domingo un importante paso adelante a través de una investigación exclusiva publicada por el diario , y que llevaron adelante Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon. Allí se informa una gran cantidad de manejos irregulares de fondos que pasaron por el circuito de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), varios bancos internacionales, entre los que están el Citibank, Bank of America y JP Morgan, y una sociedad que intermedió los contratos en el exterior: TourProdenter. Por medio del vínculo entre la AFA y esta última, se realizaron una cantidad de giros en millones de dólares a empresas fantasmas y aplicaciones de recursos a gastos suntuarios.

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Odisea Argentina – 29 De Diciembre 2025

Esta información abre un nuevo campo para entender las vías investigativas que hoy rodean al negocio del fútbol en la Argentina. Son varias líneas, asociadas a causas judiciales y también a datos periodísticos que todavía no han sido judicializados. La primera de esas pesquisas tiene vínculo con el establecimiento por parte de la AFA de entidades elegidas arbitrariamente, formadas supuestamente por amigos, para establecer contratos internacionales, mediante los cuales manejar dinero negro y obtener retornos. No es algo novedoso. Hace tiempo que se conocen negocios poco claros del organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Dos ejemplos recurrentes son la venta de entradas o las plataformas de streaming. Se le suma ahora el escándalo de TourProdenter, que pertenece a Javier Faroni, empresario del espectáculo, su esposa Erica Gillette y su hermana Marcela Faroni.

Tramas como esta parecen haberse naturalizado en el fútbol argentino. ¿Qué pensaríamos si la organización alemana del fútbol estableciera sociedades intermediarias para los contratos que tiene en las actividades tanto a nivel local e internacional? En el caso argentino, no se trata meramente de contratos relacionados con viajes y plataformas de streaming. También entran en juego los auspicios de futbolistas y de encuentros entre selecciones. Algunos abogados expertos en finanzas plantean una pregunta adicional: ¿Cómo entraban los dólares a las cuentas de la AFA en el país? ¿Lo hacían por medio del mercado oficial, como está obligado a hacer cualquier argentino con negocios en el exterior? ¿o se realizaba por un mercado paralelo, a través del contado con liquidación (CCL)? Es una cuestión que la Justicia deberá despejar.

Los Faroni y Gillette estarían atados a otro negocio: la reventa de entradas de los mundiales, especialmente el de Qatar. La FIFA asignó a la AFA una cantidad de tickets que, en vez de venderse directamente, eran revendidos por intermediarios asociados a los dirigentes. De esta manera, se hacían con una gran cantidad de dinero. En el mundo del fútbol, algo difícil de verificar debido a su clandestinidad, dirigentes importantes alegan que los Faroni sacaron de Qatar US$12 millones que fueron estacionados en un departamento de Marcela Faroni en Miami. Hay un dato adicional: de ese dinero quedaron US$50 millones en Qatar que aún no pueden sacarse.

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Los nexos de Javier Faroni se extienden asimismo hasta la política: fue senador del Frente Renovador. Quienes conocen de este partido liderado por Sergio Massa aseguran que apareció de un día para el otro y nadie sabía de quién se trataba. Se lo suponía sólo un amigo de Massa. No era un militante político. No hacía sentido que se sentara en la mesa de conducción del partido. Menos se entendía después por qué obtuvo una senaduría de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se detuvo allí. Cuando tuvo que abandonar su banca, su hermana Marcela actuó como su reemplazo mientras que Faroni ocupó el cargo de director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández.

La conexión entre el mundo de negocios de la AFA y Sergio Massa está también dada por Pablo Toviggino, el “cajero” del organismo. Los que conocen este universo alegan que es quien genera los negocios, mientras que “Chiqui” Tapia se dedica a disfrutar la vida que su tesorero le provee. La popularidad de Toviggino comenzó por sus vínculos con una mansión que estaba puesta a nombre de una jubilada y un monotributista en Villa Rosa, junto con una gran colección de autos de lujo. Su actividad de gestor de operaciones comerciales se remonta a la época de Julio Grondona. Desde entonces intermedia con clubes del interior, de uno de ellos de los cuales es presidente: Central Córdoba de Santiago del Estero. Esta institución, inexplicablemente, tiene una infinidad de contratos millonarios con la Asociación Argentina de Fútbol. Toviggino no es ajeno a la política. Es muy cercano al gobernador santiagueño Gerardo Zamora.

Este es uno solo de los costados del escándalo de la AFA que se vincula a la política. No es el único. No hay que olvidar que Tapia es funcionario público y no un señor de su casa. Es el presidente del Ceamse, un organismo tripartito que procesa la basura en el área metropolitana. En primera instancia, había sido puesto como vicepresidente de la entidad en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri. El nexo entre Tapia y el Pro existía a través del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli. ¿Cómo se sentirá hoy Santilli en relación con su amistad con Tapia a sabiendas de la enemistad de su jefe, Javier Milei, con el titular de la AFA? La llegada de Tapia al Ceamse estuvo vinculada además al lazo familiar que lo unía a Hugo Moyano, de quien era yerno. En aquel entonces Moyano tenía una alianza con Macri.

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Tras la ruptura de esa relación, Tapia dejó de ser el representante en la Ciudad. Pasó entonces a representar a la provincia de Buenos Aires, designado por el gobernador Axel Kicillof, que evidentemente quería hacer una alianza con los Moyano y con el fútbol. De esta manera, escaló a la presidencia del organismo, que lidera hasta el día de hoy. Este esquema no sólo reviste importancia por desnudar el vínculo entre el deporte y la política. También abre una posibilidad: para muchos abogados administrativistas cabría investigar a Tapia por enriquecimiento ilícito, una figura que está reservada únicamente para quienes sean funcionarios públicos.

Hay otra foja dentro de esta inmensa investigación, seguida de cerca por el juez Marcelo Aguinsky, que está vinculada con el incumplimiento de los aportes que la AFA debe hacer a la DGI por la actividad de la institución. Es una cuestión especialmente delicada, a pesar de no ser la más grave desde el punto de vista judicial. Inquieta a muchos presidentes de clubes, que aseguran que si la Justicia se detiene en la contabilidad del organismo y sus propias instituciones, ninguno de ellos está exento de haber incurrido en irregularidades impositivas. De allí se desprende un deseo: una rápida sanción a Tapia y Toviggino para que la investigación no continúe aguas abajo. Existe, sin ir más lejos, una pesquisa en Lomas de Zamora liderada por la fiscal Cecilia Incardona, que ya tiene investigados a 20 clubes.

Abundan las derivaciones de este escándalo. Otra sería, por ejemplo, la del dinero negro de la AFA que circula a través de cuevas. Nació de la investigación de un esquema aplicado al club Banfield, que luego se descubrió que se replicaba en otras instituciones, incluso las más importantes del país. La relación económica entre la AFA, clubes importantes y no tan importantes, sobre todo en el conurbano bonaerense, era mediada por Sur Finanzas de Ariel Vallejo. El dinero del organismo era canalizado a través de esta financiera, a quienes los clubes estaban obligados a solicitar préstamos. Es lo mismo que podría estar pasando con la empresa de Erica Gillette: son sociedades que intermedian para obtener un retorno.

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Luis Armella comanda una investigación sobre el tema junto a Incardona. El expediente se rodea de una polémica por la competencia del caso, porque apareció el juez Federico Villena diciendo que esa causa la debería tener él. Es un juez muy relacionado con la política del conurbano. Este fin de semana acaba de protagonizar un escándalo porque, basándose en una vieja causa que estaba cerrada, allanó al Servicio Penitenciario Federal (SPF), y le exigió que entregue su celular al director, que es Fernando Martínez. Este lunes Martínez denunció a Villena por prevaricato y abuso de autoridad, en el marco de una causa por provisión de comida al SPF. Pero esto pone en apuros al Gobierno, genera un conflicto entre el Gobierno y Villena, que es un juez muy politizado, porque el jefe del servicio penitenciario es un hombre de lealtad directa con Patricia Bullrich, quien fue, hasta hace pocos días, la ministra de Seguridad y que fue quien lo designó en el año 2024.

Hay que recordar que por una denuncia de Martínez, el jefe del SPF, tuvo que dejar el cargo quien era su superior, que era un hombre de Cristian Ritondo denunciado en la Justicia por Bullrich. Vicente Ventura Barreiro, quien hoy sería funcionario de la SIDE en Uruguay. Ventura fue sobreseído en septiembre

Hay una disputa por la competencia entre el juez Villena y Armella, cuestión que debe resolver, en La Plata, el camarista Jorge Di Lorenzo.

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Todas estas maniobras con financieras nos llevan a otro problema, que es el manejo del dólar con el mercado cambiario intervenido en tiempos de Massa. La cuestión es la posibilidad que existía de sacar dólares oficiales para venderlos en el blue con diferencias extraordinarias que quedaban a favor de quienes tenían esas cuevas financieras, y de los funcionarios que autorizaban sus operaciones. Ahí está Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio. Este lunes, varios jueces, Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello y María Servini, realizaron 60 allanamientos ligados a estas irregularidades, eventualmente delitos.

Entonces, primer problema: las sociedades que intermedian entre la AFA y los negocios. Ahí están los Faroni, Toviggino, la gente de Massa. Segunda dimensión: el manejo del dólar oficial en cuevas financieras en tiempos del exministro de Economía. Además, la tercera cuestión que empieza a aparecer tiene que ver con el juego clandestino y el fútbol. El 13 de diciembre la lotería de la provincia de Buenos Aires identificó 300 páginas web donde se juega de manera clandestina en apuestas que tienen que ver con los partidos de fútbol. No solo con los resultados. Cada jugada es susceptible de ser motivo de apuesta. La presunción es que, como muchos partidos y jugadores están arreglados, hasta las familias de estos deportistas se enriquecen sabiendo cómo va a ser el resultado de aquello sobre lo que se puede apostar.

El juego clandestino está contaminando la actividad del fútbol. Un dirigente del fútbol explicaba en estos días que “el fútbol es una mentira desde que entró el juego clandestino”. Toviggino es, aparentemente, el encargado de designar los árbitros en los partidos, que serían clave, si fuera cierto que todo está tan contaminado por el juego.

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Cuando las autoridades de la DGI miran, por ejemplo, a Sur Finanzas se dan cuenta de que el movimiento de fondos no se explica únicamente por los negocios de “Chiqui” Tapia y Toviggino. Apuntan a que también hay dinero del juego clandestino y del narcotráfico. Piccirillo tenía una especialidad, el norte argentino, y desde allí se habría acercado a Massa, aparentemente.

Para observar dónde se esconde la raíz de esta ciénaga hay que pasar del deporte a la política. Hay una escena que se hizo famosa por lo surrealista, que es Tapia haciéndose secar la nuca por el presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis. Esa imagen muestra que Tapia se sentía, y probablemente se sigue sintiendo, Calígula.

Hay, en una de las plataformas de streaming, una serie muy interesante, basada en un libro más interesante aún, que se llama “M, el hombre del siglo”. Es una biografía novelada de Benito Mussolini. Muestra un momento en el que Mussolini dice, una vez que consigue una reforma electoral muy beneficiosa para la dictadura fascista: “Hemos cruzado un límite”. Y agrega: “Un límite que se cruza ya no es límite”. Lo que estamos viendo en el negocio del fútbol, que replica en muchos aspectos, a otros sectores de la vida pública, es que se han cruzado límites y, por lo tanto, ya no hay límites.

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Carlos Nino, que fue un gran filósofo del Derecho, escribió sobre la anomia como un mal argentino. “Anomia” quiere decir falta de norma, falta de ley. La garantía de que exista un límite no la da la política, la DGI o el periodismo. La garantía de que exista un límite la puede dar únicamente la Justicia. La Justicia es la que debe imponer en todo esto el orden que suministra la ley.

Por eso, cuando se advierte lo que está pasando en la AFA, la proximidad de toda esa gente con el poder político -Toviggino es prácticamente socio del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora-, se empieza a sospechar que, dadas las evidencias que hay en todo el caso de la AFA, lo único que puede salvar a los imputados es conseguir un juez amigo. Esto explica por qué hay tanta presión sobre los jueces que tienen hoy las causas. Sobre Armella por parte de Villena, o sobre Aguinsky, a quien también le quieren sacar la causa. A Daniel Rafecas también le sacaron la causa. Ya que no se pueden mejorar las pruebas, hay mucha presión para que el juez sea un juez tolerante.

De hecho, Toviggino tiene un grupo de abogados muy ligados a familias de Comodoro Py. Puede ser que el Gobierno tenga algún interés en esto. Es difícil saber si ese interés termina en la AFA o si también lo están mirando a Zamora y a Massa.

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Quien fue el último candidato a presidente del peronismo, el rival de Milei, Massa, está inquieto por esa pregunta. Por si el Gobierno lo está persiguiendo a través de este caso. ¿Por qué? Porque hubo un gran escándalo, el mayor de todo el Gobierno de Milei, que tiene que ver con los audios de Diego Spagnuolo, hablando de que presuntamente la hermana del Presidente, Karina Milei, con “Lule” y Martín Menem habrían conducido un sistema de coimas en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad. Después se supo que también había en ese negocio una cantidad de gente ligada a Santiago Caputo.

¿Cómo nos enteramos de esos audios? Por una plataforma de streaming que se llama Carnaval. Nadie sabe de quién es esa plataforma, pero en la política se la atribuyen, con toda seguridad, a Toviggino y a Zamora. Lo afirman amigos de ellos.

Quiere decir que el Gobierno se vio muy afectado por esas dos personas, en un momento en que el dólar corría, en que el Congreso empezaba a aprobar leyes en contra del Gobierno, y muchos políticos pensaban que esta administración estaba tambaleando antes de las elecciones. Todavía no había aparecido el cheque de Trump. Es verosímil pensar que esos audios se publicaron en ese momento con una intención desestabilizante, por la que el Gobierno podría estar haciendo ahora un ajuste de cuentas.

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Para el Gobierno es una escena perfecta, porque Milei elige un enemigo perfecto. No solamente por los niveles de corrupción sino también porque el fútbol mueve pasiones como ninguna otra actividad.

Además, Milei lleva esta pelea en un muy buen momento. El Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Di Tella, muestra que está en 2,46, con una variación negativa del 0,1% respecto de la medición anterior. Si tomamos el promedio de Macri (2,27) y de Alberto Fernández (1,69), podemos ver que Milei está mejor que los dos. Es un promedio muy parecido al de Néstor Kirchner, que se ubica en torno a los 2,49.

Lo interesante es que gracias a este estudio podemos ver a un Macri que llega y va cayendo, al igual que Fernández. Sin embargo, Milei no. Se ve que el Presidente llegó y mantuvo un nivel prácticamente estabilizado. Esta es la rareza de Milei. Como si la opinión pública estuviera estabilizada respecto a este Gobierno.

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Hugo Haime, que es un muy experimentado analista de opinión pública, cuenta que la aprobación de la gestión creció 3 puntos en la última medición de diciembre, después de las elecciones de octubre, y se ubicó en valores similares a los de diciembre de 2024. Y cae la desaprobación. Es decir, el Gobierno termina el año muy bien.

Desde esta plataforma, Milei elige a un enemigo muy conveniente, que está acorralado. Esto no significa nada si la Justicia no avanza y establece sanciones. En este punto interesa destacar todo este problema de los reclamos de competencias. Lo que está diciendo ese fenómeno es que ese juez que reclama la competencia, en el 90% de los casos tenía cajoneada otra causa desde hace mucho y, en el momento oportuno, avisa que tiene esa investigación con la cual nunca había avanzado. Implica la evidencia de una justicia muy lenta, de jueces que están acostumbrados a tener causas encajonadas, inclusive, en defensa propia.

Por otra parte, una encuesta de la consultora Escenarios, dirigida por dos muy competentes cientistas políticos y analistas de opinión pública, Pablo Touzon y Federico Zapata, muestra cómo está la opinión pública respecto de lo que está pasando en la AFA.

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Lo que más interesa destacar es cómo el fútbol mueve pasiones. El 51,33% dice estar entre muy informado e informado. Mientras que el 37,81% está algo informado. Es decir, es un tema que atrae la atención. Por eso al Gobierno le interesa también, en un momento en el que la oposición está muy eclipsada.

En cuanto a la gestión de la AFA, el 27,21% respondió que la ve entre bien y muy bien. Casi el 50% opinó que está mal o muy mal. Consultado sobre si el Gobierno debe auditar a la AFA, el 51,36% dice que sí y el 28% dice que no. Sobre la relación de la AFA con la política, el 60,84% opina que tiene mucha o bastante influencia. El 30,51% dice que tiene poca o nada.

¿Está de acuerdo con la decisión de otorgar el campeonato a Rosario Central mediante la resolución dirigencial?, preguntó la consultora. El 2% muy de acuerdo, el 14% de acuerdo. Mientras un 71,83% está en desacuerdo. Este fue el episodio que creó el clima para que estalle toda la bomba informativa referida a lo que estaba pasando dentro de la AFA.

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Sobre la aplicación justa de normas en el fútbol argentino, el 71% dice que no y el 14% dice que sí. Por otro lado, el 65,40% cree que no hay independencia en los árbitros.

Este es el panorama del fútbol. Uno tiende a pensar que se parece bastante al panorama de la política. Y como la política, queda en manos de los jueces, que son quienes están ahora ante la ciénaga del fútbol.


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POLITICA

La red de contención de Milei se pone a prueba con la reforma laboral

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La entrada en vigencia de la nueva legislación laboral en un mercado en crisis proyecta diagnósticos disímiles. El Gobierno afirma que facilitará la creación de empleo, los empresarios condicionan su impacto a la reactivación económica y los gremios advierten que servirá de atajo para despidos masivos. En la Corte Suprema de Justicia, un protagonista decisivo en este ajedrez de intereses, no habría ánimo ni intenciones de obstaculizar la ley aprobada por mayoría en el Congreso a pesar de los planteos recientes de la CGT. Así lo deslizaron a tres fuentes confiables, una de ellas vinculada a la justicia laboral, otra al establishment empresarial y la restante ligada a los sindicatos.

La nueva ley se promulgó ayer en el Boletín Oficial en un contexto adverso. La Unión Industrial Argentina (UIA) afirma que la mitad de 644 empresas relevadas venden y producen menos, escalas previas a la posible suspensión de personal o a un eventual cierre de persianas. La CGT advierte que la caída del empleo ya dejó de producirse en dosis homeopáticas, mientras los informes privados que miran con lupa la economía detectan un retroceso de manera persistente en los ingresos y la producción. Hasta los propios organismos públicos encienden alarmas: se cerraron 21.938 empresas durante la gestión de Javier Milei, de acuerdo a un conteo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De la guadaña solo se salva la Asignación Universal por Hijo (AUH), que creció en un 58% su poder de compra entre 2023 y 2025, según un informe de la consultora Equilibra, elaborado en base a datos oficiales por el economista Martín Rapetti.

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Condicionado a futuro el auxilio económico de Estados Unidos e Israel por la guerra en Medio Oriente, cuyo impacto en nuestro país es aún impredecible, Milei pone a prueba la red de contención que tejió en sus dos primeros con el fin de evitar un estallido social. La AUH tiene hoy más de cuatro millones de beneficiarios que perciben mensualmente $132.774 por hijo. Los montos se actualizan cada 30 días de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suma de AUH con la tarjeta Alimentar alcanzaba hasta septiembre de 2025 el 99% de la canasta básica alimentaria cuando antes solo cubría el 54%, según fuentes del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Sin embargo, el monto de la tarjeta alimentar no se actualiza desde 2024 y eso genera que a enero de 2026 la suma de ambas prestaciones solo cubra el 88% de la canasta básica alimentaria.

En la ley de presupuesto, el ministro de Economía, Luis Caputo, preveía eliminar las actualizaciones automáticas de la AUH y de las asignaciones familiares. Insistió para hacerlo por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), según denunció el diputado peronista Daniel Arroyo en el debate en comisión. Finalmente, el Gobierno no pudo avanzar porque el cambio era parte del capítulo XI, rechazado por el Congreso porque derogaba las leyes de financiamiento para universidades y discapacidad. Este desenlace legislativo evitó una escalada entre Caputo y Pettovello en lo relativo a la política de subsidios para contener a los sectores más vulnerables.

Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo Rodrigo Nespolo

A pesar de que la AUH conserve su poder adquisitivo es inevitable que sus beneficiarios sufran los coletazos de una economía frágil, con consumo estancado, que no genera nuevos puestos de trabajo y con inflación otra vez en ritmo ascendente. Un informe de la consultora Equilibra difundido esta semana proyecta una suba de casi 3 puntos en la pobreza para el primer trimestre de 2026. Esto tendría que ver con la caída del poder de compra de la prestación Alimentar y a que el precio de los alimentos suben más que la inflación. En el mismo relevamiento, también se puso la lupa en los ingresos reales registrados (salarios en blanco y jubilaciones) y reflejó una caída de 13% entre diciembre de 2016 y diciembre de 2025. Es decir, ni siquiera las personas que tienen un ingreso estable pudieron ganar ante la inestabilidad económica que atravesó a las diferentes gestiones.

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De la órbita de Pettovello también dependen las prestaciones por desempleo que distribuye la Anses. Hubo un salto en este rubro en lo relativo a montos y alcance. En 2023 hubo 59.745 beneficiarios que cobraron un subsidio promedio de $53.765, mientras que a diciembre de 2025 los beneficiarios se duplicaron (103.654) y la ayuda económica promedio subió a $276.944, según un relevamiento de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. La cantidad de beneficiarios está aún lejos de lo que fueron los picos de 2001 y 2002, cuando se auxilió a 143.041 y 197.799 personas, respectivamente. La prestación de desempleo sirve como una ayuda económica del Estado para aquellos trabajadores que perdieron su empleo sin justa causa. El monto y la duración varían según los ingresos y el tiempo trabajado con aportes durante los últimos tres años. Este requisito no es menor en un mercado laboral en el que crece la informalidad y el “trabajo en negro”. Tal vez la razón principal por la que la prestación no cuenta hoy con más adherentes.

La evolución de las prestaciones por desempleo que otorga la Anses desde 2001 hasta 2025

El “operativo contención” que se digita desde Capital Humano tuvo hasta el momento un resultado exitoso. El Gobierno se jacta de haber desarticulado a los piqueteros después de haber eliminado a los dirigentes que intermediaban entre el Estado y las organizaciones sociales. “Los gerentes de la pobreza”, según Milei. La resistencia queda hoy reducida a un puñado de agrupaciones de izquierda mientras que los movimientos sociales más identificados con el peronismo buscan amalgamarse a la estrategia que se traza desde las centrales obreras.

La CGT demostró con la última huelga general en rechazo a la reforma laboral que conserva su poderío como articulador de la protesta. No está hoy en los planes del triunvirato de mando activar una serie de paros a repetición a pesar de la presión de los sectores más díscolos, que comenzaron a abrirse de las decisiones de la central peronista. ¿Puede haber una ruptura? No, al menos en el corto plazo.

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La estrategia de la CGT se diversificará. Gerardo Martínez, una suerte de canciller de la CGT, viajó esta semana a Washington como miembro de la Confederación Sindical Internacional. Expuso allí delante de representantes del Banco Mundial, el FMI y la ONU sobre las limitaciones al derecho a huelga que aplica la nueva normativa. El jefe de la Uocra, que ya renunció a ser parte del Consejo de Mayo al que convocó Milei, aprovechó también para advertir sobre impacto doméstico de la política de apertura de las importaciones. El discurso de Martínez, palabras más, palabras menos, tuvo un final casi calcado al reciente comunicado de la UIA: “Sin industria, no hay nación”.

En la última reunión de la cúpula de la CGT se acordó ir a la Justicia para intentar bloquear la nueva ley laboral. Se presentó una impugnación en el fuero contencioso administrativo y se hará lo propio en el laboral, donde hay decenas de magistrados que buscan reacomodarse porque intuyen que su jurisdicción desaparecerá en los próximos años, absorbida por la Justicia porteña. Un juez del fuero laboral les hizo llegar un mensaje a los gremialistas: “Esta vez no van a encontrar agua en la pileta”. Podría ser el fin del lobby sindical en un fuero amigable y el surgimiento de una Justicia afín al empresariado y al mileísmo. Mauricio Macri había intentado dar un paso similar.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, sufrió esta semana las bajas de dos funcionarios cercanos; además, fue denunciado en la Justicia por presuntas irregularidades con los PPCCamila Godoy –

Como parte de la hoja de ruta cegetista aparece el campanazo de largada para la temporada alta de las negociaciones paritarias. La proyección inflacionaria de 10,1% anual que trazó Caputo en el Presupuesto para 2026 se anticipa imposible. Solo en el primer trimestre la inflación se aproximaría a ese porcentaje. Primero fue la salida de Marco Lavagna del Indec la que hirió la credibilidad oficial y sumó ruido en el movimiento de los precios. Ahora es la incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente que impulsan los aliados de Milei. El precio del petróleo amenaza con dispararse. Hubo esta semana un acuerdo salarial que en el Gobierno encendió alarmas: la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) pactó una suba de 9,8% por el trimestre febrero-marzo-abril. El apretón de manos entre el sindicato y las cámaras empresarias no fue aún homologado por la Secretaría de Trabajo. Significaría el adiós a la pauta de referencia del 1% o 1,5% mensual que intentó instaurar Caputo.

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En la Secretaría de Trabajo la celebración por la sanción de la reforma duró un suspiro. Julio Cordero, a cargo del área, perdió esta semana a su virtual número dos, Eugenia Cortona, que se desempeñaba como subsecretaria de Empleo y Formación Laboral. “Hay un cambio de enfoque en lo que hace a la formación laboral, mucho más focalizado en lograr una rápida salida laboral que en una formación profesional integral”, explicaron a en la secretaría sobre su salida. Con Cortona, también se fue Darío Silvestro, titular de la dirección de Asociaciones Sindicales, según informó El Destape.

Debilitado por estas bajas y el enfrentamiento de Milei con Techint, su histórico empleador, Cordero recibió otra mala noticia: fue denunciado en la Justicia por una supuesta maniobra irregular para otorgar Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a empresas de la seguridad privada. Con el aval de la secretaría, que es la que debe acreditar la situación de crisis, decenas de empresas sellaron convenios con el gremio del sector, en este caso la Unión Personal de Seguridad (Upsra). Al acceder al PPC, se facilitan las suspensiones del personal, la posibilidad de rebajar salarios y hasta avanzar con indemnizaciones a menor costo.

Marcelo Greco, un dirigente opositor a Ángel Alberto García, histórico jefe de la Upsra desde 1989, ratificó el miércoles pasado su denuncia en el juzgado federal N°12, a cargo de Julián Ercolini. Prometió acreditar como prueba recibos de sueldo de distintos trabajadores con descuentos jubilatorios por encima de lo permitido y deslizó que por la presunta maniobra se recaudan de manera ilegal entre 2000 y 3000 millones de pesos al mes. Ese dinero debería ir a la caja jubilatoria de los trabajadores, argumentó el denunciante.

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“Esto sucede desde 2023. Tengo la hipótesis, pero no la certeza, de que han participado de las maniobras, Diego García [número dos de la Upsra], Marcelo Farre [chofer de Ángel García, el jefe del gremio], los distintos empresarios y Diego González, que formaba parte del Ministerio de Trabajo de ese entonces”, declaró Greco en Comodoro Py. Reforzó su presentación con una entrevista a Miguel Tobar, referente de la barra brava de Estudiantes de La Plata y que supo trabajar para los García en Upsra. En la entrevista, Tobar aportó detalles, habló de “valijeros” y de “jugar para la corona”.

Miguel Tobar, jefe de la barra brava de Estudiantes y delegado del gremio de seguridad privada, denuncia una supuesta maniobra de corrupción entre empresarios, gremialistas y el Estado. Fuente: Radio Arroba

Ángel Alberto García, jefe de la Upsra y viejo ladero de Luis Barrionuevo, logró el 6 de agosto de 2024 una nueva reelección tras el aval de la Secretaría de Trabajo a la Junta Electoral, impugnada por los opositores. García no respondió a los llamados ni a los mensajes de .

En la Secretaría de Trabajo se habría comenzado una auditoría a los PPC otorgados a las empresas de seguridad tras la consulta de . “Esto parece que venía de la época de la pandemia, vamos a averiguar y nos pondremos a disposición”, dijo un allegado a Cordero. El funcionario es también investigado en la Justicia por haber querido tomar ilegalmente el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas cuya obra social, recientemente intervenida otra vez por el Poder Ejecutivo, es un botín millonario codiciado por distintos dirigentes libertarios, como el diputado nacional Pablo Ansaloni o el karinista Eduardo Menem. Batallas por poder y dinero en medio de una economía en estado de alerta.

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POLITICA

Javier Milei participó de la cumbre con Trump: respaldo político a Washington y al esquema de cooperación regional

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Javier Milei participó de la cumbre “Escudo de las Américas” junto a Donald Trump este sábado por la mañana en Miami. Desde Casa Rosada aseguraron que tenía preparado un discurso, sin embargo, solo hablaron el presidente estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En el entorno presidencial sostienen que el presidente argentino iba a remarcar su respaldo político a Washington y al esquema de cooperación regional que impulsa la administración de Trump.

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Leé también: Reforma laboral: el Gobierno prepara su estrategia para defenderse del amparo judicial que presentó la CGT

La participación argentina forma parte de la estrategia de alineamiento internacional con Estados Unidos que el Gobierno viene consolidando desde el inicio de la gestión.

La cumbre tiene como eje la presentación del Escudo de las Américas, una iniciativa de coordinación regional impulsada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas de seguridad en el continente.

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Según la Casa Blanca, el esquema busca fortalecer la cooperación entre países del hemisferio occidental frente a redes criminales que operan en múltiples jurisdicciones.

Milei participará de un almuerzo de trabajo con Trump y luego continuará su gira en Nueva York (Foto: Doug Mills/The New York Times).

El encuentro se desarrolla además en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En Washington sostienen que la coordinación con aliados regionales es clave para enfrentar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y para contener la influencia de actores extrahemisféricos en América Latina.

En paralelo, el gobierno argentino ya dio señales de acercamiento a esa agenda. Días atrás, el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó en Estados Unidos una declaración de cooperación hemisférica con autoridades del Pentágono para coordinar acciones frente a redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.

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Leé también: Luego de haber desplazado al titular de la IGJ, Mahiques avanzó con la designación de veedores en la AFA

En la Casa Rosada reconocen, sin embargo, que la Argentina tiene limitaciones operativas en materia militar. Fuentes oficiales admiten que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades acotadas para participar en iniciativas regionales de seguridad, aunque no descartan un gesto político o diplomático en respaldo a la Casa Blanca si Washington lo solicita.

Tras la cumbre, Milei participará de un almuerzo de trabajo con Trump y luego continuará su gira en Nueva York, donde disertará en la Yeshiva University, participará de la gala anual del medio The Algemeiner y mantendrá reuniones con ejecutivos de Wall Street en el marco de la Argentina Week. La agenda internacional del Presidente concluirá la próxima semana con su asistencia a la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

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Javier Milei, Donald Trump

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Quién es el nuevo titular de la IGJ: su pelea con la AFA por los relojes y la polémica con el kirchnerismo

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Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia se puso en marcha un recambio de nombres en las dependencias de la cartera, y Alejandro Ramírez, abogado de 42 años, recaló en la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla, registra y fiscaliza a las sociedades y entidades civiles, que se convirtió en uno de los instrumentos del Gobierno en su lucha contra la AFA.

Profesor de distintas facultades, pero graduado y ligado estrechamente con la Universidad Austral, Ramírez desplegó su recorrido profesional en el terreno de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), su área de expertise: fue coautor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor -que contemplaba su creación-, representó al país ante la ONU en Viena y New York y escribió un libro y varios artículos sobre la temática.

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La coyuntura subraya un dato particular de su biografía profesional: su pasado reciente lo enfrenta con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) de Claudio “Chiqui” Tapia.

Como letrado, Ramírez representó a Berg Watches, una empresa de relojes noruega que demandó a la asociación de futbol por el incumplimiento de un contrato para diseñar y comercializar relojes de edición limitada con motivos de la Selección argentina. Fue firmado tras el mundial de Qatar y tenía por fin celebrar la consagración del equipo de Lionel Scaloni. Uno de los modelos, señala la firma en su demanda, mostraba al Chiqui Tapia levantando la copa.

La imagen del Chiqui para uno de los relojes especiales

Sin embargo, arreciaron los problemas y nada o casi nada pudo concretarse.

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El precio de la licencia se fijó en USD 500.000, un monto que se pagaría en tres cuotas y a través de los agentes de cobro designados por la AFA. Tourprodenter LLC, la firma de Javier Faroni y Erica Gilette a cargo de cobrar los ingresos de la AFA en el exterior y que según una investigación de habría desviado más de 40 millones de dólares, era una de ellas.

La firma de relojes que representó Ramírez sostiene que, tras haber realizado el primer desembolso de USD 200.000 (de los cuales 160 fueron para Tourprodenter LLC) la AFA comenzó con los incumplimientos: las publicaciones mensuales acordadas no se subieron a las redes sociales; las sesiones especiales con algunos de los jugadores de la selección nunca se celebraron, y muchas de las imágenes que la AFA facilitó para imprimir en los relojes eran de uso exclusivo de la FIFA, sostiene la firma.

Además, dice Berg, toda la visibilidad que le fue negada a la firma, AFA se la dio a la empresa suiza Hublot, competidora directa de Berg.

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Tapia corta la cinta en Hublot

La causa está activa, pero con su nombramiento, Ramírez deberá apartarse de la representación de la empresa, por quedar alcanzado por el régimen de incompatibilidades de la función pública.

¿El mismo rumbo?

Es todavía una incógnita si la IGJ será para Ramírez la continuidad de su enfrentamiento con la AFA por otros medios. Quienes lo trataron en las últimas horas, aseguran que todavía no pudo revisar el expediente contra la AFA que abrió su antecesor, Daniel Vitolo, quien fue hasta el momento la cara visible del oficialismo en el conflicto.

“Hará lo que tenga que hacer”, dice uno de sus allegados.

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Su antecesor Vítolo indagó con insistencia a la asociación de Tapia acerca del destino de 450 millones de dólares, pero, insatisfecho con las respuestas que llegaban desde la calle Viamonte, terminó por recomendar al ministerio de Justicia la colocación de veedores dentro de la AFA, cuya tarea sería la revisar de primera mano los números de la organización que dirige Tapia.

Daniel Vítolo, extitular de la IGJ

Vitolo se fue del Gobierno con una denuncia del “Chiqui” por “abuso de autoridad”, presentación que recayó en el Juzgado Federal número 11 que hoy subroga el juez Ariel Lijo.

Otro de los abogados que conoce de la profesión a Ramírez, pronostica una gestión “abierta”, pero de más bajo perfil que la anterior, en la que la IGJ hable a través de sus resoluciones.

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En defensa de la ley que redactó en conjunto con otros colegas, sancionada en 2017, Ramírez mantuvo, además, un áspero enfrentamiento con el gobierno de Alberto Fernández.

El Frente de Todos pretendía derogar las SAS por los supuestos riesgos que encierra la figura, que permitía crear sociedades de manera más ágil.

“¿Quién va a hacer negocios en Argentina si le decimos que en 2017 se pueden hacer negocios de tal forma y en 2019 lo prohibimos?”, decía, vehemente, en una de sus intervenciones en el Congreso, en 2023.

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Tourprodenter LLC,desviado más de 40 millones,Federico González del Solar,Conforme a

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