POLITICA
La Justicia de Salta confirmó la condena por corrupción contra un ex intendente y ahora definen si va a la cárcel
La Sala 4 del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial en Salta resolvió confirmar la responsabilidad penal de Ernesto Fernando Gonza, exintendente de San Lorenzo por delitos cometidos en perjuicio de la administración pública. Esta decisión abre la puerta a una nueva audiencia en la que se se definirá si la sentencia será de cumplimiento efectivo y, por ende, si Gonza deberá cumplir pena de prisión efectiva. El ex jefe comuna fue denunciado por malversar fondos que debían destinarse a viviendas.
El fallo llega tras una apelación presentada por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien sostuvo que los hechos juzgados no constituyeron meros intentos, sino delitos consumados. El Tribunal, al hacer lugar al recurso, sostuvo que el daño económico al Estado se materializó de manera concreta en el marco de la gestión municipal de Gonza, quien había sido sentenciado inicialmente a una condena excarcelable. La nueva resolución, reconocida por la Fiscalía de Impugnación, representa un paso hacia mayores sanciones para los implicados.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, la sala del tribunal revocó la sentencia de primera instancia y declaró la responsabilidad penal del exintendente y de Sergio Armando —otro de los acusados— por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, ambos calificados como cometidos en concurso real. Esta nueva valoración de los hechos exige la realización de una nueva audiencia para la imposición de la pena, la cual será fijada en función de la gravedad del perjuicio ocasionado.
El proceso judicial se originó tras la condena impuesta por un tribunal colegiado, conformado por los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Araníbar, el 12 de diciembre de 2022. En esa ocasión, Gonza fue hallado culpable de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa —dos hechos— y de peculado de trabajos y servicios, en concurso real. La pena dictada fue de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta.
De igual forma, Sergio Armando, quien se desempeñó en la municipalidad durante la gestión de Gonza, recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta establecidas y en calidad de autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa —dos hechos— y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios.
Durante los alegatos de primera instancia, la titular de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado que la pena para Gonza ascendiera a cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que para Armando pidió tres años y seis meses, también de cumplimiento efectivo, argumentando la gravedad de la afectación al erario público. Esta postura fue refrendada en la instancia posterior, lo que motivó la intervención del Tribunal de Impugnación.
Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal, el recurso de casación presentado por Salinas Odorisio se centró en los hechos vinculados con las casillas del Plan “Una casa para tu hogar”. La representante de la acusación sostuvo que en este caso hubo daño concreto al patrimonio estatal, lo que implica la consumación de los delitos atribuidos a los exfuncionarios, en lugar de una tentativa, como había considerado previamente el tribunal de juicio.
El Tribunal de Impugnación aceptó el planteo de la Fiscalía, argumentando que la configuración de delitos consumados representa un agravante en la valoración de la responsabilidad penal de los acusados. Esta determinación implica que la pena que podría recaer sobre Gonza y Armando podría ser de cumplimiento efectivo, es decir, con la posibilidad de que ambos sean privados de su libertad si así lo dispusiera el tribunal en la próxima audiencia.
La resolución también ordenó que la OFIJU coordine la nueva audiencia para determinar la pena correspondiente, de acuerdo a la agenda judicial disponible. Este paso resulta indispensable para ajustar el monto de la condena a la gravedad de los delitos, tras haberse descartado la figura de tentativa presentada inicialmente.
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la declaración indagatoria del jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, acusado de impedir a las autoridades el acceso a los correos electrónicos de la firma investigada en la causa por la venta de medicamentos con supuestos sobreprecios y cartelización a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En este expediente está proceso el extitular de la Andis Diego Spagnuolo y otras 18 personas. Otros procesados son Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, entre otros, implicados en supuestas negociaciones ilícitas con la entidad.
La investigación reveló un esquema de corrupción que involucra la manipulación de compras y supuestamente comprometió los recursos destinados a personas con discapacidad.
En los albores de este expediente, iniciado luego de que se difundieron audios que mencionaban el cobro de coimas del 3% del precio por parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el juez federal Sebastián Casanello allanó la droguería Suizo Argentina. Era una de las firmas proveedoras de los medicamentos.
En ese procedimiento Iglesias intervino para impedir el acceso al servidor de mails de la empresa, por lo que fue denunciado por Casanello por resistencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento en la empresa situada en la avenida Monroe 801 de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de la medida era realizar una “copia espejo” de los correos electrónicos institucionales de una decena de directivos de la firma para recabar evidencia digital sobre el caso investigado.
Durante el operativo, el personal de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad identificó a Hernán Díaz como la única persona presente con los privilegios de administrador y los conocimientos técnicos necesarios para acceder al sistema.
Cuando los agentes le solicitaron que realizara el “blanqueo de claves” (reseteo de contraseñas) para poder exportar los correos, Díaz reconoció saber cómo hacerlo, pero se negó a colaborar.
Según consta en el acta del procedimiento, el jefe de sistemas se justificó afirmando que carecía de “la autorización”.
Para el fiscal Rívolo, el argumento de Díaz no tiene sustento legal frente a un mandato judicial. “La invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público”, dijo.
El fiscal remarcó que la medida se encontraba amparada en una orden legítima, clara y vigente.
Además, destacó que la negativa de Díaz provocó un daño directo a la investigación en curso, ya que la Justicia no pudo acceder a las casillas de correo requeridas.
“La actitud adoptada por Hernán Daniel Díaz obstruyó el procedimiento en lo que se refiere al blanqueamiento de las claves y comprometió su éxito”, explicó el fiscal Rívolo.
Ahora será el juez federal Julián Ercolini quien decidirá si avanza sobre el empleado de la droguería Suizo Argentina.
El expediente de la causa ANDIS está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo con la intervención del fiscal Franco Picardi. El fiscal, tras los primeros procesamientos, trabaja en una segunda etapa sobre la operatoria de los laboratorios y droguerías que proporcionaban los medicamentos, incluida la Suizo Argentina, pero aún no pidió ninguna medida.
En paralelo, la Cámara Federal analiza los procesamientos de los funcionarios y empresarios y los planteos de las defensas para declarar nula la causa por el origen de los audios, que se conocieron al inicio de la investigación.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Nahuel Gallo habló con María Corina Machado tras haber estado 448 días detenido por el régimen chavista
El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación y puesta a punto tanto física como psicológicamente para seguir con sus tareas en la Gendarmería. Mientras tanto, sigue con una agenda de comunicación con varios referentes venezolanos y argentinos, y ahora habló por primera vez con María Corina Machado, la líder venezolana y premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen chavista.
La comunicación entre ambos se dio a conocer a través de una publicación de la activista venezolana en la Argentina, Elisa Trotta, quien compartió imágenes de la comunicación entre el gendarme, su esposa María Alexandra Gómez y la referente de la oposición venezolana.
“Hoy Nahuel Gallo y @gg_alexand95764 conversaron con @MariaCorinaYA y su equipo. Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela. Seguimos hasta #QueSeanTodos”, publicó Trotta en su cuenta de X.
Asimismo, desde el espacio Comando Venezuela, que lidera Machado, postearon: “¡Bienvenido a la libertad, Nahuel! La líder María Corina Machado conversó con el ex preso político Nahuel Gallo tras ser liberado».
A más de una semana de que se haya conocido la noticia de su liberación por parte del régimen chavista, el gendarme poco a poco va retomando el ritmo de lo que era su vida antes del 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido de forma ilegal mientras intentaba cruzar la frontera vía terrestre entre Venezuela y Colombia.
En los últimos días, Gallo participó por primera vez desde su retorno al país, integrándose a la rutina junto al escuadrón y bajo la mirada atenta de los altos mandos de Gendarmería y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. La presencia de la funcionaria subrayó el carácter especial de la jornada y añadió un significado particular al izamiento de la bandera argentina.
Quienes participaron de la jornada destacaron la fuerte carga emocional del izamiento de la bandera, rodeado de sus colegas y autoridades. Como parte del homenaje, Gallo recibió una insignia representativa: el cóndor del Escuadrón Uspallata.
“El cóndor es el señor de los cielos y representa a nuestro escuadrón; hoy queremos que lo lleves siempre contigo y que sepas que te tenemos presente en nuestros corazones”, señaló el jefe de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, al entregar la distinción.
El reingreso de Nahuel Gallo a la institución no sólo representó su regreso físico, sino también un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional: había expresado en las últimas horas su deseo de volver a ser gendarme porque tenía “muchas ganas de trabajar”.
Para lograrlo, antes debe superar exámenes médicos y psicológicos, recuperar peso y completar ciertos tratamientos, pero la expectativa es que retome sus funciones lo antes posible.
Durante la conferencia de prensa, Gallo sostuvo que en el lugar donde lo mantuvieron detenido hay «bastante torturas psicológicas» y aclaró que “hay veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”.
“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos veinticuatro extranjeros, yo no estoy libre. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado“, aclaró.
Y añadió: “Solamente quería pedirle a los medios internacionales, a la ONG, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela, porque no solamente el Rodeo I tiene presos políticos, no podemos mirar para otro lado”.
Gallo fue liberado el pasado 1 de marzo, cuando a través de un comunicado de la AFA, se conoció que regresaba al país. Finalmente, pudo abrazarse con su familia que lo esperó en el Aeropuerto de Ezeiza hasta las 4.30 de la madrugada cuando volvió a poner un pie en territorio argentino.
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POLITICA
Harán una audiencia para definir si sigue adelante la causa por evasión contra la AFA o si la cierran por inexistencia de delito
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico convocó a una audiencia para la semana próxima para definir si sigue adelante con el caso por evasión y apropiación de aportes de los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o si corresponde cerrar el expediente por inexistencia de delito.
La convocatoria de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio es para el miércoles 18 de marzo y allí la defensa del presidente de la entidad, Claudio Tapia, y la de los integrantes de la comisión directiva argumentarán en favor de que se cierre el caso, mientras que la fiscalía peleará para mantenerlo abierto.
En esta causa, Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que serán indagados en los tribunales mañana y pasado, están acusados por la ARCA de retener aportes y no pagar impuestos, en 2024 y 2025, por 19.000 millones de pesos.
Los defensores argumentaron que no correspondía pagar esas sumas porque estaban suspendidos los embargos. No obstante, vencida la fecha prevista para el cobro, pagaron la suma que le reclamaban a la AFA.
Por eso, como ya pagaron, los defensores sostienen que no hay delito y que la causa debe ser cerrada.
Sin embargo, la fiscalía de Claudio Navas Rial señaló que cuando se había fijado la fecha de pago, la obligación no se cumplió y eso es suficiente para acreditar el delito. Y señaló que la resolución del Ministerio de Economía que suspendía los embargos no implicaba que no se debían hacer los pagos.
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido para cerrar la causa y avanzó con las declaraciones indagatorias. Ya declararon los secretarios generales de la organización Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors.
Las defensas apelaron y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico: hay en realidad dos audiencias previstas, una para el jueves 12 para discutir la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino; y otra el 18 para debatir el cierre del caso por inexistencia de delito.
Si se mantiene la prohibición, Tapia y Toviggino deberán pedir permiso para ir al campeonato mundial de fútbol en los Estados Unidos.
En la causa penal se investiga la falta de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Tanto Malaspina como Blanco recordaron en un escrito presentado cuando fueron indagados, sin responder preguntas, que estaba pendiente esta decisión de la Cámara de Apelaciones.
“Antes de ingresar al análisis de los hechos que se me intiman en este acto como imputación, corresponde señalar que al momento de la presente audiencia se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, una cuestión que incide directamente en la habilitación misma del ejercicio de la acción penal en estas actuaciones”, sostuvo la presentación del abogado Lucio Simonetti.
Además de esta causa por evasión, hay otros tres expedientes donde se investiga a la AFA, a Tapia y a Toviggino.
Uno de ellos lo tiene el juez federal de Campana Adrián González Charvay sobre los dueños de la quinta de Pilar, que se sospecha pertenece a Toviggino. Pero ahora ese magistrado pidió concentrar en sus juzgado todas las causas incluidas aquellas por el supuesto desvío de fondos de dinero cobrado por la AFA en los Estados Unidos.
Los imputados pidieron que la causa de la quinta de Pilar quede en ese juzgado de Campana porque entienden que les irá mejor que en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, que avanzó con la investigación.
De todos modos, no está dicha la última palabra acerca de quién resolverá esta cuestión de competencia, algo que debe hacer la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces que votarán dónde se queda el caso, si en Campana o en el Penal Económico de Aguinsky, son Javier Carbajo y Angela Ledesma. Y hoy se sorteó al tercer juez que decidirá el asunto de la quinta valuada en unos 20 millones de dólares.
El sorteo recayó en el juez Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación y postulado para el Ministerio de Justicia, antes de que asumiera Juan Bautista Mahiques, cargo que desestimó para no dejar la neutralidad del Poder Judicial.
Mientras se decide dónde queda la causa de la quinta, el juez Gonzalez Charvay planteó al juzgado de instrucción 11 Paula Petazzi, y a su colega Luis Armella de Quilmes, interinamente a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, que le envíen la causa de la AFA donde se investigan desvíos de fondos.
El juez Armella y la jueza Petazzi investigan el rol de la firma TourProdEnter LLC, dirigida por Érica Gillette como presidenta y su marido Javier Faroni como su cara visible, constituida en los Estados Unidos.
De acuerdo al contrato firmado con la AFA, Tour ProdEnter LLC era su agente comercial exclusivo en todo el mundo excepto en la República Argentina, en virtud de lo cual tenía potestades de representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos o comerciales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de la AFA en el exterior.
La empresa habría desviado sumas millonarias hacia sociedades “fantasma” en Florida, tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Estas firmas están a nombre de personas con perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local.
Ahora se deberá definir si el juez Armella y la jueza Petazzi le entregan sus investigaciones a González Charvay.
Si los jueces Petazzi y Armella se allanan al pedido, no hay conflicto y el caso queda concentrado en González Charvay. Si los jueces rechazan el pedido de Armella, el asunto puede que sea resuelto por la Cámara Federal de San Martín y eventualmente al final del proceso por la Cámara Federal de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma y Borinsky.
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