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POLITICA

La Justicia federal aceptó un amparo contra el Gobierno por el estado de la Ruta 151

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia Federal reconoció la acción de amparo colectivo presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y cámaras empresariales para garantizar la seguridad en la Ruta Nacional 151.

Hace dos meses, el gobierno de Río Negro había denunciado a la gestión de Javier Milei por la falta de obras. Ahora, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, aceptó el amparo y definió avanzar en “los tramos específicos de la ruta incluidos en la cautelar solicitada, para evaluar la necesidad de obras de conservación hasta la sentencia definitiva”.

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El juez también pidió la participación de peritos de parte, “para producir luego un examen científico que precise tanto las medidas requeridas como las defensas planteadas por la demandada”.

El gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo, intendentes de diversos municipios y entidades empresariales habían advertido sobre el “deplorable estado” de la Ruta Nacional 151.

“Agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial. El estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 es un símbolo del abandono del gobierno nacional hacia el interior productivo del país”, afirmó Weretilneck. Y agregó: “Basta de abandono. La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no”.

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El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck

Luego de que se aceptara el amparo, el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, señaló que “es un paso indispensable para dejar en evidencia la gravedad del abandono de la Ruta 151 y exigir medidas urgentes que resguarden la seguridad de los rionegrinos”. Pérez Estevan añadió: “El propio Estado Nacional reconoció que en dos años no ejecutó obras sustanciales y que lo hecho hasta ahora es claramente insuficiente. Esa confesión deja en claro que la provincia tenía razón al plantear esta acción judicial”.

Además, el Fiscal de Estado sostuvo que Río Negro no se va a resignar a que la desidia nacional ponga en riesgo vidas humanas: “Vamos a seguir insistiendo hasta que se ordenen las obras mínimas de conservación y se cumpla con el deber básico de garantizar rutas seguras. Llevamos meses reclamando medidas mínimas mientras la causa se demora en trámites que no se condicen con la urgencia del caso. El amparo no puede transformarse en un juicio ordinario: la Justicia debe actuar rápido porque está en juego la vida de quienes transitan todos los días esta ruta”.

La acción de amparo colectivo, presentada ante el Juzgado Federal de General Roca, fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, así como por cámaras empresariales de las localidades afectadas.

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Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas”, indicó Weretilneck.

El gobierno de Río Negro criticó la inacción del Estado Nacional en el mantenimiento de la ruta 151.

Desde el inicio, la intención del amparo fue que la Justicia exigiera a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa. Se trata de una ruta muy utilizada también por los turistas que viajan a la Patagonia, especialmente en verano.

Entre los puntos centrales de la presentación se detalló que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, la educación (afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2300 docentes de 70 escuelas), así como actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.

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La demanda también subrayó la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: advierten que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, “esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.


Paz García Pastormerlo,Río Negro,Javier Milei,Alberto Wereltineck,Conforme a,Río Negro,,El auto no paraba de girar. Impresionante vuelco en una carrera en General Roca: el piloto tuvo que ser hospitalizado,,Fuerte choque. Un hombre de 36 años murió tras cruzarse de carril e impactar de frente contra un camión en Río Negro,,En Río Negro. Un hombre encapuchado prendió fuego una camioneta que perteneció a un exjugador de Boca

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“Silencio, cállense la boca”: a los gritos y golpes de mesa, una disertante irrumpió en la audiencia por la Ley de Glaciares

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Las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares atravesaron momentos de fuerte tensión durante una jornada marcada por interrupciones, desorden y dificultades para sostener el orden de las exposiciones. El clima se volvió especialmente álgido cuando una disertante tomó la palabra a los gritos para exigir silencio en la sala.

El episodio ocurrió en el marco del plenario que presidieron los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes llevaban adelante la audiencia por la reforma legislativa. Durante el desarrollo de la jornada, ambos dieron por finalizada la instancia, aunque todavía quedaban personas anotadas para exponer.

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Tras ese anuncio, desde la organización consultaron si todos los disertantes se encontraban presentes en la sala. Ante la confirmación, el plenario continuó, aunque en un contexto que derivó en desorden generalizado, con múltiples voces superpuestas y dificultades para coordinar las intervenciones.

En ese escenario, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera. Su intervención se destacó de inmediato por el tono elevado y la forma en que buscó imponerse en medio del ruido ambiente. Según se escuchó en la sala, la disertante comenzó su exposición con un pedido contundente de silencio.

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“Silencio, callensé la boca, todos, sí, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana”, exclamó, elevando la voz por encima del resto de los presentes.

El volumen de los gritos generó una distorsión en el sonido de la sala, con parlantes que reprodujeron la intervención de manera saturada. La escena se desarrolló mientras persistían conversaciones y movimientos en el recinto, lo que reforzó el clima de desorden que atravesó ese tramo de la audiencia.

En simultáneo, y en medio de los gritos, se escuchó la voz de Nicolás Mayoraz desde la mesa de conducción. El diputado anunciaba que iba a tomar la palabra Wanda Albornoz Olivera, en un intento por ordenar la secuencia de exposiciones. Sin embargo, ese anuncio quedó parcialmente solapado por la intensidad de la intervención de la disertante.

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El episodio se produjo luego de una serie de momentos tensos durante la jornada, en los que distintos participantes expresaron dificultades para intervenir o reclamaron condiciones para poder exponer. La continuidad del plenario tras el cierre inicial generó confusión entre los presentes, que intentaban confirmar si aún podían hacer uso de la palabra.

En concreto, lo que fue la segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

Una de las protestas contra la Ley de Glaciares (Foto: Jaime Olivos)

Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente.

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La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.

Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores “mineros” para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.

En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.

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Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.

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Una por una: 10 normas que se eliminarían con la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger

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La “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de más de 70 normas.

Algunas, por “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”; otras, porque “afectan a libertades individuales” o porque están “englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas”, entre otros motivos.

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Entre las leyes que buscan derogar están:

– La Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“. Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

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– La Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.

– Dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “hablita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.

– La Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

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-La ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación de la legislación no impone acciones concretas.

-La ley N° 94, de 1864, que inhabilita por diez años a cualquier autoridad que “haga azotar a una persona”. El proyecto de ley destaca que la pena de azotes fue prohibida por la Constitución, que impide “toda especie de tormento y los azotes”. La iniciativa destaca: “Hoy en día es absurdo mantener una ley que contemple específicamente este instituto, que está prohibido en nuestra Constitución y nunca debe tener lugar en un Estado liberal y republicano. Es por ello que ha perdido vigencia y, en tal caso, esta conducta reprochable encuentra condena a través de otras figuras penales”.

-La ley N° 20.400 (1973). Establece que no se podrá realizar ninguna operación con el objeto de conseguir para sí o de proporcionar a un tercero mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas, precisa la iniciativa oficial, que destaca, que posteriormente, su articulado fue superado por normas de un sistema interrelacionado de lucha contra la trata, en particular la Ley N° 26.364, por lo cual en la actualidad no tiene aplicación práctica alguna.

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-La ley 20.843 (1974). Esta norma reconoce la figura de “Padrinazgo Presidencial” y la institucionalizaron imponiendo que toda persona que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo Nacional tiene derecho a que el Estado Nacional “le asegure la realización gratuita de los estudios de nivel primario, secundario, universitario o especial que curse en establecimientos educativos oficiales”.

-La ley 22.109 (1979), que establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer el aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos, así como la vacunación y revacunación de los grupos expuestos al riesgo de enfermos y la adopción de otras medidas. “Esta norma ha sido superada por la Ley N°27.491 sobre control de enfermedades prevenibles por vacunación, que establece los mecanismos para lidiar con las enfermedades infectocontagiosas de manera integral», dice el proyecto.

Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto


ley Hojarasca,eliminación de más de 70 normas,pic.twitter.com/CkllI0gYd5,October 13, 2024,Conforme a

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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente vuelve a mostrarse hoy con Adorni para respaldarlo por el escándalo de los viajes y propiedades del jefe de Gabinete

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Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto:

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