POLITICA
La Justicia investiga nuevas irregularidades en la empresa estatal Corredores Viales
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que abogados dependientes de Corredores Viales S.A. intervinieron en juicios ejecutivos sin defender adecuadamente al Estado y, en tres causas, cobraron honorarios prohibidos por ley, situación que derivó en la transferencia de $66.227.732,57 desde fondos públicos a cuentas personales de los profesionales implicados. El perjuicio fiscal atribuido por estos y otros procesos auditados por el organismo supera los 4.664 millones de pesos entre todos los juicios revisados.
Corredores Viales S. A. es la empresa estatal que administra los corredores viales bajo la tutela del Estado. Con más de cuatro mil empleados, gestiona diez tramos viales a lo largo de aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. Su cobertura abarca las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, e incluye el Acceso Riccheri, que conecta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus funciones principales se encuentran el mantenimiento y la operación de rutas, el cobro de peajes y la prestación de servicios al usuario, como auxilio y control de cargas.
Ante la situación que detectó la SIGEN, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo.
La muestra auditada incluyó el 53,17% del monto total de litigios donde la empresa figura como parte, abarcando 23 causas activas al 31 de diciembre de 2024. El monto reclamado en los cinco principales procesos ejecutivos en revisión se aproxima a 2.500 millones de pesos. En uno de los expedientes, la empresa ICF S.A. inició un reclamo de $590.572.807,38, que terminó convertido en una liquidación final reconocida judicialmente de $1.206.120.939,69.
Las actuaciones que actualmente son objeto de investigación en la justicia federal se refieren a intervenciones realizadas por profesionales que integraban la estructura jurídica de la empresa con anterioridad al inicio de la actual intervención.
Según estableció este medio de fuentes judiciales y del propio informe de la SIGEN, dichos profesionales ya se encontraban desvinculados de Corredores Viales S.A. al momento de iniciarse la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 244/2025, por lo que los hechos investigados corresponden a gestiones previas a la actual administración de la empresa.
Una vez iniciada la intervención y tras tomar conocimiento de las situaciones referidas, la actual conducción de Corredores Viales S.A. adoptó diversas medidas con el objetivo de esclarecer los hechos, resguardar los intereses de la empresa y colaborar con las autoridades competentes.
Deficiencias en la defensa del Estado
El informe de la Sindicatura General de la Nación señala que la actuación de los abogados internos de Corredores Viales S. A. fue “inadecuada para la defensa de los intereses de la sociedad” en al menos cuatro procesos ejecutivos. Los auditores verificaron que los representantes estatales presentaron allanamientos sin autorización expresa, omitieron oponer defensas y no invocaron la inembargabilidad de fondos públicos, como exige la Ley 24.624. Además, evitaron responder los traslados de las liquidaciones hechas por la contraparte.
En los expedientes COM 023443/2023, COM 025440/2023, COM 004033/2024 y COM 004144/2024 —relacionados con el impago de facturas MIPyME— los profesionales de Corredores Viales S. A. no invocaron la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que determina que no deben prosperar acciones ejecutivas contra el Estado Nacional o sus entes y, ante cualquier reclamo, corresponde primero la intimación de pago.
Al no solicitar la aplicación de la inembargabilidad de fondos públicos, los jueces en varias sentencias desestimaron los allanamientos de la defensa estatal y, en todos los casos, impusieron costas procesales íntegramente a cargo de la sociedad anónima estatal.
Transferencias millonarias
La SIGEN acreditó que, tras condenas y costas a favor de las contrapartes, abogados empleados de CVSA solicitaron y habrían recibido honorarios regulados a su favor, logrando transferencias directas de fondos públicos a sus cuentas personales.
Según la documentación obtenida por los auditores, se acreditaron transferencias de: $25.462.774,63 y $6.713.368,29 (COM 025440/2023), $14.134.860 (COM 023443/2023), $7.439.400 y $12.527.329,65 (COM 004144/2024), sumando exactamente $66.227.732,57.
De acuerdo con el informe de la SIGEN, al que accedió Infobae, estas percepciones infringen el Decreto N° 34.952/47, reglamentario de la Ley N° 12.954, y el artículo 7° del Decreto N° 1204/01, que prohíben a abogados estatales percibir honorarios si no provienen de la parte contraria, y no del propio organismo estatal. También la Ley N° 27.423 impide el cobro cuando el profesional está bajo relación de dependencia, salvo circunstancias que no aplicaron en estos casos.
La actual intervención de Corredores Viales S.A. también tomaron cartas en el asunto y realisaron las siguientes actuaciones:
-Constitución de la empresa como parte querellante en la causa penal que investiga los hechos, mediante presentación efectuada durante el mes de mayo de 2025 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
-Aporte de documentación y elementos de prueba mediante diversas presentaciones judiciales realizadas durante el año 2025, con el objeto de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
-Solicitud de una medida cautelar de no innovar, requerida por la empresa para impedir que se hicieran efectivo los cobros de honorarios pendientes, la cual fue concedida por el juzgado interviniente y permanece vigente en la actualidad, habiendo sido recientemente ampliada.
-Entrega de equipos informáticos y colaboración con medidas de prueba, lo que permitió que el juzgado dispusiera la realización de pericias informáticas previstas para el mes de marzo de 2026.
-Impulso de actuaciones disciplinarias ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal respecto de los profesionales involucrados.
-Inicio de acciones civiles por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa.
-Inicio de sumarios administrativos internos.
Las actuaciones mencionadas dan cuenta de que los hechos investigados acaecieron con anterioridad a la actual intervención de Corredores Viales S.A. y que la misma ha impulsado activamente su esclarecimiento y la adopción de medidas judiciales, administrativas y disciplinarias destinadas a proteger los intereses de la empresa y del Estado.
La empresa continúa colaborando plenamente con la investigación judicial en curso y reafirma su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la correcta administración de los recursos públicos.
Otras irregularidades
Ninguno de los expedientes auditados mostró evidencia de autorizaciones expresas para los allanamientos ni para la transferencia de honorarios. El informe final advierte sobre la afectación directa al patrimonio de Corredores Viales S.A. y recomienda delimitar responsabilidades administrativas para determinar la existencia de perjuicio fiscal, además de ordenar la recuperación de las sumas y dar intervención a la Oficina Anticorrupción.
Junto a estas deficiencias, la SIGEN identificó otras irregularidades: una demora de 18 meses por parte de CVSA para iniciar el reclamo tendiente al recupero de $1.111.920 (expediente CIV 044888/2023), la omisión de informar el inicio de juicios a la Procuración del Tesoro de la Nación, según la ley 25.344, en al menos nueve expedientes y la falta de registro preciso de movimientos procesales y montos económicos en el Sistema único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ Web). Solo en dos de veintitrés causas auditadas existían datos completos sobre etapa y estado procesal, y en cinco procesos ejecutivos no se ingresó información sobre montos o erogaciones.
Corredores Viales S.A. opera como sociedad anónima con capital estatal, bajo la órbita del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. Al cierre de 2024, la entidad tenía 85 causas judiciales activas, siendo demandada en el 98% de los casos. El monto total inicial reclamado alcanzaba $4.664.856.784,14.
En todos los expedientes auditados, la falta de defensas eficaces, controles jerárquicos y supervisión sobre los abogados estatales produjo los perjuicios observados. La SIGEN recomendó adoptar medidas urgentes para asegurar una gestión jerárquica eficiente y la estricta observancia de la normativa vigente en materia judicial.
Un informe adicional de la Sindicatura —publicado por Infobae y en investigación en el juzgado federal de Lijo—, detectó severas irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa encargada de administrar rutas estatales, con pérdidas superiores a $30.000 millones en 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, en un contexto de deficiencias administrativas y controles internos débiles.
El desorden administrativo derivó en la intervención de Corredores Viales S.A. resuelta por el presidente Javier Milei, y en la denuncia penal instruida por Lijo. En paralelo, el Gobierno inició la privatización de la empresa, con el objetivo de su disolución.
La empresa fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el Decreto 794/17, como una alternativa a la Dirección Nacional de Vialidad. Su función inicial era administrar corredores estratégicos mediante peaje, pero con el tiempo —según informes oficiales— se transformó en un organismo costoso, opaco y deficitario.
Los informes de la SIGEN provocaron una rápida reacción pública. Jorge Zatloukal, director ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), reclamó la disolución de Corredores Viales S.A. y la devolución de sus funciones a la Dirección Nacional de Vialidad.
Zatloukal afirmó: “Corredores viales S.A. debe ser disuelta: es una estructura cara y sin funciones, un agujero negro por donde se escurren miles de millones”. En ese sentido, agregó que es necesario restituir las funciones de mantenimiento a Vialidad Nacional, organismo que sí cuenta con una estructura adecuada.
El representante de CONADUV destacó la crítica situación de las rutas y la ausencia de contraprestación al pago de peajes, subrayando: “Las rutas están en pésimo estado, no hay contraprestación por el peaje abonado” y remarcó la ausencia de un ente regulador, lo que expone a los usuarios y al interés público: “La indefensión de los usuarios y el descuido del interés público es total”.
Finalmente, Zatloukal advirtió: “Algunas empresas que estuvieron mencionadas en los famosos cuadernos se van quedando con concesiones”, una situación preocupante debido a que la investigación judicial sobre esas adjudicaciones todavía no concluyó.
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POLITICA
Cuál es la estrategia del Gobierno para revertir la suspensión de la reforma laboral: temores, versiones y la vía rápida a la Corte
El Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.
Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”, según opinó ante Infobae el directivo de una importante compañía del sector de servicios.
Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como “enemigos” porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.
Fuentes oficiales admitieron a Infobae que en la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.
“Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato», dijo la fuente.
Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.
Este magistrado fue el que atormentó a la pyme Lácteos Vidal en su batalla contra el sindicato ATILRA, ya que el año pasado ordenó el embargo por unos $168 millones contra la empresa por haberse negado a reincorporar a 26 empleados despedidos por su participación en violentas protestas y en amenazas contra sus propios compañeros. “El fallo es funcional a la mafia sindical, me quieren fundir”, denunció Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, en alusión a Ramonet.
¿El Gobierno pensaba que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley: “Lo dieron por perdido porque en ese fuero hay una parte muy moderada y otra representa al kirchnerismo puro”.
Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.
La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la Ley 27.802 confluya en el fuero contencioso administrativo, que, tras un planteo del Gobierno, ya tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa jugada oficial, si sale bien, permitiría que también la presentación judicial de la CGT contra los cambios laborales individuales y colectivos pase a un fuero que “no está contaminado por la ideología y el sectarismo”, como resaltó un referente de la Libertad Avanza.
La misma fuente reveló a Infobae que la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio y que agrupa al cuerpo de abogados del Estado, “está estudiando pedir directamente un per saltum para saltear esas instancias judiciales previas y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte”.
Todo este escenario, más allá de su componente de incertidumbre sobre la decisión final, implica que la reforma laboral estará atrapada en el laberinto judicial durante un tiempo que nadie puede prever.
Aun así, en medio de este complejo cuadro, abogados experimentados interpretan que la ley está vigente pese a los fallos contrarios ya que fue sancionada por el Congreso Nacional y que los jueces a lo sumo pueden analizar si algún artículo es inconstitucional, pero lo que dictamine regirá únicamente en su jurisdicción.
Conclusión: la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.
Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno imaginan que los recientes fallos de la justicia laboral pueden terminar beneficiando al Presidente: “La sociedad va viendo lo que pasa cuando aparece un juez más fanático que los sindicatos tomando una decisión desmadrada, como suspender de un plumazo más de 80 artículos de una ley votada por mayoría en el Congreso”.
¿Será realmente beneficioso para Milei? Se suponía que la reforma laboral iba a generar más fuentes de trabajo. Hasta ahora, sólo le está dando más trabajo a los abogados que representan al Gobierno y al sindicalismo.
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POLITICA
El Gobierno siente el desgaste de las últimas semanas en el Congreso y le puso límites a sus diputados
El gobierno parece estar atravesando su peor crisis política desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La acumulación de casos resonantes como $Libra, Andis, los créditos hipotecarios a funcionarios del Banco Nación y la escasa explicación respecto de su crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; conformaron una tormenta que deja a La Libertad Avanza casi sin margen para poder festejar las buenas noticias.
Este descontrol, que hizo que durante el 2 de abril no quedara claro si el Presidente iba a hacer uso de la cadena nacional o no, está haciendo que el férreo control que tenía la Casa Rosada sobre el resto de los miembros libertarios muestre signos de fisura. Esto quedó más a la vista en la Cámara de Diputados en donde la organización que mostró LLA para hacerse de las comisiones claves no se reflejó en el accionar de algunos de sus legisladores que mostraron signos de independencia que generaron discusiones internas.
“Nadie presenta nada sin que se autorice”, se escuchó decir en la última reunión del bloque de LLA en la Cámara baja. “Las prioridades las marca el Ejecutivo y no hay que meter ruido con nada”, agregaron en modo reto las autoridades del bloque frente a la mirada de buena parte de los 95 legisladores que conforman el bloque.
Desde el 1 de marzo hasta el pasado 2 de abril se presentaron 853 proyectos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza presentó de ese total el 7% -63 proyectos-, de los que 28 fueron declaraciones de beneplácito, otros 11 que incluyen pedidos de modificación de decretos, derogación de normas, pedido de informes, solicitud de liberación de personas, al Ejecutivo; 20 que señalan modificación, creación o derogación de leyes nacionales y 1 de ratificación o aprobación de tratados internacionales.
Buena parte de estos presentan una gran cantidad de firmas del bloque, pero hubo algunos que se presentaron en soledad y que generaron discusión interna por la intención de llevar adelante una agenda propia y diferenciada a la que marca la Casa Rosada.
El mal humor de las autoridades libertarias llegó a su punto máximo luego de un nuevo error en redes sociales de la diputada Juliana Santillán, quien posteó que estaba con el embajador de Checoslovaquia, país que no existe desde 1992. “Hay que tener más cuidado, nos están mirando con lupa, ya no podemos hacer boludeces con el argumento del desconocimiento”, dijo un diputado libertario. “Hay que reordenarse y concentrarse, va a ser un año complejo”, agregó.
En el bloque generó discusión una andanada de proyectos por afuera de la línea oficial que aparecieron en las últimas semanas como por ejemplo el primero que presentó como autora la diputada Karen Reichardt el cual propone que el feriado del 24 de marzo pase a denominarse “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”.
A pesar de que el proyecto está en línea con el discurso oficial, las autoridades de la Cámara entienden que genera ruido en un recinto que está totalmente polarizado y en donde sumar voluntades será fundamental para avanzar con la agenda oficial.
Otro punto que generó mucho ruido fue la presentación por parte de 10 diputados de La Libertad Avanza de una carta de intención en donde se comprometen a impulsar una agenda que hoy es inexistente en el Congreso: la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
El texto convoca lleva las firmas de los libertarios Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).
En este paquete de leyes que se presentaron sin la anuencia de las máximas autoridades del bloque de La Libertad Avanza resaltó también el de Virginia Gallardo que declara de interés los premios Martín Fierro por su “aporte al desarrollo de la producción audiovisual, radial y digital en la República Argentina”. El proyecto además pega en la línea de flotación de la pelea cultural en donde la comunidad artística suele apuntar a la administración libertaria por la falta de apoyo a la industria.
En medio de una crisis política en la que el oficialismo no encuentra, por lo menos por ahora, una salida y con sus principales figuras cuestionadas legalmente, las autoridades parlamentarias bajaron una línea única de acción en referencia a que nadie se “corte solo” y avance con presentaciones que abra nuevas discusiones. La famosa frase que supo utilizar en la campaña de 2023 el presidente Milei “no vine a guiar corderos, vine a despertar leones” dejó paso a la de la obediencia parlamentaria que implica una profesionalización del bloque.
POLITICA
Javier Milei, sobre la campaña rusa contra su Gobierno: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”
El presidente Javier Milei se expidió este sábado en X sobre la campaña rusa destinada a erosionar la imagen suya y la de su Gobierno. Este viernes, sostuvo que “el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
Milei aludió a que “los ‘periodistas’ y los ‘medios’ vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.
El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.
Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los…
— Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026
De esta manera, el mandatario libertario se refirió a la investigación que se conoció en las últimas horas, la cual desarticuló una campaña de desinformación financiada, presuntamente, por el Kremlin, en la cual una organización llamada La Compañía habría financiado medios por una suma mayor a USD 280 mil millones a cambio de publicar notas difamatorias contra el Gobierno Nacional.
En ese marco se publicaron unos 250 artículos críticos en más de 20 medios digitales del país sobre Milei y la posición argentina respecto de la guerra que Rusia mantiene con Ucrania desde 2022.
La Embajada de Rusia negó las acusaciones de una campaña del Kremlin contra Milei
El contenido consistía en la difusión de fake news y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano del ajuste promovido por el Gobierno libertario y el aumento de las tensiones diplomáticas con los gobiernos sudamericanos.
La entrada Javier Milei, sobre la campaña rusa contra su Gobierno: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias” se publicó primero en Nexofin.
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