POLITICA
La Justicia federal frenó el decreto del Gobierno que disolvía Vialidad Nacional

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto con el que el Gobierno dispuso el cierre de Vialidad.
El fallo, al que tuvo acceso TN, ordenó al gobierno abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto 461/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.
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La jueza remarcó que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″, y que la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, “la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
Por lo tanto, el decreto emitido por el gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”, aseguró Forns.
La jueza tuvo en cuenta también la posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria, derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.
“En esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, concluyó la titular del juzgado.
La demanda fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que aseguró que entre los alcances de las facultades delegadas otorgadas al gobierno no se encontraba la potestad de avanzar con el cierre del organismo.
Se trata del Decreto 480/2025, que establece la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el objetivo es centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El cierre de Vialidad
El pasado 7 de julio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei firmó un decreto que elimina la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos del área.
“Este organismo se creó para simplificar la corrupción”, dijo Adorni en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
El decreto firmado busca que el Ministerio de Economía sea el nuevo el responsable directo del sistema troncal de caminos nacionales, en reemplazo de la Dirección Nacional de Vialidad.
Sus fondos, activos y personal serán transferidos a la cartera económica, que también podrá delegar funciones en otras jurisdicciones.
Tras su disolución, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) distribuirá sus funciones entre la nueva agencia y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.
Vialidad Nacional, Justicia, Gobierno
POLITICA
Elecciones Santiago del Estero 2025: quiénes son los candidatos a gobernador

El próximo 26 de octubre, Santiago del Estero no solo renovará tres bancas del Senado de la Nación y otras tres de la Cámara de Diputados, sino que también definirá a su gobernador por los próximos cuatro años. Son comicios a contramano de la mayoría de las provincias, donde se renueva la gobernación en los años que coinciden con las elecciones nacionales.
Además, se renovarán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además de los intendentes y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades que tienen calendario electoral diferenciado tras haber sido intervenidas por la provincia.
En total, el país renovará 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, lo que definirá el pulso político nacional, y las mayorías que habrá en el Poder Legislativo durante los próximos dos años del gobierno de Javier Milei.
Cómo consultar el padrón electoral en Santiago del Estero
Los electores de todo el país que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral para los comicios de octubre de 2025. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el acceso al listado definitivo. Si bien en Santiago del Estero convergen las elecciones generales con las provinciales, los electores tomarán todas sus decisiones en la misma escuela.
Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:
- Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
- Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
- Seleccionar un distrito.
- Completar el verificador de seguridad.
También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:
Quiénes son los candidatos a gobernador en Santiago del Estero
El candidato a gobernador por el Frente Cívico es Elías Suárez, jefe de Gabinete y hombre de máxima confianza del actual portador del cargo, Gerardo Zamora. Estará acompañado en la fórmula por Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local.
La decisión causó sorpresa en diferentes sectores políticos y entre los propios aliados del oficialismo. Mientras algunos esperaban una nueva candidatura de Claudia Ledesma Abdala, esposa de Zamora y gobernadora entre 2013 y 2017, desde el entorno del gobernador resaltaron que la designación de Suárez responde a un criterio de liderazgo y continuidad.
En la oposición, La Libertad Avanza (LLA), con el impulso de Karina Milei y Martín Menem, se potula Italo Ciocolani, ex referente del PRO y actual titular de la UDAI Santiago, del ANSES.
El frente Despierta Santiago, integrado por el radicalismo no zamorista, el PRO y el Movimiento Viable, presentó al diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador.
La cuarta lista viene de la mano del Frente Renovador. El máximo referente local del espacio, el ex intendente de La Banda y candidato a diputado provincial, Pablo Mirolo, impulsa a Veronica Larcher como candidata a gobernadora para suceder a Zamora.
Cómo se vota en Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el electorado enfrentará un proceso electoral concurrente el día de los comicios, debiendo emitir su voto en dos urnas diferentes. Para los cargos provinciales, se utilizará el método tradicional denominado boleta sábana, en el cual se presentan todas las candidaturas de un partido o alianza en una única papeleta. Cada fuerza política, contará con su boleta propia.
En contraste, los cargos para el Congreso nacional se elegirán mediante el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.
Este modelo implica que los ciudadanos recibirán dos papeletas distintas al ingresar al cuarto oscuro, una correspondiente a cada jurisdicción electoral. El uso del sistema tradicional en el ámbito provincial mantiene la práctica histórica de la provincia, mientras que la implementación de la Boleta Única de Papel para los cargos nacionales responde a la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei.
Quiénes pueden votar en las elecciones de Santiago del Estero 2025
En Argentina se considera electores para los cargos nacionales a los argentinos nativos desde los 16 años y desde los 18 a los argentinos naturalizados.
Según la legislación vigente, el voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio. ¿Qué significa esto? Que todos los argentinos y argentinas, independientemente de su sexo, raza, religión, son titulares del derecho al sufragio a partir de los 16 años de edad.
Es “igual” porque el voto de todas las personas tiene el mismo valor; “secreto”, porque nadie está obligado a revelar su voto; “libre”, porque ninguna persona puede estar forzada a votar a determinada alianza política; y “obligatorio”, porque todo elector que se encuentre habilitado tiene el deber, por ley, de votar.
En cuanto a los extranjeros residentes en el país, no pueden ejercer el voto en los comicios nacionales, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales.
Los jóvenes entre 16 y 17 años tienen derecho a emitir su voto, de acuerdo a la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), comúnmente conocida como “Ley de Voto Joven”, que habilita a los argentinos nativos o por opción menores de 18 años a elegir a sus representantes políticos y la participación en los sufragios de todo el país.
Por otra parte, el Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva. Estas deben estar incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad, que, al igual que el padrón, es elaborado por la Cámara Nacional Electoral.
Por otra parte, no están incluidos los siguientes grupos de ciudadanos en el padrón electoral:
- Los dementes declarados tales en juicio.
- Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.
- Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis.
- Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción.
- Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.
- Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
- Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.
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Fargosi contó por qué se bajó del debate y aseguró que el Gobierno lo “escaneó” antes de la candidatura

El primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) para diputado en la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi, contó este miércoles por qué se bajó del debate con sus contrincantes y aseguró que el Gobierno lo “escaneó” antes de ofrecerle un lugar, para evitar así polémicas durante la campaña.
En medio de una carrera electoral discreta que llevó adelante en la Capital, en un intento sobre todo de ser apalancado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que va como número uno de los libertarios por la Ciudad pero al Senado, Fargosi fue uno de los primeros que dijo que no iría a debatir en el canal TN. Esa puesta no era de carácter obligatorio fijada por la Justicia electoral, como ocurre en las presidenciales, pero su decisión le valió fuertes críticas de la oposición.
Convencido de que el rechazo a participar de esta conversación no va a afectar su desempeño el próximo domingo de elecciones, planteó que hubiera preferido una discusión uno a uno y no con todos los candidatos porteños. “Me da vergüenza decirlo, porque uno parece que es un pedante, pero yo vengo arriba desde el principio [en las encuestas]. No por mérito mío, sino por mérito de LLA. Y lo que enseñan los debates es que el que está arriba liga en los ataques de todos los demás”, sostuvo en Radio La Red y añadió que no tenía intenciones de “contestar agravios personales”.
“No es un debate obligatorio, es un negocio que respeto, es un debate periodístico que tiene valor, pero implica reglas que a mí no me convencían, como una multitud de gente. Imagínense cinco o seis personas debatiendo al mismo tiempo, en una campaña en la que solo se jugaron agravios personales. En lugar de poder hablar de los cuatro objetivos clave que tiene LLA, íbamos a terminar hablando de si hace 15 años en el Consejo de la Magistratura había votado tal o cual cosa. Eso para lo único que sirve es para una especie de Gran Hermano político con el que no estoy de acuerdo“, dijo Fargosi.
Asimismo, insistió con que no le tenía ”miedo al debate” y puntualizó en que ese momento se iba a “convertir en una carnicería”, siempre según su postura. “Iba a ser para ver quién agredía más al otro. Y como yo no estoy dispuesto a agredir, iba a terminar siendo el pato de la boda”, se justificó.
En tanto, respondió por las polémicas que atravesó su espacio, que comanda el presidente Javier Milei, durante toda la campaña, con candidatos involucrados en problemas judiciales, con el caso Espert como emblema.
Consultado sobre si los representantes del Gobierno le consultaron si tenía algún problema anterior o algún traspié, el candidato aseguró: “Casi que fue al revés, cuando ofrecí hacerlo [ser candidato] me dijeron: ‘No se preocupe que ya lo escaneamos’. Y dije: ‘Bueno, pero sepan tal y cual cosa. Yo he sido abogado de tales personas’. Porque uno tiene una historia en la vida y puede ser aprovechada con buena y mala fe. Yo lo puse a disposición y lo informé. Después está la parte de la mala fe, lo que se llama ‘opereta’, que es inventar cosas que no pasaron».
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Avanza en la Legislatura la creación del “INCAA bonaerense” al que Kicillof planea destinar $675 millones

El proyecto, conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado. Allí se aprobó exclusivamente con votos peronistas, mientras que bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y el bloque libertario de La Libertad Avanza se abstuvieron o votaron en contra.
La norma contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones que se actualizará cada año por la Ley de Presupuesto bonaerense, vinculando su actualización al valor promedio de entradas de cine establecido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Para su gestión se establecerá un Consejo Provincial Regional —el “INCAA bonaerense”— integrado por representantes de universidades, sindicatos y asociaciones audiovisuales, a fin de asegurar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
En el peronismo advierten que LLA recortó la diferencia de intención de voto en PBA
Entre los principales puntos de la ley que fueron difundidos destacan la creación de un registro único de la actividad audiovisual bonaerense, requisito para que los trabajadores accedan a los beneficios de la normativa; el impulso de una red de salas de cine bonaerenses; la creación de un Archivo Audiovisual Provincial; y una plataforma digital bautizada BaFilma, destinada a promover las producciones locales.
Aunque el dictamen fue aprobado en comisión, el proyecto deberá aún transitar por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento final. En su avance, el oficialismo deberá buscar, además, tres votos adicionales entre los senadores no alineados para lograr la sanción definitiva de la norma.
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